Benjamín Ramírez Valdez

Expediente 839/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
839/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • G.V. R. C.
  • Benjamín Ramírez Valdez
  • B. R. C.
  • Benjamín Ramírez Valdez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo 839/2023-IX, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito es esta entidad federativa el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y turnado el veintiséis del mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a su favor, en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: La multa impuesta al quejoso en acuerdo dictado el trece de julio de dos mil veintidós, en autos del procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente ******************** que le fue notificado el diecisiete de mayo del año en curso. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, debe tenerse como existente el acto reclamado. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Las copias certificadas relativas al procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente ******************** remitidas por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, brindan la información siguiente: Mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el Procedimiento Especial de Divorcio Incausado instado por ******************** en contra de ********************. En audiencia preliminar de doce de agosto de dos mil diecinueve se dictó la sentencia respectiva, la cual causó ejecutoria por ministerio de Ley en la propia fecha. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, en atención a las manifestaciones vertidas por la acreedora alimentista, se requirió al aquí quejoso para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que hubiese quedado notificado del proveído, señale el nombre y domicilio actual de su centro laboral, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado y 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario, se le impondría una multa equivalente a veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), cuya suma asciende a la cantidad de $1,924.4 (mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional). La determinación anterior se notificó al aquí quejoso el tres de junio de dos mil veintidós, en el domicilio proporcionado para tal efecto, por conducto de su asesora jurídica. En acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, al no haber atendido el interesado, aquí quejoso la prevención formulada en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en los artículos 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado y 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario, se le impuso una multa equivalente a veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), cuya suma asciende a la cantidad de $1,924.4 (mil novecientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional). La determinación anterior que constituye el acto reclamado en este juicio se notificó al aquí quejoso el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Quinto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, la autoridad responsable en su informe justificado refiere que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sin embargo, no se actualiza la mencionada causa de improcedencia en este asunto, debido a que de las constancias remitidas por la juez del conocimiento no se advierte que el aquí quejoso hubiese interpuesto recurso alguno o diverso medio de impugnación, en contra de la determinación reclamada en el presente juicio, aunado a que dicha autoridad tampoco refirió de manera concreta cuál es el medio de impugnación que el quejoso instó por la vía ordinaria. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. No habiendo diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se deba analizar de oficio por esta autoridad, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso argumenta que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación y resulta ilegal, debido a que la juez del conocimiento, excediéndose en sus funciones y facultades, le impuso el pago de una multa, derivado de un requerimiento innecesario, debido a que ya estaba enterada de que él se había quedado sin empleo, pues la empresa para la cual laboraba le informó de la separación de su cargo, aunado a que él mismo informó de su desincorporación mediante escrito que presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en donde señaló que no ha encontrado empleo formal y que únicamente realiza actividades laborales de manera informal para cumplir con sus obligaciones y subsistir, por lo que la responsable no debió de formularle requerimiento alguno en ese sentido y por ende, imponerle una multa ante su incumplimiento. Refiere también el quejoso que la autoridad responsable vulneró sus derechos humanos al omitir valorar todos los elementos necesarios para ello, antes de imponerle la multa reclamada, pasando por alto lo establecido en las leyes mexicanas y en la tesis aislada de rubro: "MULTAS EN CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ PARA IMPONERLAS", referentes a: 1) la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento; 2) las circunstancias personales del infractor, como es la capacidad económica; y, 3) la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la infracción; los cuales aduce no se actualizan en el caso en particular. Por último el quejoso aduce que el requerimiento que le fue formulado en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós a fin de señalar el nombre y domicilio de su nuevo centro de trabajo, no fue claro ni preciso, ya que él hasta la fecha no tiene ningún nuevo centro de trabajo, por lo que le era imposible atender ese apercibimiento, ello pues en dicho acuerdo no se precisó que debiera informarle al juez en reiteradas ocasiones de tiempo sobre su desempleo, dado que en el únicamente se limitó a requerirle para que informe sobre el nombre y domicilio de su nuevo centro laboral, no así sobre si se encuentra desempleado o no, lo que se traduce en la imposibilidad de cumplir con la prevención, en el entendido de que debería informarle al juez familiar sobre su nuevo centro de trabajo y no sobre su actual desempleo, por lo que al no tener un nuevo