Baraquiel Bojorques Villalobos
Expediente 342/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Baraquiel Bojorques Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Ahora bien, de conformidad con el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a corregir un error que se presentó en la sentencia emitida en este asunto. De acuerdo con el numeral en cita, de oficio, el juzgado podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir posibles errores de la sentencia, sin alterar de forma alguna las consideraciones esenciales de la misma. Por lo que, procede de oficio la presente aclaración de sentencia, que ha quedado firme, como se desprende de los párrafos previos, pues no puede dejarse sin aclaración una resolución respecto de la cual se advierte un error que la hace incongruente. Ahora bien, en la sentencia emitida en este asunto, por error involuntario, en el segundo punto resolutivo, se asentó que la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso; empero, del contenido del último considerando de la sentencia, se desprende que se declararon infundados todos y cada uno de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa y donde incluso, se asentó el siguiente párrafo: Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Control responsable, el veinticinco de junio de dos mil veinte, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. De donde se evidencia que lo correcto, debió ser, asentar en el considerando segundo, que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al aquí quejoso, por todas las razones esgrimidas a lo largo del considerando sexto de la sentencia. De modo que, se aclara que el segundo punto resolutivo de la sentencia ejecutoria emitida en este asunto, para quedar como sigue: Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, por las razones esgrimidas en el considerando sexto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 94/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 6, Novena Época, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro y sinopsis son los siguientes: ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Además, se cita en lo conducente la tesis I.4o.T.2 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo II, Diciembre de 1995, página 570, del contenido: REVISION, RECURSO DE. EL ERROR EN LA REDACCION DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS ES INSUFICIENTE PARA REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA. El hecho de que en la redacción de los puntos resolutivos de una sentencia, aparezca una equivocación, que en nada afecte las consideraciones en que se sustenta, es insuficiente para revocarla. Así como la diversa II.2o.C.460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XIX, Mayo de 2004, página 1736, del texto literal siguiente: ACLARACIÓN DE SENTENCIA. DEBE INTENTARSE CUANDO EXISTA IMPRECISIÓN EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 1.200 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que la aclaración de sentencia procede si el juzgador incurre en contradicción, ambigüedad u oscuridad. Ahora, de alegarse en la queja constitucional la violación al principio de congruencia porque la Sala responsable omita establecer en forma clara y precisa cuáles puntos resolutivos fueron de quedar intocados, y en la sentencia reclamada se establece que sólo fue de modificarse el fallo inicial en uno de sus puntos resolutivos, para quedar en los términos precisados en la parte considerativa de la resolución de alzada, implica sin duda que los demás puntos de la sentencia primigenia se confirmaron y, ante ello, tal aspecto no se vincula con cuestiones de legalidad del acto reclamado, sino con la imprecisión de dichos puntos resolutivos, lo cual debe ser materia de aclaración ante la Sala responsable. Finalmente, en torno a dicha aclaración, se comisiona a que se hagan las modificaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de ser el caso. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de febrero del dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 342/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: Se reclama el auto de vinculación a proceso (.). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Luego de que se cumpliera con la prevención formulada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la Jueza responsable acatando el requerimiento inserto en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, pues remitió copia certificada de la cédula profesional del licenciado *******, defensor privado del aquí quejoso. De manera que, quedó evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que lo avalan como perito en Derecho; entonces, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Quinto. Imposibilidad de terceros interesados a pesar de múltiples gestiones realizadas; investigación de domicilio; emplazamiento mediante edictos. Al contarse con el informe con justificación de Jueza responsable, en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercero interesada a *******, en su carácter de representante del menor de edad de iniciales *******, con la calidad de víctima en la causa penal de origen. Así, en el aludido acuerdo, emitido en el cuadernillo de sigilo respectivo, se ordenó su emplazamiento en el domicilio informado por tal responsable, sin que se lograra la diligencia encomendada, tal como asentó la actuaria adscrita en constancia de treinta de octubre de dos mil veinte, pues la fedataria refirió que el domicilio que fue informado para localizar a tales personas, se encontraba abandonado, sin servicios y en tapias. Enseguida -luego de que se requiriera al agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal en comento, a efecto de que remitiera, en caso de contar con ello, diverso domicilio para buscar el emplazamiento de la persona de referencia, así como su correo electrónico y número de teléfono, en caso de tenerlos, sin éxito- en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se inició investigación en diversas dependencias, con la finalidad de obtener tal información. Después de contar con todos y cada uno de los informes instados con motivo de tal investigación, esto es, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Teléfonos de México, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" y Vocal Estatal del Registro Nacional de Electores, con residencia en esta ciudad, así como del Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México; en auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó girar exhorto (vía interconexión) al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con residencia en Toluca, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara a la persona en comento en el domicilio que en dicha localidad, informaron el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México y el Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, con sede en esta ciudad, que podía ser localizada. Después, en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, al recibirse sin diligenciar tal comunicación oficial, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada a través de edictos que deberían publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana; por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, computados legalmente, a) los recogiera, b) los entregara para su publicación, y c) acreditara ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), o bien, señalara la incapacidad económica que tuviera, en su caso, para tal efecto. Así, en escrito presentado en este juzgado el tres de junio de dos mil veintiuno, el aquí quejoso manifestó su imposibilidad para pagar los edictos en cuestión. De modo que, en el auto relativo, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se determinó que los edictos, dada la especial situación del aquí quejoso, no serían sufragados por éste y con el objeto de autorizar la publicación respectiva, se requirió al Director del Diario Oficial de la Federación y a los Directores Generales de los siguientes diarios de circulación nacional: "El Financiero", "El Universal", "La Jornada", "Reforma", "La Prensa" y "Milenio", con asiento en la Ciudad de México, para que informaran el costo promedio de esta clase de emplazamientos al juicio de amparo. Y se determinó que una vez que obrara en autos la información solicitada se proveería lo conducente, con relación a la aplicación del aludido beneficio con cargo al Consejo de la Judicatura Federal. A la postre, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, al contar con respuestas emitidas, se requirió al Delegado Administrativo del Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que, por su conducto, solicitara al Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, la erogación de los edictos para emplazar a la aquí tercero interesada *******, por sí y en su carácter de representante del menor de edad de iniciales *******; enviándole para tal efecto, copia certificada de los informes obtenidos de tales periódicos. De modo que, en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Administrador Regional del Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando y acreditando la realización de las publicaciones de edictos tanto (1) en el Diario Oficial de la Federación, de fechas diecisiete y veinticuatro de noviembre, así como uno de diciembre de dos mil veintiuno; así como (2) en el Periódico Excelsior, de los días cuatro, once, y dieciocho de enero de la presente anualidad. Con ello, se materializó el emplazamiento de las personas en cita, a través de edictos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, ambos con sede en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal ******* el veinticinco de junio de dos mil veinte, por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con sede en esta ciudad; pues como se desprende de las constancias que obran en autos, el mismo fue emitido por la Jueza responsable. De modo que, se desvirtúa la afirmativa vertida por dicha autoridad. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del aludido Director de dicho centro carcelario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, la Jueza responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce, misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, la Jueza responsable remitió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUE********************A DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el veinticinco de junio de dos mil veinte, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, durante la audiencia inicial, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor privado; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien ejerció este derecho. Luego, se tiene que la Jueza de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o (.) Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; (.). Conforme a tales normas, y tal como lo resaltó la Jueza responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo: Realice cópula con una persona menor de catorce años; Con quien tenga una relación que inspire confianza y respeto y; Con su proceder ilícito, haya quebrantado la fe que expresa o tácitamente, nacía de dicha relación. De modo que, los previos, son los elementos para la configuración del ilícito de que se trata, tal como correctamente lo indicó la Jueza responsable. Al respecto, el artículo 171, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece qué se entiende por cópula para efectos de la configuración del delito que nos ocupa: Artículo 171. (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Denuncia ante agente del Ministerio Público, en fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, por parte de *******, en su carácter de madre del menor de edad de iniciales *******, quien, en ese momento, contaba con seis años de edad. En tal denuncia, la madre del infante relató que el quince de junio de dos mil veinte, entre las nueve y nueve horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en *******; se metió a bañar, pero que al darse cuenta que había dejado el champú en su recámara, le pidió a su hijo menor de edad de iniciales ******* que de favor se lo llevara; que el menor se metió al cuarto por el champú, pero que se le hizo raro que no regresara; que le gritaba para ver qué pasaba y el niño sólo le respondía "aquí estoy en el cuarto" pero que no le llevaba nada; y que ya después no le contestó. Que luego entró ******* (aquí quejoso) y le entregó el champú; y que le preguntó que por qué el niño no se lo llevó y que únicamente le dijo que estaba en el cuarto el niño. Que al salirse de bañar, notó muy raro al niño y le preguntó que qué tenía y le dijo que nada, que estaba bien. Que al entrar al cuarto notó que la colcha estaba arrugada, con tierra y basura encima, a pesar de que la dejó bien tendida. Que cuando entró ******* (aquí quejoso) al cuarto y le preguntó que por qué estaba así la cama y le contestó que no sabía, que él andaba en la calle; que notó que su camisa estaba llena de tierra y basuritas también y que le dijo que por qué "venía todo revolcado" y que le dijo "yo no hice nada". Que se arregló porque iban a llevar a arreglar una lavadora, pero que el infante se metió a bañar en un lapso de cuarenta minutos, cuatro veces, aduciendo que tenía mucho calor. Que notó que ******* quería siempre estar con ella y no dejarla a solas con el niño. Que le notó al infante unos dedos marcados en un brazo y le preguntó que qué le había pasado y que no le quiso decir. Que al volver los tres de llevar a arreglar la lavadora, el niño se fue a dormir inmediatamente, diciendo que estaba muy cansado y que le dolían el cuerpo y la cabeza. Que el diecisiete de junio de dos mil veinte ella se encontraba lavando ropa y el niño víctima jugando afuera. Que en la tarde lo trató de bañar y que no se dejaba, lo que le pareció extraño pues dice que al niño le encanta bañarse, hasta que le dijo que a fuerza se bañaría; que él tenía mucha vergüenza y se tapaba sus partes íntimas, que en eso salió corriendo y cerró la regadera diciendo "yo me baño solo"; pero que al final sí entró a bañarlo ella y que cuando lo hizo, notó que sangraba del ano y vio que en el bote de basura había papeles con sangre que pensaba que eran de su hija de once años, pero que al cuestionarla., ella le dijo que de ella no era. Que después del baño, le insistió por mucho tiempo en que le dijera qué había pasado, que en eso se soltó llorando y le que ******* lo había tocado, que quería gritar pero que le tapó la boca y que le metió por donde ******* hace "pipí" (el pene) por donde él (el niño) hace "popó" (el ano); le dijo que fue el día en que le pidió el champú (el lunes quince de junio de dos mil veinte) y que no era la primera vez que le hacía eso y que no le decía nada porque lo amenazó que si lo hacía, la mataría a ella (su madre) y a sus hermanos. Que ella sabía que ******* tenía armas y droga en la casa, por lo que, cuando él salió, le habló a la policía y éstos le dijeron, que por lo que hace al menor, debía interponer denuncia en la fiscalía; que llegaron agentes y se lo llevaron detenido por lo de la droga. Que ******* era muy diferente; que antes la trataba muy bien a ella y a sus hijos, los trataba como propios; pero de un año atrás a esa fecha, en septiembre de dos mil diecinueve aproximadamente que había cambiado porque empezó a usar "cristal" y se había tornado agresivo, que veía de forma libidinosa a su diversa hija de once años y que les gritaba constantemente. Que el infante víctima, apodaba al aquí quejoso "*******". Comparecencia del menor víctima, ante la representación social, en presencia de su madre, *******, de dieciocho de junio de dos mil veinte, quien manifestó que se llama *******, que tiene seis años, que fueron porque un señor "que era algo así como su papá lo trababa mal y le hizo unas cosas"; que se llama "*******", que ya no es su papá porque le hizo cosas malas; que le bajó el pantalón y el calzón y le metió la cosa por donde hace "pipí" (el pene) por donde él (el niño) hace "popó" (el ano), en lo que está "más adentro de sus pompis" y que sintió feo, como si le estuvieran pegando; que eso fue en el cuarto donde "*******" y su mamá duermen; que sintió como una navaja por donde hace "popó", que gritó pero le tapó la boca. Que también le daba besos en la boca; "donde él hace pipí es aquí enfrente" dijo la representación social que refirió el menor, tocándose el área genital para señalarlo; que es como un gusano, pero grande, negro, que le sale como "pipí" como amarilla; que esa "pipí" se la echó en todo su cuerpo y en la espalda y que sentía muy feo "como caliente". Que él no quería tocarle donde hace "pipí", pero que le dijo que lo tocara; y que le puso donde hace "pipí" en las manos, cara y en la boca, y se lo metió "hasta acá" refiriendo la representación social que el menor víctima señaló su lengua; y que sabía muy feo, como agrio; y que "hizo del baño" también en su boca; que él le decía que no lo siguiera haciendo, pero "*******" lo seguía haciendo y que le comentó que si decía algo, iba a matarlos a todos ellos; que eso fue "el otro día, el día que mi mamá me mandó por el champú, esa fue la última vez, fue en la cama del cuarto donde duermen él y mi mamá". Que en el cuarto donde duerme con sus hermanos le ha hecho eso; que no sabe cuántos días han pasado, porque no sabe los días; pero que empezó desde "que se hizo malo" porque antes lo trataba bien. Informe realizado el dieciocho de junio de dos mil veinte, por el médico legista *******, al menor víctima ******* de entonces seis años de edad, acompañado por su madre; examen proctocológico, posición genopectoral del plegario omaemotano, en el que determinó que los pliegues anales del menor eran radiados y presentes, tono del esfínter normal, no presentaba datas de irritación anal ni desgarros recientes ni antiguos y concluyó que no presentó lesiones físicas aparentes. Oficio ******* signado por el agente del Ministerio público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Contra Narcomenudeo, remitió copia parte informativo de dieciocho de junio de dos mil veinte, suscrito por elementos Comisión Estatal de Seguridad, a través del cual hicieron constar que dejaron a *******, y a otro, a disposición de esa unidad investigadora, por la comisión de delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variación de posesión de narcótico. Y toda vez que del parte informativo se desprendió un tipo a investigar en la unidad de delitos de índole sexual y se desprendió acto delictivo en el cual la señora ******* manifestó que ******* había violado a su menor hijo ya referido, y que no le había contado por miedo. Comparecencia de *******, de diecinueve junio dos mil veinte, en el cual manifestó lo que ya había señalado en la denuncia, en similares términos; y que agregó que el menor le señaló también que ******* lo había besado en la boca, que le metió el pene en su boca, que lo hacía tocarle el pene; que le dijo que si le comentaba a su mamá la iba a matar a ella y a sus hermanos. Que empezó a hacerle eso "cuando él se hizo malo", pues antes de eso lo trataba bien; que eso fue en septiembre de dos mil diecinueve, cuando él empezó a consumir cristal, que se hizo muy agresivo y la trataba mal a ella y a sus hijos. Informe policial de diecinueve junio de dos mil veinte, rendido por el oficial *******, policía de investigación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Trata de Personas y Contra la Familia; constante del parte informativo, dos actas de entrevistas y serie fotográfica. En carpeta *******, por el delito de violación agravada en perjuicio *******; que el diecinueve junio de dos mil veinte, en la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Trata de Personas y Contra la Familia; se entrevistó a la madre del menor víctima quien refirió los mismos términos que en la denuncia y al finalizar la entrevista, adujo la agente del Ministerio Público, que tiene tres años viviendo en unión libre con el aquí quejoso, que aún conserva la colcha de su cama usada el día de la violación, la ropa interior del niño y la ropa que usó *******. Que *******, oficial adscrito a la Unidad mencionada, realizó entrevista el diecinueve de junio de dos mil veinte, a la menor de iniciales *******, hermana de la víctima, quien dijo ser hermana del menor. Quien dijo que su mamá tiene una relación de aproximadamente de tres años con el aquí quejoso; dijo que él le cae mal porque es muy enojón y los regaña mucho y que hace dos años no le habla porque se porta muy agresivo. Que su mamá le platicó que violó a su hermano. Que éste le comentó junto a su mamá que lo violó, que le bajó sus pantalones y lo sentaba en sus partes y que maltrata a su mamá. Asimismo, que ese mismo día la ofendida acompañada del agente le dio acceso a su casa y entregó a servicios periciales los siguientes indicios: colcha de color azul, pantalón de color negro tipo táctico, calzón blanco con estampados de superhéroes, pantalón color ******* tipo *******, y playera verde; fijados, embalados y trasladados