Beatriz Brito Baranda (Promovente)
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Beatriz Brito Baranda (Promovente)
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, hágase saber a la parte quejosa y a sus autorizados, que con fundamento en el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger la documental consistente en un disco versátil digital, correspondiente al desahogo de la audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la carpeta de impugnación 199/2021 (foja 24), que anexo a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en el artículo 3, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), consistente en un disco versátil digital que contiene la audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el cual obra en un sobre amarillo (foja 75), celebrada en la carpeta de impugnación 199/2021 de su estadística; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal. Por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista a sus autorizados, y mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada; así como al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: 11-04-2022 Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, hágase saber a la parte quejosa y a sus autorizados, que con fundamento en el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger la documental consistente en un disco versátil digital, correspondiente al desahogo de la audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la carpeta de impugnación 199/2021 (foja 24), que anexo a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en el artículo 3, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema Agenda OJ, que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), consistente en un disco versátil digital que contiene la audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el cual obra en un sobre amarillo (foja 75), celebrada en la carpeta de impugnación 199/2021 de su estadística; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal. Por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas.
- Principal
V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 184/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado, ésta por conducto de su representante Beatriz Brito Baranda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, ante buzón judicial y remitido el día siguiente por la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado, ésta por conducto de su representante Beatriz Brito Baranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene el carácter de ordenadora: Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Órgano Federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. Tiene el carácter de ejecutora: La Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 7, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A" sede Puebla, Licenciada Dulce María Nava Ayala. IV.- ACTO RECLAMADO Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio la CONFIRMACIÓN de la determinación de fecha 20 de septiembre de 2021 en el que se determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001295/2018; confirmación dada en audiencia contra las determinaciones de Ministerio Público de fecha 31 de enero de 2022 dentro del expediente de impugnación 199/2021. `Este órgano jurisdiccional, lo que le corresponde es reiterar y confirmar la determinación del NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL dictada por la Agente del Ministerio Público de la Federación.´ Y por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, la determinación de fecha 20 de septiembre de 2021en el que se determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001295/2018; en donde se resolviera: `RESUELVE PRIMERO.- Esta Fiscalía de la Federación, determina el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN de la presente carpeta de investigación con número FED/PUE/PBL/0001295/2018; conforme a los fundamentos y argumentos jurídicos hechos valer en el apartado que anteceden. SEGUNDO.- Por tal motivo remítase el original de la presente Carpeta de Investigación a la delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, a efecto de que se sirva autorizar la presente consulta o en su defecto remita las instrucciones correspondientes para su debida integración. TERCERO.- Una vez autorizada la presente, se ordena notificar el resultado de esta al Jefe de Atención de Unidad Regional adscrito a la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de Inclusión Social en Puebla, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los sistemas electrónicos de esta Célula de Investigación." (fojas 2 vuelta y 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derecho fundamental violado el contenido los artículos 14, 16, 17 y 20, aparatado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). Segundo. Radicación de la demanda, desechamiento, admisión y trámite. Por tanto, en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 25 a 34), se radicó y registró en el libro de gobierno la demanda con el juicio de amparo indirecto número 184/2022. En el mismo proveído se desechó la demanda por lo que hace al acto reclamado a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 7, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A" sede Puebla, Dulce María Nava Ayala, consistente en: ".la determinación de fecha 20 de septiembre de 2021 en el que se determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001295/2018 (.)" Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así mismo, se admitió a trámite por el acto reclamado al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que confirmó el no ejercicio de la acción penal, emitida en la carpeta de impugnación 199/2021, con incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 41). Tercero. Personalidad del promovente. En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se tuvo por reconocida la personalidad de Beatriz Brito Baranda, en su carácter de representante de los intereses de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado (fojas 25 a 34). Cuarto. Terceros interesados. Por auto de uno de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tuvo como tercera interesada a: I. Nayeli Vara Márquez, Agente del Ministerio Público, Titular de la Célula C-V-1 Zacatlán, Puebla y Dulce María Nava Ayala, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula 7 del Equipo de Investigación y Litigación II de la Unidad de Investigación y Litigación "A" con sede en Puebla. Por lo que en términos de lo dispuesto en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada Ley, se ordenó por medio de oficio notificar, emplazar y correr traslado con la demanda de amparo; lo que aconteció el uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 92 y 93); quien no compareció al presente sumario constitucional. Quinto. Cita para audiencia. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 25 a 34), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, en el caso, Beatriz Brito Baranda, en su carácter de representante de los intereses de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado, esencialmente reclama: 1. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), en el expediente de impugnación 199/2021, lo siguiente: La determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que confirma el no ejercicio de la acción penal decretada en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001295/2018, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 7, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A" sede Puebla, Dulce María Nava Ayala. Tercero. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), en su informe aceptó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso (fojas 92 y 93). Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con la reproducción de la audiencia correspondiente a su dictado, contenida en el DVD (disco versátil digital) que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, de cuyo contenido se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de impugnación, en la cual, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la representación social. Probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se invoca en apoyo, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, la cual establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, por tanto, la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. La resolución reclamada se notificó personalmente durante el desahogo de la audiencia de impugnación; esto es, el lunes treinta y uno de enero de dos mil veintidós; esa notificación surtió efectos el martes uno de febrero siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del miércoles dos al miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós, sin contar los días sábado y domingo y siete de febrero, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el martes veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado |de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, es evidente que su promoción fue oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro establece: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE." Quinto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este Juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. En efecto, la vía indirecta es procedente acorde con lo establecido en el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, pues la determinación que confirma la diversa del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal se emitió durante la etapa de investigación inicial la cual no constituye una resolución que ponga fin al juicio ni lo da por concluido para efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, dado que dicha resolución se ubica en la etapa de investigación o de formulación de imputación con la que se inicia la etapa formalizada o complementaria, de ahí que sea procedente en la vía indirecta. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL EMITIDA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL QUE LO CONFIRMA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO NI LO DA POR CONCLUIDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. En materia penal, el procedimiento es la forma de proceder desde la investigación del delito hasta la ejecución de la sentencia; mientras que el proceso implica la función jurisdiccional desde el ejercicio de la acción penal hasta el dictado de la sentencia definitiva. Desde esa perspectiva, atento al artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, que señala que para efectos del juicio de amparo en materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control, la resolución emitida durante la etapa de investigación inicial que confirma la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, aunque se trata de un control jurisdiccional, no constituye una resolución que ponga fin al juicio ni lo da por concluido para efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, ya que para el juicio de amparo el proceso penal aún no ha iniciado, porque el acto reclamado se ubica en la etapa de investigación inicial y, en ese momento procesal, no se ha celebrado la audiencia inicial o de formulación de imputación con la que se inicia la etapa formalizada o complementaria; por ende, es impugnable a través de la vía indirecta, como lo dispone el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo." Sexto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. El expediente de impugnación de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto opera el principio de estricto derecho, pues en materia penal sólo procede suplir la deficiencia de la queja, cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados por el inculpado o sentenciado en el proceso penal, o por el ofendido o víctima del delito, de conformidad con el artículo 79, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo. Sin embargo, la suplencia de la queja deficiente es improcedente tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el juicio de amparo en su carácter de parte ofendida del delito, como en el caso acontece. