Armando Martínez Martínez
Expediente 86/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Armando Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: a) Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 102 a la 108), dentro del juicio de amparo 86/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. b) Después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; c) Que sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable, consistente en el duplicado de la causa penal 16/2016. d) De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que el quejoso exhibió el billete de depósito N 791308 por la cantidad de cinco mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del juicio de amparo 86/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En cuanto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. BILLETE DE DEPÓSITO. Tomando en consideración que el quejoso Armando Martínez Martínez exhibió el billete de depósito N 791308 por la cantidad de cinco mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados y que, como quedó precisado, en esta data quedó firme el auto de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor del impetrante del amparo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterado del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, el duplicado de la causa penal 16/2016-II, que en su momento remitió como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y REPRESENTANTE SOCIAL TERCERO INTERESADO, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3153/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 15113, 15114 y 15115
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: a) Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 102 a la 108), dentro del juicio de amparo 86/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. b) Después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; c) Que sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable, consistente en el duplicado de la causa penal 16/2016. d) De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que el quejoso exhibió el billete de depósito N 791308 por la cantidad de cinco mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del juicio de amparo 86/2017, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En cuanto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. BILLETE DE DEPÓSITO. Tomando en consideración que el quejoso Armando Martínez Martínez exhibió el billete de depósito N 791308 por la cantidad de cinco mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados y que, como quedó precisado, en esta data quedó firme el auto de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor del impetrante del amparo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterado del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, el duplicado de la causa penal 16/2016-II, que en su momento remitió como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y REPRESENTANTE SOCIAL TERCERO INTERESADO, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3153/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giraron los oficios 15113, 15114 y 15115"
- Incidental
En treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito, da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 7325. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presente autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Armando Martínez Martínez, y en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte dentro del expediente principal del que deriva el presente incidente, dejando a salvo su derecho para que en el momento oportuno lo haga valer. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. DOY FE. Luis.
- Principal
En treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con un escrito con folio 7326 y con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Armando Martínez Martínez, mediante el cual, hace del conocimiento a este Juzgado que en el diverso juicio de amparo 927/2016-5, en el cual es quejoso, la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión materia del presente juicio de amparo 86/2017, lo cual le fue informado al declararse cumplida la misma en atención a que se le concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, considera que se actualiza una de las causales de improcedencia que la ley establece. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de bien inmueble cometido en perjuicio de Leobardo Martínez Martínez, la cual fue emitida por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas el cinco de enero de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 16/2016, no obstante que dicha orden de captura fue declarada insubsistente. De las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado de la causa penal antes citada, se advierte que efectivamente el cinco de enero de la presente anualidad, la juez responsable, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del diverso juicio de amparo 927/2016, dejó insubsistente la diversa orden de captura de trece de julio de dos mil dieciséis que constituyó el acto reclamado en dicho sumario, y emitió diversa resolución en la que determinó que se encontraban acreditados los elementos del cuerpo del delito de despojo de bien inmueble, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, por lo que, nuevamente giró orden de aprehensión contra éste, la que se dijo, constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, es un hecho notorio para esta juzgadora que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 927/2016, el cual se invoca como hecho notorio y se ordena agregar copia certificada para constancia legal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De dicho juicio, esencialmente, se advierte lo siguiente: 1. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo y auxilio de las labores de este juzgado (fojas 118-129 del expediente relativo al juicio de amparo 927/2016), emitió sentencia definitiva, en la que por una parte, sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y agente del Ministerio Público Cuatro de la Unidad Mixta, ambos del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, contra los actos que reclamó a la Juez Segunda de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Sombrerete, Zacatecas, para los efectos siguientes: Dejara insubsistente la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 16/2016. Emitiera otra en la que subsanara las deficiencias que condujeron a la concesión de la protección federal; esto es, que al fijar los elementos del cuerpo del delito y al realizar la valoración del material convictivo precise la forma de configuración de la conducta del despojo, incluyendo los medios comisivos y las razones por las que los estime actualizados, sin perjuicio de que en ejercicio de sus atribuciones legales pueda ser en el mismo sentido de afectación o en uno diverso, pero purgando los vicios formales detectados en dicha resolución concesoria. 2. Por lo que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días lo acataran y remitieran las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (fojas 163-165 del expediente relativo al juicio de amparo 927/2016). 3. En acatamiento a lo anterior y a fin de dar cumplimiento con el fallo protector, mediante auto de diez de enero del presente año, se tuvo por recibido el oficio 21 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, al que adjuntó copia certificada de la orden de aprehensión dictada el cinco de dicho mes y año (fojas 241-44 del expediente relativo al juicio de amparo 927/2016). 4. Por lo que mediante diverso proveído de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 241-244 del expediente relativo al juicio de amparo 927/2016), este órgano jurisdiccional analizó si la ejecutoria de que se trata se encontraba cumplida, concluyendo que ésta no se había acatado, esencialmente, porque el juez responsable al tener por acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del delito de despojo, volvió a involucrar diversas hipótesis, cuando debió precisar cuál de las conductas comisivas en particular consideró se perpetraba en la especie, y por ende, se volvió a requerir su debido cumplimiento. 5. Mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso (foja 273 del expediente relativo al juicio de amparo 927/2016), se tuvo por recibida la copia certificada de la orden de aprehensión emitida el veintidós de marzo de la presente anualidad, dentro de la causa penal 16/2015, de la cual se advirtió lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis que constituye el acto reclamado en esta instancia constitución, así como la de cinco de enero de la presente anualidad. Dictó una nueva orden de captura en la cual, entre otras cosas, determinó, esencialmente, que se acreditaba plenamente el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble, a que se refiere la hipótesis de furtividad, previsto en el artículo 345, fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas. De lo anterior destaca que la orden de aprehensión de cinco de enero de dos mil diecisiete, fue declarada insubsistente, pues con ésta, la autoridad responsable pretendía dar cumplimiento con la sentencia protectora emitida dentro del referido juicio 927/2016; sin embargo, no satisfacía con lo requerido en dicho fallo protector, de ahí que no se tuvo por cumplida la sentencia de que se trata y se volvió a requerir a la juez responsable, a efecto de que la cumpliera en sus términos. De ahí, que el veintidós de marzo de la presente anualidad, emitió diversa orden de aprehensión de la que se advierte, en concreto, dejó sin efectos las órdenes de aprensión emitidas con anterioridad, a saber, la de trece de julio de dos mil dieciséis y cinco de enero del año en curso; esta última, constituye el acto aquí reclamado. Por tanto, al haber declarado insubsistente la orden de aprehensión reclamada, en virtud de que ésta no cumplía con lo establecido en la ejecutoria de amparo del diverso juicio de amparo 927/2016 y haber sido sustituida por la diversa emitida el veintidós de marzo de la presente anualidad, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que éstos han desaparecido, o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento penal de origen, conforme se indica, por las razones que indica, en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Máxime, que para la actualización de la causal de improcedencia en comento, no resultaba necesario la juez natural dejara insubsistente el acto reclamado, pues, para que se acreditara la cesación de efectos citada, únicamente, bastaba con el proveído por la este órgano jurisdiccional tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo concedida. Entonces, para la actualización del motivo de improcedencia en comento, basta con determinar si se actualiza o no, con base en la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva determinación judicial, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.5o. 1K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 845, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dejado insubsistente la orden de aprehensión reclamada y emitido una diversa, pues no es factible que la orden de captura reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Pronunciamiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con destacamento en Sombrerete, Zacatecas. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 156, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, materia(s): común, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas del nueve de junio de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
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