Bakhriev Bekmirzo Bekzot Ugli

Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
591/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Bakhriev Bekmirzo Bekzot Ugli
  • Ubaydullaev Zarruh Bakhtiyorovich
  • (Promovente) Juan Carlos Martinez Flores
  • BAKHRIEV BEKMIRZO BEKZOT UGLI y Otros.
  • UBAYDULLAEV ZARRUH BAKHTIYOROVICH y Otros.
  • Secretaria de Gobernación. Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que en el expediente principal no obstante de que se decretó el sobreseimiento, es conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con lo establecido en el décimo considerando y el artículo noveno transitorio, estos últimos del citado Acuerdo General, los cuales establecen respectivamente que al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables y que lo dispuesto en el Manual referido será aplicable hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************y********************contra actos de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, los quejosos ********************y********************solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que en su denominación correcta son las siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad de México Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad Titular y/o Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad Jefe del Albergue Temporal Tijuana, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad ACTO RECLAMADO. "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- LA ORDEN Y EJECCUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAÍS EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS. b).- LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL RETENCIÓN Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS. c) EL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LOS HOY QUEJOSOS CONFORME AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. d) LA INCOMUNICACIÓN DE LOS HOY QUEJOSOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. e) EL DERECHO HUMANO A UNA DEBIDA Y ADECUADA DEFENSA QUE TIENEN LOS HOY QUEJOSOS POR ENCONTRARSE LOS HOY QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. f) LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD." (sic) Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se admitió a trámite y se registró con el número de expediente ********************; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; sin reconocer el carácter de tercero interesado a alguien, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo previos diferimientos al tenor del acta que antecede; y: C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado. En el caso concreto y específico, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados destacados consisten en esencia en: La orden y ejecución de deportación y/o expulsión del país. La ilegal privación de la libertad y/o ilegal retención y/o ilegal detención. El derecho a la salud. La incomunicación de los hoy quejosos por parte de las autoridades responsables. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Gobernación y Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en Ciudad de México; Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Titular y/o Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, consistentes en la orden y ejecución de deportación y/o expulsión del país; la ilegal privación de la libertad y/o ilegal retención y/o ilegal detención; el derecho a la salud y la incomunicación que referían los promoventes del amparo sufrían los quejosos por parte de dichas autoridades, así como respecto de las diversas autoridades responsables Jefe del Albergue Temporal Tijuana, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia, ambos de esta ciudad únicamente respecto a los actos reclamados consistentes en la orden y ejecución de deportación y/o expulsión del país; el derecho a la salud y la incomunicación referidos, ya que al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los mismos; sin que los quejosos o su representante especial, ofrecieran prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad y/o retención y/o detención reclamada a las autoridades responsables Jefe del Albergue Temporal Tijuana y Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia, ambos de esta ciudad, aun cuando al rendir su respectivo informe justificado lo hayan negado, sin embargo de las manifestaciones que realizan se advierte su existencia. Lo que se además corrobora con las copias certificadas que al efecto adjuntaron a su respectivo informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, porque se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, de las que se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda los directos quejosos sí se encontraban resguardados en el albergue temporal de Tijuana y durante la tramitación de este juicio el veinticinco de julio de este año, el Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia en la ciudad de Tijuana, Baja California, emitió dos resoluciones dentro del expediente ********************, en las que en su punto resolutivo tercero respectivamente, determinó: ".Por lo anterior, se solicita a la Organización denominada "********************" (ORGANIZACIÓN BINACIONAL DE DEFENSA Y ASISTENCIA JURÍDICA), lleve a cabo las acciones necesarias ante las Autoridades Migratorias Estadounidenses (U.S. Customs and Border Protection "CBP"), con la finalidad de que se determine la posibilidad de que el adolescente de nombre ******************** Y/O ******************** de 16 AÑOS de edad, se vea beneficiado y cuente con la protección internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que el adoptar esta medida de protección da cumplimiento al Interés Superior de la Niñez y garantiza su seguridad jurídica, la cual se le ha otorgado en este Estado, sin embargo el adolescente cuenta con red de apoyo familiar en el país vecino, en ese sentido tomando en cuenta el principio rector al derecho a la familia". ".Por lo anterior, se solicita a la Organización denominada "********************" (ORGANIZACIÓN BINACIONAL DE DEFENSA Y ASISTENCIA JURÍDICA), lleve a cabo las acciones necesarias ante las Autoridades Migratorias Estadounidenses (U.S. Customs and Border Protection "CBP"), con la finalidad de que se determine la posibilidad de que el adolescente de nombre ********************, de 16 AÑOS de edad, se vea beneficiado y cuente con la protección internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que el adoptar esta medida de protección da cumplimiento al Interés Superior de la Niñez y garantiza su seguridad jurídica, la cual se le ha otorgado en este Estado, sin embargo el adolescente cuenta con red de apoyo familiar en el país vecino, en ese sentido tomando en cuenta el principio rector al derecho a la