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO. La creación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción III, inciso b), de la vigente, tuvo el propósito de liberar a los quejosos de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos, cuando estuvieran expuestos a perder su libertad o sus derechos patrimoniales: I) por desconocimiento de los rigorismos de la técnica del derecho; II) por no disponer de los medios económicos suficientes para un asesoramiento profesional eficiente; o, III) por tratarse de determinados sectores de la población en desventaja (ejidatarios, comuneros, indígenas, trabajadores, menores de edad, incapaces, acusados por la comisión de delitos o de los sujetos pasivos). Ello, bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un asunto a quienes por alguna situación especial no se encuentran en condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de aquellos que pueden ejercerlos plenamente, lo que justifica que el Estado acuda en su auxilio para que su defensa se ajuste a las exigencias legales y brindarles una mayor protección, convirtiendo al juicio de amparo en un instrumento más eficaz en el sistema jurídico. Sin embargo, las personas morales oficiales, aun cuando en la causa penal en la que intervienen como parte ofendida del delito, actúan en un plano de coordinación frente a los particulares, no pierden su naturaleza pública, al contar siempre con la estructura jurídica, material y económica para proveerse del asesoramiento profesional que les permite ejercer sus derechos con amplitud, lo que las aparta de alguno de los supuestos de vulnerabilidad indicados, por lo que sería un contrasentido que el Estado se autoaplique la figura referida para suplir sus deficiencias en la tramitación del juicio de amparo, pues ello produciría un desequilibrio procesal y desvirtuaría la teleología de esa institución, al generar una sobreprotección injustificada en detrimento de los derechos del inculpado. En consecuencia, la suplencia de la queja deficiente es improcedente tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el juicio de amparo en su carácter de parte ofendida del delito y debe exigírseles el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos correspondientes para hacer valer sus derechos." Séptimo. Estudio del asunto. Cuestión previa. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Problema jurídico. Del análisis efectuado, prima facie, a la resolución reclamada y de la demanda constitucional, puede advertirse que la materia de estudio en el presente asunto se centra en determinar si es jurídicamente correcta la determinación del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio responsable que confirma el no ejercicio de la acción penal decretado por la representación social. Marco jurídico. Dada la naturaleza de la resolución reclamada es pertinente destacar que el contenido de los artículos 109, fracción XXI, 131, fracción XIII, 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; (.) "Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los numerales citados se advierte la facultad que tiene el Ministerio Público para no ejercer acción penal en relación con algún hecho puesto en su conocimiento, determinación que puede ser recurrida por la víctima o el ofendido a través del medio de impugnación doctrinariamente denominado "de control judicial", en donde el órgano jurisdiccional, garante del proceso y de los derechos fundamentales de las partes, estará en aptitud de revisar la legalidad de la actuación ministerial. El procedimiento respectivo comprende una audiencia a la que se convocará a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, así como al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. La controversia y el debate se generará esencialmente entre los primeros y el fiscal, pues en este supuesto tienen intereses jurídicos opuestos. Al tratarse de una audiencia preliminar a la etapa de juicio, en su tramitación deben regir las formalidades esenciales del procedimiento y los principios aplicables a las audiencias en general, pues subsisten las razones que los fundamentan. De tal modo, bajo los principios de publicidad, continuidad, inmediación, oralidad y contradicción, el juzgador permitirá que en la audiencia el impugnante exponga oralmente sus agravios, que el Ministerio Público defienda la postura asumida en la determinación impugnada, y que los intervinientes argumenten y contrargumenten lo que estimen necesario. Es así, pues la carga de generar la información necesaria para que el juez resuelva corresponde a las partes, lo que esencialmente se logra a través del principio de contradicción, que exige que todo dato de prueba, información, petición o pretensión formulada por una, se ponga en conocimiento de su contraria, para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición de inmediato, manifestando sus propias razones y exponiendo los datos probatorios que sirvan para sustentar su dicho, realzando y sosteniendo el choque adversarial -control horizontal-, con la misma oportunidad de persuadir al juzgador. El principio de contradicción indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, pues los actos de cada parte están sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener sus respectivas pretensiones. Es por ello que, por regla general, el juez de Control no está facultado para consultar la carpeta de investigación, por lo que su resolución deberá sustentarse exclusivamente con los argumentos y elementos aportados por las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente podrá consultar el contenido o existencia de un registro concreto; afirmación que se corrobora con lo dispuesto en el numeral que contempla el procedimiento que nos ocupa, donde señala que "en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación", de lo que se colige que, sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el juzgador carecerá de materia