Benjamin Gutiérrez Martínez

Expediente 599/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
599/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Benjamin Gutiérrez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que a la letra dice: Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo. ? Devolución de documentos originales. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez obran documentos originales que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruido junto con el expediente. En el entendido que, para la recepción de la citada documental, será necesario que se agende una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. ? Se esté a lo acordado. A sus autos el escrito signado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita la devolución de los documentos adjuntos a la demanda de amparo; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Se autoriza para su entrega a la persona que menciona, previa constancia que de su recepción se deje como constancia.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo. ? Devolución de documentos originales. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez obran documentos originales que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruido junto con el expediente. En el entendido que, para la recepción de la citada documental, será necesario que se agende una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. ? Se esté a lo acordado. A sus autos el escrito signado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita la devolución de los documentos adjuntos a la demanda de amparo; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Se autoriza para su entrega a la persona que menciona, previa constancia que de su recepción se deje como constancia.

  3. Principal

    A sus autos el ocurso firmado por el quejoso xxxxxxx, mediante el cual solicita la devolución de las constancias que adjuntó a su demanda. Dígasele que una vez que se declare firme el auto en el que se desechó el ocurso, se proveerá lo conducente.

  4. Principal

    Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo signada por ********************, en contra de actos del juez de Oralidad Mercantil del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 599/2020-III. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. Ahora bien, la quejosa señala expresamente que como actos reclamados: "a) La inviolabilidad a mi domicilio ubicado en las Calles ********************b) La orden de embargo, y su ejecución emitida en contra de un tercero, pero que se ordena ejecutar en mi domicilio y bienes; violentando mis derechos humanos, así como garantía de audiencia y legalidad." Del análisis integral del escrito de cuenta se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad: Que su hermano ********************, es demandado dentro del procedimiento de origen ********************del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil, con sede en Irapuato, Guanajuato. Que el peticionario fue informado por aquél, que el veintiuno de octubre pasado se libró contraseña para ejecución de sentencia en contra del demandado, la cual se ordenó llevar a cabo en el domicilio ubicado en ********************, Guanajuato. De lo anterior se desprende, como premisa fundamental que el acto del que se duele el quejoso en esta instancia no va dirigido a él. De tal modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ello, pues como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte demandada es una persona diversa al aquí quejoso, ya que a aquel es a quien se dirigió la orden de ejecución de sentencia, y por esa razón no lesionan los intereses jurídicos del peticionario de amparo. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, tomo IV, parte TCC, página 336, que a la letra dice: "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional". Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 520, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es el peticionario, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo en el domicilio que aduce posee; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, podrá demostrarla en la diligencia que eventualmente pudiera ocurrir, lo que torna al acto reclamado como futuro e incierto, en contra de los cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Asimismo, orienta la tesis V.2º.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: "EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso. Como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tienen cédula profesional federal registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con la facultades limitadas del precepto en cita a ********************, por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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