Benjamin Figueroa García
Expediente 320/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamin Figueroa García
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el agente del Ministerio Público 1 en Valle de Santiago, Guanajuato; en atención a su contenido así como al estado que guardan los presentes autos, dígasele que no ha lugar a autorizar la expedición de las copias certificadas del expediente principal, en atención a que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, este juzgado federal declinó la competencia a favor del juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato y en este juzgado únicamente obra un cuadernillo de antecedentes del juicio de amparo 320/2017 formado con copias simples.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Benjamín Figueroa García. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato y otra autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 320/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: Del ocurso de cuenta emerge que la parte agraviada reclama del Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato y del actuario de su adscripción, la orden de desalojo respecto del bien inmueble ubicado en calle Calzada Lázaro Cárdenas número setenta y seis, Colonia Miravalle en Valle de Santiago, Guanajuato, y su ejecución, decretada en el expediente C603/2015 del índice del órgano jurisdiccional que presidente el juez en cita. Ahora bien, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente (por cuestión de territorio) para conocer de la demanda de que se trata; asimismo considera que debe remitirse al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato. Lo anterior, en razón de que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. En apoyo se invoca la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ciertamente, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar, a prevención. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.. En la especie, se actualiza la primera de las hipótesis descritas, puesto que el impetrante de la tutela federal señaló como reclamo, la orden de desalojo respecto del bien inmueble ubicado en calle Calzada Lázaro Cárdenas número setenta y seis, Colonia Miravalle en Valle de Santiago, Guanajuato y su ejecución, decretada en el expediente C603/2015 de la estadística del Juzgado Civil de Partido en dicha ciudad. De lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado tiene una ejecución material y ésta consiste esencialmente en la desposesión del inmueble descrito en el parágrafo que antecede, dentro del expediente C603/2015 del índice de la autoridad responsable, actos que habrán de ejecutarse por la autoridad ejecutora, Actuario designado por la Central de Actuarios en Valle de Santiago, Guanajuato. Así, resulta concluyente que la ejecución de los actos reclamados se efectuará por las autoridades ejecutoras, en dicha localidad, a saber, Valle de Santiago, Guanajuato, lugar donde se sustanció el juicio subyacente. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estatuye, en lo que ahora interesa: "XVI. DÉCIMO SEXTO CIRCUITO: [.]Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago.[.]" En mérito de ello, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que se acuerda, es aquel que ejerza jurisdicción en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, pues es en donde habrán de ejecutarse los actos reclamados; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quienes ejercen jurisdicción en tal lugar, son los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato. En consecuencia, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda constitucional presentada por Benjamín Figueroa García, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Valle de Santaigo, Guanajuato y otra autoridad; por tanto, se ordena remitir el original de la demanda de amparo y sus respectivas copias, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Es orientadora la tesis I.1º. 44 A., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Sin que resulte procedente pronunciarse sobre la suspensión de oficio porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos previstos en los numerales 15, 125 y 126 de la ley de la materia; así como tampoco la relativa a la suspensión a petición de parte, toda vez que no se ha admitido la demanda constitucional de mérito. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que en caso de colmar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Finalmente, al haber señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado que por razón de turno conozca de la demanda de amparo; practíquensele las notificaciones al impetrante, aún las de carácter personal, en las listas de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado.
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