sobre la cual pronunciarse. En ese orden, la víctima u ofendido o su asesor jurídico no están conminados a presentar los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de preservar los principios de contradicción, inmediación, oralidad y publicidad. Antecedentes. Ahora bien, es pertinente conocer los antecedentes del acto reclamado que obran en la impugnación 199/2021, y disco versátil digital, del índice de la responsable, ya valorados en términos de ley, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable registró y radicó la petición de Beatriz Brito Baranda, en su carácter de representante de los intereses de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado, en la cual, entre otras cosas, impugnó la determinación de no ejercicio de la acción penal, de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y se señaló hora y día para que se llevara a cabo la audiencia de impugnación respectiva. Así mismo, ordenó citar a las partes para que se presentaran al desahogo de la referida audiencia. En el mismo auto, se requirió a la parte impugnante para que dentro del término de tres días, manifestara sobre la existencia de personas con calidad de investigadas y señalara si los actos de investigación tenían el carácter de reservados, entre otras determinaciones (fojas 59 y 60). 2. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el escrito de la impugnante, donde señaló que en la carpeta de investigación FED/PUE/PNL/0001295/2018 no existían personas con calidad de investigadas y los actos de investigación de dicho expediente no se encuentran en los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 67). 3. Así, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de impugnación, la cual fue presidida por Milton Moctezuma Vega, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y se desarrolló de la manera siguiente: Individualización de las partes Una vez que se declaró abierta dicha audiencia, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio responsable individualizó a las partes, estando presentes en dicha audiencia: - Dulce María Nava Ayala, agente del Ministerio Público de la Federación. - Nayeli Vara Márquez, agente del Ministerio Público de la Federación. - María Aurea Martínez Medel, en su calidad de representante legal de la impugnante, a quien se reconoció dicha personalidad previo debate. Acto continuo, la Ministerio Público expuso que la parte impugnante no tenía acreditada su personalidad, toda vez que dentro de las personas autorizadas en la denuncia que presentó el Jefe de la Unidad Nacional de la Delegación Estatal de Prospera, Mariano González Cazares, no se advertía la calidad con la que se ostentaba María Aurea Martínez Medel. Así, el juez de Distrito responsable una vez que escuchó a las partes, resolvió que se le daría intervención únicamente a María Aurea Martínez Medel, quien acreditó ser asesora jurídica de Beatriz Brito Baranda; no así a Hugo Sánchez Gaytán, quien tenía que abstenerse de intervenir en la audiencia (foja 118, y DVD audiencia de 31/01/2022, minuto 0:41 a 1:32). Exposición de la parte impugnante. Enseguida, el juez responsable concedió el uso de la voz a la impugnante, quien manifestó: Que solicitaba la revocación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal notificado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, decretado por Dulce María Nava Ayala, Agente del Ministerio Público Titular de la Cédula 7 del equipo de Investigación y litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A", con sede en Puebla, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Que la carpeta de investigación se inició por el delito aparentemente de robo, que dentro de los hechos se indicó que unos sujetos ingresaron a las instalaciones de la Unidad de Atención Regional de la Delegación, en ese entonces de la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, donde se robaron cuatro megáfonos propiedad de la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, asignados a la Unidad de Atención Regional, con sede en la ciudad de Puebla. Precisó que dentro de los actos de investigación que realizó la Ministerio Público existían una inspección ocular, entrevista a testigo, solicitud de información para aportar mayores elementos de prueba, no obstante, es importante resaltar que la Coordinación Nacional de Becas, Prospera, Programa de Interés Social, ahora Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, nunca fue llamada a esa investigación para que el representante legal acreditara su personalidad e hiciera suya la carpeta, y acreditara los bienes robados. Por lo tanto, la Ministerio Público no realizó actos de investigación ya que no se allegó de todos los datos pendientes para acreditar la personalidad y sobre todo para justificar, de quién eran los bienes robados; consideró que se vulneraron sus derechos como ofendida dentro de la carpeta de investigación, al no ser llamada a comparecer, pues la Ministerio Público, debió llamar al representante legal e investigar quién era la persona facultada para acreditar la propiedad de los bienes, a fin de realizar cualquier acto de investigación sobre los hechos. Por lo que, consideró que, a su representada se le violaron los derechos estipulados en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ello solicitó que se conminara al Ministerio Público para realizar cada uno de los actos de investigación y se le diera la intervención al representante legal para acreditar los bienes robados dentro de la carpeta, solicitar actos de investigación e identificar al probable responsable de la comisión del hecho con apariencia del delito (DVD audiencia de 31/01/2022, minuto 13:49 a 17:31). Agente del Ministerio Público Por su parte, una vez que el juez de Control concedió el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, expuso que: La carpeta de investigación se inició el cuatro de abril de dos mil dieciocho, con motivo de la denuncia presentada por el jefe de la Unidad de Atención Regional de la