Benjamín Gutiérrez Martínez
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamín Gutiérrez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, debiéndose conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 18, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin a través de la página electrónica correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos tal y como así lo dispone dicho ordinal. Escrito de cuenta Finalmente, agréguese al sumario el escrito que firma el autorizado en términos amplios del quejoso ***************; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo señalado en párrafos que anteceden, por cuanto a que se dejaron a disposición de esa parte los documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda y las gestiones que deberá realizar para su devolución, previa copia que de los mismos se deje en autos y razón de entrega por parte de la persona que autoriza para tal efecto
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 106/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno (foja 1 vuelta) ante el secretario de guardia del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, *****, solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de las autoridades siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la ordenadora Juez Juicio ejecutivo oral mercantil en el punto anterior, reclamo lo siguiente: a) La inviolabilidad a mi domicilio ubicado en el **** número ****en la ciudad de Uriangato, Guanajuato. b) La orden de embargo, y su ejecución emitida en contra de un tercero, pero que se ordena ejecutar en mi domicilio y bienes; violentando mis derechos humanos, así como garantía de audiencia y legalidad. De la ejecutora Actuario Civil adscrito al Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, reclamo la ejecución que ordenó la autoridad indicada antes." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA A LAS SIGUIENTES (sic): Como ordenadora y en su caso ejecutora al Juez de Oralidad Mercantil del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato (.) Como ejecutora señalo al Actuario Civil Adscrito al Partido Judicial de la Ciudad de Uriangato, Guanajuato, con domicilio oficial en (.)". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Presentación de demanda ante juzgado legalmente incompetente. Por razón de turno, la demanda fue recibida por el secretario de guardia del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, -donde se formó el expediente 11/2021-, órgano judicial que mediante determinación de catorce de enero de dos mil veintiuno, declaró su incompetencia legal, por cuestión de territorio, a favor del juez de Distrito en turno en Celaya, Guanajuato (fojas 30 a 33). TERCERO. Recepción de demanda. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se recibió ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, el oficio 289/2021 proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, al que se acompañó la referida demanda de amparo con anexos. Ese comunicado con anexos fue turnado al siguiente día a este juzgado. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, esta potestad aceptó la competencia legal declinada y se avocó al conocimiento del asunto, el que registró con el número de amparo indirecto 106/2021-V (fojas 39 a 42). Asimismo, admitió a trámite la demanda de mérito; solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual forma, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional En el propio auto admisorio, se reconoció como parte tercera interesada a la sucesión a bienes de ****, de quien se dispuso su llamamiento a este juicio constitucional, lo que ocurrió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por conducto del albacea. Asimismo, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado es la orden de requerimiento de pago y embargo, a ejecutarse en un domicilio ubicado en Uriangato, Guanajuato, lugar en donde ejerce jurisdicción territorial este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda -con anexos-, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) El proveído de once de diciembre de dos mi veinte por el que se ordenó -en la etapa de ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada-, requerir de pago y embargo a la parte reo en el subyacente juicio ejecutivo oral mercantil ****, en el domicilio ubicado sobre boulevard Uriangato número seiscientos dieciocho, letra C y/o calle Isabel La Católica número cuarenta de la colonia Los Pinos; ambos domicilios en la ciudad de Uriangato, Guanajuato; y, ii) La inminente ejecución del proveído indicado en el inciso que precede. Actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Juez del Sistema de Oralidad Mercantil Región Irapuato, -denominación distinta de la indicad por el quejoso como "juez de Oralidad Mercantil