AURELIO SALAS SERVIN (alias) NORMAN AURELIO SERVIN MENA
Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/04/2022
Partes del expediente
- AURELIO SALAS SERVIN (alias) NORMAN AURELIO SERVIN MENA
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El veintiuno de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintidós de abril de dos mil veinticinco.Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus asesores jurídicos. Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el acto reclamado destacado en el presente asunto, se hizo consistir en la tardanza en dar fecha para llevar a cabo la audiencia para realizar el quantum de la pena, que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable que denominó como "Titular del Juzgado de Ejecución de Pena, con sede en esta ciudad." Asimismo, que en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, y con motivo de la razón actuarial suscrita por la actuaria de la adscripción, en la que asentó la imposibilidad para entregar el oficio dirigido a la autoridad señalada como responsable por el impetrante del amparo en su escrito de demanda, al no existir bajo esa denominación, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo tres días hábiles legalmente computados, manifestara lo que a su derecho conviniera; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría por inexistente la autoridad que indicó, y se suspendería toda comunicación con la misma. Y en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna dentro del plazo establecido, en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se declaró la inexistencia de la autoridad responsable, que señaló en su escrito de demanda. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, así como de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, a contrario sensu, por lo que hace al artículo 1º de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de autoridad. Ahora, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó como acto destacado de la autoridad responsable que denominó como "Titular del Juzgado de Ejecución de Pena, con sede en esta ciudad", la tardanza en dar fecha para llevar a cabo la audiencia para realizar el quantum de la pena. Posteriormente, con motivo de la razón actuarial suscrita por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó la imposibilidad para entregar el oficio dirigido a la autoridad señalada como responsable por la parte quejosa en su escrito de demanda, en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo tres días hábiles legalmente computados manifestara lo que a su derecho conviniera; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría por inexistente la autoridad que indicó, y se suspendería toda comunicación con la misma. Y en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación alguna dentro del plazo establecido en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se declaró la inexistencia de la autoridad responsable, que señaló en su escrito de demanda. Por tanto, al no haber cumplido la parte quejosa con la carga procesal que le correspondió de señalar a la autoridad responsable -ya sea corrigiendo la denominación de ésta, o bien, acreditando su existencia-, no es posible analizar los actos que combate, pues con la declaratoria de inexistencia de la autoridad que señaló como responsable en su escrito de demanda es inconcuso que ésta "ha quedado fuera del juicio"; se dice lo anterior porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, cobra vigencia cuando: i) se conoce a la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado; y, por ende, ii) se ponga de manifiesto su existencia. No así cuando en la tramitación del juicio de amparo el Juez de Distrito tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ya no tendrá la obligación de requerirla para ningún efecto, ni para darle a conocer lo actuado durante la tramitación del juicio, esto en virtud de que al no existir como tal, simplemente no puede ser considerada como autoridad responsable y, por lo tanto, no es necesario hacer un pronunciamiento al respecto en la sentencia que se emita después de seguido el juicio, por lo que es inconcuso que si en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declaró la inexistencia de la autoridad responsable que señaló en su escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 111/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 167784 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Así como la tesis consultable en la página 186, del Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con los numerales 1° y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Finalmente, ya que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
En Tijuana, Baja California, el uno de marzo de dos mil veintidós, Gerardo Castillo Riedel, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifico y hago constar: que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, toda vez que el asesor jurídico del quejoso fue notificado personalmente del referido auto el veintiuno de febrero del año en curso, en tanto que el directamente agraviado fue notificado personalmente el veintidós de febrero siguiente, transcurriendo dicho plazo del veintitrés al veinticinco de febrero de dos mil veintidós, así como del veinticuatro al veintiocho del citado mes y año, respectivamente, con la exclusión de los días inhábiles correspondientes. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe.El uno de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que trascurrió el término otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista otorgada en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, respecto de la inexistencia de la autoridad que señaló como "Titular del Juzgado de Ejecución de Pena", con sede en esta ciudad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en dicho proveído y se tiene por inexistente a la referida autoridad; por tanto, continúese el presente juicio de amparo sin su intervención. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de febrero del año en curso, informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, como asesores jurídicos del quejoso, en la tramitación del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que se sirva notificar el contenido del presente proveído, a los defensores adscritos a la Coordinación de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, de esta ciudad; asimismo, se le tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar respecto a la constancia actuarial de esa misma fecha, de la cual se advertía la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial adscrita, para entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable "Titular del Juzgado de Ejecución de Pena", con sede en esta ciudad, y cuya designación indicó el directamente agraviado, al no existir bajo esa denominación; ello, hasta en tanto el Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, de esta ciudad, diera cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, designara a un profesionista que pudiera fungir como autorizado del quejoso interno en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; situación que ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria de acuerdo al numeral 2º, último párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a quien promueve este asunto, así como a su asesor jurídico, por el plazo de tres días, legalmente computado, para que expresen lo que a su interés legal convenga respecto a la inexistencia de dicha autoridad; apercibidos que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior determinación, se tendrá como inexistente a la autoridad de que se trata, para todos los efectos legales a que haya lugar. Apoya esta determinación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 131/2019, con rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Finalmente, ya que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso interno y a sus asesores jurídicos.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Aschley Jimenez Alvarez85/2021
- Aschley Jiménez Alvarezq537/2023
- Ashley Michelle Topete García25/2019
- Askarbekov Samat Askarbekovich72/2023
- Astrea Dufour Guzmán620/2021
- Augusto Constantitno Casillas Negrete446/2023
- Avacita Lucena Gómez490/2023
- Axel Roberto Torres Lopez560/2020
- Axel Yael López Cruz1491/2023
- Azael Medrano Ruiz596/2022
- Azucena Rodríguez Gómez588/2021
- Baba Ahmed Cheik Ahmed818/2023