Armando Mayorga Dávila
Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Armando Mayorga Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: El oficio registrado con el número 13281. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; por el que transcribe el auto de diecinueve del mes y año en curso, dictado dentro del amparo en revisión penal 855/2019; del que se advierte que causó estado el proveído de tres de junio del presente año, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el auto dictado por este Juzgado Federal el dieciséis de agosto del año en curso, que desechó la demanda de derechos con que se formó el presente expediente. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe.
- Principal
El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con un oficio registrado con el número 12504. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; por el que transcribe el auto de tres del mes y año en curso, dictado dentro del amparo en revisión penal 855/2019; del que se advierte que en la fecha indicada se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el auto dictado por este Juzgado Federal el dieciséis de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de derechos con que se formó el presente expediente, por los motivos que ahí se exponen. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 12122. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Armando Mayorga Dávila; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 del cuerpo de leyes invocado, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. En dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito aclaratorio registrado con el número de folio 11647.Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Armando Mayorga Dávila, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de doce del mes y año en curso, a través del cual manifiesta que comparece al presente juicio de amparo por propio derecho. En tales condiciones se provee. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Ahora, analizada la demanda de amparo en su integridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el caso, el acto señalado como reclamado, consistente en el auto de quince de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del recurso de inconformidad 03/2019, derivado de la carpeta de investigación 224/2019, y que transcribe el impetrante en la demanda como sigue: [.] "Villanueva, Zacatecas, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019) Téngase por recibido el escrito suscrito por la víctima impugnante Armando Mayorga Dávila, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se les hiciera por auto de fecha cuatro (04) del mes y año en curso, el cual se ordena agregar a la carpeta respectiva, y se acuerda lo siguiente: Se le tiene al impugnante cumpliendo con dicho requerimiento, e informando que el hecho que pudiera tener características de delito es el de Despojo de Bien Inmueble; que la fecha en que le fue notificada la determinación ministerial lo fue el primer día de julio del año en curso; que la determinación que impugna es la de abstención de investigación, prevista en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que el probable imputado es José Manuel Álvarez Dávila, quien tiene su domicilio en Calle Libertad número 37, Villanueva, Zacatecas; y que desconoce si éste ha tenido intervención activa en la indagatoria, así como si cuenta con abogado defensor. En lo que concierne a la tesis jurisprudencial que cita, así como de la copia de la determinación ministerial que anexa a su escrito, recuérdesele al impugnante que estamos ante un sistema de corte acusatorio adversarial oral, que se rige por los principios de publicad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y como tal, debe ser en la audiencia de impugnación de determinación ministerial, en la que las partes harán saber al Órgano Jurisdiccional de forma oral el contenido del auto impugnado, de la carpeta de investigación, así como sus respectivos argumentos, y en ese tenor se procederá a resolver la impugnación plateada; por tanto, regrésesele al impugnante la copia del referido auto que anexo, e indíquesele que se abstenga de realizar argumentos y/o presentar documentación de la que este juzgador sólo debe de tener conocimiento en audiencia, mediante el debate que se genere por las partes. En virtud de lo anterior, y en atención a que se cuenta con la información necesaria para la celebración de la audiencia de impugnación de determinación ministerial, se señalan las diez horas (10:00 hrs) del día jueves diecinueve (19) de agosto del dos mil diecinueve (2019), para que tenga verificativo la audiencia pública de referencia, la cual se celebrará en la sala de audiencias ubicada dentro de las instalaciones de este Juzgado de Control. Atendiendo a que el impugnante manifestó en su escrito su deseo de que le sea nombrado asesor jurídico, a fin de garantizar tal derecho, se dispone, que se le haga saber al Titular de la Comisión Ejecutiva para la Atención de víctimas del Estado, sobre la solicitud de la víctima impugnante, a fin de que designe y envía a un profesionista para que funja como asesor jurídico, quien deberá de comparecer ante el personal de este Órgano Jurisdiccional al menos dos días antes de la celebración de la audiencia, a fin de que acepte, proteste el cargo conferido, pero sobre todo, para que brinde la asesoría correspondiente a la víctima; apercibiendo a esa comisión ejecutiva que en caso de no dar cumplimiento dentro del término otorgado se hará acreedora a una multa por el equivalente a veinte cuotas de salario mínimo con fundamento legal en lo dispuesto por el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atendiendo a que el probable imputado José Manuel Álvarez Ávila durante la indagatoria no tuvo participación activa, así como tampoco ha designado abogado defensor, por lo que, resulta innecesario citarlo a la celebración de la audiencia. Por lo que, cítese únicamente al agente del Ministerio público titular de la investigación, así como al impugnante y al profesionista que le sea designado como su asesor jurídico, que habrán de acudir a la hora y día señalado para la celebración de la citada audiencia. Fundamento legal; en lo establecido por los articulas 20 apartado C, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82 fracción 1,inciso b), 83, 86, 90! 91, 109 fracción V, VII, XV, 110,253 Y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los numerales 7, 9, 11, 12 fracción IV y 14 de la Ley General de Víctimas. [.] El contenido del acuerdo transcrito, pone de relieve que fue dictado por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, en el procedimiento de inconformidad número 03/2019, derivado de la negativa del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas de continuar la investigación del delito en la carpeta de investigación número 224/2019. Acuerdo reclamado en el que el juez responsable negó citar a dicho procedimiento a José Manuel Álvarez Dávila a la audiencia de impugnación de determinación ministerial para resolver la inconformidad planteada. Luego, la negativa del juez para citar al posible imputado José Manuel Álvarez Dávila al desahogo de la audiencia de impugnación, solo constituye una violación en la sustanciación del citado recurso, que no es de imposible reparación, pero no afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, que como tal haga procedente de inmediato el juicio de garantías; pues en todo caso, la citada violación de trascender a la resolución respectiva puede reclamarla al recurrir la citada resolución definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la tesis de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo -junto con sus garantías- un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley". Así como la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción III, inciso b), este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la presente demanda de derechos. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
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