Benito Ruiz Vilchis

Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1099/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Benito Ruiz Vilchis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1099/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables Director; Subdirectora; Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia; y, Comité Técnico, todos del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, con residencia en Charo, Michoacán. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Benito Ruiz Vilchis, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, con residencia en Charo, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión, conocimiento previo y returno. Por cuestión de turno, el conocimiento inicial de la demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, órgano que la registró en su índice con el número 886/2022 y quien en auto de veintitrés de agosto de la anualidad pasada (foja 34) la admitió a trámite, decretó la suspensión de plano respecto de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, solicitó a las responsables su informe con justificación y otorgó a la representación social de su adscripción, la intervención legal correspondiente. El seis de octubre del año inmediato anterior (foja 162), el citado juzgado homólogo, planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 220/2022, en el que el quejoso también reclamó actos derivados de la incomunicación, tortura física y psicológica y malos tratos. Sin embargo, en auto de trece de octubre de dos mil veintidós (foja 168) este juzgado ordenó el registro del asunto con el número 1099/2022 y determinó no aceptar el returno planteado por dicho juzgado, al estimar que no se trataba del mismo acto reclamado y adicionalmente, porque el juicio de amparo 220/2022, fue desechado y por ello, no había generado conocimiento previo. Ante dicha negativa de aceptación del returno planteado, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (foja 180) planteó consulta ante el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que determinara a quién le correspondía el conocimiento de este asunto. Por esa razón, mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil veintidós, contenida en el oficio SECNO/CT/1460/2022 (foja 214) la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, determinó que dicho conocimiento correspondía a este juzgado. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, mediante auto de veinticinco de noviembre pasado (foja 235) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, dio vista a las partes con los informes justificados de las responsables y solicitó el correspondiente al Comité Técnico del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, con residencia en Charo, Michoacán. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el veintiuno de diciembre pasado se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas que residen en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso Benito Ruiz Vilchis consisten en: Los malos tratos que recibe de las autoridades penitenciarias; Las constantes amenazas en el sentido que se le prohibirán las visitas familiares; El aislamiento del resto de la población penitenciaria, al mantenerlo en el área de castigo a partir del veintidós de febrero de dos mil veintidós y no permitirle salir a locutorios a entrevistarse con su defensor particular; y, El no otorgarle los beneficios en materia laboral, cultural y deportiva, desde el mes de mayo de dos mil veintidós. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: Director; Subdirectora; Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia; y, Comité Técnico. Todos del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No. 1, con residencia en Charo, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio de definitividad que el promovente debió observar frente a los actos reclamados relacionados con las condiciones de internamiento, y que en párrafos que preceden quedaron determinados como: Las constantes amenazas en el sentido que se le prohibirán las visitas familiares; y, El no otorgarle los beneficios en materia laboral, cultural y deportiva, desde el mes de mayo de dos mil veintidós. Así es, ya que contra los mismos procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento; 2. Que las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla; 3. Que si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado); 4. Que si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución; 5. Que en casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento; 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas; y, 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia, es claro que, respecto de tales actos, resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que por lo que toca a los reclamados consistentes en las constantes amenazas en el sentido que se le prohibirán las visitas familiares; el aislamiento del resto de la población penitenciaria, al mantenerlo en el área de castigo a partir del veintidós de febrero de dos mil veintidós y no permitirle salir a locutorios a entrevistarse con su defensor particular; y, el no otorgarle los beneficios en materia laboral, cultural y deportiva, desde el mes de mayo de dos mil veintidós; el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que, al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca determinar el sobreseimiento respecto de los actos precisados en esta consideración. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: *Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; registro digital: 2018548, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." *Jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, con registro digital 2017822, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. *Tesis aislada XVI.1o.P.14 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con registro digital 2016103, que dice: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión." No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. Por último, resta señalar que el criterio que se asume en esta consideración, es conforme a lo resuelto en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados materia de estudio en este apartado. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados restantes. Con relación a los diversos actos reclamados consistentes en los malos tratos que el quejoso recibe de las autoridades penitenciarias; y, el aislamiento del resto de la población penitenciaria, al mantenerlo en el área de castigo a partir del veintidós de febrero de dos mil veintidós y no permitirle salir a locutorios a entrevistarse con su defensor particular; se consideran inexistentes, según lo manifestado en sus informes justificados que obran a fojas 71, 105, 124 y 247. De dichos comunicados se advierte que las autoridades responsables negaron los actos reclamados y precisaron que no se encuentra incomunicado sino que actualmente habita el módulo D, pasillo C1, estancia 127, donde tiene acceso a todos sus derechos como lo prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; que no es cierto que el peticionario del amparo reciba malos tratos, ya que éste cuenta con todas y cada una de las garantías inherentes al ser humano, las cuales han sido respetadas en todo momento dentro de ese centro de reclusión; adicionalmente, señalaron que el quejoso ha participado en diversas actividades deportivas y de esparcimiento, las cuales se comprueban con las tarjetas informativas que se agregaron a los informes justificados. De dichas tarjetas informativas se aprecian las actividades deportivas, culturales y de enseñanza, así como las visitas y revisiones médicas del quejoso dentro de su