Azarías Pérez Carrera
Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Azarías Pérez Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticinco de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos de los artículos tercero, noveno, decimoquinto y trigésimo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, antes citado. Finalmente, toda vez que no obran documentos originales, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTAURIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS TERCEROS INTERESADAS LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, LA CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 668/2021-II, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, ********************, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 22, 23 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto emitido dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictó la resolución reclamada, en el Toca R-16/2021, asimismo, remitió copia certificada de la misma. De igual forma, posteriormente, a través de oficio recibido en este Juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de todo lo actuado en el Toca R-16/2021. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que asentó su firma y el sello oficial correspondiente en la leyenda relativa. De manera que, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la resolución reclamada. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien resuelve advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis de los actos reclamados, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en favor del quejoso ********************, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues tiene el carácter de sentenciado, en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado. Pues bien, como se indicó en el considerando segundo, el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. Al respecto, de las constancias del Toca R-16/2021, se desprende que en la causa penal 1678/2013, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el doce de julio de dos mil trece, dictó sentencia condenatoria, en procedimiento abreviado, en contra del aquí quejoso, en contra de la cual, éste interpuso un primer recurso de revisión, mismo que resolvió el Tribunal Superior, el quince de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca 29/2019, desechándolo de plano. Posteriormente, mediante escrito presentado en el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, Secretaría General, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el aquí quejoso interpuso nuevamente recurso de revisión en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó, el cual fue resuelto por el Magistrado responsable, mediante la resolución aquí reclamada, ya descrita. Al interponer el recurso de revisión contra la sentencia condenatoria que le fue dictada en la causa penal 1678/2013, el aquí quejoso adujo lo siguiente -argumentos que se exponen en el orden en que los formuló el recurrente-: 1.- Que fue detenido el trece de septiembre de dos mil once, a las doce horas, por elementos de la Policía Municipal, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación 2309-22896/2011, el mismo día, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. 2.- Que de las declaraciones de las víctimas, se desprende que los hechos ocurrieron el nueve de septiembre de dos mil once, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos. 3.- Que él fue presentado ante el agente del Ministerio Público, el trece de septiembre de dos mil once y fue reconocido por las víctimas como una de las personas que las agredió, esto por medio de fotografías. 4.- Que el agente del Ministerio Público hizo constar que el aquí quejoso se puso a su disposición, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, del trece de septiembre de dos mil once; que la investigación se inició el diez de septiembre de dos mil once, con motivo de la denuncia de las víctimas; que la detención ocurrió el trece de septiembre de dos mil once, a las doce horas, afuera del domicilio de uno de los co-acusados, no en flagrancia, como se afirma en el parte informativo. 5.- De manera que no era válido afirmar, conforme a los lineamientos relativos previstos en el artículo 16 Constitucional, que se le detuvo en flagrancia delictiva. Además, que si fue detenido a las doce horas del trece de septiembre de dos mil once y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese día, no se respetó la inmediatez con la que debió ser puesto a disposición de la Representación Social y en cambio, existió una retención prolongada injustificada por parte de los elementos policiacos aprehensores, lo que fue ilegal, puesto que entre uno y otro evento transcurrieron once horas con cincuenta y nueve minutos, lapso que no se justificó. No obstante, indica, el Juez de Control calificó de legal la detención y la ratificó. De manera que, se actualiza un "efecto corruptor del proceso", consistente en que, las diligencias llevadas a cabo durante la carpeta de investigación, están afectadas, también, de ilegalidad. 6.- Que su probable responsabilidad se acreditó con los medios de convicción aportados hasta ese momento y que constan en la carpeta de investigación, esto es: - parte informativo que elaboraron los elementos aprehensores de la Policía Municipal, así como su ratificación ante la Representación Social, - las declaraciones de las víctimas, - serie fotográfica de los detenidos, - inspección de objetos, - examen de integridad física, - dictamen forense en dactiloscopia, - declaraciones ministeriales de los inculpados, - dictamen de representación gráfica, - declaraciones preparatorias de los detenidos, así como sus ampliaciones de declaración. Datos de prueba que valorados como indicios y concatenados entre sí, fueron estimados aptos y suficientes para dictar en su contra auto de vinculación a proceso por los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa, no obstante, resultan ilegales. Mismos elementos de prueba, además de las ampliaciones de declaración de las víctimas, que fueron valorados y concatenados, de igual forma, para dictar en su contra sentencia condenatoria, confirmada por el Tribunal de Alzada. 7.- Que en la etapa de investigación ocurrieron diversas violaciones a sus derechos fundamentales, como: - la retención prolongada e ilegal de la que fue objeto, - la ausencia de una defensa adecuada, pues el defensor le fue nombrado de forma tardía, - la exposición de los hechos ante los medios de comunicación, con lo cual se anuló su derecho a la presunción de inocencia, y - la valoración parcial de las diligencias ahí desahogadas. Todo lo cual, contribuye a la generación del mencionado efecto corruptor del proceso. 8.- Aunado a lo anterior, el aquí quejoso adujo que fue incomunicado y torturado por los agentes aprehensores, como método de investigación para encontrar "la verdad" de los hechos; sin que el agente del Ministerio Público, ni las autoridades jurisdiccionales, hubieran activado el Protocolo de Estambul, a pesar de que en el examen médico que se le practicó durante la etapa primera de investigación, se asentó que se localizaron huellas de tortura. Por lo cual, debe ordenarse su inmediata libertad, ya que el hecho de haber compurgado nueve años y siete meses (en ese momento) de prisión (se entiende, sin un acto jurídico válido), sin que la sentencia condenatoria dictada en su contra hubiese sido válida, por el efecto corruptor que aduce, también constituye un sufrimiento y tortura. 