del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato"-; y, 2. Actuario Adscrito al Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez del Sistema de Oralidad Mercantil Región Irapuato, aceptó la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la documental que acompañó el juez responsable a su informe de ley, consistente en copias certificadas de actuaciones procesales del juicio ejecutivo oral mercantil SOM329/2019; documental con eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Por otra parte, el actuario adscrito al Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, fue omiso en rendir su informe de ley, a pesar de estar legalmente notificado para ello, tal como se advierte del acuse de recibo del oficio 1518/2021 a través del cual se le requirió (foja 44 vuelta); por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a dicha autoridad ejecutora; tanto más que se demostró la existencia del acto de la autoridad ordenadora. CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. El cinco de julio de dos mil diecinueve, se radicó el subyacente juicio oral mercantil ***** del índice del Juzgado del Sistema Oral Mercantil en la Región Irapuato. Ese controvertido fue iniciado por ***** por conducto de su endosataria en procuración ***** en contra de *****, de quien se demandó el pago de novecientos veintiún mil novecientos noventa y dos pesos 43/100 y otras prestaciones (fojas 69 a 71 vuelta). 2. En audiencia preliminar de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, las partes contendientes en el juicio de origen celebraron y ratificaron ante la presencia judicial convenio en el que se hicieron recíprocas concesiones; acuerdo de voluntades que fue elevado a categoría de cosa juzgada (fojas 130 a 131) 3. Por auto de once de diciembre de dos mil veinte, a petición de parte interesada, el juez responsable ordenó requerir a la parte demandada ****** para que realizara el pago inmediato de la cantidad de setecientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 56/100, que resultó del referido convenio y que se obligó a pagar en autos; asimismo se determinó que en caso de impago se embargaran bienes para rematar por la cantidad anotada. En ese acuerdo también se especificó "El domicilio para actualizar lo ordenado en este auto es el ubicado en BOULEVARD URIANGATO NÚMERO 618 LETRA C, Y/O CALLE ISABEL LA CATÓLICA NÚMERO 40 DE LA COLONIA LOS PINOS, AMBOS DOMICILIOS DE LA CIUDAD DE URIANGATO, GUANAJUATO" (fojas 200 A 201 vuelta). Este proveído constituye el acto reclamado en forma destacada. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto los actos reclamados consistentes en el auto de once de diciembre de dos mi veinte por el que se ordenó requerir de pago y embargo a la parte demandada *****, en el juicio ejecutivo oral mercantil ***** -en los domicilios que ahí se mencionan-, porque ese mandamiento judicial está dirigido a persona distinta de la parte quejosa, con lo cual se concluye que carece de interés jurídico para reclamar dicho acto; además, porque la parte agraviada omitió demostrar que en los domicilios en que habrá de ejecutarse el requerimiento de pago, ejerce legítimamente el derecho de posesión. El dispositivo en mención establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De acuerdo con dicha porción normativa, es necesario que la parte quejosa demuestre tener interés jurídico o legítimo en el acto reclamado para la procedencia del juicio constitucional. Para comprender tales conceptos, se debe establecer que de acuerdo con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo cual implica acreditar la titularidad de un derecho (interés jurídico). Por tanto, como el quejoso acude ante esta instancia constitucional a reclamar actos emitidos por un órgano jurisdiccional dentro de un juicio de naturaleza mercantil, es necesario que acredite la existencia de un derecho tutelado que, al ser violentado por la actuación de las autoridades, la faculte para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. El derecho protegido por el ordenamiento legal constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, el cual debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. En ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, con número registro 170500, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por tanto, corresponde a la parte quejosa acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para promover el juicio constitucional, esto es, que los actos que reclama afectan derechos de los que es titular. Ahora, la parte agraviada aduce ser tercero extraño a la contienda natural; por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior se advierte del criterio jurisprudencial P./J.7/98 emitido por el Pleno del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 11/95, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De las constancias que informan el presente asunto constitucional -debidamente valoradas en párrafos que anteceden-, se desprende que el quejoso ***** no es parte material ni formal en el juicio mercantil de origen, pues se reitera que el mismo fue promovido por *****, por conducto de su endosataria en procuración ****, en contra de *****. En esas condiciones, es evidente que el solicitante de la tutela federal Benjamín Gutiérrez Martínez es tercero extraño a la relación jurídica de origen, al no corresponderle el carácter de parte actora ni demandada; en consecuencia, si la orden de requerimiento de pago, embargo y actos tendentes a su ejecución que reclama, no fueron dictados en su contra, sino dirigidos al demandado *****, ningún perjuicio le causan por sí y, en tal virtud, con respecto a ellos se concretiza la causa de improcedencia en análisis, al no producir afectación real y directa a algún derecho sustantivo público del que sea titular. Es aplicable al caso, por identidad jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia VI 2°.C.J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Así como la tesis II.2º.C.T.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." No obsta a lo anterior las probanzas rendidas en autos por la parte quejosa, consistentes en: 1. Copia certificada por notario público del contrato de arrendamiento -en cuyo documento se asentó como fecha de celebración del referido acuerdo de voluntades, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve-, celebrado entre *****, como arrendador, y el hoy quejoso *****, como arrendatario, respecto del bien raíz identificado como "Finca Urbana número ****, ubicada en ****, colonia *****, Guanajuato". 2. Cédula de Identificación Fiscal, expedida por el Sistema de Administración Tributaria el cuatro de enero de dos mil veintiuno, a nombre del quejoso, donde se asentó como domicilio de este, el identificado como Boulevard Uriangato, número exterior seiscientos dieciocho, colonia La Joya, en Uriangato, Guanajuato. 3. Copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre del accionante constitucional, donde se estableció como domicilio el situado en "C JALISCO 16 --- FRACC LAS FLORES 38800, MOROLEÓN, GTO." Lo anterior es así porque tales medios de convicción resultan ineficaces para demostrar que la orden de requerimiento de pago y embargo, así como los actos tendentes a su ejecución, afecten la esfera jurídica del quejoso. Ciertamente, el solicitante de la tutela federal sostiene que la orden de embargo habrá de materializarse en un domicilio de su posesión, que por ello le afecta en su esfera jurídica; lo que pretende demostrar con los medios de convicción reseñados. Se insiste, la documental mencionada en el punto 1, es ineficaz para justificar lo que sostiene el quejoso, habida cuenta se refiere a un domicilio diferente a los indicados en el juicio de origen para ejecutar el reclamado requerimiento de pago y embargo. Cierto, en el cuestionado auto de once de diciembre de dos mil veinte, fueron señalados como domicilios de la parte demandada -para requerirla de pago y en su caso embargar bienes-, los ubicados sobre boulevard Uriangato número seiscientos dieciocho, letra C y/o calle Isabel La Católica número cuarenta de la colonia Los Pinos; ambos sitios en la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Mientras que en la copia certificada del contrato de arrendamiento exhibido, se menciona como domicilio materia del acto consensual el identificado como "Finca Urbana número 618, ubicada en el Boulevard Uriangato, Colonia la Joyita de la Ciudad de Uriangato, Guanajuato". Lo que no coincide a cabalidad con los domicilios indicados en el acto reclamado, toda vez que si bien en uno de los sitios se trata de la misma vialidad, lo cierto es que son distintos números pues en el acuerdo reclamado se especificó "número seiscientos dieciocho letra C"; en cambio, en la copia certificada del contrato se observa solo el número seiscientos dieciocho -sin la letra C-. Esta circunstancia impide colegir que se trate del mismo domicilio. De igual manera, los medios de convicción reseñados en los puntos 2 y 3, también son ineficaces para acreditar el interés jurídico, habida cuenta que no conforman prueba idónea para justificar actos posesorios de bienes inmuebles; además, en el hipotético caso en que con esas constancias se lograra justificar algún acto posesorio sobre el bien raíz que defiende, de cualquier forma, también serían insuficientes porque adolecen del mismo vicio que el contrato de arrendamiento, pues contienen un domicilio distinto a los señalados en el acuerdo reclamado. Cierto, la documental consistente en Cédula de Identificación Fiscal, expedida por el Sistema de Administración Tributaria el cuatro de enero de dos mil