Delegación Estatal de Prospera, Mariano González Cazares, quien denunció el robo de cuatro megáfonos, propiedad de Prospera. Señaló que se requirió al denunciante para que, entre otras cosas, remitiera la documentación que acreditara la propiedad de esos cuatro megáfonos que fueron robados el dos de marzo del año dos mil dieciocho. Indicó que la fiscalía cuenta con el oficio FED/587/2018 suscrito por el Delegado Estatal de Próspera Programa de inclusión Social en Puebla, quien entre otras cosas, exhibió el resguardo de dichos megáfonos con el número de inventarios, número de serie y modelos así como el valor atribuido a dichos megáfonos. Agregó que, el Delegado Estatal de Próspera Inclusión Social en Puebla refirió no contar con más elementos de prueba para la investigación en cuestión, no localizar mayores documentales que aportar, así como más pruebas, y no contar con el domicilio de la persona que resguardaba el inmueble al momento de los hechos, en el caso, fue un vigilante de nombre Manuel Reyes Pérez. La representación social señaló que realizó el informe de investigación criminal el veintiséis de abril de dos mil dieciocho y, entre otras cosas, el policía de investigación refirió la inexistencia de cámaras de seguridad, que no se localizaron mayores indicios y que, además recabó entrevistas con el jefe de atención a la oficina, entre otras, indicó no tener mayores datos de la persona que se encontraba en la fecha en que aconteció el robo, quien manifestó llamarse Manuel Reyes Pérez, y que no contaba con ninguna lesión y no se tenía ningún otro dato de localización. Se realizó inspección al lugar de los hechos, se entrevistó al testigo Mariano González Cazares, y se solicitó dictamen en materia de valuación para cuantificar el valor de los cuatro megáfonos robados, que son dos megáfonos de marca RADSON, modelo MRN 1255 y dos megáfonos marca STEREN, modelo MG-1018, en el dictamen de valuación dichos megáfonos ascendían a la cantidad de un valor de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Señaló que existe un acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, y que posterior a ello no existió ninguna diligencia, interruptora de la acción penal, por lo que se solicitó la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 325, fracción VI, en relación con el artículo 485, fracción VII. La Ministerio Público agregó que cuando conoció de la carpeta de investigación ya no había más actos que realizar, puesto que ya había prescrito; la prescripción de la acción penal se concretó el veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, y se notificó el veintitrés de septiembre de la misma anualidad. Respecto a la manifestación de la impugnante en el sentido de que no fue llamada a comparecer, lo cierto es que, ya obraba la designación por parte de Prospera, y en dos ocasiones manifestaron que no contaban con más datos de prueba, por lo que, el expediente estuvo archivado por más de tres años; que en ese lapso no se presentó solicitud o acto de investigación alguno. También hizo del conocimiento que, si bien, la impugnante manifestó que mediante un acuerdo declaratorio recibió la competencia, lo cierto es que, ello genera derechos y obligaciones, por lo que deben estar al pendiente de sus asuntos, en ningún momento se les ha impedido coadyuvar en el expediente o en su caso aportar más datos de prueba; sin embargo, se advierte que, se hizo caso omiso, pues no hubo actividad por parte de la víctima, y que exhibiera mayores datos de investigación; sin embargo, el punto de la investigación en la presente indagatoria se advertía que transcurrió el término de la prescripción sin que hubiera alguna diligencia que lo interrumpiera (DVD audiencia de 31/01/2022, minuto 17:36 a 23:47). Impugnante. Nuevamente en uso de la voz, la parte impugnante, manifestó que: El Delegado de la Coordinación Nacional de Próspera Programa de Inclusión Social, no tenía la facultad para poder presentar o poder informar mayores datos que aportar y que la fiscalía tuvo que haber advertido eso, ya que como lo señaló, eran propiedad de la Coordinación Nacional de Próspera Programa de Inclusión Social; y que los servidores públicos al conocer de algún hecho con apariencia de delito, tenían la obligación de informar de manera inmediata a la autoridad competente a efecto de que continuara con su investigación y esclarecer los hechos, situación que el ministerio público pasó desapercibida, ya que como lo señaló, únicamente giraron oficio al delegado estatal de Prospera, sin cerciorarse quien era el represente legal de los bienes de dicha Coordinación Nacional. La Delegación desconocía de los hechos, que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, tuvieron conocimiento del hecho con apariencia de delito de robo, respecto de cuatro megáfonos propiedad actualmente de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; y, por tanto, se presentó la impugnación, pues se están vulnerando los derechos de la Coordinación (su representada), para poder imponerse de actuaciones y acreditar la propiedad de ello. Por lo que toca a la prescripción señaló que el Ministerio Público, en ningún momento realizó mayores actos de investigación, es decir, que desde el día dos de septiembre (sic), se dictó el acuerdo de reactivación, en la cual se pudieron hacer actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, y ello no abarcaba girar oficios, sino una exhaustiva investigación tal como lo señala el artículo 131 dentro de las facultades del Ministerio Público. Así mismo, destacó que que el Ministerio Público no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que dicho precepto obliga al fiscal a comunicar de los hechos de manera inmediata al representante legal de la Coordinación Nacional en el Estado de Puebla, reiteró que, existió una omisión por parte de la representación social en su carácter de investigador. De igual forma, reiteró la solicitud de que se revocara el acuerdo de la determinación del no ejercicio de la acción penal, conminando