Beatriz Avila López
Expediente 610/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Beatriz Avila López
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito firmado por la quejosa********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda; atento a lo anterior dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se proveyó lo conducente.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el escrito firmado por la quejosa********************, atento a su contenido y como lo solicita, hágasele la devolución de la copia simple del escrito de doce de mayo de dos mil dieciséis, en el cual obra sello original de recibido en trece de mayo de dos mil dieciséis, mismo que anexó a su demanda, dejando en su lugar copia del mismo, autorizando para recibirlo a la persona que señala, previa identificación de validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por *********, por propio derecho; contra actos del Director General de la Comisión Técnica de Trasportes del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número *********. Ahora, del análisis detallado de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la misma resulta improcedente, atento a las consideraciones siguientes; los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18 y quinto transitorio de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general entenderá consentida la norma general sino se promueve contra ella el ampro dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá entenderse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Del estudio integral del escrito de demanda de amparo se advierte la manifiesta y notoria improcedencia, dado que el acto que reclama la quejosa en esta vía constitucional, lo hace consistir en: "El abuso de autoridad en mi contra por la retención ilegal de mis placas del servicio público por parte del Director de la Comisión Técnica de Transportes del Estado de Guerrero *********." Acto del cual, la quejosa en los antecedentes manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el veintiuno de abril del dos mil dieciséis, fecha en que le marcó su chofer *********, comunicándole que por órdenes del Director de Transportes del Estado de Guerrero procedieron a la revisión de la unidad del servicio público y se la llevaron alrededor de las diez horas con treinta y siete minutos de esa misma fecha al corralón de *********de esta ciudad. En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de la Materia. Entonces, los quince días que establece el artículo primeramente invocado, iniciaron a partir del veinticinco de abril de dos mil dieciséis al dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en virtud que le surtió efectos a partir del día siguiente al en que se hizo sabedora (viernes veintidós de abril de dos mil dieciséis), descontados los días veintitrés, veinticuatro, treinta de abril, uno, cinco, siete, ocho, catorce y quince de mayo de dos mil dieciséis, por ser sábados, domingos y día inhábil (cinco de mayo). En tales condiciones y considerando que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, como se desprende del sello checador de la mencionada oficialía, lo cual hace es evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y la que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, ha transcurrido dos días más de exceso para el citado término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la ley en comento, para que la demanda de amparo sea improcedente en su admisión, lo que hace patente que se configure el acto como aquellos de los denominados consentidos tácitamente. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 61, visible en la página 103, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y tesis comunes, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, página 3212, tomo LXVIII, registro 328325, que señala: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS." Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la interposición del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que la ahora quejosa haya agotado los medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado (veintiuno de abril de dos mil dieciséis) y al no haberlo hecho así, este tribunal de jurisdicción federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Además, que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ni se trata de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; lo anterior, hace inconcuso que, conforme a los alcances y contenido del invocado ordinal, en relación con lo dispuesto en el diverso quinto transitorio del decreto que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que al impetrante le fue notificado el acto reclamado o al en que se hubiese hecho sabedor del mismo. Surte aplicación en la especie, el nuevo criterio contemplado en la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Segundo Circuito, Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el trece de junio de dos mil catorce, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, cuyos rubro y texto dicen: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Y, por no contraponerse con la nueva Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que al efecto indica en su demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, , toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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