Benjamin Alvarez Perez

Expediente 529/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
529/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Benjamin Alvarez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por recibida la demanda suscrita por ******************** Regístrese con el número 529/2021-V. Separación de juicios. Del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, en forma expresa, en el capítulo correspondiente: "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- La ilegal orden de desalojo en contra del predio del cual soy posesionario desde hace más de 7 años, mismo que se encuentra ubicado en los terrenos conocidos como "*******" pertenecientes al poblado de Punta de Obrajuelo, Guanajuato. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. La ejecución de la ilegal orden de desalojo en mi contra del predio mencionado líneas arriba." Además, expone bajo protesta de decir verdad que tiene la posesión de una parte de dicho predio y se le pretende privar mediante el acto de autoridad. Por otra parte, tanto en el capítulo de conceptos de violación como el relativo a la medida cautelar, expone: "Por lo cual temo que lleven a cabo dichos actos violentando mi derechos de SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, y se hagan justicia por su propia mano, violentado mis derechos humanos consagrados en el artículo 1, 14, 16, 17 y 22 de nuestra carta magna y regresen nuevamente a cumplir dicha orden que manifiestan tener, sin que a la fecha me hayan mostrado la misma, y sea privado de mi libertad. (.) UNICO. Solicito expresamente se decrete la suspensión provisional y en su momento definitiva, del acto reclamado con el fin de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se me prive de mi libertad personal." La anterior lectura en su integridad, en el entendido de que la demanda se entiende como un todo, permite concluir que la parte quejosa reclama tanto el acto privativo de la posesión que dice tener sobre el predio, como el tendiente a privarlo de su libertad personal. Ello se robustece pues señala autoridades responsables de naturaleza civil y penal. Bajo el panorama expuesto, se colige que los actos que se reclaman se encuentran desvinculados entre sí, lo que obstaculiza que sean estudiados de manera conjunta en la presente vía constitucional, es decir, en la misma pieza de autos. Es así, en tanto que, si bien, tanto la privación de la posesión del predio como de su libertad, eventualmente podrían tener su origen en los mismos hechos, lo cierto es que no existe vinculación jurídica. En todo caso, de existir las conductas y ser procedente el juicio, su análisis obedecerá a distintos parámetros constitucionales que no ameritan visualizarse en su conjunto; además, dificultarían tanto la integración del expediente como su resolución. En consecuencia, a fin de no violentar las reglas que rigen el juicio de amparo y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, de oficio este tribunal ordena la separación de autos. Es aplicable la parte conducente de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P./J. 3/2021 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación. "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno." En tales condiciones, el juicio en que se actúa se seguirá únicamente respecto del acto reclamado consistente en la orden para desposeer a la parte quejosa del predio que defiende. Por cuanto hace a la orden privativa de su libertad, deberán analizarse en un expediente diverso. ( Remisión a la Oficina de Correspondencia Común Con copia certificada de la demanda y de todo lo actuado en el presente juicio, se ordena formar cuaderno de amparo por separado y remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que registre un nuevo juicio de amparo promovido por ******************** y lo remita al órgano que por turno corresponda. Desechamiento. Ahora bien, respecto de acto de autoridad que se conoce en este asunto, se advierte que es notoriamente improcedente. Se explica: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que, bajo protesta de decir verdad, el promovente reclama "la ilegal orden de desalojo en mi contra del predio del cual soy posesionario desde hace más de 7 años" que atribuye a diversas autoridades residentes en Apaseo el Grande, Guanajuato. Además, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, se advierte: "4. Es el caso su Señoría que el día 31 del mes de Mayo del 2021 se presentaron en los terrenos de los cuales soy poseedor y que ya quedaron descritos en los antecedentes que preceden unas personas acompañadas de la policía de Apaseo El Grande Guanajuato, con maquinaria pesada para derrumbar las construcciones de mi terreno, argumentando que eran los dueños y que nos iban a desalojar por la fuerza, sin que nos mostraran ninguna orden y sin que se identificaran como funcionarios de ningún juzgado" En efecto, los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento el treinta y uno de mayo de la presente anualidad; por tanto, los quince días empezaron a contar el uno de junio de dos mil veintiuno y culminaron el veintiuno del mismo mes y año, con exclusión de los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte, por ser inhábiles. De ahí que si, como se dijo, la demanda de amparo fue presentada hasta el treinta de julio pasado, según se desprende del matasellos de la Oficialía de Partes Común de los Juzgado de Distrito de esta ciudad, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 5, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio Considerando que la parte promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Autorizados Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o número de registro, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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