Arturo Caro Ortega

Expediente 950/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
950/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Arturo Caro Ortega
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, de veintiuno y veintidós de noviembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco siguiente (fojas 124 a 128), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de veintiséis de noviembre de la presente anualidad (foja 129), se dio vista a la parte quejosa con los oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el dos de diciembre del presente año (foja 132); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el veintisiete de junio del año en curso (fojas 33 a 47), se determinó conceder a Arturo Caro Ortega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 24, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 7 a 8), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante copia certificada del recibo expedido por el banco BBVA Bancomer, a favor de la Secretaría de Finanzas, en el cual aparece el número de referencia 00097003813A19828207 y el convenio CIE 0734349; concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, en el que se observan números de referencia de diferentes instituciones bancarias, a fin de realizar el pago respectivo; en particular, el número de referencia de la institución bancaria BBVA Bancomer 00097003813A19828207 y el convenio 0734349 (fojas 7 y 8). Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (foja 7), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 7 a 8). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ." Resolución que quedó firme en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, por ejecutoria de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 101 a 116). En cumplimiento a ello, mediante oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, de veintiuno y veintidós de noviembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco siguiente (fojas 124 a 128), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que el veintiuno de noviembre del presente año, entregó el cheque al quejoso, valioso por la cantidad de $7,055.26 (siete mil cincuenta y cinco pesos con 26/100) (foja 127); asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto (foja 127). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de abril del presente año (foja 8), y que se realizó la devolución mediante cheque precisado en el párrafo anterior el veintiuno de noviembre del año en que se actúa, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes marzo a octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503 y para el mes de marzo del presente año fue de 103.476, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.009. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $3.00, por concepto de comisión bancaria. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.009), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos moneda nacional 92/100) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,048.79 (siete mil cuarenta y ocho pesos con setenta y nueve moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $62.87 (sesenta y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $7,048.79 (siete mil cuarenta y ocho pesos con setenta y nueve moneda nacional), sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,055.26 (siete mil cincuenta y cinco pesos con 26/100) (foja 127); es decir, $6.47 (seis pesos 47/100 moneda nacional), más de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, de veintiuno y veintidós de noviembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco siguiente (fojas 124 a 128), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de veintiséis de noviembre de la presente anualidad (foja 129), se dio vista a la parte quejosa con los oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el dos de diciembre del presente año (foja 132); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el veintisiete de junio del año en curso (fojas 33 a 47), se determinó conceder a Arturo Caro Ortega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 24, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 7 a 8), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante copia certificada del recibo expedido por el banco BBVA Bancomer, a favor de la Secretaría de Finanzas, en el cual aparece el número de referencia 00097003813A19828207 y el convenio CIE 0734349; concatenado con la copia del formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, en el que se observan números de referencia de diferentes instituciones bancarias, a fin de realizar el pago respectivo; en particular, el número de referencia de la institución bancaria BBVA Bancomer 00097003813A19828207 y el convenio 0734349 (fojas 7 y 8). Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de comisión bancaria $3.00 pesos que se indicó en el formato de revalidación de permiso (foja 7), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (fojas 7 a 8). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ." Resolución que quedó firme en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, por ejecutoria de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 101 a 116). En cumplimiento a ello, mediante oficios DGJ/3787/2019, DGJ/3808/2019 y anexos, de veintiuno y veintidós de noviembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veinticinco siguiente (fojas 124 a 128), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que el veintiuno de noviembre del presente año, entregó el cheque al quejoso, valioso por la cantidad de $7,055.26 (siete mil cincuenta y cinco pesos con 26/100) (foja 127); asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto (foja 127). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de abril del presente año (foja 8), y que se realizó la devolución mediante cheque precisado en el párrafo anterior el veintiuno de noviembre del año en que se actúa, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes marzo a octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503 y para el mes de marzo del presente año fue de 103.476, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.009. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $3.00, por concepto de comisión bancaria. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.009), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos moneda nacional 92/100) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,048.79 (siete mil cuarenta y ocho pesos con setenta y nueve moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $62.87 (sesenta y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $7,048.79 (siete mil cuarenta y ocho pesos con setenta y nueve moneda nacional), sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,055.26 (siete mil cincuenta y cinco pesos con 26/100) (foja 127); es decir, $6.47 (seis pesos 47/100 moneda nacional), más de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos los comunicados de cuenta suscritos por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual informa en el primero las gestiones realizadas y en el segundo haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo al haber entregado el cheque al quejoso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos los comunicados de cuenta suscritos por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual informa en el primero las gestiones realizadas y en el segundo haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo al haber entregado el cheque al quejoso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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