Beatriz Montero Cuevas y Otros.

Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
645/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Montero Cuevas
  • Beatriz Montero Cuevas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEE ha causado estado. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De conformidad con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción II, el expediente principal transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Finalmente, hágase la devolución a su lugar de origen el tomo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerreo, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe justificado recibidas en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés; sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que, se tomará como tal el sello de recibido de la autoridad de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero remitió diversas constancias como complemento a su informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que son inexistentes los actos reclamados, como se aprecia a continuación: Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; Y, -C. PRESIDENTE EJECUTOR DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE... IV.- ACTOS RECLAMADOS: . ha omitido dar respuesta a los escritos presentados con fecha 25 de agosto; 05 de septiembre, 01 y 06 de diciembre, todos de 2017, respectivamente; 13 de junio, 09 de julio y 24 de agosto (dos escritos), todos del 2018, respectivamente; 27 de marzo, 25 de abril, 24 de mayo del 2019 (dos escritos), 21 de agosto y 03 de septiembre, todos del 2019, respectivamente.." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, así como de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que la quejosa reclama en esencia lo siguiente: La omisión de dar contestación a los escritos siguientes: Veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Cinco de septiembre de dos mil diecisiete. A través de los cuales solicitó hacer efectiva alguna medida de apremio a la demandada y requerir de nueva cuenta el pago de la condena. Escritos de uno de diciembre de dos mil diecisiete (dos escritos); en el primero de ellos señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y a través del segundo escrito, solicitó girar oficio al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de hacer efectiva la multa impuesta a la demandada en auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete. Seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual solicita hacer efectiva una multa de doscientos días de salarios mínimos, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para efectuar el cobro y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Trece de junio de dos mil dieciocho, a través del cual solicita hacer efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, consistente en doscientos días de salario mínimo, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para efectuar el cobro y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para hacer efectiva la multa impuesta a la demandada mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete. Veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (dos escritos), mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, consistente en doscientos días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó hacer efectiva la multa formulada en autos (sin precisar cuál), asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Veinticinco de abril de dos mil diecinueve, a través del cual solicitó dictar medidas más eficaces para cumplir el laudo. Veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (dos escritos), mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en doscientos cincuenta días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio, requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena y dictar medidas más eficaces para cumplir el laudo. Veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, y Tres de septiembre de dos mil diecinueve; Mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, consistente en doscientos cincuenta días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Todos dentro del juicio laboral de origen ********************. Ahora bien, dichos actos reclamados se tienen por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión dar contestación a los escritos presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero el [1] veinticinco de agosto, [2] cinco de septiembre y [3] uno de diciembre (dos escritos), de dos mil diecisiete, [4] seis de diciembre, [5] trece de junio, [6] nueve de julio y [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho, [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve, todos dentro del juicio de origen ********************. Luego, de las constancias que obran en autos, así como de las que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, atendió los escritos presentados el [1] veinticinco de agosto y [2] cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual determinó en relación a la diligencia de diez de agosto de dos mil diecisiete, hacer efectivo el apercibimiento a la demandada consistente en una multa por $********************(un mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, requirió a dicha parte procesal el pago del laudo condenado. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dio contestación a los escritos presentados el [3] uno y [4] seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual tuvo por señalando el nuevo domicilio a la parte actora y requirió a la parte demandada el pago del laudo condenado, con el apercibimiento que de no hacerlo así se haría acreedora a una multa consistente en doscientos días de salario mínimo. Por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se pronunció en relación a los escritos de [5] trece de junio y [6] nueve de julio de dos mil dieciocho, en el cual decretó la imposibilidad de hacer efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho dado que el Síndico del Ayuntamiento requerido ya no estaba en funciones a la fecha de la notificación del requerimiento; asimismo, requirió de nueva cuenta a la parte demandada el pago del laudo condenado, con el apercibimiento que de no hacerlo así se haría acreedora a una multa consistente en doscientos días de salario mínimo. A través del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, dio contestación a los escritos de [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho; mediante el cual determinó hacer efectivo el apercibimiento formulado a la demandada consistente en una multa de doscientos días de salario mínimo, asimismo, ordenó requerir de nueva cuenta a la parte demandada el pago del laudo condenado. Mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve atendió los escritos de [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve; hizo efectivo el apercibimiento formulado en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente y requirió de nueva cuenta el laudo condenado. Con base en lo anterior, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecinueve de mayo de dos mil veintitrés) la autoridad responsable ya había atendido los escritos de [1] veinticinco de agosto, [2] cinco de septiembre y [3] uno de diciembre, de dos mil diecisiete, [4] seis de diciembre, [5] trece de junio, [6] nueve de julio y [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho, [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta evidente, como se dijo, que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el acto aquí reclamado, no existía, en virtud de que ya se habían atendido las peticiones de la parte actora aquí quejosa. En consecuencia, es inconcuso que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, al momento en que promovió su demanda de amparo, no existían las condiciones para dictar el laudo respectivo lo que trae como consecuencia la inexistencia del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero remitió diversas constancias como complemento a su informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que son inexistentes los actos reclamados, como se aprecia a continuación: Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridad siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; Y, -C. PRESIDENTE EJECUTOR DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE... IV.