Baba Ahmed Cheik Ahmed
Expediente 818/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- El Hacen Abdellahi
- Baba Ahmed Cheik Ahmed
- BABA AHMED CHEIK AHMED y Otros.
- Saadna Ahmed Deina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de los autos dictados el diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal, no obstante de haberse sobreseído, es clasificado como conservable, tomando en consideración que en auto dictado el de doce de julio de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano a favor del quejoso. Lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1 , así como con el décimo considerando2 y el artículo noveno transitorio3 , ambos del citado Acuerdo General en vigor, los cuales establecen respectivamente que, al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables, y lo dispuesto en el Manual vigente será aplicable, hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda conservable, que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de Érik González González, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de los expedientes administrativos migratorios iniciados en contra de los quejosos ******************** y ********************, entre otros. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable oficiante autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, distintas a aquellas que ya fueron autorizadas para tales efectos por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés; y, por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que deberá estarse a lo acordado en este último proveído. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda, los quejosos ******************** y ********************, señalaron como actos reclamados en el presente juicio, los siguientes: La privación de libertad. Deportación o expulsión. Traslado a diversa entidad federativa. Incomunicación. Y toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable, resulta evidente que desde el doce de julio de dos mil veintitrés, se autorizó a los quejosos ******************** y ********************, el otorgamiento de la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; ya que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los particulares; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que al oficio de cuenta se adjuntó copia certificada de los oficios ******************** y********************, de fecha doce de julio de dos mil veintitrés; es decir, al mismo día a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, las autoridades señaladas como responsables otorgaron a los quejosos ******************** y ********************, la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos ******************** y ********************, en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento por estos últimos, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio respecto de los quejosos ******************** y ********************, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas en su favor, así como la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la impresión del mensaje recibido en la cuenta de correo electrónico institucional de este Juzgado, que remite el Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de los expedientes administrativos migratorios iniciados en contra de los quejosos ******************** y ********************, entre otros. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Sobreseimiento parcial fuera de audiencia. Ahora, tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda, los quejosos ******************** y ********************, señalaron como actos reclamados en el presente juicio, los siguientes: La privación de libertad. Deportación o expulsión. Traslado a diversa entidad federativa. Incomunicación. Y toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable, resulta evidente que desde el doce de julio de dos mil veintitrés, se autorizó a los quejosos ******************** y ********************, el otorgamiento de la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; ya que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los particulares; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que al oficio de cuenta se adjuntó copia certificada de los oficios ******************** y********************, de fecha doce de julio de dos mil veintitrés; es decir, al mismo día a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, las autoridades señaladas como responsables otorgaron a los quejosos ******************** y ********************, la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos ******************** y ********************, en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento por estos últimos, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, únicamente respecto a los quejosos ******************** y ********************, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas en su favor. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Requerimiento. Ahora, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no ha informado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en favor de los quejosos ******************** y ********************, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada autoridad migratoria, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano respecto a los citados quejosos; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de los expedientes administrativos migratorios iniciados en contra de los quejosos (1) ********************, (2) ********************, (3) ********************, (4) ********************, (5) ********************, (6) ********************, (7) ********************, y (8) ********************. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, y señalando como domicilio para los mismos efectos el que indica. Sobreseimiento parcial fuera de audiencia. En otro orden, tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda, los quejosos (3) ********************, (4) ********************, (7) ******************** y (8) ******************** señalaron como actos reclamados en el presente juicio, los siguientes: La privación de libertad. Deportación o expulsión. Traslado a diversa entidad federativa. Incomunicación. Y toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable, resulta evidente que desde el doce de julio de dos mil veintitrés, se autorizó a los quejosos (3) ********************, (4) ********************, (7) ******************** y (8) ********************, el otorgamiento de la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; ya que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los particulares; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que al oficio de cuenta se adjuntó copia certificada de los oficios ********************,********************,******************** y ********************, de fecha doce de julio de dos mil veintitrés; es decir, al mismo día a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, las autoridades señaladas como responsables otorgaron a los quejosos (3) ********************, (4) ********************, (7) ******************** y (8) ********************, la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos (3) ********************, (4) ********************, (7) ******************** y (8) ********************, en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los señalados quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento por estos últimos, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, únicamente respecto a los quejosos (3) ********************, (4) ********************, (7) ******************** y (8) ********************, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas a su favor. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Requerimiento. Ahora, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la autoridad responsable Encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, otorgado en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que informara sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en favor de los quejosos (1) ********************, (2) ********************, (5) ******************** y (6) ********************, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada autoridad migratoria, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano respecto a los citados quejosos; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Notifíquese personalmente.
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