al Ministerio Público para que realizara los actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos de la probable responsabilidad de quien lo cometió. (DVD audiencia de 31/01/2022, minuto 23:57 a 28:38). Ministerio Público Acto continuo el juez concedió nuevamente el uso de la voz a la representante social quien expuso que: Reiteraba que la acción penal había prescrito, que es una figura que opera con el paso del tiempo, que no se advierte alguna diligencia interruptora en el periodo comprendido, máxime que el artículo 170, en su primer párrafo (sic) refiere que el término para la prescripción de delito de robo, cuando no supere los cien días de salario, equivaldría a $8,836.00 (ocho mil ochocientos treinta y seis pesos, cero centavos, moneda nacional), por lo que, el término medio aritmético es de tres años, aunado a que, la última diligencia existente fue de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Además, señaló que tomó conocimiento del presente asunto -carpeta de investigación- el veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, por lo que la acción penal ya había prescrito; sin embargo, pese a los argumentos que manifestó la parte impugnante, ninguna de esas circunstancias interrumpía la prescripción, que es una figura que es un presupuesto procesal que debe observarse de manera oficial, por lo cual, la determinación planteada y autorizada por la superioridad se encontraba ajustada a derecho (DVD audiencia de 31/01/2022, minuto 28:46 a 30:28). Juez resuelve Posteriormente, una vez que el juez de Control responsable cerró el debate respectivo, resolvió en los términos siguientes: "Bien, he escuchado el planteamiento de las partes, procedo a resolver y se emite esta resolución con base en las manifestaciones que han efectuado las partes atendiendo al principio de contradicción que rige este tipo de audiencias de información de acuerdo al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales de las cuales se advierte que se está impugnando una determinación del no ejercicio de la acción penal, está emitida el día veinte de septiembre de dos mil veintiuno, notificada se refiere el día veintitrés y esto acontece por el delito de robo de cuatro megáfonos asignados actualmente a la institución que sustituyó a la anterior que es actualmente la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y derivado de ello, pues se ha establecido que no se le dio la intervención, en este caso, a la parte denunciante para acreditar los bienes robados, que no puede llamar a comparecer (sic), no obstante de que el Ministerio Público tenía a su alcance las facultades para hacer ese llamamiento y que con ello, se contrario lo que sale es el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a este planteamiento se estima que los actos investigación propios que se han practicado dentro de la carpeta investigación contrario a lo que manifiesta la impugnante, si fueron llamados a juicio en su momento a la autoridad que en su caso sustituyó por este caso a la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez antes Próspera a quiénes se les dio de intervención dentro a la carpeta investigación. Así mismo, escuché, existe registro de investigación, entrevistas practicadas al personal esa institución de lo cual se acentúa que no les haya dado intervención alguna puesto que si hay acto de investigación practicado en relación a estos acontecimientos que sucedieron respecto a la propiedad de diversos bienes cómo fueron cuatro megáfonos y por ello se considera que es dentro de ese período que estuvo la investigación activa, si se efectuaron actos de investigación. Además de que en el presente caso, también se ha hecho referencia que se terminó el ejercicio por haber operado la prescripción dado que la última actuación fue del día veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, y al no haberse efectuado actuación alguna, al mes de septiembre de dos mil veintiuno, ya había transcurrido los tres años, en ese sentido pues esa regla que contiene en el Código Penal Federal, en la cual se establece que ninguna regla de prescripción será en su caso menor a tres años con base en el artículo 105 del Código Penal Federal, en el presente caso se ha hecho referencia por robo valuado en $4,200.00 pesos, y de acuerdo a esa disposición, pues la prescripción no podría ser menor a tres años. En ese sentido después de esa fecha que se practicaron acto de investigación, tampoco se advierte que la parte impugnante haya solicitado practicar actos de investigación, o sea, fue una actividad en la que no sé aportaron mayores elementos al ministerio para que esa investigación no quedará en ese caso activa, sino por el contrario no se efectuaron actos de investigación, y ha transcurrido precisamente el plazo que establece el Código Penal Federal. Además de que en el presente caso, se ha establecido que sí hubo acto de investigación, que se dio la intervención a la parte que antes era llamada Próspera y que en su caso tuvo intervención material en esa carpeta investigación, por ello, se considera que en el presente caso la Agente del Ministerio Público cumplió con sus facultades de investigación de acuerdo a lo que dispone el Código Penal Federal y para el ejercicio de sus facultades, pues entre otros casos hemos escuchado que se hizo la estimación de los peritos de policía de investigación y con base en esa circunstancia, se cumplió con lo que establece también el artículo 21 de la Constitución, es decir, a la autoridad ministerial le competente esa obligación de investigación de los delitos, lo cual se advierte en el presente caso, con base a la información que ha hecho en el momento que se encontraban, más bien hace alusión a tratar de ubicar a las personas que pudieran haber cometido esa conducta de la cual no se logró determinar alguna probabilidad de persona alguna, y esa facultad que constitucionalmente se da al agente del ministerio público en este caso se advierte que se realizó conforme a los parámetros