Arturo Caro Ortega

Expediente 528/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
528/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Arturo Caro Ortega
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el once de julio del año que transcurre (fojas 96 a 98), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 99), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 57 a 78), se determinó conceder a********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ". En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097003813A15800268, realizado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Sentencia que causó ejecutoria el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 93 y 94), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 96 a 98), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 97), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de ********************, que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en ocho de marzo de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el veinticinco de junio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 97), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ******************** se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal de las autoridades señaladas como responsables, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a las partes con el informe justificado rendido en ampliación de demanda por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Nayarit "1", con sede en esta ciudad, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Notificador, Verificador y Ejecutor, adscrito a dicha Administración Desconcentrada. Asimismo, con fundamento en el arábigo 9, de la Ley en comento, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los que señala en su informe, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su ordinal 2. Por otro lado, no ha lugar a tener por rendido el informe justificado a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1", ni al Titular de la misma, pues a éstas no les fue requerido dicho informe. Luego, como lo que refiere la autoridad responsable, la información proporcionada se ubica en los supuestos contenidos en los numerales 110 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por ende, el citado informe guárdese en sobre cerrado y glósese a los presentes autos, al cual únicamente tendrán acceso las autoridades responsables y parte quejosa, lo anterior para no dejarlos en estado de indefensión y tengan los elementos necesarios para su defensa; sin que en el caso se autorice que dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. De igual forma, las constancias que se acompañan al informe de mérito, relativas al acto aquí reclamado por la parte quejosa, se ordenan dejar en un legajo por separado, dado que las mismas al contener datos personales se encuentran clasificadas como información confidencial; por lo que se ordena su resguardo en un lugar seguro de este órgano jurisdiccional, las cuales serán extraídas en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J.26/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiocho, Libro 22, Tomo I, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.

  4. Principal

    Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a * respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente, los artículos 23, fracción XII, 11, 12 y 13, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano