Beatriz Perez Melendez

Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
48/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Beatriz Perez Melendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de abril de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades: 23. Secretario de la Defensa Nacional; y, 24. Secretario de Marina, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 48/2018-D, promovido por Beatriz Pérez Meléndez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 18. y 19. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata de la Casa de Justicia, San Andrés Cholula, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En virtud de lo acordado, y tomando en consideración que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiséis de marzo próximo para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo para esa data; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente expediente; por lo que, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguense la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio D-032-1, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó 18. y 19. Agente del Ministerio Público de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, toda vez que al constituirse en las oficinas correspondientes para la entrega del mismo, fue informada que el respectivo oficio debe dirigirse a la autoridad denominada: 18. y 19. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata de la Casa de la Justicia de San Andrés Cholula, Puebla. En tales condiciones, se tiene como autoridad responsable a la última autoridad en mención y se ordena requerirle su informe justificado en términos del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho; por tanto, remítasele copia autorizada del citado proveído y de la demanda de amparo.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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