que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que ha dado la investigación sin que se haya aportado los elementos para poder establecer alguna línea de investigación lo que condujo evidentemente a acreditar esta figura de prescripción de la cual se advierte se estima apegada a derecho, al haber actuado de esta manera el Ministerio Público, advierto que sí se ajustaron al parámetro del Código Nacional de Procedimientos Penales y al estar sustentada esa petición de acuerdo al artículo 327, fracción VI, en relación con el 485 que habla de esa prescripción y que en el presente caso, hemos visto que ha transcurrido el plazo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se advirtiera alguna línea de investigación pendiente o acto de investigación pendiente sin que se hubiera interrumpida la prescripción, se considera que efectivamente en el presente caso la determinación del no ejercicio de la acción penal se encuentra apegada a derecho por ello se va a confirmar esa resolución que hizo el agente del Ministerio Público y la cual ya ha quedado notificada la parte impugnante. En el presente caso también se advierte que pues no se cometió violación, pues hubo intromisión, hubo actos de investigación y bueno pues incluso la parte impugnante a través de la entonces antes (sic) autoridad de Prospera, pues se da la intervención precisamente en ese momento en la carpeta investigación, bajo este panorama, se considera que en el presente caso se confirma la resolución que emitió la Agente del Ministerio Público, los intervinientes quedan notificados, pregunto si tienen alguna otra petición." (DVD audiencia de 31 de enero de 2022, disco disco versátil archivo vod_28815283_1_1_1, minuto 30:30 a 36:46). Determinación que constituye el acto reclamado. Conceptos de violación. Se puntualiza que que por cuestión de método, los motivos de disenso serán estudiados en forma diversa a la planteada, sin que ello irrogue perjuicio a la parte recurrente, en razón de que en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se establece que no interesa la forma en que se emprenda el análisis de tales argumentos, sino que el hecho que el juzgador se ocupe de todos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente de la forma utilizada, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Ahora, del contexto integral de la demanda, el quejoso en el apartado de conceptos de violación, medularmente, expone: - Que el juez responsable no realizó un adecuado estudio, pues aplicó disposiciones legales inadecuadas a la motivación que expone para arribar a la determinación impugnada. - Que la responsable se abstuvo de escuchar y ponderar los agravios planteados por la quejosa, confirmando la determinación de no ejercicio de la acción penal. - Que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada. - Que se deja en estado de indefensión a la quejosa porque no se atendieron los principios de debido proceso y acceso a la justicia. No le asiste la razón a la quejosa, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer lugar, como se advierte de la determinación reclamada contrario a lo que señala la parte quejosa en el sentido de que se le deja en estado de indefensión porque no se atendieron los principios de debido proceso y acceso a la justicia; debe decirse que la parte quejosa, impugnó la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó el ejercicio de la acción penal en autos de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001295/2018; ello en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, atendiendo el contenido del citado numeral a petición de la parte impugnante, aquí quejosa, el juez convocó a una audiencia, para que asistieran la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, así como al Ministerio Público; y una vez que comparecieron, se escucharon sus argumentos, por lo que se generó el debate correspondiente -argumentaron y contrargumentaron lo que estimaron necesario- y resolvió; bajo los principios de publicidad, continuidad, inmediación, oralidad y contradicción. Con lo anterior se pone en evidencia que se cumplió con el debido proceso, pues se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, por ende, tampoco se vulnera el acceso a la justicia, previsto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), pues hizo valer el recurso que tuvo a su alcance, y estuvo en condiciones de igualdad procesal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." De igual manera, tiene aplicación la Jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Además, se aprecia que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y contestó congruentemente todos y cada uno de los planteamientos realizados por la parte impugnante. Ello es así, pues como correctamente lo estableció el juez responsable, al analizar los actos de investigación desarrollados en la carpeta de investigación, así como la actualización de los supuestos establecidos en los numerales 327, fracción VI 485, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que el actuar del Ministerio Público sí se encuentra ajustado a esos parámetros, sin que se advierta acto de investigación pendiente que interrumpa la prescripción, por tanto, se considera que efectivamente la determinación de no ejercicio de la acción penal se encuentra apegada a derecho y es correcto, que la confirmara. Ahora bien, resulta inoperante, el concepto de violación de la quejosa en el que señala que, el juez responsable no realizó un adecuado estudio, debido a que aplicó disposiciones legales inadecuadas a la motivación que expone para arribar a la determinación impugnada; ello es así, porque omitió exponer cuáles son esas disposiciones legales y de qué manera fueron aplicadas inadecuadamente, que causan afectación en los derechos de la promovente; por tanto, el suscrito se encuentra imposibilitado para analizar dicho concepto de violación. En diverso aspecto, la quejosa señaló como conceptos de violación, los siguientes: - Que el Ministerio Público violó lo