9.- De manera que, estima el quejoso, debe reponerse el procedimiento, pues la Sala Penal Regional, le otorgó valor probatorio a su declaración (confesión), la cual fue obtenida bajo tortura, asimismo, insiste, los demás elementos de prueba, debido al efecto corruptor del proceso que aduce, son ilegales. 10.- Finalmente, indica el aquí quejoso, que no pretende que se realice una nueva valoración de los medios de convicción señalados, sino que se consideren los argumentos antes expuestos para demostrar la ineficacia de dichos elementos de prueba, que fueron tomados en cuenta para dictar en su contra sentencia condenatoria, precisando que en relación con las declaraciones de las víctimas (que fueron los elementos de prueba novedosos), estas fueron recabadas vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.Ahora bien, en la resolución reclamada, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en relación con el recurso de revisión que interpuso el sentenciado, aquí quejoso ********************, contra la sentencia dictada en el juicio abreviado, dentro de la causa penal 1678/2013, el doce de julio de dos mil trece, dicha autoridad responsable argumentó lo siguiente:En principio, estableció que si bien de conformidad con los artículos 399, fracción IV, 400 y 431, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, el sentenciado, aquí quejoso, está legitimado para impugnar la sentencia dictada en su contra; de acuerdo a los diversos numerales 417 y 433 del mismo ordenamiento legal, el recurso interpuesto, no es admisible.Lo anterior, pues el recurrente, aquí quejoso, fundamentó su petición, en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, que establece lo siguiente: Artículo 430. Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando:I. La sentencia impugnada se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior;II. La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal, en lo relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme; III. Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o IV. Corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado.Sin embargo, el recurrente, aquí quejoso, en su escrito de revisión, no mencionó en cuál de las hipótesis contenidas en dicho numeral encuadra su petición, sino que únicamente citó dicho precepto, transcribió las declaraciones de las víctimas y puntualizó que los hechos ocurrieron el nueve de septiembre de dos mil once, que él fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el trece de agosto de dos mil once, a las doce horas, detención que se prolongó hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, cuando fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, de lo cual, adujo el aquí quejoso, se desprende que: Su detención no fue en flagrancia, Que su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público no fue inmediata, Que durante ese lapso estuvo incomunicado y sufrió tortura por parte de los elementos captores, Que su autoincriminación trasgredió la presunción de inocencia, Que la actuación de los agentes policiacos repercutió en los datos recabados por el Ministerio Público, mismos que, de acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, se tornaban ilegales y por lo tanto ineficaces para que la Jueza de Control decretara, en la resolución de procedimiento abreviado, la existencia de los delitos de violación y homicidio en grado de tentativa, así como su responsabilidad penal en la comisión de los mismos. De manera que, por todo lo anterior, expresó que considera que debe emitirse una nueva sentencia en la que se le conceda el reconocimiento de inocencia, lo que implica su inmediata libertad. Ahora bien, el Magistrado responsable indicó que debido a que el recurrente, aquí quejoso, no especificó en cuál de las hipótesis del artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, se fundamenta su recurso de revisión, debía analizar, de forma oficiosa, la posible actualización de cada una de ellas. Al respecto, por lo que hace a la prevista en la fracción I, adujo que del ocurso que contiene el recurso de revisión, no se advierte que la sentencia impugnada se haya basado en una prueba declarada falsa en un fallo posterior firme, o bien, en una prueba cuya falsedad sea evidente aunque no exista un proceso posterior. En relación con la hipótesis prevista en la fracción II, el Magistrado responsable estimó que de forma alguna, el reclamo del sentenciado, aquí quejoso, se refiere a que la decisión emitida en el procedimiento abreviado, haya sido consecuencia de cohecho, violencia, conductas fraudulentas o alguna de las previstas en el Título Décimo Noveno del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, así declarado en sentencia firme posterior. En cuanto a la hipótesis contenida en la fracción III, afirmó que tampoco se desprende que después de dictada la sentencia en su contra, hayan sobrevenido nuevos hechos o datos de prueba que solos o unidos a los ya analizados en dicha sentencia, revelaran que los hechos de que se trata no existieron, que el sentenciado, aquí quejoso, no intervino en su comisión, que esos hechos no son punibles, o que, corresponda aplicarles una norma más favorable. Por último, en cuanto a la fracción IV, adujo el Magistrado responsable, que el sentenciado, aquí quejoso, no citó la existencia de alguna ley más favorable para aplicarle, una amnistía o un cambio en la jurisprudencia, que le fueran benéficos, y que, si bien citó algunas tesis, estas solo se refieren a los hechos de la etapa inicial de investigación. Sin que, además, el sentenciado, aquí quejoso, hubiere aportado prueba alguna para demostrar la actualización de alguna de dichas hipótesis, situación que lo hubiera facultado para solicitar la revisión de la sentencia dictada en su contra. Determinado lo anterior, el Magistrado responsable precisó que el sentenciado, aquí quejoso, cuando tenía el carácter de imputado, para acceder a un procedimiento abreviado, en principio, tuvo que llegar a un acuerdo con el Fiscal, mediante el cual: aceptaba los hechos materia de la investigación y que se desprendían de los datos de prueba y diligencias de prueba incorporados al proceso, conforme a los cuales sería juzgado (y no con pruebas posteriores), y renunciaba a su derecho a un juicio oral. Al respecto, el Magistrado responsable indicó que los datos de prueba que el recurrente, aquí quejoso, mencionó en su escrito de apelación, recabados, según él adujo, mediante violación a sus derechos humanos, corresponden a la primera etapa de investigación, de manera que, debió hacer valer tales violaciones en la audiencia inicial, sin consentir avanzar a la siguiente etapa hasta que su reclamo fuera atendido Esto, pues cada una de las etapas procesales tiene una función y, una vez que se ha agotado cada una de ellas, es jurídicamente imposible regresar a alguna, precluyendo en cada etapa concluida, su derecho a impugnar las posibles violaciones ahí cometidas, lo cual así ocurrió cuando consintió que se avanzara a otra etapa procesal, con los antecedentes de investigación con los que ya se contaba en la etapa de juicio abreviado, en la cual, a la Jueza de Control, correspondía