Beatriz Montero Cuevas
Expediente 1243/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Beatriz Montero Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 35 a 38). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Visto el escrito y anexos de cuenta signado por ******************** en su carácter de Primer Síndico Procurador Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), téngasele por apersonándose al presente juicio en su calidad de tercero interesado. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio de oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas, toda vez que no cuentan con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. Asimismo, se le tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos que al efecto vierte.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualizan las causales de improcedencia que enseguida se analizan. PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: Del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y del Secretario de Acuerdos adscrito a dicho tribunal laboral, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar los escritos de veintisiete de marzo, veintidós de abril, veintidós de agosto y tres de septiembre de dos mil diecinueve presentados en el expediente laboral 774/2006. La inactividad procesal por falta u omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas, tendientes a hacer cumplir el laudo emitido en el expediente laboral 774/2006. SEGUNDO. Secretario de Acuerdos no tiene carácter de autoridad responsable. En relación al acto reclamado del secretario aludido, no es factible analizarlo en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Entonces, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella con la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Si bien, entre las funciones del Secretario de Acuerdos está la de autorizar, en su función de fedatario, las determinaciones emitidas por la comisionada; ello, no implica que resuelva conjuntamente con la misma, quien es la responsable del fallo, por lo que el Secretario carece de imperio y facultad decisoria, y ello hace improcedente el juicio por el acto que se le reclama. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." Entonces, el acto reclamado al Secretario de Acuerdos, no tiene la naturaleza de acto de autoridad, toda vez que aquella no puede considerarse como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, al carecer de imperio para emitir o realizar actos de manera unilateral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, lo procedente es sobreseer en los autos el presente juicio, respecto del acto reclamado al Secretario de Acuerdos en mención. CUARTO. Improcedencia del acto reclamado [ii]. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado se Guerrero, prevén lo siguiente: "Artículo 74. Prescriben en dos años: I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos, con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Del análisis sistemático de las normas jurídicas trascritas, es factible considerar que, si bien la primera actuación para ejecutar el laudo es oficiosa; también lo es que las subsecuentes requieren de la intervención necesaria del ejecutante, porque en caso de no hacerlo, puede operar la prescripción una vez transcurrido el plazo de dos años, al evidenciar su falta de interés. Así, se estima que, para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Luego, con base en lo antes expuesto y considerando además que para la ejecución del laudo se requiere indefectiblemente la solicitud expresa del ejecutante, pues el derecho a la ejecución de la condena está sujeto al término prescriptivo que marca el artículo 74, fracción III, de la Ley 51 señalada; se concluye que el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo atañe de manera exclusiva a la parte que hubiere obtenido laudo favorable. Lo que se puede corroborar con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al señalar que el juicio de amparo es improcedente en los casos que se reclame del presidente de la autoridad laboral la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución de un laudo, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, dado que la ejecución depende básicamente de una petición previa del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, como se puede leer de su ejecutoria: "Partiendo de las premisas que se han establecido al inicio del presente apartado y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, contrario a lo que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, las jurisprudencias 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, que derivaron de la contradicción de tesis 216/2006-SS, tituladas: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS." y "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", no son aplicables a la etapa de ejecución forzosa del laudo. Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Lo destacado es propio) Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.15/2011 (10a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En ese orden de ideas, es inexistente el acto reclamado como la omisión de adoptar medidas eficaces y progresivas tendientes a hacer cumplir sus determinaciones para dar cumplimiento a la condena del laudo emitido en el juicio laboral 774/2006, señalado como [ii] por tratarse de un acto genérico que resulta jurídicamente inexistente y de realización futura e incierta al ser incorrecto constreñir al tribunal laboral, para que de manera genérica, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, cuando ese impulso procesal corresponde al ejecutante, con base en lo dispuesto por la Segunda Sala del Alto Tribunal y el artículo 74 de la Ley 51 del Estado que prevé que la ejecución del laudo es factible de prescribir en un plazo de dos años. Entonces, los actos reclamados deben ser concretos situados en el momento procesal en que se encuentre el juicio, como ejemplo, la omisión de acordar una petición, hacer efectivo un apercibimiento, imponer una multa o girar un oficio; lo que en el caso no aconteció. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." En esa tesitura, en relación al acto reclamado [ii] lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado [i] Es cierto el acto reclamado del presidente responsable, aun cuando lo haya negado al rendir su informe justificado, pues en el mismo manifiesta que el nueve de octubre de dos mil diecinueve dio respuesta a las peticiones de la quejosa, por ende, al momento de la presentación de la demanda de amparo (once de septiembre de dos mil diecinueve) subsistía la omisión reclamada, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 774/2006, que adjuntó al mismo; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado [ii] este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [] La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el tribunal responsable, remitió a su informe justificado, se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecinueve, dio respuesta a escritos presentados por el apoderado de la quejosa al hacer efectivo el apercibimiento a la demandada inserto en auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, imponer una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo a la síndica procuradora de la demandada y volvió a requerirla para cumplir con el laudo, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a otra multa. Por tanto, la omisión reclamada del presidente responsable, cesó en sus efectos, porque el nueve de octubre de dos mil diecinueve, acordó los escritos de veintisiete de marzo, veintidós de abril, veintidós de agosto y tres de septiembre de dos mil diecinueve presentados en el expediente laboral 774/2006, impuso una multa a la síndica procuradora de la demandada y la requirió para cumplir el laudo con el apercibimiento correspondiente; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Entonces, al quedar acreditado de manera fehaciente la cesación de efectos del acto reclamado [ii] lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV y V de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 17) Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado; con su contenido y constancias, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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