Barbara Gomez Quino
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- TOMAS MIRANDA MACA (DEFENSOR) y Otros.
- Barbara Gomez Quino
- MIGUEL ANGEL GARCIA SANTES y Otros.
- Miguel Angel Garcia Santes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. I.CAUSA ELECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, misma que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, sede Regional Puebla (Miriam Huerta Lechuga), consistentes en tres discos versátiles digitales que obran en un sobre, los cuales contienen las audiencias verificadas el diecinueve y veintitrés de diciembre de dos mil veinte y veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 2627/2020/PUEBLA, previa certificación de desglose; devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 32/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Miguel Ángel García Santes y Bárbara Gómez Quino, por conducto de su defensor particular; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Miguel Ángel García Santes y Bárbara Gómez Quino, por conducto de su defensor particular Tomás Miranda Maca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a) AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Lo es la Abogada MIRIAN HUERTA LEGHUGA, Juez de Control de la Región Judicial Centro, actuando dentro de la causa judicial número 2627/2020/PUEBLA. b) AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- Lo es: 1.- Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. 2.- El Director de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Región Judicial Centro. IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad señalada como Responsable Ordenadora; el dictado del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO emitido en audiencia de fecha 23 de diciembre de 2020, en contra de MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SANTES y BÁRBARA GÓMEZ QUINO, por el hecho que la ley señala como delito de posesión simple de narcótico, previsto y sancionado por los artículos 473 fracciones V, VI, VIII, 474, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado, en agravio de la Sociedad. ... Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Actos consentidos expresamente. En principio, advierte que respecto de los actos reclamados por el quejoso Miguel Ángel García Santes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Del precepto legal se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el peticionario de amparo de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que, en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama las determinaciones tomadas en audiencia de control de la detención de diecinueve de diciembre de dos mil veinte, así como el auto de vinculación a proceso, dictado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2627/2020/PUEBLA, por cuanto hace a los hechos con características de los ilícitos de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos y ataques peligrosos. Ahora bien, la jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro (Mirian Huerta Lechuga), al rendir el informe justificado informó que el veintidós de enero de la presente anualidad, Miguel Ángel García Santes con asistencia de su defensor particular, planteó una salida alterna del asunto, como lo es, la suspensión condicional del proceso, estableciendo diversas condiciones a cumplir, previstas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tal efecto remitió el disco versátil que contiene dicha audiencia, valorada anteriormente. De la videograbación se desprende que la jueza de Control, una vez que verificó los requisitos de procedencia de esa medida, autorizó la suspensión condicional del proceso por lo que corresponde al quejoso mencionado (minuto 51:58 al 57:10 de la videograbación de veintidós de enero de dos mil veintiuno), bajo los siguientes términos y condiciones: Residir en domicilio determinado ubicado en Boulevard Xocanatepec, edificio doscientos trece (213), interior "G", en Bosques de San Sebastián, Puebla. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o de abusar de bebidas alcohólicas, condición a la cual deberá dar cumplimiento a través de la presentación o exhibición de manera mensual de examen antidoping o clínico toxicológico, el cual deberá entregar ante la Unidad de Medidas Cautelares, los primeros diez días de cada mes; atendiendo a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, autorizó que esos análisis fueran practicados por una institución privada siempre y cuando estuviera debidamente establecida. Tener un trabajo o empleo, lo cual realizará en la negociación de productos populares y materias primas denominada "El Tigre", avenida las Torres trescientos veintiuno 321 bis, entre Boulevard Xocanatepec y Rio Alseseca, Infonavit Amalucan de la ciudad de Puebla, con un horario de nueve a diecisiete horas, de lunes a domingo, con un día de descanso, bajo la supervisión de Hipólito García Pérez. Firma periódica mensual, y