Arturo Fernández Hereford

Expediente 831/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
831/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Arturo Fernández Hereford

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de los actuales, para que compareciera ante este juzgado para que en diligencia formal reconociera el contenido y firma del ocurso mediante el que pretendió interponer recurso de queja en contra del auto por el que se desechó su demanda de amparo, transcurrió sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el citado auto, y se tiene por no presentado el ocurso de mérito. En ese sentido, y tomando en consideración que de la certificación que antecede se advierte que ya trascurrió el termino de cinco días para que el aludido solicitante del amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de agosto pasado, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por **********, quien aduce ser apoderado legal de **********, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada por el quejoso en su escrito constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, para que en diligencia formal reconozca el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien aduce ser apoderado legal de **********, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 831/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: La resolución incidental de primero de agosto de la presente anualidad, demitida por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil M78/2001, mediante la cual, dilucido el incidente de liquidación de intereses, en el sentido de condenar a la demandada incidentista al pago de intereses moratorios. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1336, 1340 y 1341, del Código de Comercio, publicado el cinco de junio del dos mil, estatuyen: "Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación. Art. 1,340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. Art. 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." De lo numerales transcritos se desprende que: A través de la apelación, el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando las sentencias recaigan en negocios cuyo valor exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. ($14,567.28 catorce mil quinientos sesenta y siete 28/100 M.N.) Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme a lo establecido en el punto que antecede. En el presente caso, nos encontramos ante la presencia de un juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la aquí parte quejosa, en el cual el monto de la condena asciende a la cantidad de $988,000.00 (novecientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal, controvertido que dio inicio en junio de dos mil uno, en el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Por lo que de conformidad con los numerales precitados, se estima que el medio de defensa idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación; de lo que se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar la determinación dictada por la jueza que la emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la resolución incidental de liquidación de intereses emitida el primero de agosto de la presente anualidad, dentro del juicio M78/2001, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta localidad, en la que se condenó a la demandada incidentista al pago de intereses moratorios, y si el referido numeral 1336 del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de junio del año dos mil, prevé un recurso -apelación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que la juzgadora de primera instancia dictó; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó, fue en su contra que se interpuso demanda en la vía ejecutiva mercantil. Por ello, se afirma que la parte quejosa previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa (apelación), para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. No es obstáculo a lo concluido, el hecho concerniente a que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establezca que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, como lo es la resolución que aquí se reclama, debido a que cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, estableció que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad y, en consecuencia, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En el mismo orden, téngase al quejoso autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jaime José Villanueva Nieto, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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