Benito Ruiz Vilchez

Expediente 809/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
809/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Benito Ruiz Vilchez
  • Director General del centro Penitenciario de Alto Impacto Número 1

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso escrito del quejoso ********************, en donde refiere que es su deseo dar de baja a la licenciada ********************, dentro de la causa penal ********************, y solicita se le designe defensor de oficio, por lo que dígasele que dicha petición deberá solicitarla ante la autoridad que se encuentra conociendo de la referida causa penal de origen. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 20, fracción l del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 809/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente formuló alegatos el quejoso. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados alegatos del quejoso y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (fojas 5-6), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Penitenciario de Alto Impacto Número 1 y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 15, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Desechamiento de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 809/2022; en auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós (foja 7), la desechó al considerar actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tercero. Impugnación contra desechamiento. El veintiséis de julio de dos mil veintidós (foja 21), al momento en que se le notificó al quejoso el proveído de veintiuno del citado mes y año, interpuso recurso de revisión, lo que se acordó por este juzgado el cuatro de agosto siguiente (foja 23). Por razón de la materia, correspondió conocer del referido medio de impugnación al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; órgano colegiado que lo registró como amparo en revisión 249/2022; en auto de diez de agosto de dos mil veintidós (foja 26), a fin de no dejar en estado de indefensión al recurrente, previno al quejoso para que manifestara si era de su interés promover el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de julio de citado año, por ser el procedente. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós (foja 31), derivado de lo manifestado por el quejoso, se determinó que su intención era controvertir el multicitado auto a través del medio de defensa idóneo; que el recurso de revisión había quedado sin materia; y, con copia autorizada de dicho proveído, se ordenó dar cuenta y registrar el medio de impugnación hecho valer por ********************. En acuerdo de presidencia de veintidós de agosto de dos mil veintidós (foja 35), se registró el recurso como queja 183/2022 y se admitió, el cual fue resuelto en sesión de treinta y uno de siguiente, en el sentido de declararlo fundado, por lo que se ordenó dejar sin efectos el auto recurrido para ahora requerir al promovente para que aclarara su demanda con relación a la precisión del acto reclamado (fojas 43-50). Cuarto. Cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal. En auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 54), en atención a lo ordenado por el Tribunal de alzada, respecto de la incomunicación, segregación, malos tratos y tortura, se concedió la suspensión de plano; asimismo, se previno al quejoso para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, aclarara el acto reclamado consistente en un traslado, ya que no precisa si lo que reclama es el traslado en sí, la negativa de realizarlo o bien, la omisión de la autoridad competente de pronunciarse sobre el mismo. Quinto. Admisión de la demanda y demás trámites del juicio de amparo. Al momento de notificarle el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso cumplió con el requerimiento realizado, por lo que en proveído de trece siguiente (foja 82), se desechó de plano la demanda respecto de los actos relativos a la privación de derechos de reinserción social como es la escuela, del deporte y el trabajo (condiciones de internamiento), al considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otro lado, admitió la demanda, en relación con los actos consistentes en la incomunicación, segregación, malos tratos y tortura así como la omisión de las responsables de pronunciarse sobre la solicitud de traslado voluntario; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el trece de diciembre de dos mil veintidós (foja 159). Sexto. Sentencia y su impugnación. El treinta de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo (fojas 161-168). Al momento en que se le notificó dicha sentencia al quejoso, manifestó "[.] mando a revisión y/o el recurso que en derecho proceda [.]". En auto de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 177), se ordenó correr traslado a las partes con copia de la notificación realizada al quejoso en donde se advierten sus manifestaciones sobre interponer recurso de revisión; asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, se ordenó que, una vez que se encontrara debidamente integrado el presente asunto, se remitieran dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que correspondiera. Séptimo. Admisión del recurso de revisión y emisión de la sentencia respectiva. Por razón de materia correspondió conocer del recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; órgano pluripersonal que lo registró con el número 41/2023 y en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés lo admitió (foja 189-191). Asimismo, en sesión ordinaria virtual número diez de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, resolvió lo siguiente: "[.] Revocar la sentencia recurrida por la que se sobreseyó en el juicio de amparo; y, Ordenar la reposición del procedimiento, para que se requiera al quejoso a fin de que en el momento de la diligencia de notificación, o bien, dentro del término legal de tres días legalmente computados, designe un abogado en derecho de lo asesore dentro del juicio de amparo; y, de no hacerlo, gestione lo conducente con la defensoría pública correspondiente (federal o local) para que se le proporcione algún defensor o representante jurídico que lo asista, a quien deberá imponérsele de los autos para que haga valer lo que a los intereses del quejoso corresponda. Hecho lo cual, prosiga el procedimiento y, en su oportunidad, resuelva conforme a derecho proceda". [.]" (fojas 198-211). Octavo. Cumplimiento a la ejecutoria. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (foja 212), se ordenó reponer el procedimiento para que al momento de notificar al quejoso dicho auto, o, dentro del término de tres días, computado legalmente, designara un abogado en derecho que lo asesorara dentro del juicio de amparo; y, de no hacerlo, se gestionara lo conducente con la defensoría pública correspondiente (federal o local) para que se le proporcionara algún defensor o representante jurídico que lo asista. En diverso auto de diecinueve de abril del año en curso (foja 220), y toda vez que de lo manifestado por el quejoso al realizarse la notificación personal se advierte que solicitó se le asignara un defensor público para que lo asistiera y tuviera una buena defensa, se ordenó girar oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que proporcionara el nombre de quien pudiera fungir como su defensor público. El dieciséis de abril de dos mil veintitrés (foja 227), se tuvo por recibido el oficio del Titular de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la cual designó a Arturo Ortega Álvarez, para que brindara el servicio de defensa penal pública al quejoso pero proporcionó los datos de contacto de Vladimir Axayacatl Reyes Rangel, por lo que se ordenó girar oficio para que aclarara el nombre del defensor y sus datos de contacto. