Beatriz Gabriela Gallardo Pacheco

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Gabriela Gallardo Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintitrés. De acuerdo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que *********, interpusiera recurso de queja en contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Además, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el trece de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; misma que fue enviada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Posteriormente, con motivo de la incompetencia por materia declinada el catorce de diciembre del año que transcurre, por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en el juicio de amparo 2253/2022-VI-B, de su índice, remitió la demanda de amparo promovida por Beatriz Gabriela Gallardo Pacheco, el catorce de diciembre del año en curso, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por dicha oficina en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1353/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese el oficio 70012/2022 proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por Beatriz Gabriela Gallardo Pacheco, e informa que por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 2253/2022-VI-B, de su registro. Lo anterior, de conformidad con los artículos 49 de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia. En ese contexto, este juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. CUESTIONES PRELIMINARES. Cabe destacar, que la parte promovente, acude a esta instancia constitucional reclamando lo siguiente: La omisión de José Luis Benítez Ocampo, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Estatal Puebla, de la Fiscalía General de la República, consistente en la falta de respuesta a su petición de ocho de noviembre de dos mil veintidós (dentro del expediente FED/PUE/PBL/1112936/2022), mediante el cual se solicitaron diversos actos de investigación. Al respecto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Respecto del citado acto reclamado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, 109, y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, entre las que destaca las omisiones que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado -cuando haya comparecido o haya sido entrevistado- como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra las omisiones que reclama se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no esar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial.". DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente, el que señala en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene el correo electrónico proporcionado, únicamente para entablar comunicación no procesal, en caso de ser necesario, sin que ello implique que pueda notificarse o pueda presentar promociones. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley reglamentaria, a Miguel Ángel Lorenzo Peredo y Marco Antonio Caraza Díaz, ya que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en derecho emitidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó la consulta del expediente vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "miguelorenzoperedo" a nombre de Miguel Ángel Lorenzo Peredo (autorizado en términos amplios), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la promovente; por cualquier medio de comunicación interna, al Oficial Judicial "A" adscrito; y, por oficio a la autoridad Homóloga.Así lo acordó y firma Zeus Islas González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización contenida en oficio CCJ/ST/5862/2022 firmado electrónicamente, por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Jorge Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. ..... EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO....ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese el oficio 70012/2022 proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por Beatriz Gabriela Gallardo Pacheco, e informa que por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 2253/2022-VI-B, de su registro. Lo anterior, de conformidad con los artículos 49 de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia. En ese contexto, este juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. CUESTIONES PRELIMINARES.....Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, 109, y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, entre las que destaca las omisiones que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado -cuando haya comparecido o haya sido entrevistado- como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra las omisiones que reclama se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a DESECHAR LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ....DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente, el que señala en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene el correo electrónico proporcionado, únicamente para entablar comunicación no procesal, en caso de ser necesario, sin que ello implique que pueda notificarse o pueda presentar promociones. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley reglamentaria, a Miguel Ángel Lorenzo Peredo y Marco Antonio Caraza Díaz, ya que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en derecho emitidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó la consulta del expediente vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "miguelorenzoperedo" a nombre de Miguel Ángel Lorenzo Peredo (autorizado en términos amplios), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la promovente; por cualquier medio de comunicación interna, al Oficial Judicial "A" adscrito; y, por oficio a la autoridad Homóloga.Así lo acordó y firma Zeus Islas González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización contenida en oficio CCJ/ST/5862/2022 firmado electrónicamente, por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretario(a) que autoriza y da fe.

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