por perito de criminalística de campo *******. Serie fotográfica de diecinueve de junio de dos mil veinte, once imágenes digitales del domicilio ubicado en *******, por el agente *******, oficial investigador adscrito a la aludida unidad. Documental pública consistente en el acta de nacimiento del menor, con lo que se acreditó que tenía seis años de edad al momento de su comparecencia y la presentación de la denuncia respectiva. De los cuales, acertadamente concluyó la Jueza responsable, existe la posibilidad de que el aquí quejoso, haya cometido el delito de violación agravada en perjuicio del menor *******, contemplado en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que se le imputa. Refirió enseguida que los datos de convicción que fueron invocados por la agente del Ministerio Público -en torno a lo cual, se precisa, el quejoso, por sí ni por conducto de su defensor particular ofertaron medio de prueba alguno- no los controvirtió la defensa, los cuales, adujo, vistos y analizados a la luz de las reglas de la valoración que contiene los numerales 20 Constitucional apartado A, fracción II, correlacionado directamente con los numerales 259, 260, 261 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta esa etapa tan temprana del proceso; en términos del artículo 316 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, acreditan -en grado de probabilidad- el delito de violación agravada, en términos del numeral 172 fracción I, último párrafo, así como 175 fracción II todos del Código Penal del Estado. Indicó que expuso dicha aseveración, en razón de que en primer lugar, se cuenta con la denuncia que interpuso la madre del menor de edad víctima, *******, ante el agente del ministerio público el dieciocho de junio dos mil veinte, en la cual refirió medularmente que el día quince de junio de dos mil veinte, entre las nueve y nueve treinta horas, se encontraba en su domicilio en la calle *******, que también se encontraban sus hijos, que ella se metió a bañar y que en eso no observó el champú y que le dijo a su menor hijo -la víctima-, que se lo trajera, que estaba en su cuarto y que se le hizo raro que no volviera, ya que le gritaba varias veces y que solo le decía " estoy aquí en el cuarto", pero que no iba, después ya no le contestó ni escucho ruidos, a lo que le grito fuerte y entró su pareja el señor *******, y le entrego el champú; por lo que le cuestionó qué porque su hijo ******* no se lo había traído, contestándole que estaba en el cuarto el niño; que después de que se salió de bañar, entró al cuarto y vio que a su hijo ******* estaba muy raro; que le preguntó que qué le pasaba, que él le dijo que nada; que vio que la colcha estaba arrugada a pesar de que la había dejado bien tendida, así como con tierra y basuritas; que posteriormente el aquí quejoso entró al cuarto y le preguntó que porque estaba así la cama, llena como de tierra y basuritas, él le contestó que no sabía; no obstante, que notó que ******* estaba lleno de tierra con basuritas como las que estaban en la cama, le pregunto que por qué venía así, "todo revolcado", que de donde venía, que le dijo que él no hizo nada. Asimismo, refirió que se dijo que el menor *******, ese mismo día, se metió a bañar como cuatro veces en un lapso de cuarenta minutos porque insistía que tenía mucho calor; que su madre le preguntaba que qué tenía y el infante le dijo que nada; que más tarde notó en el cuerpo del niño, marcas de dedos en sus brazos así como en la boca unas cortaditas, y le preguntó que qué le había pasado, y le dijo que no tenía nada. Que fueron a llevar una lavadora a arreglar los tres juntos y cuando regresaron, el niño se fue a dormir, aduciendo que estaba muy cansado. Que el miércoles diecisiete de junio de dos mil veinte, que lo trató de meter a bañar, pero no quería que ella lo bañara, y se le hizo muy raro, porque a ******* le encantaba bañarse; hasta que le dijo que a fuerza se bañaría; que el niño tenía mucha vergüenza, se bajaba la camiseta y se tapaba sus partes, que ella le preguntaba que qué le había pasado, en eso sale corriendo y se mete a la regadera, cerró y dijo que él se bañaba solo; y después sí aceptó que lo bañara; en eso que lo comenzó a bañar, vio que le sangraba del ano, y se fijó en el bote de basura del baño había sangre, ella pensó que era de su hija, pero que le preguntó y éste le dijo que no era de ella. Que luego de eso y de insistir por mucho tiempo para que le contara qué tenía, porque el aquí quejoso tenía antecedentes de acosar a unas muchachas; que el menor se soltó llorando y le dijo que ******* lo había abusado, que lo agarro de los brazos, y lo quiso tirar a la cama, que quería gritar y que él le tapó la boca, le dijo que el "le valía verga que gritara, que nadie lo iba a oír", y que le metió algo y el sintió mucho dolor, que le metió por donde *******, hacia pipí, por donde ******* hace popo; que su hijo le dijo que eso pasó el día que ella le había pedido el champú, es decir, el quince de junio de dos mil veinte y que no era la primera vez que ******* le hacía eso, que lo había hecho varias veces y que él no decía nada porque ******* le dijo que si le decía la iba a matar, así como a él y a sus hermanos. Que ella confiaba en *******, ya que trataba bien a sus hijos, los llevaba a la escuela, que él era diferente, pero en un tiempo, de hace un año, que él cambió como por el mes de septiembre de la año dos mil diecinueve, ya que a su hija se le quedaba viendo muy morboso. Luego de aludir a lo anterior, la Jueza responsable refirió que el dicho de la denunciante, *******, resultaba digno de otorgársele valor convictivo, en razón de que fue dado a conocer ante el órgano investigador sobre los hechos que se advierte, según lo relató -presenció en parte- a través de los sentidos pues dio cuenta de la agresión que sufrió su menor hijo. Enseguida, la Jueza responsable aludió a que el menor víctima, *******, en presencia de su madre ante el órgano investigador el dieciocho de junio de dos mil veinte, manifestó que se llama *******, que tiene seis años, que fueron porque un señor "que era algo así como su papá lo trababa mal y le hizo unas cosas; que se llama "*******", que ya no es su papá porque le hizo cosas malas; que le bajó el pantalón y el calzón y le metió la cosa por donde hace "pipí" (el pene) por donde él (el niño) hace "popó" (el ano), en lo que está "más adentro de sus pompis" y que sintió feo, como si le estuvieran pegando; que eso fue en el cuarto donde "*******" y su mamá duermen; que sintió como una navaja por donde hace "popó", que gritó pero le tapó la boca; que también le daba besos en la boca, sólo en la boca. Que dijo "donde él hace pipí es aquí enfrente" dijo la representación social que refirió el menor, tocándose el área genital para señalarlo; que con lo que fue penetrado es como un gusano, pero grande, negro, que le sale como "pipí" como amarilla; que esa "pipí" se la echó en todo su cuerpo y en la espalda y que sentía muy feo "como caliente". Que él no quería tocarle donde el imputado hace "pipí", pero que le dijo que lo tocara; y que le puso donde hace "pipí" en las manos, cara y en la boca, y se lo metió "hasta acá" refiriendo la representación social que el menor víctima señaló su lengua; y que sabía muy feo, como agrio; y que "hizo del baño" también en su boca; que él le decía que no lo siguiera haciendo, pero "*******" lo seguía haciendo y que le comentó que si decía algo, iba a matarlos a todos ellos; que eso fue "el otro día, el día que mi mamá me mandó por el champú, esa fue la última vez, fue en la cama del cuarto donde duermen él y mi mamá". Que en el cuarto donde duerme con sus hermanos le ha hecho eso; que no sabe cuántos días han pasado, porque no sabe los días; pero que empezó desde "que se hizo malo" porque antes lo trataba bien. A lo que, señaló la Jueza responsable que el dicho de la víctima, contrario a lo aducido por la defensa en audiencia, dijo, resultaba digno de otorgarle valor convictivo, en razón de que fue dado a conocer ante la representación, ante la presencia de la propia madre del menor víctima, *******, por los hechos por los cuales argumentó el menor se vio víctima de los mismos, de los cuales dijo advertir que detalló a cabalidad; además, refirió la Jueza responsable no contar con un dato de prueba que le hiciera concluir que el infante, de entonces sólo seis años, se conducía con mentiras sobre hechos de esa naturaleza. Enseguida, aludió a la existencia del informe realizado el dieciocho de junio de dos mil veinte por el médico legista *******, al menor víctima *******, de entonces seis años de edad, acompañado por su madre; en el que se determinó que los pliegues anales del menor eran radiados y presentes, tono del esfínter normal, que no presentaba datas de irritación anal ni desgarros recientes y concluyó que no presentó lesiones físicas aparentes. Al que la Jueza responsable otorgó valor convictivo al ser emitido por un experto en la materia y por ello, no había pauta para dudarse de su veracidad. Relacionó luego la Jueza responsable el informe realizado por el agente *******, oficial investigador adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Trata de Personas y Contra la Familia al que anexó una entrevista practicada a la denunciante, la madre del menor, donde esencialmente reiteró las manifestaciones expuestas en la denuncia ya aludida. Asimismo, en el mismo se hizo constar que la madre del menor les dio acceso a su domicilio, donde se logró asegurar una colcha color azul, un pantalón negro tipo táctico, un calzón ******* con estampado de súper héroe, pantalón *******, una playera verde, mismos que fueron asegurados y embalados para efecto de remitirlos al departamento de Servicios Periciales y criminalística de campo. Ante lo que refirió la Jueza responsable que tal dato de prueba le otorgó valor convictico, en razón de que fue dado a conocer por un guardián del orden, en acatamiento a las funciones que se le atribuye el numeral 21 Constitucional en relación al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, señaló la Jueza responsable que se acreditó la edad del menor victima *******, al exhibir su acta de nacimiento y cuya madre, según tal documental, es la denunciante; por lo que adujo dicha autoridad que ese dato de convicción era digno de otorgarle valor convictico, en razón que se tiene que fue recabado por agente del Ministerio Publico siguiendo los reglamentos que refiere el numeral 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal suerte, que