Armando Martínez Martínez

Expediente 927/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 37 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
927/2016
Año
2016
Actuaciones
37
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas.
  • Armando Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con copia certificada de la promoción con folio 747. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la copia certificada de cuenta, signada por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por la que remite los autos del juicio de derechos 927/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue remitido como apoyo para dictar la sentencia correspondiente en el amparo en revisión 44/2018, de su índice. Acúsese recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.

  2. Principal

    El catorce de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 12550. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que acusa recibo del expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza.- Doy fe. Vicky

  3. Principal

    El once de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 12221. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, del que se advierte que el magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, suscribió un dictamen en el que estimó necesario el juicio en que se actúa 927/2016, para dictar la sentencia correspondiente en el amparo en revisión 44/2018; por lo tanto, como lo solicita y previo cuaderno de antecedentes que se forme remítase a la superioridad para el dictado de la resolución mencionada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe. Vicky +

  4. Principal

    El siete de abril de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término que de tres días concedido a la parte tercero interesada mediante auto de veinticuatro de marzo de la presente anualidad, transcurrió del tres al cinco de abril del año en curso, sin que se hubiera realizado alguna manifestación respecto de los actos realizados por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte tercero interesada no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; por su parte el autorizado del quejoso Armando Martínez Martínez, hizo uso de tal derecho, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta y uno de marzo de la presente anualidad y registrado con el número de folio 4512 (fojas 277-278); en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, se procede a pronunciar sobre el cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 113-114), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva la que en auxilio en las labores de este juzgado emitió el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 118-129), en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y agente del Ministerio Público Cuatro de la Unidad Mixta, ambos del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, contra los actos que reclamó a la Juez Segunda de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Sombrerete, Zacatecas, para los efectos siguientes: Deje insubsistente la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 16/2016. Emita otra en la que subsane las deficiencias que condujeron a la concesión de la protección federal; esto es, que al fijar los elementos del cuerpo del delito y al realizar la valoración del material convictivo precise la forma de configuración de la conducta del despojo, incluyendo los medios comisivos y las razones por las que los estime actualizados, sin perjuicio de que en ejercicio de sus atribuciones legales pueda ser en el mismo sentido de afectación o en uno diverso, pero purgando los vicios formales detectados en este sumario Por lo que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días lo acataran y remitieran las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (fojas 163-165). En acatamiento a lo anterior y a fin de dar cumplimiento con el fallo protector, mediante auto de doce de enero de la presente anualidad (foja 193), se tuvo por recibido el oficio registrado con el número de folio 455 signado por el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Sombrerete, Zacatecas, por el cual, a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria emitida en autos, manifestó que se abstendría de cumplimentar la orden de aprehensión reclamada. Luego, en auto de diez de enero del presente año, se tuvo por recibido el oficio 21 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, por el cual a pretendía dar cumplimiento con la sentencia protectora y al efecto adjuntó copia certificada de la orden de aprehensión dictada el cinco de dicho mes y año (fojas 241-44); por lo que mediante diverso proveído de veintiocho de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional analizó si la ejecutoria de que se trata se encontraba cumplida, concluyendo que ésta no se había acatado, esencialmente, porque el juez responsable al tener por acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del delito de despojo, volvió a involucrar diversas hipótesis, cuando debió precisar cuál de las conductas comisivas en particular consideró se perpetraba en la especie, y por ende, se volvió a requerir su debido cumplimiento. Por otra parte, mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso (foja 273), se tuvo por recibida la copia certificada de la orden de aprehensión emitida el veintidós de marzo de la presente anualidad, dentro de la causa penal 16/2015, de la cual se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente las órdenes de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis que constituye el acto reclamado en esta instancia constitución, así como la de cinco de enero de la presente anualidad. Dictó una nueva orden de captura en la cual, entre otras cosas, determinó, esencialmente, lo siguiente: El primero de los elementos del cuerpo del delito de despojo consistente la existencia de un inmueble o derecho real ajeno al sujeto activo, se acreditó con la denuncia presentada por Leobardo Martínez Martínez, las declaraciones de José Alfredo Oliva Duarte, Martín Pedro Rosales González, Rodolfo Martínez Martínez y Filemón Martínez Martínez, el informe de investigación rendido por el comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, las copias certificadas de la protocolización ante notario público de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam número 89/2004, tramitadas por el denunciante y el dictamen pericial en materia de topografía emitido por el ingeniero Pedro de la O. Bañuelos, pruebas que previamente reseño y a las que otorgó valor en términos de los artículos 277, 273, 274, 276, 277 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, en relación con el 283 del mismo código. Manifestó, que con dichas probanzas se acreditaba la existencia de un derecho real ajeno al aquí quejoso, así como que el ofendido Leobardo Martínez Martínez, ostentaba la posesión integral del predio, en específico, los cuartos o bodegas en él construidos hasta que fue desposeído de éste, las cuales también valoró