Baldemar Antonio Sánchez Reveles
Expediente 597/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Baldemar Antonio Sánchez Reveles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de trece de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se sobreseyó en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente se sobreseyó en el presente asunto, por lo que es susceptible de destrucción, por lo tanto, una vez que transcurran seis meses transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción IV del numeral vigesimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, tal como lo disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de octubre de dos mil quince. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez y Verificador, Notificador y Ejecutor, adscrito a dicha administración; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales públicas que exhiben como anexo. En relación con la instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrecen, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En ese orden, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades señalando domicilio y designando delegados a las personas que mencionan en sus informes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el día de hoy, se tuvieron por recibidos los informes con justificación de las autoridades citadas con antelación. Por lo tanto, dichos informes no se agregaron con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, tal como lo exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por lo que existe imposibilidad jurídica para celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, a fin de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de cuenta y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil quince. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 597/2015-IV, promovido por ***************, contra actos del Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de la demanda.- Por auto de veintiséis de agosto de dos mil quince, se tuvo a Baldemar Antonio Sánchez Reveles, promoviendo demanda de amparo con incidente de suspensión contra actos del Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes les reclamó, respectivamente, lo siguiente: 1. La falta de emplazamiento al expediente SAT 322-14-07-2015 y la orden de remate dictada en dicho expediente. 2. La pretensión de ejecutar en su contra el remate ordenado en el expediente SAT 322-14-07-2015. SEGUNDO.- Tramitación del Incidente de Suspensión.- Se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al expediente SAT 322-14-07-2015, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente se niega la suspensión definitiva que el quejoso solicitó respecto del acto reclamado a dichas autoridades. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO.- Existencia de los actos reclamados. El Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua, aceptaron la existencia del acto reclamado, consistente en la pretensión de ejecutar en contra del quejoso el remate ordenado en el expediente SAT 322-14-07-2015. TERCERO.- Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados al Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez y al Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, consisten, respectivamente, en lo siguiente: 1. La falta de emplazamiento al expediente SAT 322-14-07-2015 y la orden de remate dictada en dicho expediente. 2. La pretensión de ejecutar en su contra el remate ordenado en el expediente SAT 322-14-07-2015. Precisado lo anterior, se tiene que el quejoso únicamente exhibió el citatorio a su nombre, que emitió la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez. Determinado lo anterior, se tiene que en el caso no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no demostró, ni aun indiciariamente, que con la ejecución del remate dictado en su contra, se vulneran sus derechos subjetivos, como propietario o poseedor de dicho bien, ya que no aportó medio de convicción alguno del que se desprenda, por lo menos presuntivamente, que ejerce sobre el mismo algún derecho sin que tal extremo se demuestre con el documento que exhibió, pues con el mismo únicamente se desprende la notificación de un crédito fiscal que el quejoso tiene ante la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez. Por lo tanto, conforme al artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado determina negar la suspensión definitiva al quejoso. En apoyo a lo anterior, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 96/97, publicada en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197239, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, en relación a las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil quince. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio de amparo 597/2015-IV; ya que fue solicitado por la quejosa, tramítese el incidente de suspensión respectivo. Por ende, con fundamento en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Luego, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas con veinte minutos del uno de octubre de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo y con copia de la demanda, pídase a las autoridades responsables informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al que reciban el oficio de notificación relativo; luego, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase a las autoridades responsables informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al que reciba el oficio de notificación relativo; en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado; además si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien días de salario mínimo general en el Distrito Federal, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa por $2,103.00 (dos mil ciento tres pesos 00/100), equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los referidos artículos 251, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la parte quejosa ofrece como prueba, la documental consistente en citatorio de veinticuatro de agosto de dos mil quince, a nombre del quejoso emitido por la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez; la cual se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la legislación en cita. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Luego, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscrito al licenciado ****, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la legislación en comento. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciado Armando Guadarrama Bautista, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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