Armando Pinedo Moreno

Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
29/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • Armando Pinedo Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En uno de marzo de dos mil diecisiete, se da cuenta a la juez con un oficio registrado con el número 2824 y anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el veintitrés de febrero del año en curso, en la queja civil 12/2017; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, la superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró infundado el recurso de queja hecho valer el quejoso, en contra del auto de once de enero de dos mil diecisiete, dictado por este juzgado en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material; con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la resolución que puso fin al juicio por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales consiguientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la secretaria da cuenta a la juez con un oficio registrado con el folio 1311. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que transcribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta capital, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió el recurso de queja que hizo valer el quejoso contra el auto de once de enero actual, el cual se registró bajo queja civil número 12/2017-2. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se da cuenta a la juez con un escrito registrado con el folio 950 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Armando Pinedo Moreno, mediante el cual en términos de los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101, de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de once de enero actual, por el que se desechó la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades. En esa virtud, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. En consecuencia, remítase el escrito por que se interpone el recurso de mérito y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada María Concepción García Jacobo. DOY FE. cecy*

  4. Principal

    CUENTA. El once de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por ARMANDO PINEDO MORENO, registrada con el número de folio 400 y copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados María Magdalena Márquez Pereyra y José Carlos Adabache López, cuentan con cédulas profesionales números 2510902 y 9462886 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de enero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ARMANDO PINEDO MORENO, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas Zacatecas y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 29/2017-1, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, los actos reclamados se hacen consistir en lo que enseguida se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO, reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el auto de fecha 29 de junio de 2016 que admitió pruebas de la parte tercero interesado dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, dentro del Juicio civil ordinario de divorcio necesario número 408/2010; y reclamo de todas y cada una de las autoridades responsables ejecutoras reclamo la omisión o abstención de rendir los informes que les fueran solicitadas a cada una de ellas CONFORME AL AUTO DE 29 DE Junio de 2016 que acompaño en copia fotostática simples a la presente demanda que acompaño en copia fotostática simples a la presente demanda, dentro del citado Juicio civil ordinario de divorcio necesario número 408/2010 dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal.". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La falta de desahogo de las pruebas admitidas a la contraparte del quejoso en el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el incidente de liquidación de sociedad conyugal que se tramita en el juicio ordinario de divorcio necesario 408/2010; consistentes entre otras, en la confesional y declaración de parte a cargo del aquí quejoso, así como las diversas de informe de autoridad solicitados a las diversas instituciones que también señala como responsables. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas, el ahora quejoso propuso juicio civil ordinario contra Mirna Leticia Tellez Pinedo mediante el cual le demandó la acción de divorcio necesario, liquidación de sociedad conyugal y otras prestaciones, quedando radicado dicho juicio bajo el número de expediente 408/2010. 2. Previos los demás trámites de ley fue dictada sentencia ejecutoria en la que se decretó el divorcio necesario, así como la liquidación de la sociedad conyugal, ésta en ejecución de sentencia. 3. El diez de noviembre de dos mil quince, el impetrante del amparo promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal contra la ahora tercero interesada, por lo que una vez que fuera emplazada, dio contestación a dicha incidencia, decretándose a petición del quejoso la apertura del término probatorio por un lapso común de diez días para las partes. 4. Por auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se admitieron pruebas a la contraparte del quejoso, entre otras, la confesional y de declaración de parte a cargo del mismo, así como pruebas de informe de autoridad solicitadas a las autoridades que señala como responsables ejecutoras: a) Oficina Local de Recaudación Zacatecas, b) Oficial del Registro Público de la Propiedad y Comercio, ambos de Fresnillo, Zacatecas, c) Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), d) Institución Bancaria Banco Nacional de México Sociedad Anónima (BANAMEX S. A.), e) Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima (BANORTE S. A.), f) Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, g) Institución Bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, h) Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima. 5. No obstante la admisión anterior de pruebas, al dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Primero del ramo Familiar no ha podido desahogar las citadas pruebas, debido a que no prepara debidamente las diligencias respectivas, sea por no notificar al aquí quejoso o bien a su contraparte con la anticipación correspondiente; y, porque no se ha dado contestación a los oficios que fueron remitidos a las responsables ejecutoras antes mencionadas. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio, existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que, desde luego, desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, esta clara distinción entre actos intraprocesales y actos afectatorios de derechos fundamentales como directriz a seguir para denotar la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no es absoluto, puesto que existen otras violaciones adjetivas o intraprocesales que también pueden ser consideradas como actos de imposible reparación, porque pueden ser tan trascendentes como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir los derechos fundamentales de modo irreparable. En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un análisis jurídico para dilucidar y determinar si el acto reclamado consistente en la falta de desahogo de las pruebas admitidas a la contraparte del quejoso en el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictado en el incidente de liquidación de sociedad conyugal que se tramita en el juicio ordinario de divorcio necesario 408/2010, ocasiona a éste perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos humanos del individuo y que, por ello, resulte procedente el amparo indirecto. En el caso específico, el acto que se atribuye al juez responsable, no es de aquéllos que tengan una ejecución de imposible reparación, pues como puede apreciarse de lo expuesto, la falta de desahogo de pruebas reclamada, no se trata de una omisión autónoma al procedimiento derivado del incidente de liquidación en ejecución de sentencia en el juicio ordinario del expediente 408/2010, sino que se presenta justamente dentro de dicho incidente, en el que el quejoso es parte, por lo cual, no obstante que alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por no actualizarse el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Máxime que la suscrita juez de amparo no advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues el impetrante del amparo refiere que de las pruebas ofertadas a su cargo, no se ha llevado a cabo su desahogo porque no son notificadas las partes con la anticipación correspondiente; y, respecto a las de informe de autoridad, porque no se ha dado contestación a los oficios que fueron remitidos a las responsables que señala como ejecutoras; además al ser parte el propio quejoso en el juicio de que se trata, está en posibilidad de solicitar se emita el acuerdo respectivo para el mencionado desahogo; razón por la cual resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo que ahora se interpone. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 48/2016 (10a.), resultado de la contradicción de tesis número 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.- De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ARMANDO PINEDO MORENO. Se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, los licenciados María Magdalena Márquez Pereyra y José Carlos Adabache López, cuentan con cédulas profesionales números 2510902 y 9462886 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Uno número 223, altos, Fraccionamiento Bulevares de esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

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