con los datos de convicción que fueron portados a esa autoridad y en esa etapa tan temprana del proceso, dijo la responsable poder determinar -en grado de probabilidad- que en el mes de septiembre de dos mil diecinueve al catorce de junio de dos mil veinte, así también el día quince de junio de dos mil veinte, se llevaron a cabo conductas típicas y antijurídicas, pues adujo, que en grado de probabilidad, durante ese periodo, se copuló por la vía anal a la víctima de iniciales *******, sin su consentimiento, además que el quince de junio de dos mil veinte también se copuló a la víctima antes señalada por la vía anal y de manera oral, por parte de su padrastro, aquí quejoso; al interior del domicilio ubicado en ******* de esta ciudad; en donde todos los hechos se llevaron a cabo utilizando la violencia moral en contra del menor victima *******, adujo, en razón de que los antecedentes que quedaron ventilados en esa audiencia, en su parecer, así lo indicaron. Ello, pues dijo, la comparecencia de la señora ******* dio cuenta de que esos hechos sucedieron al interior de su domicilio que cohabitaba con el aquí quejoso, quien era su pareja sentimental. Además, indicó que así lo refirió el menor víctima, quien también compareció ante el agente del Ministerio Público el dieciocho de junio de dos mil veinte, quien, a pesar de su corta edad, relató con detalle los hechos que vivió, a través de los cuales señaló, que fue penetrado en su ano por parte de *******, aquí quejoso, a quien se refería como "*******", quien también le introdujo en su boca su miembro viril. En consecuencia, ante lo anterior, la Jueza estimó habían quedado colmados, hasta esa etapa tan pronta del proceso, los elementos normativos que corresponden al delito de violación agravada, prevista los numerales 172 fracción I y último párrafo, así como 175, fracción ll, todos el Código Penal del Estado; pues aludió a que en términos del numeral 175 fracción II Código Penal del Estado, los hechos de antecedentes se Ilevaron a cabo quebrantando la fe que inspiraba confianza y respeto el menor victima *******, con respecto el aquí quejoso. Ello, pues señaló que la propia denunciante al comparecer ante agente del Ministerio Público, dijo que en su sentir, el imputado veía a sus hijos como propios; lo que también adujo el propio menor víctima, *******, al referir que al imputado lo veía como su padre; y que al suceder el momento delictivo a este ya no lo quería, en razón de que éste había cambiado su actitud para con él con motivo de lo sucedido. Con lo que concluyó la Jueza responsable que el imputado, probablemente, aprovechó esa confianza, respeto y esa relación cordial, desde su perspectiva, para efecto de ayuntar en las formas ya precisadas al menor víctima. Luego, acotó que hasta esa etapa tan temprana del proceso y en términos del artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de convicción de referencia, la llevaron a determinar, en grado de probabilidad, que ******* en el mes de septiembre de dos mil diecinueve al catorce de junio de dos mil veinte, así como el día quince de junio de dos mil veinte, aprovechó la vulnerabilidad que se encontraba el menor víctima de iniciales ya conocidas, para penetrarlo por la vía anal, además de que el quince de junio de dos mil veinte también aprovechó que al encontrarse solo con el menor victima también penetrarlo con su miembro viril por tal vía y por la boca, al interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Adujo lo previo, porque existe un señalamiento claro, preciso y contundente que le hizo el menor víctima de tan solo seis años, de iniciales *******, quien compareció ante el Ministerio Público, dio cuenta de la forma y circunstancia en las cuales se llevó a cabo el evento de antecedentes, señaló sin duda alguna a la persona que conoce como "*******", la pareja sentimental de su madre y aparentemente éste, lo penetró por vía anal, además por la vía bucal y lo amenazó con que mataría a su madre, a él y a sus hermanos, de contar algo sobre eso, según el propio relato de la menor víctima. Adujo la Jueza responsable, respondiendo a la defensa, que en esa etapa tan temprana del proceso y en términos del aludido numeral 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultó un indicio de peso suficiente para efecto de hacer creer a esa autoridad que el menor no se condujo con falsedad, pues dada su edad, no tiene la capacidad de idear fantasías o para inventar hechos de tal naturaleza; ya que dijo, se contó con el apoyo de la denunciante madre del menor, *******, quien compareció ante el agente del Ministerio Público el dieciocho de junio de dos mil veinte y refirió que ella pudo ver como el infante sangraba del ano, y que ella incluso sospechaba que tal fluido era de su hija, lo cual desde luego finalmente corroboró al cuestionarla, que no era así, sino del niño. Aunado a ello, precisó que respecto a lo manifestado por el defensor en cuando a que del dictamen médico realizado en la persona del menor víctima, por parte del doctor *******, donde concluyó que el infante no presentaba irritación anal ni desgarros; retomó la propia argumentación del defensor, y acotó que si bien es cierto, la Real Academia Española enuncia la palabra "introducir" como meter o hacer entrar algo a una cosa, el artículo 172 del Código Penal del Estado advierte que comete el delito de violación quien realice cópula con persona menor de 14 años; y el numeral 171 de tal codificación refiere que la cópula es la introducción del pene en el cuerpo humano, por la vía vaginal, bucal o anal; manifestó, respecto a ello, que legislador en dichos artículos no acotó qué profundidad debía tener esa introducción, como para asegurar que esa introducción del pene debía necesariamente generar alteraciones físicas en la región anal. Y acotó que la apreciación individual y subjetiva del defensor, en cuanto a que cuando se introduce el miembro viril o algún otro objeto distinto al pene en el ano genera necesariamente un desgarre, un enrojecimiento, un edema o una pérdida, incluso, en los esfínteres anales, señaló la Jueza responsable que lo cierto era que hasta este momento no contó con la apreciación de un experto en la materia, puesto que no acreditó el defensor ser experto en la materia de medicina y señaló la autoridad en cita, tampoco serlo, para efecto de determinar que por la penetración que por la vía anal que sufrió el menor victima debía ineludiblemente darse una de dichas alteraciones, puesto que el defensor no se valió de la declaración de algún experto para que diera luz con el objeto de que se determinara que, como lo infirió, por tal ayuntamiento, el menor debiera necesariamente presentar algún tipo de lesión. Sumó, que lo anterior, máxime que se cuenta con la propia declaración del menor víctima, rendida ante agente del Ministerio Público, de la cual coligió la Jueza responsable que dio detalle, paso a paso, de cómo fue la vulneración sufrida por parte del imputado, aquí quejoso. Indicó que también tomó en consideración que el infante, en ese momento, contaba con la mínima edad de seis años, a la luz, dijo, de las máximas de la experiencia, la llevaron a concluir que en esa edad, los menores no tienen la capacidad para inventar hechos de esta naturaleza; destacó enseguida que no contaba con dato de convicción alguno que le permitiera inferir que el infante tenía con respecto al aquí quejoso, algún sentimiento de odio o de rencor para atribuirle conductas de esa naturaleza tan gravosa y que, reiteró, el niño relató detalle a detalle ante el órgano investigador, y describió incluso el miembro viril del imputado, la forma en la cual del mismo devino un líquido de color amarillezco, que refirió se lo echaba por todo el cuerpo. De modo que, indicó la Jueza responsable tanto lo relatado por la madre como por el menor ******* a la representación social, coincidió plenamente. Adujo luego tal responsable que a pesar de la omisión de la agente del Ministerio Público de relatar el dictamen psicológico practicado al niño con calidad de víctima (que, después de solicitada la vinculación a proceso, con motivo de los argumentos de defensa en el sentido de que no se contaba con dictamen psicológico que pudiera revelar que el menor sufrió alguna afectación emocional con la vulneración que aparentemente vivió, indicó la representación social que sí contaba con él y pretendió incorporarlo, sin que la Jueza responsable diera lugar a ello); estimó que hasta esa etapa tan temprana del proceso no fue ofertado dato de prueba alguno que le permitiera determinar que la víctima se condujo con falsedad para atribuirle al imputado estos hechos de tal naturaleza, al describirlos con tal detalle. Lo anterior, permitió concluir a la Jueza responsable que el menor victima ******* en apariencia, vivió los hechos en la forma que los relató ante el agente del Ministerio Público. Asimismo, indicó la Jueza responsable, que si bien es cierto, como lo acotó el defensor, que se aseguraron diversas prendas que la madre del infante proporcionó al elemento policíaco y que la agente del Ministerio Público fue omisa en recabar algún tipo de investigación científica sobre la colcha de color azul y los demás elementos asegurados; reiteró que en esa etapa tan temprana del proceso, los elementos aportados fueron bastantes para establecer en grado de probabilidad la participación del aquí quejoso, en la comisión del ilícito de que se trata; y que, a la postre, se encontrará en la etapa procesal oportuna, en términos de los artículos 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de allegarse de mayores datos de convicción, y así llevar a cabo y llegar a la verdad histórica. De manera que, como lo concluyó la Jueza responsable, en este caso, existen datos de prueba que adminiculados y concatenados entre sí de forma lógica y natural, permiten concluir, al menos en grado de probabilidad en tal etapa procesal, que el aquí quejoso, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya descritas, introdujo su miembro viril en la cavidad anal del menor víctima, conducta típica con la cual lesionó el bien jurídico tutelado por las normas que la prevén, ya citadas, que es la seguridad y el normal desarrollo psicosexual de los menores, resultando evidente el dolo con el que se condujo, pues debido a la edad del menor víctima debió colegir que se trataba de un menor y la relación de fe, confianza y cordialidad que había entre ellos, al verlo el infante como su padre, por ser la pareja de su mamá. Además, como también