únicamente dar trámite a esa etapa específica, pero no el estudio de posibles violaciones de derechos cometidas en etapas anteriores. Al respecto, el Magistrado responsable citó la jurisprudencia 74/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2018868, del rubro siguiente: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. No obstante, respecto de los actos de tortura de los que el recurrente, aquí quejoso, manifestó haber sido víctima, esto durante su detención, el Magistrado responsable, con fundamento en el artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público, con tales actos denunciados, para que iniciara la investigación correspondiente, a fin de determinar si se incurrió en una conducta delictiva en perjuicio del aquí quejoso. Conforme a lo anterior, el Magistrado responsable resolvió, primero, desechar de plano el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, y segundo, dar vista a la Representación Social con los actos de tortura denunciados por aquél. En relación con lo anterior, el quejoso adujo, en su demanda de amparo, que por desconocimiento del Derecho, no combatió las violaciones que se cometieron en su perjuicio, a través del amparo directo en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó, por lo que, a manera de conceptos de violación, refirió tales violaciones a sus derechos humanos que estima, se cometieron en su perjuicio durante la primera etapa de investigación, que son las mismas que refirió al momento de interponer el recurso de revisión ya mencionado. Indicado todo lo anterior, se procede a revisar, de oficio y supliendo la deficiencia de la queja, la resolución reclamada. En principio, se cita el contenido de los artículos 430 a 437 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, pues conforme a dicho ordenamiento legal se instruyó la causa penal al aquí quejoso: Artículo 430. Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando: La sentencia impugnada se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior; La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal, en lo relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme; Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o Corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado. Artículo 431. Legitimación. Podrán promover este recurso: El condenado; El cónyuge, concubina o concubinario, parientes consanguíneos o civiles dentro del tercer grado o dentro del segundo, si es de afinidad, y el heredero declarado judicialmente, si el condenado ha fallecido; y El Ministerio Público. Artículo 432. Interposición. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán las documentales. Artículo 433. Procedimiento. Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto sean aplicables. El Tribunal competente para resolver podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia. Artículo 434. Anulación. El Tribunal competente podrá anular la sentencia cuando resulte una absolución. Artículo 435. Restitución. Cuando resulte la anulación de la sentencia recurrida, se ordenará la restitución de la cantidad pagada, en concepto de pena pecuniaria y los objetos decomisados o su valor, siempre que sea posible, salvo que la anulación se base en lo señalado en la fracción IV del artículo 430. Artículo 436. Disminución de la pena. En caso de que una ley posterior disminuya la sanción aplicable por un delito, que ha sido impuesta en la sentencia recurrida, el Tribunal dictará una nueva resolución imponiendo las nuevas sanciones al sentenciado. Artículo 437. Rechazo. El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de un nuevo recurso fundado en motivos distintos. Conforme al citado artículo 431, fracción I, el sentenciado, aquí quejoso, efectivamente está legitimado para interponer el recurso de revisión, en contra de la sentencia condenatoria que le fue dictada. Ahora bien, el numeral 432 establece que dicho recurso se interpondrá por escrito, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables, así como las pruebas que se ofrecen y acompañar, en su caso, las documentales. Mientras que, el artículo 433, establece que para el trámite del recurso de revisión, regirán las reglas establecidas para el de apelación, en lo aplicable, así como que, el Tribunal competente, para resolver, podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros y podrá producir prueba, de oficio, en la audiencia. Luego, los numerales 434, 435, 436 y 437, prevén las posibles soluciones al recurso de revisión de que se trata, consistentes en la anulación de la sentencia, la restitución de la pena pecuniaria y objetos decomisados, la disminución de la pena, o bien, el rechazo de la solicitud de revisión, respectivamente, sin que esto último impida la interposición de diverso recurso fundado en motivos distintos. Por último, el numeral 430 establece los supuestos en los cuales el recurso de revisión resulta fundado, a saber: a) Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en una prueba, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme, o bien, dicha falsedad resulte evidente, aunque no exista un proceso posterior. b) Cuando la sentencia impugnada haya sido consecuencia de la comisión de los delitos de cohecho, violencia, cualquiera de los delitos previstos por el Código Penal del Estado de Chihuahua como cometidos contra el adecuado desarrollo de la justicia, o bien, de cualquier delito que implique conductas fraudulentas. En el entendido de que lo anterior, debe ser declarado en un fallo posterior a la sentencia impugnada, firme. c) Cuando sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que: - el hecho no existió, - el condenado no lo cometió, - el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable. d) Cuando corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado. Pues bien, en el caso, el Magistrado responsable, no obstante que efectivamente el sentenciado, aquí quejoso, en su escrito de revisión, no indicó a cuál de las hipótesis de las previstas en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales aplicable, se refiere, esto es, cuál de dichas hipótesis estima actualizada y hace procedente dicho recurso, a lo cual estaba obligado conforme al numeral 432 de dicho ordenamiento legal, en la resolución reclamada, analizó cada una de ellas, argumentando lo siguiente: a) En relación con la hipótesis prevista en la fracción I, indicó que del escrito en el cual se contiene el recurso de revisión, no se advierte que el aquí quejoso aduzca que la sentencia impugnada se haya basado en una prueba declarada falsa, en un fallo posterior firme, o bien, en una prueba cuya falsedad sea evidente, aunque no exista proceso posterior; lo cual es acertado, pues del análisis del escrito de interposición del mencionado recurso, no se advierte que el aquí quejoso haya fundado su impugnación en el hecho demostrado o evidente, de que una prueba en base a la cual se le dictó sentencia condenatoria, haya resultado falsa.b) En relación con la hipótesis prevista en la fracción II, indicó que el aquí quejoso, en su recurso de revisión, no adujo, de forma alguna, que la sentencia dictada en su contra haya sido motivo de las conductas ilícitas o fraudulentas mencionadas; c) En relación con la hipótesis prevista en la fracción III, el Magistrado responsable indicó que no se desprende que después de