Aydil Yeverino Ruiz

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Aydil Yeverino Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto ********************/2023-VII, promovido por ********************, en carácter de apoderado de la quejosa********************, se procede a revisar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto: C O N S I D E R A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este juzgado, se recibió la demanda promovida por ********************, en carácter de apoderado de la quejosa********************, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los siguientes actos y autoridades: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo configura la dilación excesiva en proceder con el dictado de la resolución o laudo, del expediente laboral No******************** del índice administrativo de la responsable, en flagrante violación al derecho humano de suministro de justicia, en los plazos y términos que señala la ley de la materia en su artículos 885, 886 Y demás relativos y aplicables, y los consagrados en los cardinales 10 y 17, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Segundo. Concesión de amparo. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, e integrado que fue el juicio, y celebrada la audiencia constitucional el once de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en los siguientes términos: [.] Emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ********************, a fin de que dé por terminada la controversia laboral planteada por la quejosa ante su potestad, y dentro del término establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo haga del conocimiento de este Juzgado. [.] Tercero. Requerimiento y cumplimiento. Por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia, sin que fuese necesario requerir el cumplimiento de la misma, pues mediante oficio de trece de septiembre del presente año, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, remitió el laudo emitido en la misma fecha, en el expediente ******************** de su índice, del cual se dio vista a la quejosa por auto de tres de octubre del presente año, notificado el cinco del mismo mes y año. Cuarto. Vista a las partes. De conformidad con en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en auto de tres de octubre del año en curso, se dio vista por tres días a la parte quejosa con las constancias descritas en el apartado anterior; apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hubiere hecho manifestación en el plazo concedido. Quinto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a la quejosa y los actos realizados para dar cumplimiento a la sentencia, se colige que se dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues la citada autoridad exactora, remitió el laudo emitido en la misma fecha, en el expediente ******************** de su índice, conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la quejosa el goce de los derechos que se estimaron transgredidos en su esfera jurídica, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ********************/2023, ha quedado cumplida. Notifíquese en lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables correspondientes, haciéndoles saber que, en caso de no estar conformes con la presente resolución, podrán actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que, en la sentencia de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de acuerdo con sus facultades, la autoridad responsable, realice lo siguiente: - Emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ********************, a fin de que dé por terminada la controversia laboral planteada por la quejosa ante su potestad, y dentro del término establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo haga del conocimiento de este Juzgado. En el mismo orden, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para lo cual remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el trece de septiembre de dos mil veintitrés en el expediente ******************** de su índice. Por tanto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias enviadas por la autoridad responsable, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida de que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia se encuentra cumplida, o no, en términos del artículo referido en el párrafo que antecede. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ****. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con el que informa las gestiones tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada por esta juzgadora el once de septiembre pasado, de lo que toma conocimiento este juzgado federal. Sin embargo, se acordará lo conducente una vez que transcurra el término establecido y cause ejecutoria la sentencia dictada en autos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma ******************, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ******************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 768/2023-VII, promovido por ***, a través de su apoderado Javier Antonio Carnero Hernández contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el mismo día, ***, en representación de ***, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo configura la dilación excesiva en proceder con el dictado de la resolución o laudo, del expediente laboral No. 3/19/2994 del índice administrativo de la responsable, en flagrante violación al derecho humano de suministro de justicia, en los plazos y términos que señala la ley de la materia en su artículos 885, 886 Y demás relativos y aplicables, y los consagrados en los cardinales 10 y 17, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el consecutivo 768/2023-VII, y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 3/19/2994 de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 25). Se corrobora lo anterior, con la copia certificada del auto de once de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 3/19/2994, que adjuntó dicha autoridad responsable; constancias que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a que esta juzgadora no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que se hacen valer, pues la falta de transcripción ningún perjuicio ocasiona a la parte quejosa, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación planteado es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. En este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el accionante del amparo, es la trabajadora en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 158/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 359, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010624, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. La quejosa reclama a la junta responsable la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 3/19/2994, no obstante que desde el once de julio de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, para efecto de proyectar la resolución correspondiente, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta fundado dicho concepto de violación, por lo siguiente. Del contenido del artículo 17 constitucional, se desprende que la garantía de administración de justicia, que contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Así lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, contemplan los plazos para la formulación y aprobación del laudo respectivo, mismos que son del contenido siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "ARTÍCULO 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el Secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. "ARTÍCULO 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "ARTÍCULO 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado del laudo, el legislador impuso a la Juntas de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: a) Diez días, contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; b) Cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que considere convenientes; c) Ocho días más para su desahogo, en su caso; d) Diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado, y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. De lo anterior, se aprecia que la junta laboral debe dictar el laudo en el juicio de origen, dentro del plazo de veinticinco o treinta y tres días (según si existen o no pruebas pendientes por desahogar), contados a partir de que se declare cerrado el periodo de instrucción del juicio laboral. De ahí que, si de las constancias del expediente laboral 3/19/2994, se aprecia que se dictó el acuerdo de cerrada instrucción el once de julio de dos mil veintitrés, quedando el asunto para la elaboración de la resolución correspondiente, sin que se emitiera el laudo en dicha controversia laboral. Entonces, se evidencia que la junta responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen las normas constitucional y secundaria citadas, pues a la fecha de emisión de la presente sentencia transcurrió el plazo de veinticinco o treinta y tres días, para el dictado del laudo, con lo que vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir el laudo respectivo, en el expediente 3/19/2994 de su índice. Pues, al transcurrir en exceso el plazo previsto en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 226, registro 182160, de rubro y texto siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la junta laboral responsable al rendir el informe justificado, en el sentido de que no se ha dictado el laudo, debido a las cargas laborales; éste, no es un motivo legal, toda vez que las Juntas responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado el dictado del laudo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Novena Época, Materia Laboral, registro 177266, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." En consecuencia, al existir la omisión señalada en perjuicio de la agraviada, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para efecto de acuerdo con sus facultades, la autoridad responsable, realice lo siguiente: Emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 3/19/2994, a fin de que dé por terminada la controversia laboral planteada por la quejosa ante su potestad, y dentro del término establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo haga del conocimiento de este Juzgado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ***. Doy fe.

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