Benito Pérez Alejandre
Expediente 1264/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Benito Pérez Alejandre
- Benito Pérez Alejandre y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veinte. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo 1264/2019-II, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria dictada en este juicio; y, R e s u l t a n d o: (...) Del examen del oficio 810/2020, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte que el cinco de febrero de dos mil veinte se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral 410/2016. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
E COMUNICA VIAS DE CUMPLIMIENTO
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: "Emitir en un lapso máximo de treinta y tres días hábiles, como en derecho proceda y con plenitud de jurisdicción, en su caso, el laudo que deba recaer a los autos del juicio reclamatorio laboral 410/2016 de su índice, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema" En ese sentido, la autoridad responsable deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, de la Ley de la Materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 1264/2019-II, promovido por Benito Pérez Alejandre, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Benito Pérez Alejandre solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en el acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra omisiones atribuidas a un tribunal laboral con residencia dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el acto que en apariencia señaló como tal. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 410/2016, dentro de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir el informe justificado en representación de dicha Junta, admitió el acto reclamado; por lo que se tiene por cierto el mismo. En ese sentido, no es posible tener por acreditada la causal de sobreseimiento invocada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado la existencia del acto reclamado. Cuarto. Estudio de fondo. Al no haber planteado las partes causal de improcedencia ni advertirse de oficio alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos, en razón de que no existe disposición legal que obligue a llevar a cabo su transcripción. En ese sentido, el motivo de disenso planteado por la parte quejosa es fundado. Para acreditar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" El derecho humano contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; empero, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por la parte quejosa, se debe sujetar a los plazos y términos que fije la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo expuesto y considerando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que los Tribunales Laborales faltan al Derecho Humano en relación a la administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la Legislación Laboral. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad no provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo; en ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de las autoridades responsables de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. En ese contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 771, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los citados numerales se desprende que una vez que se declare cerrada la instrucción, el auxiliar de la autoridad laboral dentro de los diez días siguientes, debe formular por escrito el proyecto de resolución de laudo; concluido ese término, se le entrega dicho proyecto a cada uno de los representantes de la junta para que dentro de los cinco días siguientes puedan solicitar que se practiquen las diligencias que no se hayan llevado a cabo o que estimen convenientes; en caso de ser así, se fija día y hora dentro de los ocho días siguientes para que se desahoguen las pruebas o diligencias que se estimen necesarias; posteriormente, dentro de los diez días siguientes, se cita a los miembros de ese cuerpo colegiado a efecto de que discutan y voten el proyecto de laudo y en su caso lo aprueben. De lo anterior tenemos que la autoridad laboral cuenta con diez días para elaborar el proyecto de resolución de laudo, cinco días para solicitar la práctica de diligencias que no se hubieran llevado a cabo o que se estimen necesarias, ocho días para su desahogo, en caso de que éstas se soliciten, y diez días para la discusión y votación del laudo, términos que no son simultáneos, sino consecutivos, es decir, transcurrido uno empieza a contarse el otro. Entonces, al hacer el cómputo respectivo la Junta responsable tiene hasta treinta y tres días hábiles para emitir el laudo definitivo, por lo que la omisión de emitirlo en ese lapso causa agravio al peticionario del amparo. Ahora bien, de las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable para sustentar la constitucionalidad del acto reclamado, se obtiene lo siguiente: El siete de mayo de dos mil diecinueve (foja 61 y 62), la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en virtud de que no quedaban pruebas por desahogar, les concedió a las partes el uso de la palabra para que manifiesten si están de acuerdo con la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo y hubieran pruebas por desahogar se les tendría por desistidos de las mismas, las partes manifestaron que estaban de acuerdo con la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, se declaró el cierre de la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución; siendo que desde esa fecha y hasta el día en que se dicta la presente sentencia, no existe constancia alguna que demuestre que la autoridad responsable haya emitido el laudo respectivo. De lo anterior se obtiene que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no ha cumplido los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, pues desde que se declaró el cierre de la instrucción y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de resolución, esto el siete de mayo de dos mil diecinueve, hasta la presente fecha, han transcurrido más de seis meses, sin que obre en autos constancia que acredite que la Junta responsable haya emitido el laudo respectivo; siendo que tal omisión por sí misma, causa un perjuicio al peticionario del amparo por contravenir lo dispuesto por los artículos 685, 771, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que transgrede el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, con registro 171257, de epígrafe y contenido: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Y la tesis aislada 1a. CLV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 409, con registro 179690, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN. Es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, de ahí que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto." Por tanto, a fin de tutelar ese derecho fundamental la autoridad responsable debe cumplir con los plazos y términos previstos en la legislación obrera desde el inicio del juicio, en el curso de éste y hasta dictarse el laudo respectivo, toda vez que éstos no pueden ser aplicados por la Junta responsable arbitrariamente, sino que deben acatarse con el fin de lograr que la instancia de justicia a su cargo, constituya un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de sus relaciones jurídicas. En este contexto, si la autoridad responsable ha omitido dar continuidad al procedimiento laboral, ya que hasta la celebración de la audiencia constitucional no obra en autos constancia que demuestre que se dictó el correspondiente laudo; es innegable que la responsable incurrió en una omisión que hace nugatorio el derecho fundamental de mérito y por ende, se transgreden los derechos humanos de impartición de justicia pronta y expedita en perjuicio del quejoso. No es obstáculo a lo antes determinado que el Presidente de la Junta responsable, haya manifestado tener una excesiva carga de trabajo y escaso personal, pues esas circunstancias no eximen a la autoridad de cumplir con el derecho humano a la administración de justicia, el cual se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.8/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 226, con registro 182160, de rubro y texto: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Así como la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, con registro 177266, de rubro y texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder al quejoso Benito Pérez Alejandre el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo u omisivo, la sentencia concesoria tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En el presente asunto, los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal, deberán hacer efectivo el derecho fundamental del impetrante a obtener una impartición de justicia, para lo cual, una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, considerando que en el juicio laboral de origen se declaró cerrada la instrucción y se ordenó se turnaran los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, deberá realizar lo siguiente: Emitir en un lapso máximo de treinta y tres días hábiles, como en derecho proceda y con plenitud de jurisdicción, en su caso, el laudo que deba recaer a los autos del juicio reclamatorio laboral 410/2016 de su índice, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo, ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma más amplia posible para respetar al quejoso en el derecho fundamental de pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2ª.CV/2013 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, visible en la página 732, con número de registro 2005150, bajo el rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y, con apoyo en los artículos del 73 al 77 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Benito Pérez Alejandre contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución, respectivamente. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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