previa consulta del imputado, señaló los días lunes, autorizó la primera firma, el martes dos de febrero (por ser inhábil el uno de ese mes), y continuamente el primer lunes de cada mes, deberá comparecer ante la Unidad de Medidas Cautelares de esa sede judicial a realizar dicha firma Prohibición de acercarse a las víctimas del delito Ricardo Pérez Flores, Jesús Maldonado Amado, Jorge Serrano Zacaula y David Juárez Morales, en caso de tener encuentro ocasional debe guardar una conducta de absoluto respeto y abstenerse de tener comunicación con ellos, por cualquier medio. No salir del Estado de Puebla, por el tiempo que dure la suspensión. Se concede el plazo de la suspensión por un año, el cual vence el veintiséis de enero de dos mil veintidós. De igual forma, le hizo saber que en caso de incumplimiento en forma injustificada de cualquiera de las condiciones, así como del plan de reparación del daño, será motivo suficiente para que previa solicitud del agente del Ministerio Público, se revocará ese beneficio reanudándose en consecuencia, no solo el procedimiento en la etapa que se está suspendiendo, sino también la medida cautelar en la cual se encontraba sujeto. Ordenó notificar a las víctimas del delito y toda vez que concedió la suspensión condicional del proceso en la causa penal levantó la medida cautelar impuesta de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, ordenando remitir el oficio al Director del Centro de Reinserción Social, para que dejara en libertad al quejoso de referencia, por lo que correspondía a ese procedimiento. Asimismo, la responsable remitió copia auténtica del registro de audio y video de la referida audiencia -valorada anteriormente-. En efecto, la suspensión condicional del proceso, está prevista en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso." Luego, en el capítulo III del citado ordenamiento legal, en sus artículos del 191 al 200, se establece: "CAPÍTULO III SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. ... Así, en el día y hora antes mencionada, se continuó la audiencia inicial, en la cual previo debate entre las partes, se resolvió la situación jurídica de la imputada Bárbara Gómez Quino, vinculándola a proceso por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos. Lo cual este juzgador llega a la conclusión de que la jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro (Mirian Huerta Lechuga), sí cumplió a cabalidad con las formalidades esenciales del procedimiento, así como con la garantía de exacta aplicación de la ley penal, a que alude el precepto constitucional que nos ocupa. Adicionalmente se obtiene que en el auto de vinculación a proceso reclamado, se cumplieron con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó correctamente la causa legal de su proceder. Lo anterior, en virtud de que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo que se sigue que con base en tales dispositivos consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes; asimismo, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución los razonamientos que consideró oportunos para determinar que efectivamente los datos de prueba allegados por el Ministerio Público, permiten establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcóticos, pues existen indicios razonables que así permiten suponerlo, además de que existe la probabilidad de que la imputada Bárbara Gómez Quino, lo cometió o participó en su comisión, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple además con los requisitos que al efecto exige el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de una interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos ya citados, se obtiene que para dictar un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los siguientes requisitos: Requisitos formales. 1. Que se haya formulado imputación. 2. Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. 3. Que se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez o dentro del término prorrogado -término que puede prolongarse a ciento cuarenta y cuatro horas a petición del imputado o su defensor-. Requisitos de fondo. 4. Expresar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 5. Que de los antecedentes de la investigación expuesto por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Establecido lo anterior, el análisis del auto de vinculación a proceso motivo de estudio, permite colegir fundadamente que el juez de Control responsable, sí cumplió con los citados requisitos de fondo y forma para su emisión, en los términos siguientes: I. Requisitos formales. 