familia". De igual forma giró los oficios ******************** y ********************, de esa misma fecha, por los que en cumplimiento a lo anterior, solicitó a la organización no gubernamental "********************", tuviera a bien implementar las acciones necesarias conforme a sus facultades e informar a dicha autoridad si los adolescentes quejosos eran beneficiarios para recibir la protección internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, obra la constancia correspondiente que levantó el Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia de Tijuana, Baja California, el día veinticinco de julio de este año, en la que asentó haber realizado la reunificación familiar de los directos quejosos, mismos que fueron presentados por él ante las autoridades americanas (CBP) en compañía de la Organización denominada "********************" (Organización binacional de defensa y asistencia jurídica) no gubernamental. asistencia social y/o casa hogar a las menores quejosas, para dar cumplimiento al plan de reunificación familiar pretendido y solicitado por el familiar directo (tío). Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, tomo VI, Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con registro 394770, que versa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso quien aquí resuelve considera actualizada la se causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. De la revisión de las constancias relativas al presente asunto y que fueron precisadas en líneas que anteceden, se desprende en lo que interesa que, mediante determinación de veinticinco de julio de este año, la autoridad responsable determinó procedente presentar a los directos quejosos a las autoridades americanas (CBP), por conducto de la organización no gubernamental "********************", para que se concluyera el plan de reunificación familiar en favor de los mismos, ante la solicitud expresa de su tío de nombre ********************, quien vive en Estados Unidos de América y tiene el interés de que los directos quejosos le sean entregados, para que gocen con el derecho de convivencia familiar. De lo expuesto se tiene que si los actos aquí reclamados consisten en la privación de la libertad y/o retención y/o detención reclamada a las autoridades responsables Jefe del Albergue Temporal Tijuana y Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia, ambos de esta ciudad y de las constancias de mérito se aprecia que el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, los quejosos fueron presentados ante las autoridades foráneas respectivas para el trámite correspondiente a la reunificación familiar en territorio extranjero, en cumplimiento a las resoluciones emitidas dentro del expediente ********************, es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica, toda vez que las violaciones reclamadas respecto de los actos de los que se dolían los quejosos se encuentran consumados irreparablemente. Lo anterior es así, ya que no se puede decidir en el procedimiento seguido contra las responsables en este juicio de amparo respecto de esa actuación, sin afectar la nueva situación jurídica de los menores quejosos, aunque persistieran las violaciones que aduce; pues se insiste, se efectuó un cambio de situación jurídica con la emisión de la resolución dictada el veinticinco de julio pasado y el cumplimiento dado a ésta por parte del Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia de Tijuana, Baja California. Es aplicable por las razones que informa, el criterio emitido por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, con registro digital 199808, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, respecto de los actos consistentes en la privación de la libertad y/o retención y/o detención imputados a las autoridades responsables Jefe del Albergue Temporal Tijuana y Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia, ambos de esta ciudad. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Finalmente, no pasa desapercibida la variación de los nombres de los quejosos en las diversas constancias que obran en autos, siendo los que se advierten ********************y/o ******************** y/o ********************y ******************** ********************y/o ******************** y/o Zarruh ********************y/o Zarruh ********************Bakhtiyorovich, sin embargo, se tiene la certeza de que se trata de los directos quejosos, conforme a la constancia actuarial de ratificación de demanda levantada por el actuario de la adscripción y lo asentado por la responsable. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************y/o ******************** y/o ********************y ******************** ********************y/o ******************** y/o Zarruh ********************y/o Zarruh ********************Bakhtiyorovich, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, del estado que guardan los presentes autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de cuatro de agosto de la presente anualidad, a fin de que se impongan del contenido de las constancias relativas al plan de restitución de derechos a favor de los menores quejosos Bekmirzo Bakriev Ny/o Bakhriev Bekmirzo Bekzot Ugli y Zarruh Uvaydull********************; para lograr la reunificación familiar con la persona significativa ********************, por conducto de la asociación ********************(********************), remitidas por la autoridad responsable Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familiar en Tijuana, Baja California. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Subprocurador para la Defensa de los Menores y la Familia en Tijuana, Baja California, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de julio de la presente anualidad, envía copia certificada de las constancias correspondientes al plan de restitución de derechos a favor de los menores quejosos Bekmirzo Bakriev Ny/o Bakhriev Bekmirzo Bekzot Ugli y Zarruh Uvaydullaev y/o Zarruh Uvaydullaev Bakhtiyorovich; para lograr la reunificación familiar con la persona significativa Utkur Rahmatullae V, por conducto de la asociación Kind (Kids In Need Of Defense). En consecuencia, déjense a la vista de las partes las aludidas documentales por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte, las documentales que se reciben; sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por último, debido a lo voluminoso del expediente en que se actúa y con el objeto de evitar su posible deterioro, se autoriza la apertura del tomo II de actuaciones, iniciando con la promoción de cuenta, debiendo hacer la secretaria actuante las certificaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente a la representante especial de los menores quejosos.

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