- ACTOS RECLAMADOS: . ha omitido dar respuesta a los escritos presentados con fecha 25 de agosto; 05 de septiembre, 01 y 06 de diciembre, todos de 2017, respectivamente; 13 de junio, 09 de julio y 24 de agosto (dos escritos), todos del 2018, respectivamente; 27 de marzo, 25 de abril, 24 de mayo del 2019 (dos escritos), 21 de agosto y 03 de septiembre, todos del 2019, respectivamente.." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, así como de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que la quejosa reclama en esencia lo siguiente: La omisión de dar contestación a los escritos siguientes: Veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Cinco de septiembre de dos mil diecisiete. A través de los cuales solicitó hacer efectiva alguna medida de apremio a la demandada y requerir de nueva cuenta el pago de la condena. Escritos de uno de diciembre de dos mil diecisiete (dos escritos); en el primero de ellos señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y a través del segundo escrito, solicitó girar oficio al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de hacer efectiva la multa impuesta a la demandada en auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete. Seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual solicita hacer efectiva una multa de doscientos días de salarios mínimos, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para efectuar el cobro y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Trece de junio de dos mil dieciocho, a través del cual solicita hacer efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, consistente en doscientos días de salario mínimo, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para efectuar el cobro y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para hacer efectiva la multa impuesta a la demandada mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete. Veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (dos escritos), mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, consistente en doscientos días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó hacer efectiva la multa formulada en autos (sin precisar cuál), asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Veinticinco de abril de dos mil diecinueve, a través del cual solicitó dictar medidas más eficaces para cumplir el laudo. Veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (dos escritos), mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en doscientos cincuenta días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio, requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena y dictar medidas más eficaces para cumplir el laudo. Veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, y Tres de septiembre de dos mil diecinueve; Mediante los cuales solicitó hacer efectiva la multa formulada en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, consistente en doscientos cincuenta días de salarios mínimos, asimismo, girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para hacer efectiva la medida de apremio y requerir de nueva cuenta a la demandada el pago de la condena. Todos dentro del juicio laboral de origen ********************. Ahora bien, dichos actos reclamados se tienen por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión dar contestación a los escritos presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero el [1] veinticinco de agosto, [2] cinco de septiembre y [3] uno de diciembre (dos escritos), de dos mil diecisiete, [4] seis de diciembre, [5] trece de junio, [6] nueve de julio y [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho, [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve, todos dentro del juicio de origen ********************. Luego, de las constancias que obran en autos, así como de las que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, atendió los escritos presentados el [1] veinticinco de agosto y [2] cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual determinó en relación a la diligencia de diez de agosto de dos mil diecisiete, hacer efectivo el apercibimiento a la demandada consistente en una multa por $********************(un mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo, requirió a dicha parte procesal el pago del laudo condenado. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dio contestación a los escritos presentados el [3] uno y [4] seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual tuvo por señalando el nuevo domicilio a la parte actora y requirió a la parte demandada el pago del laudo condenado, con el apercibimiento que de no hacerlo así se haría acreedora a una multa consistente en doscientos días de salario mínimo. Por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se pronunció en relación a los escritos de [5] trece de junio y [6] nueve de julio de dos mil dieciocho, en el cual decretó la imposibilidad de hacer efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho dado que el Síndico del Ayuntamiento requerido ya no estaba en funciones a la fecha de la notificación del requerimiento; asimismo, requirió de nueva cuenta a la parte demandada el pago del laudo condenado, con el apercibimiento que de no hacerlo así se haría acreedora a una multa consistente en doscientos días de salario mínimo. A través del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, dio contestación a los escritos de [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho; mediante el cual determinó hacer efectivo el apercibimiento formulado a la demandada consistente en una multa de doscientos días de salario mínimo, asimismo, ordenó requerir de nueva cuenta a la parte demandada el pago del laudo condenado. Mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve atendió los escritos de [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve; hizo efectivo el apercibimiento formulado en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente y requirió de nueva cuenta el laudo condenado. Con base en lo anterior, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecinueve de mayo de dos mil veintitrés) la autoridad responsable ya había atendido los escritos de [1] veinticinco de agosto, [2] cinco de septiembre y [3] uno de diciembre, de dos mil diecisiete, [4] seis de diciembre, [5] trece de junio, [6] nueve de julio y [7] veinticuatro de agosto (dos escritos) de dos mil dieciocho, [8] veintisiete de marzo, [9] veinticinco de abril, [10] veinticuatro de mayo (dos escritos), [11] veintiuno de agosto y [12] tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta evidente, como se dijo, que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el acto aquí reclamado, no existía, en virtud de que ya se habían atendido las peticiones de la parte actora aquí quejosa. En consecuencia, es inconcuso que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, al momento en que promovió su demanda de amparo, no existían las condiciones para dictar el laudo respectivo lo que trae como consecuencia la inexistencia del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de quince de junio de dos mil veintitrés y remite copias certificadas del expediente laboral 774/2006 que le fueron solicitadas; por tanto, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta. Finalmente, por lo anteriormente acordado la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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