Arturo García Rocha

Expediente 27/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
27/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
07/06/2017

Partes del expediente

  • Arturo García Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de treinta de mayo de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de quince de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, representado por su apoderada legal **********, en contra del acto reclamado al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, para que: Dejara insubsistente la resolución reclamada; Con libertad de jurisdicción dictara otra, en cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto y en respuesta a la petición efectuada el dos de agosto de dos mil dieciséis, por la tutora dativa de **********, en la cual debería: A la luz de los datos objetivos que obraran en el expediente, precisar por qué el monto equivalente a dos salarios mínimos vigentes en el Estado de Guanajuato, es suficiente para sufragar las necesidades de la menor **********, como pensión alimenticia provisional. Determinar la posibilidad económica del deudor, en el entendido de que deberá efectuar una apreciación objetiva de los documentos y demás medios de convicción en que sustentara su decisión. Luego, mediante providencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y, se requirió al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Juez responsable remitió el oficio 1013, al que adjuntó copia certificada de la resolución de veintidós de mayo del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Mediante resolución de veintidós de mayo del año en curso, dejó insubsistente la diversa de siete de diciembre de dos mil dieciséis (resolución reclamada), dictada dentro del juicio sumario civil C-288/2016; y, Con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto y en respuesta a la petición efectuada el dos de agosto de dos mil dieciséis, por la tutora dativa de la menor **********, en la que: a) precisó por qué el monto equivalente a dos salarios mínimos vigentes en el Estado de Guanajuato, es suficiente para sufragar las necesidades de la citada menor, como pensión alimenticia provisional y, b) determinó la posibilidad económica del deudor, efectuando una apreciación objetiva de los documentos y demás medios de convicción en los que sustenta su decisión. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los cuatro tomos de prueba que adjuntó el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, a su informe justificado, devuélvansele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el Juez Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso del índice de éste Órgano Jurisdiccional, que se le envió para notificarle la sentencia dictada en el presente asunto. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE DE TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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