veintiuno, a nombre del quejoso, se observa como domicilio de este, el identificado como Boulevard Uriangato, número exterior seiscientos dieciocho, colonia La Joya, en Uriangato, Guanajuato. Este domicilio también difiere con los establecidos en el acto reclamado -boulevard Uriangato número seiscientos dieciocho, letra C y/o calle Isabel La Católica número cuarenta de la colonia Los Pinos, ambos en Uriangato, Guanajuato-; sin que obste que uno de esos sitios coincida en el nombre de la vialidad indicada en la documental en cita, porque se insiste, se trata de diferente numeración; aunado a que en la Cédula Fiscal se asentó como colonia "La Joya", lo que es diferente al dato respectivo señalado en el contrato de arrendamiento en el que se mencionó "Colonia la Joyita". Esta circunstancia hace más patente la duda sobre la identidad del domicilio cuya posesión defiende el agraviado, con uno de los que se mencionan en el acto reclamado; máxime que de los propios documentos aportados por el quejoso se obtienen dos nombres distintos de la colonia -"La Joya" y "La Joyita"-; lo que impide concluir con certeza si existe identidad entre el domicilio defendido y uno de los indicados en el acto reclamado en forma destacada. De la diversa probanza consistente en copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre del accionante constitucional, se obtiene como domicilio el situado en "C JALISCO 16 --- FRACC LAS FLORES 38800, MOROLEÓN, GTO." Esta documental también ineficaz para el objetivo pretendido por la parte quejosa, porque el domicilio que se consigna es distinto a los señalados en el acto reclamado, pues ni siquiera coincide la ciudad que se menciona en el acto reclamado y la que se estipula en el documento en cita. En suma, las documentales exhibidas por el quejoso, evidencian que el inmueble cuya posesión defiende, es distinto a los que se mencionaron en el acto reclamado para que se ejecutara la orden de requerimiento de pago y embargo. De ahí la ineficacia de tales probanzas para justificar el interés jurídico del agraviado. En ese orden de ideas, queda claro que la manifestación del quejoso y las documentales que exhibió a este sumario, son insuficientes para acreditar el interés jurídico que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo; máxime, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquellas, pudiera generar convicción de que los actos debatidos afectan de manera real y directa los derechos jurídicamente tutelados de la parte quejosa, en específico, el derecho de posesión. Habida cuenta que el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En este orden de ideas, es concluyente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales 5º fracción I y 6º de la Ley de Amparo; y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2ª/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***** respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el último punto considerativo de esta sentencia.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por los actuarios adscritos al Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual rinden su informe justificado; sin que recaiga mayor proveído al respecto en razón de que el juicio de amparo 106/2021-5 tiene audiencia constitucional celebrada y solo resta dictar sentencia. Fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo junto con la promoción de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo 106/2021-5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma la autoridad responsable juez del sistema de Oralidad Mercantil Región Irapuato, Guanajuato, con sede en Irapuato, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de doce de marzo del año actual, pues al efecto remite un legajo de copias certificadas relativas a las constancias de emplazamiento del tercero *******, con el carácter de albacea de la sucesión a bienes de ******, lo cual aconteció de forma personal con el interesado el veintiséis de marzo pasado; así también, le fue formulado el requerimiento inserto en tal proveído. De igual forma, remite un disco versátil digital (DVD), el que se ordena glosar al sumario para los efectos legales conducentes; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes, sin perjuicio de relacionar esa documental en la audiencia constitucional. Luego, se tiene por debidamente emplazado al presente asunto a la parte tercera interesada de referencia, por lo que se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado en proveído de doce de marzo anterior, a la autoridad oficiante. Por otra parte, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se tiene a la autoridad responsable de mérito, proporcionando el número telefónico a través del cual se puede establecer comunicación con dicha autoridad.
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