Baltazar Javier Esquivel Soberaniz

Expediente 1034/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1034/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Baltazar Javier Esquivel Soberaniz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de enero de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1034/2017-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, del Secretario de Gobernación; Comisionado de Seguridad Nacional; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua; Comisionado Estatal de Seguridad; Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Chihuahua; y Fiscal de la Zona Dependiente de la Fiscalía General del Estado, a quienes les reclamó la orden de traslado, y su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 18, 21 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo 1034/2017-III, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado, así como su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, con sede en esta ciudad; Director General adjunto de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación en representación del Secretario de Gobernación y por ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México; Agente del Ministerio adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad, Encargada de la Unidad Jurídica de la División de Fuerzas Estatales, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social en representación del Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán; y Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno, residente en Chihuahua, capital, todos en sus denominaciones correctas, negaron la existencia del acto que se les atribuyó, consistente en la orden de traslado y su ejecución. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a que existe constancia en autos de que fue debidamente requerido para ello foja 62 de autos; ante esa omisión, debería presumirse la certeza de los actos que se le atribuyeron; sin embargo, tal presunción se desvirtúa con el informe que rindió la diversa autoridad responsable de esta entidad Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social en representación del Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán. En efecto, la Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social en representación del Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en Aquiles Serdán, informó que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Estatal Número Tres, luego, es inconcuso que se desvirtúa la presunción de certeza que derivó de la omisión de rendir informe en que incurrió el citado Comisionado, máxime que el quejoso se encuentra a disposición de las autoridades estatales y no federales; de ahí que resulte inexistente la orden de traslado reclamada. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, materia administrativa, página 285, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA SI EL ACTO RECLAMADO NO EXISTE. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe que sobre la suspensión de plano rinde el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del titular de dicha unidad, quien rinde por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de las cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe que sobre la suspensión de plano rendido por la Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social en representación del Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en su denominación correcta; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, constancia que adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. Igualmente, se tiene a la autoridad arriba citada así como al Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno rindiendo su informe justificado; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.P.41 P (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, febrero de 2016, libro 27, página 2049, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro 2011039, que dice lo siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase al Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, designando como delegados a las personas que refiere en su informe. Finalmente, háganse las anotaciones en el registro electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a las denominaciones correctas de las autoridades responsables. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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