lo señaló la Jueza responsable, en este momento procesal, conforme al artículo 19 Constitucional, únicamente se requieren datos que demuestren la probabilidad de que el imputado haya participado en la conducta típica que se le atribuye, extremo que en el caso, conforme a todo lo expuesto, efectivamente se demuestra. Por lo que, le dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia. Con lo que se estima además, que la Jueza responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, fue colmada; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que el aquí quejoso haya cometido el ilícito de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que en el certificado médico de lesiones y agresión sexual se acotó que el mismo no tenía ninguna lesión anal; y que -la máxima de la experiencia- le dice que si hubiera habido penetración anal, se había presentado al menos un desgarre o un enrojecimiento, sin que así haya ocurrido, tal como lo acotó su abogado defensor en la audiencia respectiva de donde se dedujo el acto aquí reclamado. Que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido. Que, además, no se efectuó algún análisis científico en los objetos que entregó la madre del menor (diversas piezas de ropa; y una colcha de la cama donde aparentemente se dio la violación del infante el quince de junio de dos mi veinte), que apoyaran el dicho del infante. Que no se sustenta el dicho del menor con dictamen psicológico alguno, para determinar si había efectivamente una afectación emocional por los hechos que dijo haber sufrido. Que fue fácil para el menor mentir y decir que se realizó cópula de manera oral, sin que se relacionara dato de prueba alguno que sustentara su dicho. Es infundado en su totalidad tal motivo de disenso. (1) En principio, es cierto que en el examen practicado el dieciocho de junio de dos mil veinte, por el médico legista *******, al menor víctima *******, de entonces seis años de edad, acompañado por su madre, el citado profesional no encontró hallazgos de irritación anal ni desgarros antiguos o recientes. Empero, el referido perito no asentó expresamente en su dictamen que estimaba que no hubo violación en el infante de referencia; sino que, lo que acotó fue que el menor no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes; al respecto -como lo argumentó la Jueza responsable al analizar la configuración del delito-, eso no implica que no haya ocurrido la penetración vía anal, pues el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba generar alteraciones físicas en la región anal, como refirió el defensor del quejoso. Es así, como se indicó en el primer argumento que compone el concepto de violación en análisis y como también lo refirió en la audiencia de la que se dedujo el auto de vinculación a proceso, el defensor del quejoso refirió que "las máximas de la experiencia" le dicen que si hubiera habido penetración anal, se había presentado al menos un desgarre o un enrojecimiento en el menor, sin que así haya ocurrido, como se evidenció en el estudio médico de referencia. Sin embargo, dicha aseveración, que refirieron el quejoso y su defensor como derivado de "las máximas de la experiencia", se trata de una apreciación subjetiva, propia, probablemente, de su conocimiento empírico; pues tal como acertadamente respondió a dicho argumento la Jueza responsable, el defensor del quejoso, éste, ni dicha autoridad son peritos en medicina proctológica (así como tampoco esta juzgadora); como para concluir que, con una penetración anal -aun de poca profundidad- ineludiblemente deba presentarse un enrojecimiento o un desgarro. Además, sobre el punto, el defensor del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en el menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Asimismo, en el momento procesal en que se encuentra la causa penal de origen, se desconoce la dimensión distal del miembro viril del quejoso, de modo que no puede afirmarse que con el dictamen médico practicado a la menor víctima se demuestra que no se ejecutó en la persona de la menor víctima el hecho típico que se le atribuye, ni es posible afirmar que la penetración en la persona de ésta es fisiológicamente imposible. Además, tal como lo señaló la Jueza responsable, para considerar configurado el delito de violación, no es necesario que se localicen en el cuerpo del menor víctima lesiones corporales y que así se asiente en el dictamen médico, pues para efectos de la configuración de esta conducta típica la cópula se entiende perfecta aunque sea solo parcial. Al respecto, se cita la tesis II.1o.P.63 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario J*udicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 1473 misma que invocó la agente del Ministerio Público y reiteró la Jueza responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado y que ilustra el argumento anterior, cuyo rubro es: VIOLACIÓN DE IMPÚBER, DELITO DE. PARA QUE SE ACTUALICE EL ELEMENTO CÓPULA BASTA CON UNA PENETRACIÓN PARCIAL AUN CUANDO LA PASIVO NO PRESENTE DESFLORACIÓN O LESIONES CORPORALES. Para que se tengan por integrados los elementos del tipo penal de violación de impúber, no es indispensable que se agote fisiológicamente el acto sexual, ya que la penetración o introducción del órgano viril en la vagina de la pasivo, hace posible la cópula sin hacer necesaria la existencia de desfloración o de lesiones corporales, en virtud de que si bien la noción restringida de la cópula se refiere a la introducción del órgano sexual masculino (pene) en la parte femenina (vagina o vulva) y que en sentido lato cópula implica la penetración del órgano sexual masculino en la vagina o en el ano de persona del mismo o diferente sexo, para los efectos penales resulta indiferente la seminatio o eyaculación o que no se dé el goce sexual y aún más, la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial; por tanto si el quejoso manifiesta que no hubo penetración y de los dictámenes periciales se desprende que la ofendida no presentó lesiones ni desfloración, ello no es óbice para tener por consumado el ilícito en comento. Sin que sea óbice que en la audiencia de que se trata, el defensor del aquí quejoso, según su interpretación de tal tesis, el mismo hiciera referencia a la penetración -vía vaginal- a una mujer, mientras que el menor víctima, es un varón; empero, como bien se refirió en audiencia, el citado criterio, alude a que para los efectos penales resulta indiferente si se presentó o no eyaculación y aún más, que la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial, pudiendo ser ésta, como determina dicha tesis y como alude la codificación penal respectiva, vaginal, anal o bucal. (2) Enseguida, en cuanto al siguiente argumento del quejoso, en el sentido de que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido, pues, en su consideración, solo se tomó en cuenta el mismo para emitir el acto reclamado, no le asiste la razón. Ello es así, virtud a que, contrario a su sentir, no se consideró únicamente ese dato de prueba, sino todos los que invocó la agente del ministerio público en la audiencia respectiva, mismos que fueron adminiculados y analizados en su integridad, de forma armónica y lógica por la Jueza responsable para determinar, en grado de probabilidad, la participación del aquí quejoso en el ilícito de que se trata. Luego, la Jueza responsable sí calificó la totalidad de los medios de prueba que se pusieron a su consideración, tanto de forma individual como en su conjunto; con sustento en los artículos 259, 260, 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales; del siguiente contenido: Artículo 259. Generalidades Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Artículo 359. Valoración de la prueba El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Datos de prueba que, adminiculó en su conjunto, y luego de un análisis razonado, estimó que eran bastantes, en ese momento procesal, para estimar en grado de probabilidad, que el aquí quejoso cometió o participó en la comisión del delito de referencia. Así, la Jueza responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa. Debe indicarse al quejoso, como en su momento lo hizo la Jueza responsable, que los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos y por ello debe otorgarse al dicho de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza; máxime que en el caso prevalece el interés superior del menor, lo que implica, precisamente, dar especial preponderancia al contenido de la denuncia del infante víctima, pues constituye una prueba fundamental sobre el hecho, así como tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente ello implica. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), estableció que tratándose de delitos en que las víctimas sean infantes, el juzgador debe valorar su dicho, bajo la perspectiva del interés superior de menor, tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, a fin de evitar que se reste credibilidad a su versión bajo el argumento de narraciones incompletas, verbigracia. