Beatriz Montero Cuevas y Otros.

Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
249/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Montero Cuevas y Otros.
  • Beatriz Montero Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 774/2006, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En ese orden, por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Beatriz Montero Cuevas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Presidenta del mismo, residentes en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y, b).- C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, reclamo la violación constante, reiterada y de tracto sucesivo de los derechos humanos de la quejosa Beatriz Montero Cuevas, dentro del procedimiento de ejecución del laudo en el expediente laboral número 774/2006, y; la omisión de acordar los dos escritos presentados el día 11 de marzo; y, 08 de septiembre; ambos del 2022 respectivamente." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Beatriz Montero Cuevas, reclama la omisión acordar los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós, en los que esencialmente solicitó: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen a la parte demandada. Requerir a la parte demandada el cumplimiento de la condena. Apercibir que en caso de no cumplir en el plazo que otorgue, se iniciará el procedimiento administrativo de suspensión del cargo y se le de vista a la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación respectiva. Gire oficio al Congreso del Estado de Guerrero, para que inicie el procedimiento administrativo de suspensión del cargo a la C. Leticia Castro Ortiz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Entonces, analizado lo anterior se tiene que dicho acto reclamado es inexistente. Lo anterior, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 774/2006, se acordaron los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós, para lo cual indicó lo siguiente: Por lo que corresponde al inciso a), hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, para lo cual aplicó multa de trescientos días de salarios mínimos a Leticia Castro Ortiz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Respecto al inciso b), requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, realiza el pago de la cantidad de $1,075,108.40 (un millón setenta y cinco mil ciento ocho pesos 40/100 moneda nacional). En lo que concierne al inciso c), apercibió al Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento aludido, le impondría multa de trescientos cincuenta días de salario mínimo. Finalmente, indicó que en relación al inciso d), indicó que no había lugar a acordar de conformidad en virtud de que el procedimiento que solicita no lo establece el Titulo Sexto. De los Medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos de la Ley 51 del Estado. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de marzo de dos mil veintitrés), la autoridad responsable laboral ya había emitido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en donde había acordado los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 774/2006, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En ese orden, por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Beatriz Montero Cuevas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Presidenta del mismo, residentes en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y, b).- C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, reclamo la violación constante, reiterada y de tracto sucesivo de los derechos humanos de la quejosa Beatriz Montero Cuevas, dentro del procedimiento de ejecución del laudo en el expediente laboral número 774/2006, y; la omisión de acordar los dos escritos presentados el día 11 de marzo; y, 08 de septiembre; ambos del 2022 respectivamente." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Beatriz Montero Cuevas, reclama la omisión acordar los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós, en los que esencialmente solicitó: Hacer efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen a la parte demandada. Requerir a la parte demandada el cumplimiento de la condena. Apercibir que en caso de no cumplir en el plazo que otorgue, se iniciará el procedimiento administrativo de suspensión del cargo y se le de vista a la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación respectiva. Gire oficio al Congreso del Estado de Guerrero, para que inicie el procedimiento administrativo de suspensión del cargo a la C. Leticia Castro Ortiz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Entonces, analizado lo anterior se tiene que dicho acto reclamado es inexistente. Lo anterior, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 774/2006, se acordaron los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós, para lo cual indicó lo siguiente: Por lo que corresponde al inciso a), hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, para lo cual aplicó multa de trescientos días de salarios mínimos a Leticia Castro Ortiz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Respecto al inciso b), requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, realiza el pago de la cantidad de $1,075,108.40 (un millón setenta y cinco mil ciento ocho pesos 40/100 moneda nacional). En lo que concierne al inciso c), apercibió al Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento aludido, le impondría multa de trescientos cincuenta días de salario mínimo. Finalmente, indicó que en relación al inciso d), indicó que no había lugar a acordar de conformidad en virtud de que el procedimiento que solicita no lo establece el Titulo Sexto. De los Medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos de la Ley 51 del Estado. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de marzo de dos mil veintitrés), la autoridad responsable laboral ya había emitido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en donde había acordado los escritos que presentó el once de marzo y ocho de septiembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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