Arturo Jacobo Rétiz Rodríguez

Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
862/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Arturo Jacobo Rétiz Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, de la que se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, **********, autorizada de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda, tal como se ordenó en proveído de doce de septiembre pasado; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Agréguense en autos los escritos signados por el quejoso **********; respecto del primero, téngasele aclarando que su nombre correcto es el antes precisado y no el que indicó en el escrito inicial de demanda como **********. Asimismo, de conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que refiere, previa certificación de desglose y razón que de su entrega se deje en autos. Por lo que ve al segundo escrito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa la copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Único Civil de Primera Instancia, con sede en Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 862/2017-I. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última fracción en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera causa de improcedencia surge del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso 107, fracción V, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, por lo que respecta a los actos reclamados destacados por el quejoso en su demanda de amparo, que se hacen consistir en: El auto de diez de julio de dos mil diecisiete, por el que se tuvo a la mandataria judicial de la parte actora dando cumplimiento al requerimiento efectuado en providencia de veintinueve de marzo del año en curso, en el sentido de que justificara qué personas eran los propietarios de los derechos de copropiedad que poseía **********; y La resolución del resolución del recurso de revocación hecho valer en contra del auto mencionado en el párrafo que antecede, donde se resolvió confirmar dicho proveído. Determinaciones que fueron emitidas dentro de la etapa de juicio, por el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil ******** de su estadística. Bajo esa tesitura, dichas determinaciones reclamadas no constituyen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio de origen, si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar adversa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de la fracción XII del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no son de modo alguno irreparable, merced que no se le afecta derecho sustantivo alguno, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la citada ley de la materia. B) La segunda causa de improcedencia surge del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo la premisa expuesta se precisa que el diverso acto reclamado destacado por el peticionario en su demanda de amparo, consiste en: La sentencia de primera instancia de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ordinario civil C-497/2014 del índice del Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, donde al advertir la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario determinó reponer el procedimiento a fin de llamar a juicio a **********. Dicho esto, es necesario destacar que los artículos 236, 237, 243 y 244 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: ".ARTÍCULO 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. ARTÍCULO 237. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. ARTÍCULO 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo." De la interpretación literal y armónica efectuada a los preceptos legales transcritos, se desprende que el recurso de apelación es procedente contra las sentencias dictadas en primera instancia, tanto por jueces de partido como por los menores. Asimismo, que dicho medio de impugnación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia dictada en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Por tanto, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la sentencia de primer grado de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario civil C-497/2014 del índice del Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; y si, de acuerdo a lo razonado en acápites que anteceden, el numeral 243 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa que tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia dictada en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados; es incuestionable que en contra del acto reclamado procede recurso de apelación, previo a la promoción del amparo. Además, debe ponerse de relieve que sobre al acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que es parte formal en el procedimiento de origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causas de improcedencia reguladas por las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, la última fracción en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a **********, toda vez que el artículo 27 de la Ley de Amparo que indica, establece las reglas para las notificaciones personales, no así para la autorización de personas. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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