Berenice Fabiola Dominguez Ibañez

Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1215/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Berenice Fabiola Dominguez Ibañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1215/2021-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito de demanda, auto admisorio de siete de julio de dos mil veintiuno, constancias de notificación practicadas a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las referidas probanzas que se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que el secretario da cuenta con las manifestaciones formuladas por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en su alegato ministerial número 559/2021. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de mérito para ser considerados conforme a derecho correspondan; con lo cual se cierra este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1215/2021-II, promovido por Berenice Fabiola Domínguez Ibáñez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por violación al artículo 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Berenice Fabiola Domínguez Ibáñez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en el acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo aplicable, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en: - La omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 960/2019 y en consecuencia la falta de notificación del mismo a las partes. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que se tiene por existente el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 960/2019 y en consecuencia la falta de notificación del mismo a las partes, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; " La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 960/2019 y en consecuencia la falta de notificación del mismo a las partes. Sin embargo, como se anticipó de la lectura de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de veinticinco de agosto del año en curso, las partes del juicio laboral 960/2019, celebraron un convenio, el cual fue aprobado en todos sus términos y se le dio validez de laudo consentido y de cosa juzgada, se declararon terminadas las relaciones obrero patronales que un tiempo unieron a las partes, sin responsabilidad presente o ulterior para ninguna de ellas, obligándose a las partes a estar y pasar por su tenor en todo tiempo y lugar, salvo la obligación de la parte patronal demandada a que se refiere la cláusula tercera del convenio relativa a su cumplimiento y a la pena para el caso de su incumplimiento, por lo que se tuvo a Holding de Restaurantes, S. de R.L. de C.V. por obligada y comprometida a depositar la cantidad convenida en la cláusula tercera del convenio en la fecha y hora señalada y a pagar la sanción en caso de incumplimiento, y en su oportunidad al darse debido cumplimiento al convenio, acordó se ordene el archivo del expediente laboral 960/2019 como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia. En efecto, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, pues como se puede ver el veinticinco de agosto del año en curso, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aprobó el convenio celebrado por la parte quejosa (actora en el juicio de origen 960/2019) y la parte demandada en el mismo, convenio al cual se le dio el efecto de laudo consentido y de cosa juzgada, actualizándose la improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues al haberse aprobado el convenio celebrado en el juicio natural con los efectos antes precisados, es incuestionable que aun cuando subsisten los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal alguno, por no poderse concretar en perjuicio de ninguna de las partes. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, por encontrar una aplicación en lo conducente, se cita la tesis 2a. XCVIII/2000, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 358, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones al derecho humano que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 960/2019 y en consecuencia la falta de notificación del mismo a las partes, es incuestionable que al celebrarse y aprobarse un convenio entre las partes de dicho juicio, el cual tiene el efecto de laudo consentido y de cosa juzgada, el objeto material de los actos reclamados y sus consecuencias han dejado de existir. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que sea obstáculo a lo anterior que no obre en autos la constancia de emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Berenice Fabiola Domínguez Ibáñez, contra los actos que reclama a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que informa que en el juicio laboral 960/2019, del cual deriva el acto reclamado, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno las partes celebraron un convenio, el cual se agrega a estos autos para que sea tomado en consideración en su oportunidad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a este expediente para los efectos legales correspondientes el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable, el cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone a la vista de las partes para el uso de sus derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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