Benjamin Alfredo Ramirez Canto

Expediente 1562/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1562/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Benjamin Alfredo Ramirez Canto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Presidente del Consejo Directivo del Colegio Yucateco de Arquitectos, con el que manifiesta su imposibilidad de proporcionar perito en materia de topografía, topometría, cartografía y agrimensura, por el motivo que expone. Ahora, toda vez que de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación ordenada por el acuerdo general 16/2011, se advierten diversos nombres de ingenieros civiles y topógrafos que podrían fungir como peritos de este Juzgado en este asunto; en tales condiciones, solicítese a la Dirección General de Asuntos Judiciales del Consejo de la Judicatura Federal, que de no tener inconveniente alguno proporcione a este órgano jurisdiccional el domicilio de los ingenieros civiles y topógrafo nombrados en la lista en comento, a fin de que este Juzgado esté en posibilidades de continuar con la prosecución del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO-PARTE QUEJOSA. Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Benjamín Alfredo Ramírez Canto, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que fue realizado el seis de septiembre del año en curso. Ahora bien, en el caso, del análisis integro de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que lo procedente es desechar la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no constituyen actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de la parte quejosa, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo. Los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a lo antes indicado, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de particulares que hacen las veces de autoridad cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situ1aciones jurídicas, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia. Así como es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Así es, de las disposiciones transcritas se aprecia también un aspecto fundamental que es necesario satisfacer para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, consistente en que las funciones de esos particulares estén determinadas por una norma general. De tal suerte, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque como se aprecia, si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Ahora bien, en el presente caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que en el presente caso se reclama la falta de notificación al procedimiento testamentario extrajudicial en el que se ordenó la escrituración de la totalidad del predio marcado con el numero quinientos tres de la calle cinco C de la colonia García Gineres de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y sus consecuencias consistentes en la anotación de dichos actos ante las autoridades registrales. Ahora bien, se dice que se actualiza la mencionada causal de improcedencia en razón de que los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros; así como tampoco emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo; y no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado, de ahí que en el caso, el Notario señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2020413, Décima Época, Materia(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, en la cual se dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Benjamín Alfredo Ramírez Canto, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a los artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Lo anterior, se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, pues se consideran una consecuencia de la escrituración reclamada. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a Jonathan González Mora, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las personas restantes en términos restringidos a los que alude el mencionado numeral de la Ley de la materia, por no tener registradas su cedulas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único e Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Benjamín Alfredo Ramírez Canto, contra actos de Luz Margarita Mejía Cáceres Notaria Número 73 del Municipio de Mérida, y otras autoridades, con seis copias y cinco anexos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1562/2021-VI. Con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad: Manifieste, si tiene conocimiento, si en el procedimiento sucesorio del que se duele tuvo intervención alguna autoridad jurisdiccional y diga cuál es el número de expediente que le corresponde y sí es su deseo señalarlo como autoridad responsable en el presente asunto. Apercibiendo al promovente que de no cumplir con el mencionado requisito en el plazo fijado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del ya citado artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber al promovente que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto en razón de que será parte integrante de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable y con apoyo en la tesis jurisprudencial número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios Jonathan González Mora, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita el promovente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de la parte quejosa para el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento del ocursante que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia médica del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro.

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