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 267, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2010615, cuyo contenido es el siguiente: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niño y tanto la Jueza de Control responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como esta juzgadora de amparo al resolver este asunto, debe atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Así pues, el señalamiento de la menor víctima, adminiculado con la denuncia de su madre, *******, y los restantes medios de prueba, en este momento procesal, arrojan datos de prueba suficientes para estimar en grado de probabilidad que en la persona de la menor víctima se ejecutó la conducta típica ya descrita. Lo anterior, pues en el momento procesal que guarda la causa penal, los datos de prueba ya listados, no pueden ser apreciados conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias se desprende sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal; mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Asimismo, ninguno de los datos de prueba invocados por la representación social, fue controvertido durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose por parte de la Jueza responsable, de forma acertada; pero no a través del ofrecimiento de dictamen diverso; pues, se reitera, la defensa fue omisa en ofertar medio de prueba alguno. Aunado a lo previo, por lo que hace a la declaración vertida por el infante, aquí tercero interesado, ante el agente del Ministerio Público, como lo destacó la Jueza responsable, la misma es consistente, relata los momentos que vivió, a detalle, en torno a las aparentes agresiones que sufrió por parte del aquí quejoso; explicita los lugares donde sucedieron, las situaciones contextuales, describe el miembro viril del quejoso, manifestó a detalle cómo ocurrieron las penetraciones y lo que sentía en esos momentos, incluso, aludió a que existió eyaculación (a la que se refirió como un tipo de pipí amarilla y caliente, en más de una ocasión de las que fue perpetrado, refiriendo que tal liquido fue expulsado sobre su cuerpo, en su espalda y en su boca). Y tal dicho, coincide plenamente con el que le refirió a su madre, como se advierte de la narrativa que ésta expuso en la denuncia relativa. (3) En su siguiente argumento dijo el quejoso que no se efectuó algún análisis científico en los objetos que entregó la madre del menor (diversas piezas de ropa; y una colcha de la cama donde aparentemente se dio la violación del infante el quince de junio de dos mi veinte), que apoyaran el dicho del infante. Respecto a ello, como ya se ha mencionado supra líneas, la etapa intermedia, tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, en cuyo caso, si así lo estima viable la teoría del caso de la representación social, puede ordenar el desahogo de algún análisis científico sobre las prendas, tal como un examen seminológico; o incluso, puede ofertarlo así el defensor, de ser ello viable para su teoría defensiva. Lo previo pues, se reitera, en este momento procesal no debe tenerse por acreditada la conducta ilícita de que se trata, sino, con base en el estándar probatorio que rige la actual etapa, basta con que existan indicios que analizados razonablemente permita aducir, en grado de presunción, la probable participación del imputado en aquélla. (4) En su siguiente argumento, el quejoso refiere lo siguiente: Que fue fácil para el menor mentir y decir que se realizó cópula de manera oral, sin que se relacionara dato de prueba alguno que sustentara fehacientemente su dicho. Como ya se dijo previamente, en la declaración vertida por el infante, aquí tercero interesado, en sede ministerial, como lo resaltó acertadamente la Jueza responsable, la misma es consistente, relata los momentos que vivió, detalle a detalle, en torno a las aparentes agresiones que sufrió por parte del aquí quejoso. Se repite, el niño, en ese momento de solo seis años de edad, explicitó los lugares donde sucedieron aparentemente las perpetraciones, las situaciones contextuales, describió el miembro viril del quejoso, manifestó a detalle cómo ocurrieron las penetraciones y lo que sentía en esos momentos, incluso, aludió a que existió eyaculación (a la que se refirió como un tipo de pipí amarilla y caliente, en más de una ocasión de las que fue perpetrado, refiriendo que tal liquido fue expulsado sobre su cuerpo, en su espalda y en su boca). Además, sobre el punto que toca el peticionario del amparo, inclusive, el menor, en su declaración, refirió que el pene del quejoso tenía un sabor agrio, que no quería probarlo ni tocarlo pero que, en apariencia, el aquí quejoso lo obligó a hacerlo, bajo la amenaza de que en caso de contarlo, lo mataría a él y a toda su familia. Y tal dicho, coincide plenamente con el que le refirió a su madre, *******, como se advierte de la narrativa que ésta expuso en la denuncia relativa. Datos de prueba que no fueron refutados con medios de prueba diversos, por la defensa, como ya también fue destacado. Como lo estimó la Jueza responsable, se considera que difícilmente un menor de edad de tan solo seis años, sería capaz de inventar una situación de esa magnitud ni detallar con tanta precisión los hechos que en apariencia vivió. Además, se reitera, en esa etapa tan temprana del proceso, contrario al sentir del quejoso, no debe acreditarse fehacientemente el delito, sino únicamente, hacer estimar que en grado de probabilidad, se efectuó por parte del quejoso; lo que se estima, al igual que lo estimó la Jueza responsable, que se encuentra cubierto en este caso. Se suma a lo anterior, el hecho de que la defensa no acreditó, mediante dato de prueba alguno, ni al menos, con argumentación alguna al respecto, por qué el menor víctima tendría en su caso odio o rencor tal en contra del aquí quejoso, como para inventar y contar tanto a su madre como a la representación social, hechos tan graves como los ya aducidos. Segundo concepto de violación Enseguida, en su siguiente concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que la Jueza responsable equivocó al afirmar que el legislador no señaló la profundidad que debía tener la penetración y que el médico legista determinó que el menor víctima no tenía lesiones anales; y que, si como lo dijeron el menor y su progenitora, que había papeles llenos de sangre que la madre pensó que eran por menstruación de su hija de once años, las lesiones, en su consideración, habrían sido mortales; de lo que refiere, no mencionó nada la Jueza responsable. No asiste la razón al quejoso, por lo que se califica de infundado el citado motivo de disenso. En primer lugar, acertadamente concluyó la Jueza responsable que el legislador no determinó los alcances de la penetración que debía tener la anal, para estimarse alcanzada la cópula, como se desprende del artículo 171 de la referida codificación, que se considera pertinente invocar de nueva cuenta enseguida: Artículo 171. (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. En segundo lugar, como ya se dijo, en el examen practicado el dieciocho de junio de dos mil veinte, por el médico legista *******, al menor víctima *******, el referido perito no asentó expresamente en su dictamen que estimaba que no hubo violación en el infante de referencia; sino que lo que acotó fue que el menor no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes, sin embargo -como bien lo argumentó la Jueza responsable-, eso no implica que no haya ocurrido la penetración vía anal pues el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba, ineludiblemente generar alteraciones físicas en la región anal, como refirió el defensor del quejoso. Además, como también ya fue explicado, el defensor del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en el menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Luego, en cuanto a los papeles llenos de sangre que refirió la madre del menor, encontró en su baño y que pensó que era fluido hemático de su menor hija de once años y que, en apariencia, resultaron provenir del ano del infante víctima y que en consideración del quejoso, de ser así, hubieran ocasionado su muerte; resulta evidente para esta juzgadora que dicho argumento -absolutamente subjetivo y particular- fue desarrollado por el defensor en la audiencia de la que devino el acto reclamado, sin apoyarse en una prueba científica y por lo mismo, en nada le favorece que la ********************ueza responsable no hiciera pronunciamiento alguno al respecto. Tercer concepto de violación Luego el accionante del amparo argumenta lo que a continuación se expone en su diverso motivo de disenso: Que lo dicho por la Jueza responsable en cuanto a que la madre del menor "vivió de lleno los eventos" es incorrecto, pues el que la víctima le haya llevado o no un champú no da por realizados los hechos aparentemente ocurridos. Es infundado tal concepto de violación. Contrario al sentir del quejoso, lo que la Jueza refirió sobre el punto, es que la madre del menor, *******, presenció -parcialmente- los hechos, al ver la sangre del menor proveniente de su ano cuando lo bañaba; no el hecho de que le llevara, o no, el champú que le pidió su madre. Asimismo, se reitera de nueva cuenta al quejoso, en el momento procesal en que se encuentra la causa penal natural, el estándar probatorio es bajo y basta con que se estime razonablemente, que existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del ilícito de que se trata, para emitir auto de vinculación a proceso; lo que esta Jueza Constitucional estima, fue adecuado, como se ha venido acotando. Cuarto concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, el accionante del amparo argumenta medularmente: Que la Jueza responsable no hizo alusión a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su defensor invocó, que, dice, señalan que ponderan como de vital importancia el dicho de la víctima en los delitos de realización oculta, como el de la especie, pero que deberán estar sostenidas por diversos medios de prueba. Es infundado tal concepto de violación. Se asevera lo anterior, pues contrario al sentir del quejoso, su defensor únicamente invocó durante el debate una tesis -aislada- tal como él mismo lo refirió en la transcripción respectiva que efectuó en la demanda de amparo; y su emisión, no fue por parte del Más Alto Tribunal, como adujo el accionante del amparo en su demanda, sino por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, es decir, por un Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra la Jueza responsable, de modo que su observancia, para dicha autoridad y para este Juzgado de Amparo, no resulta obligatoria. En efecto, el mismo, se encuentra identificado con el registro digital 190461, tesis -aislada- VI.1o.P.90 P publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 1815: VIOLACIÓN, DELITO DE. VIOLENCIA MORAL. Cuando la ofendida aduce que el activo le impuso la cópula empleando la violencia moral para vencer su resistencia, es necesario e indispensable que dicha coacción se acredite plenamente mediante elementos de prueba distintos a la declaración de ésta, como podría ser el resultado del dictamen en materia de psicología y victimología, pues si bien el más Alto Tribunal del país ha sostenido que en los delitos de realización oculta la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, no menos cierto es que esa imputación sólo merece credibilidad en proporción al apoyo que demuestren otras pruebas recibidas en el sumario. Dicho criterio alude medularmente a que, cuando una fémina diga haber sufrido de violación, en criterio de dicho tribunal, si bien esa declaración debe estimarse preponderante, su dicho sólo merece credibilidad al estar apoyado en diverso(s) medio(s) de prueba. Se itera, la Jueza responsable, no apoyó su determinación únicamente en la declaración que el infante vertió ante la representación social, sino en todos los que ésta invocó en audiencia, que permiten darle credibilidad para la temprana etapa en que se encuentra el proceso. Mayormente