Arturo Chávez Cruz

Expediente 1910/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1910/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Arturo Chávez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete de diciembre del año pasado (fojas 91 a 93) la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de diciembre de la anualidad anterior (fojas 94 y 95), se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexo, para que dentro del término de tres días acreditara la devolución de los $97.86 (noventa y siete pesos 86/100 moneda nacional), que como excedente le pago la responsable al dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, el dos de enero actual, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que informara si la parte quejosa le había reintegrado la cantidad antes indicada; notificación que le fue efectuada el siete siguiente (foja 103), por lo que el plazo de tres día otorgado transcurrió del ocho al diez del mes que transcurre; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Así, al no haber manifestaciones de las partes, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 43 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,979.46 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., respecto del instrumento público 62,527 emitido por el Notario Público número trece, con sede en esta ciudad. . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Sentencia que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 72 y 73). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompañó copia del cheque número 0000963, entregado al quejoso por la cantidad de $9,797.32 (nueve mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. Así, si tenemos que al monto total de $9,979.46 (nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debe restar la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, y el siete de diciembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; cabe hacer mención que el cheque fue expedido desde el ocho de noviembre de esta anualidad, tal como lo hizo del conocimiento la responsable de que se trata, por tanto se tomara esa fecha para el computo de la cantidad a devolver; por ello, el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 132.991; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76275; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $9,797.32 (nueve mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional); sin embargo, ésta debía reintegrarle la diversa de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $97.86 (noventa y siete pesos 86/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se requiera al quejoso a efecto de que le reintegre la cantidad pagada en exceso; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede; máxime que, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete de diciembre del año pasado (fojas 91 a 93) la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de diciembre de la anualidad anterior (fojas 94 y 95), se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexo, para que dentro del término de tres días acreditara la devolución de los $97.86 (noventa y siete pesos 86/100 moneda nacional), que como excedente le pago la responsable al dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, el dos de enero actual, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que informara si la parte quejosa le había reintegrado la cantidad antes indicada; notificación que le fue efectuada el siete siguiente (foja 103), por lo que el plazo de tres día otorgado transcurrió del ocho al diez del mes que transcurre; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Así, al no haber manifestaciones de las partes, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 43 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,979.46 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., respecto del instrumento público 62,527 emitido por el Notario Público número trece, con sede en esta ciudad. . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Sentencia que causó ejecutoria el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 72 y 73). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompañó copia del cheque número 0000963, entregado al quejoso por la cantidad de $9,797.32 (nueve mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. Así, si tenemos que al monto total de $9,979.46 (nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debe restar la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, y el siete de diciembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; cabe hacer mención que el cheque fue expedido desde el ocho de noviembre de esta anualidad, tal como lo hizo del conocimiento la responsable de que se trata, por tanto se tomara esa fecha para el computo de la cantidad a devolver; por ello, el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 132.991; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76275; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $9,797.32 (nueve mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional); sin embargo, ésta debía reintegrarle la diversa de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $97.86 (noventa y siete pesos 86/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se requiera al quejoso a efecto de que le reintegre la cantidad pagada en exceso; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede; máxime que, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de diciembre del año próximo pasado (fojas 94 y 95), se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, acudiera a las oficinas del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de que devolviera la cantidad que le fue entregada por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. Ahora bien, en virtud de que a la fecha en que se actúa no se tiene conocimiento si la parte agraviada acudió a dicha institución a devolver lo indicado en el párrafo que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas aludido, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia del cheque expedido a nombre de la parte quejosa y recibido por ésta. Luego, del anexo a que se hace mención se advierte que la cantidad otorgada a la quejosa, no corresponde con la que debió devolver, por los motivos que a continuación se detallan: Si tenemos que al monto total de $9,979.46 (nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debe restar la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, y el siete de diciembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; cabe hacer mención que el cheque fue expedido desde el ocho de noviembre de esta anualidad, tal como lo hizo del conocimiento la responsable de que se trata, por tanto se tomara esa fecha para el computo de la cantidad a devolver; por ello, el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 132.991; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76275; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $9,797.32 (nueve mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 moneda nacional); sin embargo, ésta debía reintegrarle la diversa de $9,699.46 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $97.86 (noventa y siete pesos 86/100 moneda nacional). Consecuentemente, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le requiere al ente responsable por el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos; es decir, efectúe el cobro al promovente del amparo. Además, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede debidamente notificada, acredite ante este órgano jurisdiccional la devolución de la cantidad que le fue pagada en exceso por la responsable, ello a fin de estar en posibilidades calificar el cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo.

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