dictada la sentencia condenatoria en su contra, que nos ocupa, hayan sobrevenido hechos o datos de prueba nuevos, que solos o unidos a los ya analizados, demuestren que el aquí quejoso no intervino en la comisión de los delitos que se le atribuyeron, que los hechos analizados no son punibles o que corresponda aplicarles a estos una norma más favorable. En efecto, el quejoso en su escrito de impugnación, no refirió como fundamento de su petición, estos supuestos, y si bien aduce que los agentes captores, durante la etapa de investigación, lo torturaron, y con motivo de ello se auto inculpó en sus declaraciones, esta argumentación del aquí quejoso, así como su inoperancia, se abordarán más delante. d) Finalmente, en relación con la hipótesis prevista en la fracción IV, indicó que el quejoso no citó la existencia de alguna ley más favorable para aplicarle, una amnistía o un cambio en la jurisprudencia, que le resultare benéfico, así como que, las tesis que citó, se refieren exclusivamente a la etapa inicial de investigación; lo cual resulta acertado, pues el quejoso tampoco refirió la actualización de este supuesto en su escrito de revisión y si bien citó algunas tesis, no lo hizo con ese propósito, esto es, el de demostrar que había ocurrido un cambio normativo o de criterio jurisprudencial que le favoreciera, sino con el de apoya su propia argumentación. Ahora bien, aunado a lo anterior, para fundar y motivar su decisión, el Magistrado responsable, como ya se precisó, hizo referencia a que la sentencia condenatoria impugnada, se dictó en procedimiento abreviado, de manera que, el sentenciado, aquí quejoso, aceptó los hechos materia de la investigación que se desprendían de los datos de prueba y diligencias ahí practicadas e incorporados al proceso. En relación con lo anterior, de las constancias que remitió el Magistrado responsable, en copia certificada, que integran el toca R-16/2021, se advierte que efectivamente la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso, el doce de julio de dos mil trece, en la causa penal 1678/2013, fue dictada en procedimiento abreviado, de manera que, para ello, de conformidad con los artículos 387 y 389 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, efectivamente, el sentenciado, aquí quejoso, debió admitir de manera inequívoca, libre y espontánea, los hechos y las circunstancias que le atribuyó el agente del Ministerio Público en su escrito de acusación. De manera que, los alegatos relativos a que los datos de prueba fueron obtenidos mediante tortura e incomunicación no pueden ser atendidos en el recurso de revisión que intentó el quejoso, en tanto no reflejan un impacto procesal, pues en el procedimiento abreviado no se examinan pruebas y éstas tampoco son el fundamento de la sentencia, sino que, lo que ha tenido efectivo impacto procesal ha sido, en todo caso, la propia aceptación del imputado de ser juzgado con los hechos y medios de convicción tal como obran en la carpeta de investigación, por lo que una vez que se ha aceptado el procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada, esto es, sin coerción o tortura para su aceptación, tales aspectos se sustraen de debate, pues formaron parte de un acuerdo que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante, incluso para el juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas impuestas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XLV/2017, la cual resulta aplicable al caso por identidad de razones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 873, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2014103, del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO ABREVIADO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LOS TEMAS DE TORTURA E INCOMUNICACIÓN RESPECTO AL ORIGEN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. El procedimiento abreviado es una terminación anticipada del procedimiento que se basa en la aceptación del imputado a ser sentenciado de los hechos y medios de convicción que obran en la carpeta de investigación, para que en el caso de dictar fallo condenatorio el inculpado se haga acreedor del beneficio de la reducción de la pena. Por lo anterior, los alegatos relativos a que los datos de prueba fueron obtenidos mediante tortura e incomunicación no pueden ser atendidos en amparo directo, en tanto no reflejan un impacto procesal, pues en el procedimiento abreviado no se examinan pruebas y éstas tampoco son el fundamento de la sentencia. Lo que ha tenido efectivo impacto procesal ha sido, en todo caso, la propia aceptación del imputado de ser juzgado con los hechos y medios de convicción tal como obran en la carpeta de investigación, por lo que una vez que se ha aceptado el procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada, esto es, sin coerción o tortura para su aceptación, tales aspectos se sustraen del debate contradictorio que es inherente al juicio oral, para formar parte de un acuerdo que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante para el propio juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas impuestas. De manera que, aunque el aquí quejoso haya alegado haber sido sujeto de tortura durante la etapa de investigación, ello no es operante para actualizar alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión que promovió, previstas en el citado artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, y ello no resulta jurídicamente apto, por las razones ya expuestas, para actualizar las hipótesis de procedencia relativas a la determinación de una prueba falsa o que sea evidentemente falsa, ni a que la sentencia dictada en su contra haya sido producto de una conducta considerada como delito, pues el aquí quejoso, se insiste, al haber aceptado, en su momento, ser juzgado en procedimiento abreviado, aceptó los datos de prueba de la carpeta de investigación tal como fueron recabados y al aceptar dicho procedimiento, aceptó libre e informadamente, la acusación del Ministerio Público, sin que se advierta, de manera alguna, que el aquí quejoso haya aducido que en la aceptación del procedimiento abreviado y el acuerdo relativo, ocurrió algún vicio que haya incidido en la aceptación de lo anterior de forma libre e informada. Lo anterior sin perjuicio, claro está, de que la investigación por los hechos denunciados por el aquí quejoso, ordenada por el Magistrado responsable, siga su curso y, de ser el caso, se sancionen las conductas ilícitas que corresponda. Conforme a todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso ********************, contra la resolución del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTAURIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, LA CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 668/2021-II, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, ********************, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 22, 23 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto emitido dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictó la resolución reclamada, en el Toca R-16/2021, asimismo, remitió copia certificada de la misma. De igual forma, posteriormente, a través de oficio recibido en este Juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de todo lo actuado en el Toca R-16/2021. