BALDOMERO o BALOMERO ARENAS ROSAS
Expediente 549/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- BALDOMERO o BALOMERO ARENAS ROSAS
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos la diligencia de esta fecha, mediante la cual el quejoso Baldomero Arenas Rosas compareció a este juzgado Federal a ratificar el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda; por tanto, ya que en auto de veintidós de junio del año en curso, se reservó acordar el contenido de dicho ocurso, hasta en tanto fuera reconocida la firma que lo calza, cumplida dicha condición, se provee: Téngase al peticionario de amparo, dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de doce de junio del año en curso, pues: Aclara que el auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal de origen, es aquél en el que se declaró agotado el periodo de instrucción; Indica la fecha en que se le notificó la resolución que reclama, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho; y, De las manifestaciones que realiza, se permite advertir los antecedentes que dieron origen al acto que por esta vía combate. DESECHAMIENTO. Ahora bien, en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, el quejoso señaló que el acto que reclama del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, es el siguiente: "(.) IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: de la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo del JUEZ TERCERO DE LO PENAL, el acuerdo que dictó en fecha veinte tres (sic) de febrero del año dos mil dieciocho dentro de la sentencia interlocutoria dictada entro (sic) de la causa penal 237/2011, en donde sin hacer un estudio afondo (sic) de lo solicitado por el quejoso dentro del incidente se concreta a determinar QUE NO ES DE REVOCARSE NI SE REVOCA EL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, LIMITÁNDOSE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE OREDENADORA ACONFIRMAR (sic) EL ACUERDO EN TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS" (fojas 4 y 5). "(.) 1.- Vengo a aclarar respecto al punto uno dentro de la prevención que me fue hecha, que me amparo en contra del auto de fecha 23 de febrero del año en curso, en contra de la sentencia interlocutoria dictada dentro de la causa penal 237/2011, en donde el juez de la causa resolvió que no es de revocarse, ni se revoca el auto de fecha 17 de agosto del año 2017 y confirmó el incidente en todas y cada una de sus partes. (.) Respecto al tercer punto de hechos del capítulo e (sic) prevenciones, quiero manifestar que interpuse un recurso de revocación en contra del auto dictado por el juez tercero de lo penal, de fecha 17 de agosto de 2017, en donde se declara agotado el periodo de instrucción existiendo pruebas pendientes por desahogar, violándose flagrantemente en mi contra el artículo 223 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social que estuvo vigente en el momento supuesto de los hechos delictuosos." (Foja 15). En tales condiciones, debe precisarse que el acto reclamado al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla consiste en la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, dictada en la causa penal 237/2011, de índice de la autoridad responsable, en la cual no se revocó el auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (en el que se declaró agotada la instrucción). Luego, respecto del acto precisado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, establece que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que, al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la resolución que se reclama a la autoridad responsable, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable al quejoso, toda vez que, de obtener sentencia favorable a sus intereses, dentro de la causa penal de origen, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado (resolución en la que se confirmó -dentro de un recurso de revocación- el auto en el que se declaró agotada la instrucción), quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo. Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia y tesis aislada, cuyos rubros y texto, a continuación se reproducen: "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo." "INSTRUCCION. LA RESOLUCION QUE LA DECLARA AGOTADA DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que declara agotada la instrucción en la causa penal, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación para los efectos del amparo, pues únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de desaparecer fácticamente con el hecho de obtener el inconforme una sentencia favorable a sus intereses y en caso contrario, tiene expeditos sus derechos para recurrir dicha resolución y de resultarle adversa, puede promover el amparo directo, en el cual puede alegar como conceptos de violación, tales anomalías." En las relatadas condiciones, toda vez que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO 22 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el quejoso *** o ***, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el doce de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito de demanda y el diverso de cuenta difieren notoriamente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese de acordar y requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este Juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito; hágase del conocimiento del promovente que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el quejoso *** o ***, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el doce de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito de demanda y el diverso de cuenta difieren notoriamente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese de acordar y requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este Juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito; hágase del conocimiento del promovente que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.
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