conforme a los normativos citados en el punto que antecede. Que con la denuncia interpuesta por Leobardo Martínez Martínez, declaración de Armando Martínez Martínez y Rodolfo Martínez Martínez, así como con el informe de investigación se acreditó el segundo de los elementos objetivos del despojo, consistente en demostrar que el sujeto activo ha ocupado de manera furtiva el bien inmueble que poseía el ofendido. Y, con dichos medios de convicción quedaba demostrado que dicha ocupación se efectuó de manera furtiva, es decir, el activo aprovechó que el ofendido no se encontraba presente y realizó las acciones delictivas aludidas (rompimiento del candado, imposición de uno nuevo y desalojo de las pertenencias del ofendido), ya que tal como quedó asentado en la denuncia y en las diversas declaraciones, este no era el lugar de su residencia y por tanto no estaría en todo momento al cuidado y vigilancia del inmueble despojado. El último de los elementos del cuerpo del aludido ilícito, es decir, el nexo causal entre la conducta desplegada y el resultado del delito, se acreditaba con el hecho de que el inculpado al romper el candado y sacar de la finca las pertenecías del sujeto pasivo, sin contar con una orden judicial para ello, lo cierto es, que la circunstancia de romper el cando e imponer uno nuevo implico una desposesión, pues la autoridad competente aún no define la situación de dicho predio, pues, la legal propiedad de dicho inmueble a la fecha no ha sido definida. En conclusión, la autoridad responsable manifestó que con todo lo anterior se acreditaba plenamente el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble, a que se refiere la hipótesis de furtividad, previsto en el artículo 345, fracción I del Código Penal del Estado de Zacatecas. Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que la juez responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 16/2016 y emitiera, otra en la que, al fijar los elementos del cuerpo del delito y al realizar la valoración de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el juicio natural y precisara la forma de configuración de la conducta del despojo, incluyendo los medios comisivos y las razones por las que los estimara actualizados. Lo anterior, sin perjuicio de que en ejercicio de sus atribuciones legales pudiera ser en el mismo sentido de afectación o en uno diverso, pero eliminando los vicios formales detectados el fallo protector, es decir, con plenitud de jurisdicción. Por su parte, el comandante ministerial responsable se abstuviera de ejecutar la orden de aprehensión combatida. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte que las citadas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que el comandante de la policía ministerial responsable manifestó que se abstendría de ejecutar la orden de captura emitida el trece de julio de dos mil dieciséis dentro del proceso penal de referencia; y la juez responsable por una parte dejó insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado, así como una diversa con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos y, por otra, en términos de la ejecutoria de amparo, emitió diversa orden de aprehensión en la que fijó los tres elementos del cuerpo del delito de despojo de bien inmueble, a saber: La existencia de un inmueble o derecho real ajeno al inculpado. La ocupación del inmueble ejecutada mediante algún medio comisivo (de propia autoridad, furtivamente, empleando amenaza y engaños) El nexo causal Además, valoró los medios de prueba ofrecidos en la causa penal de origen, pues, los analizó y les dio valor probatorio conforme a los numerales 277, 273, 274, 276, 277 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, en relación con el 283 del mismo código; asimismo, precisó la forma de configuración de la conducta del despojo, incluyó los medios comisivos y las razones por las que los estimó actualizados, concluyendo que el medio comisivo que se actualiza en el caso en concreto era el furtivo, tendiendo como resultado que se acreditara el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de Armando Martínez Martínez y al efecto libró orden de aprehensión contra éste. Lo expuesto teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis. Por tanto, las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan desacertadas, en específico, la que hace en el sentido de que el juez natural no dio debido cumplimiento con el fallo protector, toda vez que éste al dictar la orden de aprehensión en estudio, involucró dos de las hipótesis comisivas del delito de despojo de bien inmueble, a saber, violencia física furtiva. Sin embargo, de dicha orden de captura se advierte que contrariamente a lo argumentado por el quejoso el juez de la causa manifestó que el sujeto activo había ocupado únicamente de manera furtiva el bien inmueble que poseía el ofendido sin que hubiera involucrado diversas hipótesis. Determinación a la que arribó analizando los diversos medios de convicción que obran en el juicio de donde emana el acto reclamado, concluyendo que quedaba demostrado que dicha ocupación se efectuó de manera furtiva, es decir, el activo aprovechó que el ofendido no se encontraba presente y realizó las acciones delictivas aludidas (rompimiento del candado, imposición de uno nuevo y desalojo de las pertenencias del ofendido), ya que tal como quedó asentado en la denuncia y en las diversas declaraciones, este no era el lugar de su residencia y por tanto no estaría en todo momento al cuidado y vigilancia del inmueble despojado. De lo anterior, no se advierte que se haya involucrado la violencia física como medio comisivo del ilícito. Por otra parte, respecto de las diversas manifestaciones vertidas por el autorizado del peticionario de garantías resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, lo anterior, pues la falta de fundamentación y motivación que alega descansa en el argumento de que, a su juicio, el juez responsable resolvió de manera arbitraria el asunto de donde emana el acto reclamado. De ahí que, se reitera, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en la resolución dictada se dejara insubsistente la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciséis y emitiera otra en la que fijara los elementos del cuerpo del delito y analizando los medios de convicción aportados en la causa penal precisara la forma de configuración de la conducta del despojo, incluyendo los medios comisivos que se actualizaran y las razones por la que lo estimó así; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." En conclusión, dicha determinación se encuentra fundada y motivada y apegada a los lineamientos establecidos en el juicio de amparo, tal como se evidenció en párrafos que anteceden, máxime que, como se vio la protección constitucional se concedió por vicios formales sin que se constriñera a la responsable resolver en determinado sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué 4811 y 4812 4811 y 4812 9061 y 9062 9061

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