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que asentó su firma y el sello oficial correspondiente en la leyenda relativa. De manera que, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la resolución reclamada. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien resuelve advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis de los actos reclamados, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en favor del quejoso ********************, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues tiene el carácter de sentenciado, en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado. Pues bien, como se indicó en el considerando segundo, el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. Al respecto, de las constancias del Toca R-16/2021, se desprende que en la causa penal 1678/2013, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el doce de julio de dos mil trece, dictó sentencia condenatoria, en procedimiento abreviado, en contra del aquí quejoso, en contra de la cual, éste interpuso un primer recurso de revisión, mismo que resolvió el Tribunal Superior, el quince de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca 29/2019, desechándolo de plano. Posteriormente, mediante escrito presentado en el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, Secretaría General, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el aquí quejoso interpuso nuevamente recurso de revisión en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó, el cual fue resuelto por el Magistrado responsable, mediante la resolución aquí reclamada, ya descrita. Al interponer el recurso de revisión contra la sentencia condenatoria que le fue dictada en la causa penal 1678/2013, el aquí quejoso adujo lo siguiente -argumentos que se exponen en el orden en que los formuló el recurrente-: 1.- Que fue detenido el trece de septiembre de dos mil once, a las doce horas, por elementos de la Policía Municipal, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación 2309-22896/2011, el mismo día, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. 2.- Que de las declaraciones de las víctimas, se desprende que los hechos ocurrieron el nueve de septiembre de dos mil once, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos. 3.- Que él fue presentado ante el agente del Ministerio Público, el trece de septiembre de dos mil once y fue reconocido por las víctimas como una de las personas que las agredió, esto por medio de fotografías. 4.- Que el agente del Ministerio Público hizo constar que el aquí quejoso se puso a su disposición, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, del trece de septiembre de dos mil once; que la investigación se inició el diez de septiembre de dos mil once, con motivo de la denuncia de las víctimas; que la detención ocurrió el trece de septiembre de dos mil once, a las doce horas, afuera del domicilio de uno de los co-acusados, no en flagrancia, como se afirma en el parte informativo. 5.- De manera que no era válido afirmar, conforme a los lineamientos relativos previstos en el artículo 16 Constitucional, que se le detuvo en flagrancia delictiva. Además, que si fue detenido a las doce horas del trece de septiembre de dos mil once y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese día, no se respetó la inmediatez con la que debió ser puesto a disposición de la Representación Social y en cambio, existió una retención prolongada injustificada por parte de los elementos policiacos aprehensores, lo que fue ilegal, puesto que entre uno y otro evento transcurrieron once horas con cincuenta y nueve minutos, lapso que no se justificó. No obstante, indica, el Juez de Control calificó de legal la detención y la ratificó. De manera que, se actualiza un "efecto corruptor del proceso", consistente en que, las diligencias llevadas a cabo durante la carpeta de investigación, están afectadas, también, de ilegalidad. 6.- Que su probable responsabilidad se acreditó con los medios de convicción aportados hasta ese momento y que constan en la carpeta de investigación, esto es: - parte informativo que elaboraron los elementos aprehensores de la Policía Municipal, así como su ratificación ante la Representación Social, - las declaraciones de las víctimas, - serie fotográfica de los detenidos, - inspección de objetos, - examen de integridad física, - dictamen forense en dactiloscopia, - declaraciones ministeriales de los inculpados, - dictamen de representación gráfica, - declaraciones preparatorias de los detenidos, así como sus ampliaciones de declaración. Datos de prueba que valorados como indicios y concatenados entre sí, fueron estimados aptos y suficientes para dictar en su contra auto de vinculación a proceso por los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa, no obstante, resultan ilegales. Mismos elementos de prueba, además de las ampliaciones de declaración de las víctimas, que fueron valorados y concatenados, de igual forma, para dictar en su contra sentencia condenatoria, confirmada por el Tribunal de Alzada. 7.- Que en la etapa de investigación ocurrieron diversas violaciones a sus derechos fundamentales, como: - la retención prolongada e ilegal de la que fue objeto, - la ausencia de una defensa adecuada, pues el defensor le fue nombrado de forma tardía, - la exposición de los hechos ante los medios de comunicación, con lo cual se anuló su derecho a la presunción de inocencia, y - la valoración parcial de las diligencias ahí desahogadas. Todo lo cual, contribuye a la generación del mencionado efecto corruptor del proceso. 8.- Aunado a lo anterior, el aquí quejoso adujo que fue incomunicado y torturado por los agentes aprehensores, como método de investigación para encontrar "la verdad" de los hechos; sin que el agente del Ministerio Público, ni las autoridades jurisdiccionales, hubieran activado el Protocolo de Estambul, a pesar de que en el examen médico que se le practicó durante la etapa primera de investigación, se asentó que se localizaron huellas de tortura. Por lo cual, debe ordenarse su inmediata libertad, ya que el hecho de haber compurgado nueve años y siete meses (en ese momento) de prisión (se entiende, sin un acto jurídico válido), sin que la sentencia condenatoria dictada en su contra hubiese sido válida, por el efecto corruptor que aduce, también constituye un sufrimiento y tortura. 9.- De manera que, estima el quejoso, debe reponerse el procedimiento, pues la Sala Penal Regional, le otorgó valor probatorio a su declaración (confesión), la cual fue obtenida bajo tortura, asimismo, insiste, los demás elementos de prueba, debido al efecto corruptor del proceso que aduce, son ilegales. 10.- Finalmente, indica el aquí quejoso, que no pretende que se realice una nueva valoración de los medios de convicción señalados, sino que se consideren los argumentos antes expuestos para demostrar la ineficacia de dichos elementos de prueba, que fueron tomados en cuenta para dictar en su contra sentencia condenatoria, precisando que en relación con las declaraciones de las víctimas (que fueron los elementos de prueba novedosos), estas fueron recabadas vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.Ahora bien, en la resolución reclamada, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca R-16/2021, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en relación con el recurso de revisión que interpuso el sentenciado, aquí quejoso ********************, contra la sentencia dictada en el juicio abreviado, dentro de la causa penal 1678/2013, el doce de julio de dos mil trece, dicha autoridad responsable argumentó lo siguiente:En principio, estableció que si bien de conformidad con los artículos 399, fracción IV, 400 y 431, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, el sentenciado, aquí quejoso, está legitimado para impugnar la sentencia dictada en su contra; de acuerdo a los diversos numerales 417 y 433 del mismo ordenamiento legal, el recurso interpuesto, no es admisible.Lo anterior, pues el recurrente, aquí quejoso, fundamentó su petición, en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, que establece lo siguiente: Artículo 430. Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando:I. La sentencia impugnada se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior;II. La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal, en lo relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme; III. Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o IV. Corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado.Sin embargo, el recurrente, aquí quejoso, en su escrito de revisión, no mencionó en cuál de las hipótesis contenidas en dicho numeral encuadra su petición, sino que únicamente citó dicho precepto, transcribió las declaraciones de las víctimas y puntualizó que los hechos ocurrieron el nueve de septiembre de dos mil once, que él fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el trece de agosto de dos mil once, a las doce horas, detención que se prolongó hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, cuando fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, de lo cual, adujo el aquí quejoso, se desprende que: Su detención no fue en flagrancia, Que su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público no fue inmediata, Que durante ese lapso estuvo incomunicado y sufrió tortura por parte de los elementos captores, Que su autoincriminación trasgredió la presunción de inocencia, Que la actuación de los agentes policiacos repercutió en los datos recabados por el Ministerio Público, mismos que, de acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, se tornaban ilegales y por lo tanto ineficaces para que la Jueza de Control decretara, en la resolución de procedimiento abreviado, la existencia de los delitos de violación y homicidio en grado de tentativa, así como su responsabilidad penal en la comisión de los mismos. De manera que, por todo lo anterior, expresó que considera que debe emitirse una nueva sentencia en la que se le conceda el reconocimiento de inocencia, lo que implica su inmediata libertad. Ahora bien, el Magistrado responsable indicó que debido a que el recurrente, aquí quejoso, no especificó en cuál de las hipótesis del artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, se fundamenta su recurso de revisión, debía analizar, de forma oficiosa, la posible actualización de cada una de ellas. Al respecto, por lo que hace a la prevista en la fracción I, adujo que del ocurso que contiene el recurso de revisión, no se advierte que la sentencia impugnada se haya basado en una prueba declarada falsa en un fallo posterior firme, o bien, en una prueba cuya falsedad sea evidente aunque no exista un proceso posterior. En relación con la hipótesis prevista en la fracción II, el Magistrado responsable estimó que de forma alguna, el reclamo del sentenciado, aquí quejoso, se refiere a que la decisión emitida en el procedimiento abreviado, haya sido consecuencia de cohecho, violencia, conductas fraudulentas o alguna de las previstas en el Título Décimo Noveno del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, así declarado en sentencia firme posterior. En cuanto a la hipótesis contenida en la fracción III, afirmó que tampoco se desprende que después de dictada la sentencia en su contra, hayan sobrevenido nuevos hechos o datos de prueba que solos o unidos a los ya analizados en dicha sentencia, revelaran que los hechos de que se trata no existieron, que el sentenciado, aquí quejoso, no intervino en su comisión, que esos hechos no son punibles, o que, corresponda aplicarles una norma más favorable. Por último, en cuanto a la fracción IV, adujo el Magistrado responsable, que el sentenciado, aquí quejoso, no citó la existencia de alguna ley más favorable para aplicarle, una amnistía o un cambio en la jurisprudencia, que le fueran benéficos, y que, si bien citó algunas tesis, estas solo se refieren a los hechos de la etapa inicial de investigación. Sin que, además, el sentenciado, aquí quejoso, hubiere aportado prueba alguna para demostrar la actualización de alguna de dichas hipótesis, situación que lo hubiera facultado para solicitar la revisión de la sentencia dictada en su contra. Determinado lo anterior, el Magistrado responsable precisó que el sentenciado, aquí quejoso, cuando tenía el carácter de imputado, para acceder a un procedimiento abreviado, en principio, tuvo que llegar a un acuerdo con el Fiscal, mediante el cual: aceptaba los hechos materia de la investigación y que se desprendían de los datos de prueba y diligencias de prueba incorporados al proceso, conforme a los cuales sería juzgado (y no con pruebas posteriores), y renunciaba a su derecho a un juicio oral. Al respecto, el Magistrado responsable indicó que los datos de prueba que el recurrente, aquí quejoso, mencionó en su escrito de apelación, recabados, según él adujo, mediante violación a sus derechos humanos, corresponden a la primera etapa de investigación, de manera que, debió hacer valer tales violaciones en la audiencia inicial, sin consentir avanzar a la siguiente etapa hasta que su reclamo fuera atendido Esto, pues cada una de las etapas procesales tiene una función y, una vez que se ha agotado cada una de ellas, es jurídicamente imposible regresar a alguna, precluyendo en cada etapa concluida, su derecho a impugnar las posibles violaciones ahí cometidas, lo cual así ocurrió cuando consintió que se avanzara a otra etapa procesal, con los antecedentes de investigación con los que ya se contaba en la etapa de juicio abreviado, en la cual, a la Jueza de Control, correspondía únicamente dar trámite a esa etapa específica, pero no el estudio de posibles violaciones de derechos cometidas en etapas anteriores. Al respecto, el Magistrado responsable citó la jurisprudencia 74/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2018868, del rubro siguiente: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. No obstante, respecto de los actos de tortura de los que el recurrente, aquí quejoso, manifestó haber sido víctima, esto durante su detención, el Magistrado responsable, con fundamento en el artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público, con tales actos denunciados, para que iniciara la investigación correspondiente, a fin de determinar si se incurrió en una conducta delictiva en perjuicio del aquí quejoso. Conforme a lo anterior, el Magistrado responsable resolvió, primero, desechar de plano el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, y segundo, dar vista a la Representación Social con los actos de tortura denunciados por aquél. En relación con lo anterior, el quejoso adujo, en su demanda de amparo, que por desconocimiento del Derecho, no combatió las violaciones que se cometieron en su perjuicio, a través del amparo directo en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó, por lo que, a manera de conceptos de violación, refirió tales violaciones a sus derechos humanos que estima, se cometieron en su perjuicio durante la primera etapa de investigación, que son las mismas que refirió al momento de interponer el recurso de revisión ya mencionado. Indicado todo lo anterior, se procede a revisar, de oficio y supliendo la deficiencia de la queja, la resolución reclamada. En principio, se cita el contenido de los artículos 430 a 437 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, pues conforme a dicho ordenamiento legal se instruyó la causa penal al aquí quejoso: Artículo 430. Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando: La sentencia impugnada se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior; La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refiere el Código Penal, en lo relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme; Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o Corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado. Artículo 431. Legitimación. Podrán promover este recurso: El condenado; El cónyuge, concubina o concubinario, parientes consanguíneos o civiles dentro del tercer grado o dentro del segundo, si es de afinidad, y el heredero declarado judicialmente, si el condenado ha fallecido; y El Ministerio Público. Artículo 432. Interposición. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán las documentales. Artículo 433. Procedimiento. Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto sean aplicables. El Tribunal competente para resolver podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia. Artículo 434. Anulación. El Tribunal competente podrá anular la sentencia cuando resulte una absolución. Artículo 435. Restitución. Cuando resulte la anulación de la sentencia recurrida, se ordenará la restitución de la cantidad pagada, en concepto de pena pecuniaria y los objetos decomisados o su valor, siempre que sea posible, salvo que la anulación se base en lo señalado en la fracción IV del artículo 430. Artículo 436. Disminución de la pena. En caso de que una ley posterior disminuya la sanción aplicable por un delito, que ha sido impuesta en la sentencia recurrida, el Tribunal dictará una nueva resolución imponiendo las nuevas sanciones al sentenciado. Artículo 437. Rechazo. El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de un nuevo recurso fundado en motivos distintos. Conforme al citado artículo 431, fracción I, el sentenciado, aquí quejoso, efectivamente está legitimado para interponer el recurso de revisión, en contra de la sentencia condenatoria que le fue dictada. Ahora bien, el numeral 432 establece que dicho recurso se interpondrá por escrito, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables, así como las pruebas que se ofrecen y acompañar, en su caso, las documentales. Mientras que, el artículo 433, establece que para el trámite del recurso de revisión, regirán las reglas establecidas para el de apelación, en lo aplicable, así como que, el Tribunal competente, para resolver, podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros y podrá producir prueba, de oficio, en la audiencia. Luego, los numerales 434, 435, 436 y 437, prevén las posibles soluciones al recurso de revisión de que se trata, consistentes en la anulación de la sentencia, la restitución de la pena pecuniaria y objetos decomisados, la disminución de la pena, o bien, el rechazo de la solicitud de revisión, respectivamente, sin que esto último impida la interposición de diverso recurso fundado en motivos distintos. Por último, el numeral 430 establece los supuestos en los cuales el recurso de revisión resulta fundado, a saber: a) Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en una prueba, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme, o bien, dicha falsedad resulte evidente, aunque no exista un proceso posterior. b) Cuando la sentencia impugnada haya sido consecuencia de la comisión de los delitos de cohecho, violencia, cualquiera de los delitos previstos por el Código Penal del Estado de Chihuahua como cometidos contra el adecuado desarrollo de la justicia, o bien, de cualquier delito que implique conductas fraudulentas. En el entendido de que lo anterior, debe ser declarado en un fallo posterior a la sentencia impugnada, firme. c) Cuando sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que: - el hecho no existió, - el condenado no lo cometió, - el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable. d) Cuando corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado. Pues bien, en el caso, el Magistrado responsable, no obstante que efectivamente el sentenciado, aquí quejoso, en su escrito de revisión, no indicó a cuál de las hipótesis de las previstas en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales aplicable, se refiere, esto es, cuál de dichas hipótesis estima actualizada y hace procedente dicho recurso, a lo cual estaba obligado conforme al numeral 432 de dicho ordenamiento legal, en la resolución reclamada, analizó cada una de ellas, argumentando lo siguiente: a) En relación con la hipótesis prevista en la fracción I, indicó que del escrito en el cual se contiene el recurso de revisión, no se advierte que el aquí quejoso aduzca que la sentencia impugnada se haya basado en una prueba declarada falsa, en un fallo posterior firme, o bien, en una prueba cuya falsedad sea evidente, aunque no exista proceso posterior; lo cual es acertado, pues del análisis del escrito de interposición del mencionado recurso, no se advierte que el aquí quejoso haya fundado su impugnación en el hecho demostrado o evidente, de que una prueba en base a la cual se le dictó sentencia condenatoria, haya resultado falsa.b) En relación con la hipótesis prevista en la fracción II, indicó que el aquí quejoso, en su recurso de revisión, no adujo, de forma alguna, que la sentencia dictada en su contra haya sido motivo de las conductas ilícitas o fraudulentas mencionadas; c) En relación con la hipótesis prevista en la fracción III, el Magistrado responsable indicó que no se desprende que después de dictada la sentencia condenatoria en su contra, que nos ocupa, hayan sobrevenido hechos o datos de prueba nuevos, que solos o unidos a los ya analizados, demuestren que el aquí quejoso no intervino en la comisión de los delitos que se le atribuyeron, que los hechos analizados no son punibles o que corresponda aplicarles a estos una norma más favorable. En efecto, el quejoso en su escrito de impugnación, no refirió como fundamento de su petición, estos supuestos, y si bien aduce que los agentes captores, durante la etapa de investigación, lo torturaron, y con motivo de ello se auto inculpó en sus declaraciones, esta argumentación del aquí quejoso, así como su inoperancia, se abordarán más delante. d) Finalmente, en relación con la hipótesis prevista en la fracción IV, indicó que el quejoso no citó la existencia de alguna ley más favorable para aplicarle, una amnistía o un cambio en la jurisprudencia, que le resultare benéfico, así como que, las tesis que citó, se refieren exclusivamente a la etapa inicial de investigación; lo cual resulta acertado, pues el quejoso tampoco refirió la actualización de este supuesto en su escrito de