Benito Sanchez Cruz
Expediente 1371/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benito Sanchez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su oficio el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mismas que se ordena relacionar nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con dichas constancias se ordena formar un tomo de pruebas. Asimismo, téngase al magistrado responsable remitiendo un disco compacto; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en comento, se tienen por admitidos dichos medios de prueba, los cuales se ordena relacionar al momento de la audiencia constitucional respectiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1371/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el informe registrado con el número 20364 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Apatzingán, Michoacán. Hágase nueva relación de dicho informe en la etapa procesal correspondiente. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán; Ambos con residencia en esta ciudad; y, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Apatzingán, Michoacán. Actos reclamados: La resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca ********************, en la que se resolvió sobre el traslado del centro donde guarda reclusión a uno diverso y ordenó reponer el procedimiento del expediente ********************Segunda. Al momento de rendir su informe previo, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Apatzingán, Michoacán, manifestaron que es cierto el acto que les atribuye. El Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo, aún y cuando quedó debidamente notificado del dieciséis de noviembre del año en curso, tal como se advierte del oficio, el cual fue recibido el veintidós de los corrientes por la autoridad responsable. En ese sentido, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a la referida autoridad, por las razones expuestas en el párrafo que antecede. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado. Al respecto, los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En tal virtud, tomando en consideración que lo que aquí se combate es la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por la cual revocó la diversa determinación pronunciada el trece de septiembre de dos mil veintitrés por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para ordenar la reposición del procedimiento ********************a partir del momento en que se recibió el escrito de la solicitud de traslado voluntario del aquí quejoso ********************, del Centro Penitenciario ubicado en Apatzingán, Michoacán, al diverso denominado "Lic. David Franco Rodríguez" ubicado en Charo, Michoacán; asimismo, tomando en cuenta que el quejoso de referencia se encuentra actualmente recluido en la Institución Penitenciaria citada en último término, y que la determinación de segunda instancia implica el posible regreso de ******************** al Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, se concede la suspensión definitiva para que no se ordene su traslado del centro en que guarda reclusión a alguno diverso. En el entendido de que dicha suspensión no surtirá efecto alguno tratándose de los siguientes supuestos: Si existe diversa orden de traslado emitida por otra autoridad a las señaladas como responsables, conforme a lo establecido en el artículo 521 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; Si la autoridad competente considera que el quejoso directo es de los considerados como aquéllos de los que ameriten observación de medidas especiales en atención al artículo 18 constitucional; Si se cumplimenta una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente; o Si se trata de orden de extradición. Todo lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece lo siguiente: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (.).". Ahora bien, visto lo informado por el Juez de Control, en el sentido de que en cumplimiento a la resolución de veinticinco de octubre del año en curso se declaró incompetente para conocer de la solicitud de traslado promovida por ******************** y ordenó la remisión de los registros correspondientes al juez de ejecución radicado en Apatzingán, Michoacán, quien el veintidós de noviembre actual aceptó la competencia y dio inicio a la controversia ********************, se concede la suspensión provisional para el magistrado responsable informe al juez de ejecución aludido con antelación, se abstenga de continuar con el procedimiento dentro del mismo. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1a./J. 21/2011, localizable en la página 205 del libro VI, marzo de 2012, tomo 1, número de registro 2000472, de rubro y tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de la sentencia con que se decida la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, en el que posiblemente se ha dictado sentencia de fondo. Por tanto, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, a consideración del juez, respecto de los juicios en que se decreta la reposición del procedimiento, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación". Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se concede a ******************** la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. ADMISIÓN: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el quejoso Benito Sánchez Cruz, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de noviembre del año en curso, precisa la materia de la apelación y lo resuelto el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el toca XI-126/2023 y exhibe copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a la totalidad de las partes. Por tanto, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Benito Sánchez Cruz, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. De conformidad con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, así como 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único de incidente de suspensión, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. 2. SOLICITUD DE INFORMES: De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada, íntegra, así como perfectamente legible de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Lo anterior, en el entendido de que la autoridad responsable cuenta con la potestad más amplia para rendir su informe con la mayor celeridad posible, en aras de una pronta y efectiva impartición de justicia, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad de otorgar a las demás partes la vista que prevé el artículo 117 ya referido y con ello, en su caso, evitar un eventual diferimiento de la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; verbigracia, cuando los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación. Como lo establecen los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realice mediante oficio que remita a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciba el oficio por el que se le requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrá presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. Deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen o acto reclamado en sí, se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en su origen, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas, precisando en su caso las particularidades respectivas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado, así como su debida certificación en ese sentido; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente o constancias respectivas en formato original, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro de las documentales o pruebas que en algún otro formato alleguen al juicio, ya que en el supuesto de que le resulten necesarias para realizar alguna actuación posterior, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso, sustanciar el recurso de revisión que se llegue a interponer en autos, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad obtener las reproducciones conducentes para su resguardo. 3. APERCIBIMIENTOS: Se formula apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendir el informe justificado en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que haya correspondido conocer del mismo, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalado el domicilio para recibir notificaciones que llegue a proporcionar en autos. Se informa a las autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: No se ofrecen de momento. 7. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: De conformidad con los artículos 5°, fracción III, inciso e), se reconoce el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordena su emplazamiento por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones se le realizarán por la misma vía. 8. NOTIFICACIONES: Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." 9. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 10. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 11. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, de acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y Artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único del incidente de suspensión de los actos reclamados promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144 de la Ley de Amparo en vigor, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente acuerdo. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo que disponen el artículo 138 de la Ley de Amparo se señalan para la celebración de la audiencia incidental las doce horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el toca ********************, en la que se resolvió sobre el traslado del centro donde guarda reclusión a uno diverso y ordenó reponer el procedimiento del expediente ********************Luego, el artículo 128, Fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) "II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." (.)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En tal virtud, respecto de la orden de traslado del quejoso del centro en que guarda reclusión a uno diverso, se concede la suspensión para el efecto que actualmente guardan; es decir, no se lleve a cabo la orden de traslado reclamada. En el entendido de que dicha suspensión no surtirá efecto alguno tratándose de los siguientes supuestos: 1. Si existe diversa orden de traslado emitida por otra autoridad a las señaladas como responsables, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 2. Si la autoridad competente considera que el quejoso directo es de los considerados como aquéllos de los que ameriten observación de medidas especiales en atención al artículo 18 constitucional; 3. Si se cumplimenta una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente; o 4. Si se trata de orden de extradición. Todo lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece lo siguiente: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (.).". Luego, respecto, del diverso efecto trazado en la resolución materia del acto reclamado, se concede la suspensión provisional para el juez responsable se abstenga de reponer el procedimiento del expediente ********************hasta en tanto les sea notificada la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente de suspensión. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1a./J. 21/2011, localizable en la página 205 del libro VI, marzo de 2012, tomo 1, número de registro 2000472, de rubro y tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de la sentencia con que se decida la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, en el que posiblemente se ha dictado sentencia de fondo. Por tanto, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, a consideración del juez, respecto de los juicios en que se decreta la reposición del procedimiento, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación". En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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