centro de trabajo, no había información que proporcionarle al juez y en consecuencia, la multa impuesta deviene ilegal. Resulta infundado lo anterior. Ello es así, debido a que contrariamente a lo argüido por el peticionario de amparo, la determinación de multa reclamada, sí se encuentra fundada y motivada. En efecto, en primer lugar debe establecerse que al momento de emitir tanto el acuerdo en el que se formuló al aquí quejoso la prevención de la que derivó la multa reclamada, como aquél en el que impuso dicha multa, la autoridad responsable señaló con claridad los preceptos legales en los que sustentó su determinación, pues citó los artículos 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado y 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario; los cuales contemplan la facultad de los jueces para imponer multas a fin de hacer cumplir sus determinaciones, los montos sobre los cuales se pueden imponer tales multas y la modalidad para imponer las mismas; además, la responsable estableció que la imposición de la multa ahora reclamada derivaba del incumplimiento de la prevención que se le hizo en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós en el cual se le apercibió con imponerle dicha multa si incumplía la prevención formulada si no señalaba el nombre y domicilio actual de su centro laboral dentro del término de tres días. Argumentos y fundamentos que se estiman válidos y suficientes para considerar colmados los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues tales numerales legales dan sustento a la determinación emitida por la juez del conocimiento, quien además expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para su dictado, existiendo además adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 204, de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, debe decirse que también se estima infundado lo argumentado por el quejoso, en virtud que la juez del conocimiento impuso la multa mínima contemplada en el artículo 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que es de veinte unidades de medida y actualización, por lo que no se requería que ésta realizara mayor exposición sobre la fundamentación y motivación en cuanto al monto por el que se impuso dicha multa, ni tampoco que analizara la actualización de los elementos contenidos en la tesis a que hizo referencia el impetrante del amparo, pues dichos elementos solo deben ser materia de análisis para establecer el monto de la sanción pecuniaria mayor a la mínima; sin embargo, el hecho de que la responsable impusiera el mínimo establecido en la ley aplicable, la exime de desarrollar tal análisis, sin que ello implique una violación de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro digital: 214716, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Octava Época, Materias(s): Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Octubre de 1993, página 450, de rubro y texto siguientes: "MULTA. CUANDO LA IMPUESTA ES LA MINIMA QUE PREVE LA LEY, LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A MOTIVAR SU MONTO. Si la multa impuesta con motivo de una infracción es la mínima que prevé la norma aplicable, la autoridad queda eximida de razonar su arbitrio para fijar la cuantificación de la misma. También sustenta lo anterior por similitud, la tesis de jurisprudencia XIII.2o. J/4, con registro digital: 195324, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, perteneciente a la Novena Época, Materias(s): Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998, página 1010, de rubro y texto que dicen: "MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS. Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la ley tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor a ésta. Por otra parte, también se estima infundado el concepto de violación planteado por el quejoso en cuanto a que la juez del conocimiento se excedió en sus funciones y facultades al imponerle una multa, en virtud que el requerimiento formulado resultaba innecesario, debido a que ya estaba enterada de que él se había quedado sin empleo, pues la empresa para la cual laboraba le informó de la separación de su cargo, aunado a que él mismo informó de su desincorporación mediante escrito que presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en donde señaló que no ha encontrado empleo formal y que únicamente realiza actividades laborales de manera informal para cumplir con sus obligaciones y subsistir. Lo anterior, pues no se advierte que la juez de origen se hubiese excedido en sus facultades, pues en primer lugar el numeral 83, fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que es el ordenamiento legal que regula el procedimiento de origen al tratase de un asunto de índole familiar, contempla la facultad que tienen los jueces como la responsable, para imponer multa de veinte a doscientas unidades de medida y actualización a fin de hacer cumplir sus determinaciones y, en el caso en particular, la multa impuesta por la juez del conocimiento es la mínima contemplada en dicho numeral, de lo que resulta evidente que la responsable no se excedió en sus facultades en ese sentido. Ahora bien, tampoco se considera que la responsable se excedió en sus facultades al formular el requerimiento realizado al ahora quejoso, pues aún y cuando dicha responsable tuviera conocimiento de que el aquí quejoso no tenía empleo, lo cierto es que tal requerimiento se le realizó al quejoso al tener este el carácter de deudor alimentario y a fin de verificar si continuaba desempleado, pues éste había incumplido con tal obligación, siendo que dicho requerimiento se realizó con apercibimiento de multa de veinte unidades de medida y actualización, fue debidamente notificado al ahora impetrante y éste no lo cumplió dentro del término concedido para ello, por lo que ante tal desobediencia, como bien determinó la juez de origen, resultaba procedente y válido imponer la medida de apremio con la que se le apercibió. También se estima infundado el argumento vertido por el quejoso en relación a que el requerimiento que le fue formulado no fue claro ni preciso, ya que de la lectura del acuerdo que contiene el requerimiento aludido se advierte que éste si reúne tales características, pues