Arnulfo Lerma Portillo

Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
544/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Arnulfo Lerma Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el trece de noviembre de dos mil diecisiete, así como, seis de febrero y nueve de marzo, ambos de dos mil dieciocho (fojas 133 a la 135, 155 a la 156 y 170 a la 171, respectivamente), el Secretario y Director General de Ingresos, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestaron la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de doce del mes anterior (folio 173), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 51 a la 65), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorpora de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracciones VIII y XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la misma, asimismo, para que se le devolvieran las cantidades de $5,599.94 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y cuatro centavos) y $8,398.42 (ocho mil trescientos noventa y ocho pesos con cuarenta y dos centavos), que resulta lo pagado por concepto de derechos del giro de depósito de cerveza en envase cerrado y Minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas, con superficie no mayor a doscientos metros cuadrados, debidamente actualizadas y sin la cantidad de tres pesos, que fue parte del cobro de la comisión bancaria por cada uno de los numerarios indicados. Ante ello, a través de los oficios recibidos enunciados con anterioridad, el Secretario y Director General de Ingresos, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, informaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntaron copias de los cheques con acuse de recibo en original en favor de la parte quejosa por las cantidades de $5,596.94 (cinco mil quinientos noventa y seis pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional), $613.54 (seiscientos trece pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional) y $8,395.42 (ocho mil trescientos noventa y cinco pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva, numerarios que sumados ascienden a $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,998.36 (trece mil novecientos noventa y ocho pesos con treinta y seis centavos), sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta seis centavos moneda nacional), que resultó de restar a cada uno de los pagos efectuados la diversa cantidad de $3.00 (tres pesos) que corresponde al cobro de la comisión bancaria del pago del total enunciado, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el uno de marzo de dos mil diecisiete y en el mes de febrero de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega mediante cheque de la actualización del total aludido con anterioridad a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a enero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue de 125.318; y para el mes de enero de dos mil dieciocho de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.049394340797012. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $691.14 (seiscientos noventa y un pesos con catorce centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Luego, no pasa inadvertido que el monto que las autoridades debían devolver a la parte gestionante del amparo, era de $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional); sin embargo, se reintegró la diversa de $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $77.60 (setenta y siete pesos con sesenta centavos moneda nacional), empero, dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el trece de noviembre de dos mil diecisiete, así como, seis de febrero y nueve de marzo, ambos de dos mil dieciocho (fojas 133 a la 135, 155 a la 156 y 170 a la 171, respectivamente), el Secretario y Director General de Ingresos, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestaron la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de doce del mes anterior (folio 173), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 51 a la 65), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorpora de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracciones VIII y XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la misma, asimismo, para que se le devolvieran las cantidades de $5,599.94 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y cuatro centavos) y $8,398.42 (ocho mil trescientos noventa y ocho pesos con cuarenta y dos centavos), que resulta lo pagado por concepto de derechos del giro de depósito de cerveza en envase cerrado y Minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas, con superficie no mayor a doscientos metros cuadrados, debidamente actualizadas y sin la cantidad de tres pesos, que fue parte del cobro de la comisión bancaria por cada uno de los numerarios indicados. Ante ello, a través de los oficios recibidos enunciados con anterioridad, el Secretario y Director General de Ingresos, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico, informaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntaron copias de los cheques con acuse de recibo en original en favor de la parte quejosa por las cantidades de $5,596.94 (cinco mil quinientos noventa y seis pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional), $613.54 (seiscientos trece pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional) y $8,395.42 (ocho mil trescientos noventa y cinco pesos con cuarenta y dos centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva, numerarios que sumados ascienden a $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,998.36 (trece mil novecientos noventa y ocho pesos con treinta y seis centavos), sin embargo, el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta seis centavos moneda nacional), que resultó de restar a cada uno de los pagos efectuados la diversa cantidad de $3.00 (tres pesos) que corresponde al cobro de la comisión bancaria del pago del total enunciado, sobre el cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el uno de marzo de dos mil diecisiete y en el mes de febrero de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega mediante cheque de la actualización del total aludido con anterioridad a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que en la especie corresponde a enero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero de dos mil diecisiete (al ser este último el mes inmediato anterior del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue de 125.318; y para el mes de enero de dos mil dieciocho de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.049394340797012. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $13,992.36 (trece mil novecientos noventa y dos pesos con treinta y seis centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $691.14 (seiscientos noventa y un pesos con catorce centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad en acatamiento a los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, tenía que devolver la cantidad $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización; sin embargo, la cantidad devuelta lo fue por $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Luego, no pasa inadvertido que el monto que las autoridades debían devolver a la parte gestionante del amparo, era de $14,683.50 (catorce mil seiscientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional); sin embargo, se reintegró la diversa de $14,605.90 (catorce mil seiscientos cinco pesos con noventa centavos moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $77.60 (setenta y siete pesos con sesenta centavos moneda nacional), empero, dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Secretario y Director General de Ingresos, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo y acompaña copia simple con acuse de recibo en original del cheque emitido a favor de la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta, así como, con los recibidos el uno de agosto y trece de noviembre, ambos de dos mil diecisiete y anexos que se acompañaron (fojas 92 a la 93 y 133 a la 135, respectivamente), para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia actuarial que antecede, en la que se asentó que no fue posible notificar al quejoso ************, por las razones ahí expuestas; empero, de autos se aprecia que dicha parte procesal compareció mediante escrito de catorce de junio del año anterior, en virtud del cual señaló lugar para oír y recibir notificaciones, a saber, el ubicado en calle Zacatecas número 451 Sur, Colonia San Antonio, de esta ciudad; en consecuencia, de conformidad con el numeral 27, fracción I de la Legislación aplicable, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte procesal en comento el indicado. Por lo que, en obvio de mayores dilaciones, comisiónese a la actuaria judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en la dirección referida y notifique el proveído de siete del mes actual, para los efectos legales conducentes.

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