estancia en el aludido centro penitenciario; obran también anexas a esas constancias, diversas fotografías que acreditan las actividades que el peticionario del amparo realiza en diferentes áreas del centro de reclusión, incluso en ellas, se aprecian imágenes del quejoso realizando actividades deportivas (fojas 75 y 76). También destaca de esas tarjetas informativas un informe médico (foja 79) elaborado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que el médico adscrito a ese centro penitenciario, hace constar que el quejoso ha recibido atención médica y odontológica desde su ingreso y que a la fecha, éste cursa con diagnóstico de gonalgia (dolor de rodilla derecha) y revisión dental de rutina. Igualmente, obra entre esas constancias, un plan de actividades elaborado por el Área de Trabajo y Capacitación de ese centro, con fecha de veinticinco de mayo de dos mil veintidós (foja 79), en el que se estableció como actividad para el quejoso la talabartería, con el objetivo de que realice el oficio de elaboración de diversos artículos bordados con hilo de pita o plata, dedicando seis días a la semana; dicha propuesta de trabajo está firmada tanto por el Auxiliar del Área de Trabajo y Capacitación como por el quejoso Benito Ruiz Vilchis. Del mismo modo, se aprecia en las constancias remitidas por las autoridades responsables, el carnet de citas que da cuenta de las consultas que el accionante del amparo ha recibido en el área de psicología, en la modalidad de terapia individual (foja 84); asimismo, constancias expedidas al quejoso por su participación en talleres impartidos en el área de psicología. Igualmente, obra el reporte de visitas generado el seis de septiembre de dos mil veintidós (foja 99), del que se aprecia todas las fechas en la que Ma. Esther Vilchez Reyes, madre del quejoso, ha asistido a la visita familiar. Con todas las constancias referidas, se ordenó dar vista al quejoso, según se aprecia del auto de veintiuno de diciembre del año pasado (foja 252) en el que este juzgador ordenó al actuario de la adscripción, constituirse en el centro de reclusión en el que éste se encuentra, a fin que le entregara copia de las mismas y asentara lo que el peticionario del amparo manifestara de acuerdo a lo que su derecho conviniera. En cumplimiento a ello, el veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós (foja 257), el peticionario de la tutela constitucional, manifestó ante la fe del actuario de este juzgado, que quedaba enterado, que bajo protesta de decir verdad manifestaba que se pedía el traslado al Cereso de Uruapan, por acercamiento familiar, de acuerdo al artículo 18 Constitucional y los 50 y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo el anterior contexto, en el caso debe considerarse inexistente el acto reclamado que se analiza en esta consideración, consistente en los malos tratos que el quejoso dijo recibir de las autoridades penitenciarias y la incomunicación en celda de castigo, ya que a pesar de todas las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, lo cierto es que no aportó una sola prueba para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables respecto de los actos que se les atribuyeron y para demostrar la certeza de los mismos, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendido por éstas e incluso se le corrió traslado personalmente con las constancias que éstas acompañaron a los mismos, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es más, no obra siquiera un indicio probatorio que demuestre que efectivamente ha recibido malos tratos ni de que estuviera incomunicado en celda de castigo; lo que se corrobora con lo manifestado por el quejoso al recibir las constancias que las responsables remitieron para acreditar la inexistencia de los actos que se les atribuyeron, pues se limitó a manifestar ante el actuario, que quedaba enterado y que bajo protesta de decir verdad manifestaba que se pedía el traslado al Cereso de Uruapan, por acercamiento familiar, sin que nada manifestara o reiterara con relación a la existencia de los supuestos malos tratos ni de que estuviera incomunicado en celda de castigo; por ello, no queda más que considerar inexistentes los actos reclamados materia de estudio en este apartado. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo que se justifica porque además que la existencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en esta consideración, fue negada de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a las citadas responsables a probar su dicho, en este caso, la negativa de los actos a ellas atribuidos, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos y autoridades precisadas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por los actos analizados en este apartado. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Benito Ruiz Vilchis, por los actos y motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguense para que obre como corresponda el oficio suscrito por la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a la solicitud formulada en autos informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno con el número 20220869005000235, del rubro de amparo indirecto y contabilizada a favor de este juzgado lo que acredita con la boleta que se anexa a la misiva de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de las constancias que integran el juicio en el que se actúa, se advierte que el doce de septiembre de dos mil veintidós, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se tuvo al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con sede en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, rindiendo su informe justificado y adjuntando las constancias con las que acreditó su emisión. Ahora bien, de dichas constancias, se advierte que adjuntó lo siguiente: Copia certificada de los oficios de veintiséis, veintinueve de agosto, uno y dos de septiembre de dos mil veintidós, por el cual el Jefe de Grupo de la Segunda y Tercera Compañía de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con sede en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, informa que el quejoso Benito Ruiz Vilchiz, realizó actividad de esparcimiento deportivo en dicho centro, anexando placas fotográficas donde se advierte su dicho; Copia certificada del informe médico de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el cual el medico adscrito al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, número 1, informa que el quejoso ha recibido atención médica y odontológica desde su ingreso a esa institución, informando que a la fecha su diagnóstico es gonalgia derecha y revisión dental de rutina; y, Copia certificada de tarjeta informativa de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós por el cual el encargado del Área de Actividades Físicas y Deportivas, por el cual informa que el quejoso se encuentra inscrito en la actividad física y deportiva misma que realiza dos días a la semana en un horario de nueve a diez de la mañana. Atento a lo anterior y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, con sede en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituye en las instalaciones de dicho centro de reclusión y entregue copia al quejoso Benito Ruiz Vilchiz, de las constancias descritas en párrafos precedentes a efecto de darle vista con las mimas para que esté en condiciones de manifestar lo que a su derecho convenga dentro del término de ocho días de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, si es que es su deseo realizarlo. En consecuencia, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejoso. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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