estipulado en el artículo 131, fracciones V, VII y VIII, del Código Nacional de Procedimiento Penales, al no reconocer los derechos de la ahora Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, pues no fue llamada para que compareciera en la investigación y coadyuvara en su integración; que al iniciar la investigación correspondiente no se percató que la afectación del delito recaía directamente en la primera de las nombradas, quien es propietaria de los objetos materia del ilícito de robo. - Que la fiscalía realizó una deficiente investigación para allegarse de los datos de prueba para la debida integración de la carpeta de investigación. -Que faltaron diligencias que realizar en la indagatoria, por lo que la representación social no debió determinar el no ejercicio de la acción penal. -Que la representación social tenía la obligación de investigar quién era la persona encargada de representar los intereses de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social. -Que la Ministerio Público no realizó sus obligaciones con apego a lo establecido en los ordenamientos, vulnerando lo estipulado en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127, del Código Nacional de Procedimientos Penales. -Que la representación incumplió con lo dispuesto en el artículo 221, del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que no comunicó por escrito a la representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, el hecho con apariencia de delito de robo. -Que la autoridad ministerial no cumplió con su obligación estipulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues incumplió con sus obligaciones de investigación. Dichos argumentos también resultan inoperantes. Ello es así, porque los conceptos de violación que hace valer la quejosa se limitan a exponer su inconformidad respecto de las actuaciones realizadas por la representación social, sin combatir las consideraciones que estimó el Juez de Control responsable al momento de emitir la resolución que por esta vía se combate, por lo que, no es dable analizarlos en el presente juicio de amparo. Máxime que este Juzgador se encuentra imposibilitado a analizar cuestiones que fueron planteadas ante el Juez de Distrito Especializado responsable, las cuales fueron sometidas al ejercicio de contradicción y con base en lo argumentado, resolvió confirmar el no ejercicio de la acción penal; en su caso, la parte quejosa, debió evidenciar las razones por las cuales considera que la resolución de dicho resolutor no se encuentra ajustada a derecho. De igual manera, resultan ineficaces los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en los que manifestó: -Que al no reconocer los derechos de la quejosa como ofendida, se vulneraron los artículos 17 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. -Que al no reconocer a la ofendida, no se encontró en posibilidad de coadyuvar con la representación social en la carpeta de investigación. Como se dijo, dichos argumentos resultan ineficaces, pues, como quedó precisado en párrafos precedentes al inicio de la audiencia reclamada el juez de Control reconoció el carácter con el que se ostentó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, en términos del artículo 12 de la Ley General de Víctimas; y, el hecho de que no se encontró en posibilidad de coadyuvar con la representación social en la carpeta de investigación, dicha circunstancia debió hacerla del conocimiento de la responsable, lo que en el caso no ocurrió. En ese sentido, de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se evidencia que sí se dio intervención a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, pues sí fue informada de manera clara, precisa y accesible del inicio de una carpeta de investigación, tan es así que, fue la quejosa quien a través de la querella que presentó el entonces Jefe de la Unidad de Atención Regional de la Delegación Estatal Prospera, dio a conocer ante la representación social los hechos probablemente constitutivos de un delito. Contrario a lo que argumenta la quejosa en su momento si coadyuvó con el Ministerio Público, para la debida integración de la carpeta de investigación, pues aportó elementos de prueba (pues estuvo al tanto del desahogo de entrevistas con el personal que en ese entonces laboraba en las instalaciones de su representada), intervino a través los oficios por los que manifestó que no tenía más elementos que aportar en la indagatoria. También, se le notificó e impugnó la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, a través de la cual se determinó el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, evidencia que efectivamente la quejosa Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, antes Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, tuvo intervención en términos del artículo 12 de la Ley General de Víctimas. Decisión. Las consideraciones jurídicas precisadas ponen de manifiesto que la determinación reclamada es respetuosa de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y derecho de las víctimas, tuteladas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. Asimismo, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación aducidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Beatriz Brito Baranda, en su carácter de representante de los intereses de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado. Octavo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Beatriz Brito Baranda, en su carácter de representante de los intereses de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Órgano Administrativo Desconcentrado, contra el acto reclamado al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), precisado en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso séptimo de este fallo constitucional. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, y mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada; así como al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.
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