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja 236), se tuvo al Titular de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública aclarando que designó a Arturo Ortega Álvarez como defensor público federal del quejoso. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1 y del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro, son: La incomunicación, segregación, malos tratos y tortura. La omisión de pronunciarse sobre la solicitud de traslado voluntario. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1 y el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos atribuidos por la quejosa (fojas 115 y 130). Respecto de la incomunicación, segregación, malos tratos y tortura adujeron que como se advertía del informe emitido por el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, ********************, no se encontraba incomunicado, que actualmente habita en el área del centro de ubicación, estancia trece; donde tiene acceso a cada uno los derechos contenidos en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; cuenta con espacios suficientes; se le proporcionan sus tres alimentos del día; tiene acceso al área de locutorios para ser asistido legalmente; tiene acceso a las áreas deportivas, laborales, culturales, trabajo, social, área educativa; que la estancia cuenta con luz eléctrica, regadera, w.c., lavabo y un espacio para descansar. Con relación a la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de traslado voluntario, las autoridades responsables adujeron que dentro del expediente único del quejoso, no se contaba con solicitud o petición dirigida al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1 para su atención; asimismo que no se encontraban facultados legalmente para hacer el traslado de las personas privadas de su libertad recluidas de ese centro a uno diverso en la entidad o de un centro preventivo o de reinserción social en el estado a esa institución penitenciaria, ya que era potestad única de la autoridad a cuya disposición se encuentre la persona privada de su libertad así como de la autoridad penitenciaria de conformidad con el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, toda vez que las autoridades responsables negaron los actos reclamados, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Además, las responsables adjuntaron a su informe el oficio de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en el cual hizo del conocimiento del Director del referido centro: ******************** no se encontraba incomunicado, que habita en el área de centro de ubicación, estancia trece, donde tiene los derechos establecidos en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal [alimentos, acceso al área de locutorios, acceso a áreas deportivas, laborales, culturales, trabajo social, entre otros]. ******************** en varias ocasiones ha decidido no hacer uso del teléfono. ******************** ha tenido acceso al área de locutorios. ******************** fue canalizado al área médica para ser valorado, y se determinó que se encontraba "físicamente íntegro. Sin lesiones de reciente producción sobre la superficie corporal". Para acreditar lo anterior, el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto anexó copias certificadas de las documentales siguientes: Certificado de integridad corporal de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el doctor Ricardo Ernesto Flores Castro, del que se advierte, entre otras cosas, que ******************** está físicamente íntegro y que no presenta lesiones de reciente producción al momento de la valoración médica (reverso foja 117). Tarjeta informativa de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Jefe de Grupo de la Primera Compañía del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en la que informó al Jefe de Seguridad de dicho centro, que a las diez horas, dieciséis personas privadas de la libertad del área denominada centro de ubicación, entre ellas ********************, fueron canalizadas al área de palapas para realizar deporte y esparcimiento, actividades que concluyeron a las once hora con quince minutos; asimismo, que a las dieciséis horas con cuarenta minutos, se le proporcionó atención psicológica [adjuntó diversas fotografías] (foja 118). Tarjeta informativa de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Encargado de Seguridad Interna de la Tercera Compañía del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en la que informó al Jefe de Seguridad de dicho centro, que ******************** habita en el área "Centro de Ubicación Estancia Número 13"; que en ese día no quiso utilizar el teléfono de uso común como habitualmente lo hace, que nadie interfiere ni en el tiempo de duración, ni en el número de llamadas, que no tiene establecidos horarios fijos para realizarlas (reverso foja 119). Tarjeta informativa de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Jefe de Grupo de la Tercera Compañía del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en la que informó al Jefe de Seguridad de dicho centro, que ese día a las doce horas con treinta y cinco minutos, se trasladó a ******************** al área de locutorios con la finalidad de entrevistarse con su abogado [anexó fotografías] (foja 120). Tarjeta informativa de veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Jefe de Grupo de la Primera Compañía del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en la que informó al Jefe de Seguridad de dicho centro que ******************** durante el día recibió sus alimentos de manera normal; tuvo su horario normal de esparcimiento dentro del área denominada centro de ubicación; en un par de ocasiones se le preguntó si necesitaba atención médica a lo que manifestó que no; que le ofreció el servicio telefónico pero tampoco lo quiso usar (foja 121). Bitácoras de área de locutorios de doce, catorce y veintitrés de septiembre de dos mil veintidós [reverso de la foja 121 a la 124]. Informe realizado por la trabajadora social ********************sobre la visita a ******************** por parte de su madre ********************(reverso foja 124). Certificado de integridad corporal, emitido por el doctor Ricardo Ernesto Flores Castro el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, del que se advierte, entre otras cosas, que ********************está físicamente íntegro y que no presenta lesiones de reciente producción al momento de la valoración médica (foja 125). Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y de los que se advierte que contrario a lo señalado por el quejoso no se encuentra incomunicado, segregado así como tampoco ha sufrido de malos tratos y tortura. Asimismo, no obra constancia alguna de la que se advierta que solicitó su traslado al Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 227634, la cual es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por Arturo Ortega Álvarez, defensor público federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido, respecto de ser representante legal del quejoso Benito Ruiz Vilchez, en el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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