1. Que se haya formulado imputación. Este requisito efectivamente se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia vinculatoria, se advierte que el agente del Ministerio Publico formuló imputación en contra de la imputada Bárbara Gómez Quino, aquí quejosa. En efecto, en uso de la palabra la Representación Social, realizó una exposición detallada de los hechos atribuidos a la imputada -aquí quejosa-, que se desprenden de la carpeta de investigación, en la que se precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo de consumación, así como la autoría material que se le atribuyó de los hechos señalados por la ley como delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, así expuso: "(.) Bárbara Gómez Quino y Miguel Ángel García Santes hago de su conocimiento que en la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión se inició una investigación en su contra número CDI/193/2020 toda vez que se les atribuye a ustedes Bárbara Gómez Quino y Miguel Ángel García Santes, el ser probables responsables de haber cometido el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, en agravio de la sociedad, y además a ti Miguel Ángel García Santes también se te atribuye la comisión del hecho que la ley señala como delito de ataques peligrosos, esto, en contra de agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión: Siendo el hecho que se les atribuye el siguiente: que ambos al haber poseído metanfetamina y a Miguel Ángel García Santes, el haber atacado con un arma de fuego a agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, pudiéndoles haber causado lesiones o incluso hasta la muerte, siendo la fecha, el lugar, modo y lugar de comisión los siguientes: El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las diecisiete horas con cincuenta minutos, el jefe de Grupo Ricardo Pérez Flores conductor de la unidad oficial C-514, en la que también iban a bordo los agentes investigadores Alejandro Delfino Gaspariano Mora, Luis Fernando Balderas Barrera, Margarita Arelí Ortega Sánchez y Jesús Maldonado Amado, asimismo, el jefe de Grupo Jorge Serrano Zacaula, conductor de la unidad oficial B-311, en la que de igual forma iban a bordo los agentes investigadores David Juárez Morales, Cecilio Ubaldo Flores Castañeda, Salvador Vásquez Rodríguez e Hilda Dolores Correa Martínez, todos estos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, arribando a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, ubicado en Boulevard San Felipe, de la colonia Rancho Colorado, Puebla, Puebla, en donde observaron que salía del corralón una camioneta pick up, marca Dodge, tipo RAM, doble cabina, de color blanco con dorado, sin placas de circulación, con similares características que buscaban en diversos corralones de esta Ciudad de Puebla, en virtud de que se encontraban realizando actos de investigación dentro de una diversa carpeta de investigación CDI/185/202/FEISE, esto en virtud de haber una petición por un agente del Ministerio Público que investiga diversos hechos, los cuales resultan ser ilícitos, consistentes en secuestro, observando que quien conducía eras tú Bárbara Gómez Quino, la camioneta anteriormente mencionada, por lo cual con la finalidad de saber a dónde se dirigía y establecer la identidad de usted como conductora o del propietario del mismo, de la misma camioneta para en su momento corroborar y descartar que se trataba de dicha camioneta que se encontraban buscando o investigando, la cual hubiese participado en el hecho denunciado en dicha carpeta de investigación, es motivo por el cual le dieron seguimiento y al llegar a la incorporación del boulevard Carmen Serdán, se agregó un vehículo marca Volkswagen, tipo Passat, de color gris, con placas de circulación TXZ-5958 del Estado de Puebla, conducido por Miguel Ángel García Santes, cuya unidad se colocó atrás de la referida camioneta continuando el seguimiento hasta llegar sobre la colonia Azteca Amalucan, Amozoc, Puebla, donde usted Bárbara Gómez Quino, quien era la que conducía la camioneta al percatarse de la presencia de los agentes investigadores intempestivamente acelera su marcha e ingresó hacia la privada en mención, mientras que usted, Miguel Ángel García Santes, quien era que conducía vehículo marca Volkswagen, tipo Passat, de color gris, de igual forma y de manera intempestiva también aceleró, por lo que mediante comandos verbales y a través de un auto parlante de las unidades oficiales se identificaron los agentes investigadores y se les indicó que se detuvieran; sin embargo, contrario a lo indicado aceleraron su marcha, ante lo cual los agentes investigadores también aceleraron la marcha de las unidades oficiales y antes de llegar a la calle Xochipil, ambos vehículos de motor detuvieron su marcha, siendo usted Bárbara Gómez Quino, quien descendió rápidamente de la camioneta y comenzó a correr hacia el interior de un inmueble ubicado en la Tercera Privada de Quetzalcóatl número diez, de la colonia Azteca Amalucan, Amozoc, Puebla, ingresando por una puerta de un portón negro y al mismo tiempo usted Miguel Ángel García Santes, del vehículo marca Volkswagen, tipo Passat, de color gris, que seguía la camioneta con un arma de fuego larga, y al tiempo que corría hacia el mismo portón negro comenzando a dispararle en dos ocasiones hacia los