revisión y si bien citó algunas tesis, no lo hizo con ese propósito, esto es, el de demostrar que había ocurrido un cambio normativo o de criterio jurisprudencial que le favoreciera, sino con el de apoya su propia argumentación. Ahora bien, aunado a lo anterior, para fundar y motivar su decisión, el Magistrado responsable, como ya se precisó, hizo referencia a que la sentencia condenatoria impugnada, se dictó en procedimiento abreviado, de manera que, el sentenciado, aquí quejoso, aceptó los hechos materia de la investigación que se desprendían de los datos de prueba y diligencias ahí practicadas e incorporados al proceso. En relación con lo anterior, de las constancias que remitió el Magistrado responsable, en copia certificada, que integran el toca R-16/2021, se advierte que efectivamente la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso, el doce de julio de dos mil trece, en la causa penal 1678/2013, fue dictada en procedimiento abreviado, de manera que, para ello, de conformidad con los artículos 387 y 389 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable, efectivamente, el sentenciado, aquí quejoso, debió admitir de manera inequívoca, libre y espontánea, los hechos y las circunstancias que le atribuyó el agente del Ministerio Público en su escrito de acusación. De manera que, los alegatos relativos a que los datos de prueba fueron obtenidos mediante tortura e incomunicación no pueden ser atendidos en el recurso de revisión que intentó el quejoso, en tanto no reflejan un impacto procesal, pues en el procedimiento abreviado no se examinan pruebas y éstas tampoco son el fundamento de la sentencia, sino que, lo que ha tenido efectivo impacto procesal ha sido, en todo caso, la propia aceptación del imputado de ser juzgado con los hechos y medios de convicción tal como obran en la carpeta de investigación, por lo que una vez que se ha aceptado el procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada, esto es, sin coerción o tortura para su aceptación, tales aspectos se sustraen de debate, pues formaron parte de un acuerdo que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante, incluso para el juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas impuestas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XLV/2017, la cual resulta aplicable al caso por identidad de razones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 873, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2014103, del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO ABREVIADO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LOS TEMAS DE TORTURA E INCOMUNICACIÓN RESPECTO AL ORIGEN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. El procedimiento abreviado es una terminación anticipada del procedimiento que se basa en la aceptación del imputado a ser sentenciado de los hechos y medios de convicción que obran en la carpeta de investigación, para que en el caso de dictar fallo condenatorio el inculpado se haga acreedor del beneficio de la reducción de la pena. Por lo anterior, los alegatos relativos a que los datos de prueba fueron obtenidos mediante tortura e incomunicación no pueden ser atendidos en amparo directo, en tanto no reflejan un impacto procesal, pues en el procedimiento abreviado no se examinan pruebas y éstas tampoco son el fundamento de la sentencia. Lo que ha tenido efectivo impacto procesal ha sido, en todo caso, la propia aceptación del imputado de ser juzgado con los hechos y medios de convicción tal como obran en la carpeta de investigación, por lo que una vez que se ha aceptado el procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada, esto es, sin coerción o tortura para su aceptación, tales aspectos se sustraen del debate contradictorio que es inherente al juicio oral, para formar parte de un acuerdo que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante para el propio juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas impuestas. De manera que, aunque el aquí quejoso haya alegado haber sido sujeto de tortura durante la etapa de investigación, ello no es operante para actualizar alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión que promovió, previstas en el citado artículo 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, y ello no resulta jurídicamente apto, por las razones ya expuestas, para actualizar las hipótesis de procedencia relativas a la determinación de una prueba falsa o que sea evidentemente falsa, ni a que la sentencia dictada en su contra haya sido producto de una conducta considerada como delito, pues el aquí quejoso, se insiste, al haber aceptado, en su momento, ser juzgado en procedimiento abreviado, aceptó los datos de prueba de la carpeta de investigación tal como fueron recabados y al aceptar dicho procedimiento, aceptó libre e informadamente, la acusación del Ministerio Público, sin que se advierta, de manera alguna, que el aquí quejoso haya aducido que en la aceptación del procedimiento abreviado y el acuerdo relativo, ocurrió algún vicio que haya incidido en la aceptación de lo anterior de forma libre e informada. Lo anterior sin perjuicio, claro está, de que la investigación por los hechos denunciados por el aquí quejoso, ordenada por el Magistrado responsable, siga su curso y, de ser el caso, se sancionen las conductas ilícitas que corresponda. Conforme a todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso ********************, contra la resolución del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca R-16/2021, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia condenatoria que se dictó en procedimiento abreviado, en la causa penal 1678/2013, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación agravada y homicidio en grado de tentativa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el día de hoy está señalado para llevar a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, se advierte que en este juicio de amparo se reclama la resolución de treinta y uno de agosto del año en curso, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el toca R **********/2021, mediante la cual desechó de plano el recurso de revisión que interpuso el quejoso, en contra de la sentencia dictada en su contra, en el juicio abreviado, dentro de la causa penal **********/2011, el doce de julio de dos mil trece. Al respecto, del artículo 433 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, se desprende que el recurso de revisión que prevé el diverso numeral 430 del propio ordenamiento legal, se rige conforme a las reglas de la apelación, en lo conducente, que el Tribunal competente, podrá sustanciar el recurso de revisión disponiendo de todas las indagaciones y diligencias preparatorias que considere útiles, así como que el Tribunal podrá producir prueba de oficio en la audiencia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Magistrado responsable para que en un término de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de todo lo actuado en el toca R-16/2021 y copia certificada de la audiencia que, en su caso, se haya celebrado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable no requerida, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese en lista y por oficio a la autoridad responsable requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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