Benjamin Isidoro Orozco Bieyra

Expediente 872/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
872/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Benjamin Isidoro Orozco Bieyra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las trece horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 872/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, así como la documental que oferta la parte quejosa la cual anexó al escrito de demanda. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente los formuló la representación social adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo se tienen por reproducidos lo alegatos en cita y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez, en cuanto apoderados legales de Benjamín Isidoro Orozco Bieyra, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados y la autoridad responsable siguiente: Autoridades responsables: Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; Actuario adscrito a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad Acto reclamado: a) La omisión de emplazar a los demandados; y, b) El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial, actos derivados del expediente ordinario número 3D-2251/2017. Segundo. Por auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se les reclaman. Lo anterior, se acredita con las constancias que acompañó como soporte de su informe justificado, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentales públicas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, cabe realizar la precisión de que aunque la parte quejosa señaló al Presidente y a la actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, y ante la omisión de este juzgado por reconocer el carácter de autoridad responsable a la mencionada actuaria, la presente determinación se hará extensiva a ella, a pesar de que dicha autoridad no fue notificada de la demanda de amparo; por lo que tampoco rindió su informe justificado; sin embargo, toda vez que ésta tiene el carácter de ejecutora, no puede realizar alguna acción o cumplimentar alguna orden diversa si alguna autoridad ordenadora no se lo encomienda. Tercera. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: a) La omisión de emplazar a los demandados; y, b) El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial, actos derivados del expediente ordinario número 3D-2251/2017. Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de garantías será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Este juzgador advierte que el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la actuaria adscrita a dicha junta, se constituyó los días veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, veintiuno de abril, siete de mayo y trece de julio del año en curso, en el domicilio señalado por el actor- hoy quejoso-, para emplazar al demandado Alfredo López Pulido y quien resulte propietario o responsable del inmueble, taller y bodega de llantas, ubicado a un costado de la Carretera Morelia-Salamanca, número 7550, como referencia a cincuenta metros del retorno a Erandeni, en Tarímbaro, Michoacán, sin poder realizar el emplazamiento correspondiente. Por lo que ante la imposibilidad de la actuaria de realizar el emplazamiento en proveídos de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dieciséis de abril, quince de julio y veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable en dichos acuerdos dio vista a la parte actora con las razones actuariales de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, veintiuno de abril, siete de mayo y trece de julio del año en curso, donde la actuaria asentó la imposibilidad para lograr el debido emplazamiento, ante lo cual la parte trabajadora continuó señalando el mismo ubicado a un costado de la Carretera Morelia-Salamanca, número 7550, como referencia a cincuenta metros del retorno a Erandeni, en Tarímbaro, Michoacán. En consecuencia, ante la inexistencia del acto consistente en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Tres, con residencia en esta ciudad, de emplazar a la parte demandada denominada veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, veintiuno de abril, siete de mayo y trece de julio del año en curso, dentro del juicio ordinario laboral 3D-2251/2017, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.126/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, del tomo II, libro 36, Noviembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2013079, que a la letra dispone: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." De la anterior tesis jurisprudencial, se advierte que si la autoridad laboral no logra emplazar a la demandada en el domicilio señalado por la parte actora, la autoridad deberá dar vista a la promovente para que aclare el domicilio, y si ésta sigue señalando el mismo, la autoridad deberá de tener por no presentada la demanda y no realizar una investigación; por lo que en el caso que nos ocupa, en tres ocasiones la autoridad responsable otorgó la posibilidad a la parte actora para que aclarara el domicilio de la demandada, a lo cual la actora siguió insistiendo en el mismo, razón por la cual la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha podido realizar el emplazamiento de Alfredo López Pulido, por lo cual queda demostrada que la autoridad responsable no ha sido omisa en realizar el emplazamiento; por el contrario, la parte actora sigue señalando el mismo domicilio a pesar de la imposibilidad material que ha tenido la actuaria adscrita a la Junta responsable. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Determinación que también se hace extensiva respecto al acto reclamado consistente en la "El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial, actos derivados del expediente ordinario número 3D-2251/2017", tomando en consideración que el procedimiento laboral especifica que primero la junta debe emplazar a los demandados y posteriormente se llevará a cabo la audiencia respectiva, razón por la cual la autoridad responsable ha estado difiriendo la fecha para la audiencia inicial. Sirve por analogía lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables Presidente y actuaria de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta del presente fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Benjamín Isidoro Orozco Bieyra, por conducto de sus apoderados jurídicos Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia académica al titular de este órgano jurisdiccional quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en atención a lo previsto en dicho numeral, se advierte que la suscrita secretaria únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/5613/2018, quien actúa asistida del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la citada autoridad. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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