agentes investigadores quienes se encontraban a bordo de sus respectivas unidades oficiales ingresando Miguel Ángel García Santes, al inmueble referido, por lo que, ante dicha agresión y una vez que, cesaron los disparos, el jefe de Grupo Jorge Serrano Zacaula, los agentes investigadores David Juárez Morales y Cecilio Ubaldo Flores Castañeda, iniciaron la persecución a pie de ambas personas, ingresaron también por la puerta de dicho inmueble, notando que se trataba de una bodega, y mediante comandos verbales y con sus armas de cargo en posición de guardia alta, observaron a medio a patio a ambas personas, a ustedes precisamente, siendo el sujeto ósea usted Miguel quien aún tenía el arma de fuego larga en sus manos, manipulándola intentando cerrajerar el arma, motivo por el cual se le indicó que soltara el arma, identificándose nuevamente como agentes ministeriales, motivo por el cual, usted Miguel Ángel García Santes soltó el arma y el agente investigador David Juárez Morales procedió asegurar a usted Miguel Ángel García Santes, colocándole los dispositivos de restricción de movimiento para evitar otro percance, al tiempo que ponía usted resistencia jalándose las manos mientras tenía puestos los dispositivos de restricción de movimientos, al tenerlo a usted controlado al mismo tiempo el agente investigador procedió a realizar el aseguramiento del arma de fuego, percatándose que el arma se encontraba encasquillada, ya que se encontraba atascada con un casquillo de la bala, misma que fue un arma de fuego larga carabina, color negro, calibre .223, 5.56 por 46 milímetros, de funcionamiento automático, sin datos de identificación visibles y se encontraba encasquillado un latón dorado del calibre .223, 5.56 x 46 milímetros, marca WCC Western Caprice y en dicha arma se encontraban cuatro cartuchos con cuerpo de latón dorado calibre .223, 5.56 x 45 milímetros, marca WCC Wester Caprice `gold´, los cuales eran percutidos por dicha arma, siendo dicha arma que usted Miguel Ángel García Santes, anteriormente tenía en sus manos, siendo de igual forma encontrado en la bolsa derecha delantera de su pantalón, seis bolsitas transparentes, tipo ziplop, con una sustancia de color blanco granulada, que resultó ser 2.1733 gramos de metanfetaminas y un celular de la marca samgung de color azul marino, al mismo tiempo la agente Margarita Arelí Ortega Sánchez procedió a asegurar a usted, Bárbara Gómez Quino, realizándole una inspección en la que le encontró en su bolsa trasera de lado derecho de su pantalón, cuatro bolsitas, tipo ziplop, con sustancia granulada, que resultó ser 1.2410 gramos de metanfetamina, y en su bolsa derecha de su pantalón se le localizó un teléfono celular marca Huawei, color negro, motivo por el cual, fueron detenidos y puestos a disposición de esta representación social. ... Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido Bárbara Gómez Quino, respecto de la ejecución del auto de vinculación reclamado en términos de lo expuesto en el considerando tercero, apartado I, y por lo que corresponde a los actos reclamados por el quejoso Miguel Ángel García Santes, por los motivos expuestos en el diverso cuarto, de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Bárbara Gómez Quino, contra acto reclamado a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro (Mirian Huerta Lechuga), precisado en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso octavo de este fallo constitucional. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa, de acuerdo a lo ordenado en auto de dieciocho de enero pasado -foja 14 vuelta-; mediante oficio a las autoridades responsables, a los diversos terceros interesados y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor trámite, el informe justificado de la autoridad responsable 3. Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla, lo anterior toda vez que mediante acuerdo de ocho de febrero pasado, se recibió el mismo -vía correo electrónico-, y se proveyó lo conducente respecto a su contenido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de febrero pasado, se ordenó dar vista a la parte quejosa con los informes justificados de las autoridades responsables. Por tanto, tomando en cuenta que en ese mismo auto, se señalaron las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; resulta evidente que no transcurrirá el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista otorgada en el proveído de veintidós de febrero pasado, en relación a los informes justificados rendidos para las autoridades responsables, para que la parte quejosa se imponga de su contenido, si así lo considera conveniente. En tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, procede diferir la audiencia constitucional fijada en el presente expediente; por lo que, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes (debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020)
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