solamente se le requirió para que señalara el nombre y domicilio actual de su centro laboral, lo que de ninguna manera resulta ser confuso ni imposible de cumplir como alega el impetrante del amparo, siendo que solamente debía proporcionar el nombre y domicilio de su centro laboral actual y de no tener alguno como aduce, el quejoso debía atender el requerimiento limitándose a manifestar tal circunstancia y al no haberlo hecho sólo a él le es atribuible. Máxime que lo cierto es que de las constancias de autos aparece claramente que el requerimiento de atención se realizó al ahora quejoso con el apercibimiento de multa respectivo, que se le notificó personalmente en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el procedimiento de origen y, que éste omitió de manera total cumplir con dicho requerimiento, por lo que lo que lo procedente era hacer efectivo el apercibimiento realizado, lo cual la juez del conocimiento realizó en sus términos, sin que se advierta que se hubiese vulnerado derecho humano alguno del quejoso como este alega en su demanda. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y al no operar en este caso la suplencia en la queja deficiente por no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo para ello, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio DMY/591/2023 signado electrónicamente por la Titular de la Delegación Regional en Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, con el que atiende el requerimiento que le fuere formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de uno de agosto del año en curso, designando a la licenciada Addy Patricia Sabido Baquedano, asesora jurídico federal adscrita a dicha dependencia, como persona que puede representar legalmente a los menores de edad con iniciales B.R.C. y G.V.R.C., en el presente asunto. Ahora, considerando que el ocho del actual se reservó acordar el escrito firmado por la licenciada Addy Patricia Sabido Baquedano, con el que compareció a protestar el cargo que le fue conferido; asimismo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, nombró autorizados para ese efecto, así como en términos amplios y, solicitó se le autorice el acceso y seguimiento de las promociones y acuerdos del presente expediente por medio del sistema electrónico; en tales condiciones, sobre la base de que el escrito que presentó la asesora jurídica contiene su FIREL, lo que permite tener certeza sobre la identidad de quien lo firma, se tiene a dicha asesora aceptando y protestando el cargo conferido. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de mérito; asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos de conformidad con la parte final del segundo párrafo del precepto legal antes citado a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. En atención a lo que solicita en el citado memorial, en términos del numeral 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica al mencionado ocursante, con las claves de usuarios que proporciona, siempre y cuando las claves de usuarios sean correctas y se encuentren debidamente registradas. En consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos de que se dispone. Notifíquese y cúmplase. (...)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica por ********************de los menores de iniciales ********************y********************, con el que pretende protestar el cargo que aduce le fue conferido; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, nombra autorizados para ese efecto, así como en términos amplios, solicita se le autorice el acceso y seguimiento de las promociones y acuerdos del presente expediente por medio del sistema electrónico; sin embargo, resérvese acordar hasta que la Titular de la Delegación Regional en Yucatán de la Defensoría Pública Federal, informe respecto de la designación del representante especial solicitada en proveído de uno de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y considerando que del informe rendido por el Juez responsable se advierte que a los menores de edad con iniciales********************y********************pudieran resultar afectados en sus derechos e intereses con lo que se resuelva en este juicio, por lo que les asiste el carácter de parte tercero interesada; por tanto, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo aplicable, se les reconoce tal carácter. En virtud de lo anterior con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, constitúyase el Actuario de este Juzgado en el domicilio ubicado en el predio********************y previo cercioramiento de que el domicilio en cita se trata del domicilio de los terceros interesados antes nombrados, proceda a notificarles este acuerdo, el auto admisorio y las emplace a juicio, por conducto de quien legalmente los represente; debiendo entregar a cada uno copia autorizada de la demanda de amparo, del presente acuerdo y del auto admisorio, haciéndoles saber que con tal carácter pueden comparecer a este juicio de estimarlo pertinente; previniéndoles para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se les señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se les harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; hasta en tanto subsanen su omisión y sin necesidad de posterior acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte tercero interesada, que obra en los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el cual se pone a su vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, toda vez que de la lectura del escrito de demanda, se advierte que en el presente asunto podría encontrarse un conflicto de intereses entre las partes respecto de los menores de iniciales********************y********************hijos de las partes; en tal virtud, a fin de salvaguardar el interés superior de éstos, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional en Yucatán de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, a efecto que en el término de tres días proporcione el nombre de un asesor jurídico federal de su adscripción que funja como representante especial de los menores de edad. Notifíquese y personalmente a los tercero interesados por conducto de su representante legal. (...)

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