que el dicho del menor por sí sólo cobra relevancia dada la cantidad de datos concretos que envuelven los hechos narrados y la forma peculiar en que identificó los actos ejecutados por el imputado en su persona, lo que es acorde con su edad cronológica y que coinciden con un desarrollo lógico de los mismos. Quinto concepto de violación Después, en el posterior motivo de disenso, el accionante del amparo adujo: Que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 20 apartado A fracciones IX y X de la Constitución, así como los artículos 259, 260, 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues aduce que a la Juez responsable le correspondía valorar y analizar de manera lógica los datos de prueba ofertados por las partes, no de manera dogmática, como lo hizo. Es infundado en su totalidad dicho concepto de violación. (1) Primero, por lo que hace a la aparente vulneración de los artículos 14 y 16 Constitucionales por parte de la Jueza responsable, no le asiste la razón al quejoso. Debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) establecen si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fue ya destacado antes en este fallo, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga a la autoridad a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la apelación así como las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de tal forma que resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Lo previo encuentra sustento en la tesis 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, Novena Época, registro: 176546, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, abril de dos mil trece, del contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Al respecto, la Jueza responsable, en su determinación combatida, ya transcrita, contrario a lo estimado por el aquí quejoso, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató las formalidades esenciales del procedimiento, tal como fue demostrado previamente al efectuarse el análisis oficioso de la determinación de que se trata. (2) Luego, en dicho motivo de disenso, el quejoso adujo que la Jueza responsable vulneró en su perjuicio el artículo 20, apartado A, fracciones IX y X Constitucional. Tampoco le asiste la razón al quejoso, como se demostrará enseguida; para lo cual se estima atinente citar el contenido de dicho numeral, en las fracciones aparentemente vulneradas por la Jueza responsable: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los principios generales: (.) IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Aunque el accionante del amparo se limitó a aludir a dichas vulneraciones, sin aducir argumento alguno al respecto, de los datos de prueba invocados por la representación social en la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso aquí combatido, no se desprende que alguno de ellos hayan sido obtenidos con violación a los derechos fundamentales del quejoso. Dichos datos de prueba, como ya había sido señalado previamente, son los siguientes: Denuncia ante el agente del Ministerio Público, en fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, por parte de *******, en su carácter de madre del menor de edad de iniciales *******, quien, en ese momento, contaba con seis años de edad. Comparecencia del menor víctima, ante la representación social, en presencia de su madre, de dieciocho de junio de dos mil veinte. Informe realizado el dieciocho de junio de dos mil veinte, por el médico legista *******, al menor víctima *******, de entonces seis años de edad, acompañado por su madre. Oficio ******* signado por el agente del Ministerio público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Contra Narcomenudeo. Comparecencia de *******, de diecinueve junio de dos mil veinte. informe policial de esa misma data rendido por el oficial *******, policía de investigación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Trata de Personas y Contra la Familia; parte informativo, dos actas de entrevistas y serie fotográfica. Documental pública consistente en el acta de nacimiento del menor víctima. Se asevera lo anterior, pues la totalidad de los datos de prueba invocados por la agente del Ministerio Público en audiencia, fueron con base en sus atribuciones de órgano investigador de que la enviste el artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán en el ejercicio de tal función. De modo que, contrario al sentir del quejoso, no se estima que alguno de los datos de prueba de los invocados oralmente por la agente del Ministerio Público, haya sido en vulneración de los derechos fundamentales que la Constitución le otorga, pues, se itera, todos ellos fueron obtenidos en ejercicio de la actividad investigadora. Luego, la siguiente fracción aparentemente vulnerada, alude a que los principios previstos en ese artículo, esto es, los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. En la consideración de esta Juzgadora Federal, la Jueza responsable no desacató alguno de dichos principios en la audiencia de la que devino el acto reclamado. La audiencia respectiva, fue pública (principio de publicidad) ; en ella, las partes conocieron, confrontaron y estuvieron en posibilidad de controvertir los medios de prueba ofertados únicamente por la agente del Ministerio Público (principio de contradicción); la audiencia se verificó en dos momentos -veintidós y veinticinco de junio de dos mil veinte, debido a que el quejoso solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en ciento cuarenta y cuatro horas (principio de concentración); dicha audiencia inicial, en dos partes, se llevó a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial (principio de continuidad); y la misma fue desarrollada íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes (principio de inmediación). Lo que pone de manifiesto que no le asiste la razón al peticionario del amparo en torno al punto en análisis. (3) Ahora bien, respecto a lo referido por el quejoso, en el sentido de que se vulneraron en su perjuicio los artículos 259, 260, 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco le asiste la razón. A pesar de que ya fueron previamente invocados, al aducir los numerales en que la Jueza responsable sustentó la valoración de los datos de prueba que le ofertó la agente del Ministerio Público, para mayor claridad, se invocan nuevamente enseguida: Artículo 259. Generalidades Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. De dichos artículos, se desprende en esencia: Que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia. Asimismo, se define qué debe entenderse por antecedente de investigación; datos, medios de prueba y pruebas. No se desprende que la Jueza responsable haya vulnerado alguno de dichos artículos; pues adminiculó en su conjunto los datos de prueba ofertados -solamente por la agente del Ministerio público, pues el defensor, omitió hacerlo-, y luego de un análisis razonado, estimó que eran bastantes, en ese momento procesal, para estimar en grado de probabilidad, que el aquí quejoso cometió el delito de referencia; como ha sido expuesto en varias ocasiones a lo largo de este considerando. Además, únicamente tomó en consideración los datos de prueba que fueron ofertados en audiencia. Lo que evidencia que no le asiste la razón al quejoso. (4) Por último, en tal motivo de disenso, el accionante del amparo adujo que correspondía a la Jueza responsable valorar y analizar de manera lógica los datos de prueba ofertados por las partes, no de manera dogmática, como lo hizo. Se reitera, de las partes, únicamente la agente del Ministerio Público ofertó datos de prueba. No así el defensor del quejoso, aunque se le dio la oportunidad de hacerlo y manifestó que no era su deseo señalarlos en ese momento. Sin que pueda estimarse, como lo afirmó el quejoso, que la Jueza responsable haya inferido infundada o dogmáticamente que se verificó la conducta típica que en grado de probabilidad se le atribuye, pues dicha juzgadora sí expuso las razones por las cuales consideró que en este momento procesal los datos de prueba que adminiculados entre sí le permitieron concluir que al menor víctima se le impuso la cópula vía anal y oral, en las circunstancias y modalidades ya descritas; además, tal como lo indicó dicha Jueza, ninguno de dichos datos de prueba fueron controvertidos durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose de forma acertada; pero no a través del ofrecimiento de dictamen diverso; pues, se reitera, la defensa fue omisa en ofertar medio de prueba alguno. Sexto concepto de violación Después, en el posterior motivo de disenso, el accionante del amparo adujo: Que la determinación reclamada conculca la igualdad ante la Ley. Es infundado tal concepto de violación. Lo anterior, pues adverso a su aseveración, la Jueza responsable trató en igualdad de condiciones a las partes que asistieron a la audiencia de la que devino el auto de vinculación a proceso aquí reclamado; asimismo, como se evidencia de las videograbaciones respectivas, tuvieron las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa; tuvieron igualmente oportunidad para alegar y para ofertar datos de prueba; y no se advirtió que se efectuara en perjuicio del aquí quejoso discriminación alguna. De modo que, se acataron las pautas que al respecto exige el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos; como se desprende de su contenido, que a continuación se inserta: Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. En consecuencia, se evidencia lo infundado del motivo de disenso en análisis. Séptimo concepto de violación Finalmente, en el posterior motivo de disenso, el accionante del amparo, adujo: Que no se acredita ni de manera indiciaria la conducta delictiva, porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar que requiere el artículo 19 Constitucional no se colman; pues dice que la agente del Ministerio Público, formuló imputación diciendo que los hechos ocurrieron entre el mes de septiembre de dos mil diecinueve y el catorce de abril de dos mil veinte; lo que lo deja en estado de indefensión. Tal como fue acotado al inicio de este considerando, establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones como la de la especie. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En la especie, en torno al primer elemento, la Jueza responsable refirió que el delito que en grado de probabilidad, se imputa al quejoso, es el de violación agravada, previsto y contemplado en los artículos los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Luego, en cuanto al segundo punto, contrario a su dicho, la agente del Ministerio Público no formuló imputación diciendo que los hechos ocurrieron entre el mes de septiembre de dos mil diecinueve y el catorce de abril de dos mil veinte; sino entre el mes de septiembre de dos mil diecinueve y el catorce de junio de dos mi veinte, así como el quince de junio de dos mil veinte, fecha en que en apariencia ocurrió la última perpetración, en el domicilio ubicado en *******; y que dicha penetración mediante cópula, se dio en perjuicio del infante en comento, por las vías anal y oral. Con relación a ello, la Jueza adecuadamente consideró que dada la edad tan temprana de menor al momento del último atraco posiblemente cometido en su contra, de seis años de edad, resultaba normal que no recordara con precisión las fechas en que probablemente sucedieron las violaciones; empero, destacó que el infante fue claro y enfático en señalar que la última ocasión que fue violado por el aquí quejoso, fue el quince de junio de dos mil veinte y que no fue la primera vez, pues dijo que el imputado, inició a hacerlo "desde que se hizo malo", es decir, desde el mes de septiembre de dos mil diecinueve, en que comenzó a drogarse, según se refirió. De modo que, se estima acertado el proceder de la Jueza responsable, pues analizó el citado requisito con la óptica del ya referido interés superior del menor; que, sucintamente, puede definirse como un criterio orientador que permite analizar los hechos que dan forma a las circunstancias que rodean a los niños y las niñas en cada caso concreto, considerando su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones. Esto es, el interés superior del menor es un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes y ser consciente de ellas. Se invoca como sustento a lo previo, la tesis número LXXXII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1398 del Tomo II, Libro 15, Febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época y número de registro 2008547, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. De tal modo que, la Jueza responsable, a la luz del citado principio regulador, estimó bastante que el menor adujera que las conductas ilícitas, probablemente cometidas por el aquí quejoso, iniciaron en el mes de septiembre de dos mi diecinueve, extendiéndose hasta el catorce de junio de dos mil veinte; y por última ocasión, el quince de junio de dos mil veinte. Lo que, a la luz de la citada óptica, estima adecuado esta Juzgadora Constitucional. Por último, en cuanto al tercer requisito, que acota que se precisa la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el mismo también se estima cubierto, como se ha expuesto en reiteradas ocasiones a lo largo de este fallo. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Control responsable, el veinticinco de junio de dos mil veinte, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Sin que sea óbice para las anteriores consideraciones que el quejoso haya invocado en su demanda de amparo la tesis aislada XIII.1o.10 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX; del contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES EN EL JUICIO ORAL HECHAS EN DISCOS ÓPTICOS EN FORMATO DVD, QUE REMITE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DICTADO CONFORME AL NUEVO PROCESO PENAL Y EL JUEZ DE DISTRITO OMITE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA REPRODUCCIÓN DE AQUÉLLAS, EN LAS QUE SE CONTIENEN EL ACTO RECLAMADO Y LAS ACTUACIONES QUE LE SIRVIERON DE SUSTENTO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS ADECUADOS, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE OBLIGA A LA AUTORIDAD REVISORA A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). El artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que corresponde al juzgador recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para resolver el asunto sometido a su conocimiento. Por su parte, el numeral 150 del mismo ordenamiento legal establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En ese sentido es posible determinar que en el juicio de garantías son admisibles como prueba los discos ópticos en formato "DVD" que contengan videograbaciones, ya que no son contrarios a la moral y sí, en cambio, están regulados por la ley, conforme a los numerales 93, fracción VII y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o., pues se trata de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y el avance tecnológico. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclama un auto de sujeción a proceso, dictado conforme a los numerales 33, 272, 274, 277 y 278 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, relativos al nuevo proceso penal, y la autoridad responsable remite, en apoyo a su informe justificado, videograbaciones contenidas en discos ópticos en formato "DVD", relativas a la audiencia de ley celebrada acorde con las formalidades establecidas en dichos dispositivos legales, en la que, además, se realizaron actuaciones judiciales, intervenciones y ofrecimiento de pruebas de las partes, las cuales sirvieron de sustento a la resolución de término constitucional, el Juez de Distrito, a efecto de brindar certidumbre jurídica a las partes y dictar una sentencia conforme a derecho, debe ordenar oficiosamente la reproducción de esas videograbaciones, toda vez que se trata de un medio de prueba que no se desahoga por sí mismo, como las documentales, sino que, para que el Juez y las partes la verifiquen y se impongan de su contenido, es menester llevar a cabo su reproducción a través de los medios electrónicos adecuados, para que constate que se trata de la citada audiencia y demás actuaciones relacionadas con el acto reclamado, con base en las grabaciones ahí contenidas. Lo anterior debe hacerse en audiencia pública, con citación previa y oportuna de las partes, de la que se deje constancia escrita en autos y se plasmen las consideraciones vertidas por el Juez responsable para dictar el acto reclamado, así como los aspectos fundamentales de esa audiencia, lo cual permitirá al órgano de amparo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, no obstante que en el nuevo proceso penal predomine el principio de oralidad, pues no deben confundirse las distintas formalidades y principios procesales que rigen al nuevo proceso penal estatal, con las que continúan vigentes para el juicio de amparo, sin que ello impida al juzgador de garantías tratar de compaginar ambos sistemas en la medida de lo posible, pero sin trastocar las normas vigentes que rigen el juicio de amparo. Por tanto, si el Juez de Distrito no procedió en esta forma, resulta inconcuso que se actualiza una violación procesal que obliga a la autoridad revisora a ordenar la reposición del procedimiento, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. En suma, se refieren a que el Juez de Distrito debe llevar a cabo la reproducción de los discos compactos que remita el Juez de Control responsable a través de los medios electrónicos adecuados, para que constate que se trata de la citada audiencia y demás actuaciones relacionadas con el acto reclamado, con base en las grabaciones ahí contenidas, lo que debe, según ese tribunal, hacerse en audiencia pública, con citación previa y oportuna de las partes, dejándose constancia escrita en autos en la que se plasmen las consideraciones vertidas por el Juez responsable para dictar el acto reclamado, así como los aspectos fundamentales de esa audiencia; y que, de no hacerlo así, se provocaría la reposición del procedimiento. Ello, pues de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, que fue invocada al recibirse el informe justificado y sus anexos, entre los que se encontraban los discos en formato DVD que contienen las audiencias de veintidós y veinticinco de junio de dos mil veinte, se establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA J*URÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. De modo que, evidentemente, la tesis aislada que citó el quejoso, emitida por el aludido Tribunal Colegiado, deviene inaplicable ante la tesis de jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal, la que, ineludiblemente, constituye una pauta en el actuar de esta Juzgadora, quien se encuentra obligada a acatarla, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.) Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación al acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí referidas. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el considerando sexto.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se tuvo por emplazada a la tercero interesada a través del último edicto que fue publicado, y la fecha programada para la audiencia constitucional, al día de hoy, no median los ocho días que exige la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del nueve de febrero del dos mil veintidós. Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales el Administrador Regional del Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, da cumplimiento al requerimiento ordenado en auto veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, pues informa la publicación de edictos para emplazar a la aquí tercero interesada *******, por sí y en su carácter de representante del menor de edad de iniciales ******* en el Periódico Excelsior, los días cuatro, once, y dieciocho de enero de la presente anualidad; asimismo acompaña al ocurso de cuenta, las publicaciones respectivas de tales edictos. Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que, entonces, obran las publicaciones de edictos tanto (1) en el Diario Oficial de la Federación, de fechas diecisiete y veinticuatro de noviembre, así como uno de diciembre de dos mil veintiuno; así como (2) en el Periódico Excelsior, de los días cuatro, once, y dieciocho de enero de la presente anualidad; ordenadas con el fin de concretar el emplazamiento de la tercera interesada *******, por si, y en su carácter de representante de la menor de edad de iniciales *******. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, se tiene por hecho el emplazamiento a juicio de la tercera interesada *******, por si, y en su carácter de representante de la menor de edad de iniciales *******. De tal suerte que, se tiene a la autoridad oficiante acatando la solicitud de publicación de edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para llamar a juicio a los terceros interesados en cita. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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