Bacilio Nava Villarreal
Expediente 514/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2020
Partes del expediente
- Bacilio Nava Villarreal
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese al presente expediente la constancia actuarial que antecede, de la que se aprecia que el quejoso Bacilio Nava Villarreal, manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir sus intereses, en consecuencia, se tiene por desistido de la presente instancia constitucional y se dejan sin efectos las providencias dictadas en el presente juicio, asimismo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, y deberán realizarse las anotaciones correspondientes en los libros oficiales de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA" Lo anterior, sin que sea el caso requerir al quejoso para que ratifique el desistimiento, toda vez que lo manifestó ante la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se deja sin efectos el requerimiento efectuado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifiquen al quejoso el presente proveído mediante la plataforma denominada "ZOOM Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra al auto a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, a la fecha el Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, no ha dado contestación al oficio 13945 de ocho de octubre del año en curso, a fin de designar al quejoso un defensor público, no obstante de encontrarse debidamente notificado. Por tanto, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario de amparo en estado de indefensión, requiérase nuevamente al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que de inmediato, designe al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En ese orden de ideas, se apercibe a la mencionada autoridad para que evite evasivas a las órdenes dictadas por este Juzgado Federal, asimismo; que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien a mil días, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, para la celebración. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realicen la diligencia encomendada mediante la plataforma denominada "ZOOM". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra al auto a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguense al presente expediente los oficios y anexos que remite el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", mediante lo cual cumple con el requerimiento efectuado en dieciséis de octubre último, y al efecto, remite copia simple de la ficha de registro correspondiente al quejoso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le requirió. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, aún no transcurre a la parte quejosa el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; mediante proveído de cinco de octubre último. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte, para la celebración. Lo anterior queda sustentado, por analogía, en la tesis VI. 3o.A. J/12, Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV, Pagina 667, Febrero 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia visible en la página cinco del Tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", que obliga a los Jueces de Distrito a diferir la audiencia de mérito y a señalar una nueva fecha para que tenga verificativo cuando los informes justificados no se rindan con la anticipación debida que establece el numeral 149 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de esa tesis se advierte que su finalidad es equilibrar procesalmente a las partes, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el quejoso o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, de modo que en seguimiento del criterio del Máximo Tribunal del país, debe considerarse que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero perjudicado ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección, y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción de los informes justificados, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de tales pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y del espíritu mismo de la aludida jurisprudencia." Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realicen la diligencia encomendada mediante la plataforma denominada "ZOOM". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra al auto a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Con independencia de lo anterior, gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, con copia del presente proveído, para que por su conducto se entregue al aquí quejoso, lo que deberá de informar en el término de tres días, legalmente computados anexando la constancia de notificación de recepción de las documentales. Finalmente, agréguese a los autos, la constancia actuarial de cuenta suscrita por la actuaria de la adscripción, en la cual hace constar la imposibilidad de notificar al asesor jurídico del quejoso, en virtud de que aún no le es designado el mismo, por tanto, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario de amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad de que de inmediato, designe al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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