Arturo Gámez Castillo

Expediente 1000/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1000/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Arturo Gámez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite la constancia de la notificación practicada al Agente del Ministerio Público, esto es, el funcionario que intervino en la causa penal *************** de su estadística, respecto del oficio 7720/2023 en el que se insertó el proveído de cinco de junio del año en curso.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a **************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Sede Celaya, mediante el cual informa que trascurrió el plazo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que las partes hicieran uso de algún medio de impugnación en contra de la sentencia condenatoria emitida por el Juez de Control en audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro de la causa penal de origen ************, que se sigue en contra del aquí quejoso **************. Ahora, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad oficiante en su escrito de cuenta y que en sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *****************, para el efecto de que el Juez responsable: Constatara si ***************, quienes asistieron al imputado aquí quejoso y a otro, en la audiencia inicial comenzada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós y culminada el veintinueve del mismo mes y año, dentro de la causa penal ************** de su índice, a la fecha de esa actuación contaban con cédulas profesionales para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Si el resultado de la verificación es que los defensores no eran licenciados en derecho al momento de la referida actuación procesal, debería reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial, con el propósito de que el imputado goce del derecho de defensa adecuada en la totalidad de la audiencia. En tal caso, teniendo como pilares los principios de inmediación y objetividad regulados en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el impacto que tendría en la esfera jurídica del imputado, y el ejercicio valorativo que practicará el juez de control en la audiencia inicial, forzosamente la reposición debería realizarse íntegramente ante un juez de control distinto al que conoció en un primer momento. En el supuesto de que el resultado de la verificación sea que los defensores sí eran licenciados en derecho al momento de la audiencia inicial, lo debería hacer constar en un acuerdo escrito que emita en la causa penal de origen, agregando al sumario las constancias que demuestren tal circunstancia; providencia que deberá notificar personalmente a las partes a fin de que a partir de dicha notificación, y toda vez que en ese momento ya se encontraría agotada la garantía de defensa de los imputados, en virtud de que habrá certeza de que el derecho de defensa adecuada fue siempre respetado, las partes estarían en posibilidad de interponer los medios de impugnación que estimen pertinentes en contra del auto de vinculación a proceso, es decir, el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien el juicio de amparo. El suscrito estima que dejó de existir la condición que motivó la concesión del amparo, en virtud de que no existe materia alguna en la que pueda impactar los efectos de la sentencia amparadora. Lo anterior, en virtud de que en audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen ************, que se sigue en contra del aquí quejoso ************, el Juez de Control declaró cerrado el procedimiento ordinario y decretó procedente admitir el procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria en su contra, misma que, como lo informó la responsable en el escrito que se acuerda, no se interpuso algún medio de impugnación en su contra dentro del término legal, por lo que ya no es factible emitir una nueva determinación en la que se subsane el derecho fundamental vulnerado, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues su aceptación para que la causa penal fuera resuelta a través del procedimiento abreviado constituye un consentimiento del acto reclamado. Por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Por lo que ve al incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a **************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Sede Celaya, mediante el cual informa que trascurrió el plazo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que las partes hicieran uso de algún medio de impugnación en contra de la sentencia condenatoria emitida por el Juez de Control en audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro de la causa penal de origen ************, que se sigue en contra del aquí quejoso **************. Ahora, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad oficiante en su escrito de cuenta y que en sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *****************, para el efecto de que el Juez responsable: Constatara si ***************, quienes asistieron al imputado aquí quejoso y a otro, en la audiencia inicial comenzada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós y culminada el veintinueve del mismo mes y año, dentro de la causa penal ************** de su índice, a la fecha de esa actuación contaban con cédulas profesionales para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Si el resultado de la verificación es que los defensores no eran licenciados en derecho al momento de la referida actuación procesal, debería reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial, con el propósito de que el imputado goce del derecho de defensa adecuada en la totalidad de la audiencia. En tal caso, teniendo como pilares los principios de inmediación y objetividad regulados en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el impacto que tendría en la esfera jurídica del imputado, y el ejercicio valorativo que practicará el juez de control en la audiencia inicial, forzosamente la reposición debería realizarse íntegramente ante un juez de control distinto al que conoció en un primer momento. En el supuesto de que el resultado de la verificación sea que los defensores sí eran licenciados en derecho al momento de la audiencia inicial, lo debería hacer constar en un acuerdo escrito que emita en la causa penal de origen, agregando al sumario las constancias que demuestren tal circunstancia; providencia que deberá notificar personalmente a las partes a fin de que a partir de dicha notificación, y toda vez que en ese momento ya se encontraría agotada la garantía de defensa de los imputados, en virtud de que habrá certeza de que el derecho de defensa adecuada fue siempre respetado, las partes estarían en posibilidad de interponer los medios de impugnación que estimen pertinentes en contra del auto de vinculación a proceso, es decir, el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien el juicio de amparo. El suscrito estima que dejó de existir la condición que motivó la concesión del amparo, en virtud de que no existe materia alguna en la que pueda impactar los efectos de la sentencia amparadora. Lo anterior, en virtud de que en audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen ************, que se sigue en contra del aquí quejoso ************, el Juez de Control declaró cerrado el procedimiento ordinario y decretó procedente admitir el procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria en su contra, misma que, como lo informó la responsable en el escrito que se acuerda, no se interpuso algún medio de impugnación en su contra dentro del término legal, por lo que ya no es factible emitir una nueva determinación en la que se subsane el derecho fundamental vulnerado, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues su aceptación para que la causa penal fuera resuelta a través del procedimiento abreviado constituye un consentimiento del acto reclamado. Por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Por lo que ve al incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Sede Celaya, mediante el cual informa y acredita que en audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen ***************, que se sigue en contra del aquí quejoso *************** y otro, el Juez de Control declaró cerrado el procedimiento ordinario y decretó procedente admitir el procedimiento abreviado, emitiendo sentencia condenatoria en su contra. En ese sentido, una vez que se declare la firmeza de la sentencia de amparo emitida en el presente juicio, déseme nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda.

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