Armando Diego Luna López y Otros.
Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Armando Diego Luna López y Otros.
- Roberto Daniel Montes Ruiz
- Magistrado de la Primera Sala Penal del S.T.J.E. cd y Otros.
- Jesús Aldair Molina Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad que lo suscribe, acusando recibo del oficio 5096 de dieciséis de abril del año en curso, así como de las constancias que dicha autoridad adjuntó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Armando Diego Luna López y otros. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 156/2020-IV, promovido por la defensa de Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, contra actos que reclama del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, región Morelia; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el defensor público de Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, presentó demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, región Morelia, contra los siguientes actos: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable señalada como ordenadora y ejecutora, se reclama: La resolución escrita del recurso de apelación dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en contra de los cc Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, con fecha 17 diecisiete de enero del 2020 dos mil veinte, dentro del toca penal IX-2/2020, interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 818/2019, seguida en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión del injusto penal de robo y privación de la libertad, en detrimento de Ma. Silvia García Govea y Gabriel Sixtos González". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, previa prevención, se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal XI-2/2020, por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, mediante la cual modificó la diversa resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, para ahora dictar auto de vinculación en contra de los ahora quejosos Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de robo y privación de la libertad personal, previstos y sancionados por los artículos 199, en relación con el 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, 206 y 171 del Código Penal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias del toca penal 2/2020, así como discos compactos relativos a la causa penal 818/2019, que la responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado, el veintiuno de enero de dos mil veinte; en esos términos, la notificación surtió efectos al día siguiente, como lo dispone el precepto 82 de la ley adjetiva invocada, por lo que empezó a correr al día siguiente hábil al que surtió efectos la misma; por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el veintitrés de enero de dos mil veinte y concluyó el trece de febrero del mes y año en cita, término del cual se descuentan los días inhábiles correspondientes, así como los sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el trece de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la promoción de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En razón de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra de los ahora quejosos por el hecho que la ley señala como delitos de robo de vehículo de motor terrestre en detrimento de Ma. Silvia García Gobea y privación de la libertad personal en agravio de Gabriel Sixtos González; hecho lo anterior, los imputados se reservaron el derecho a declarar; y se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional, por lo que se fijaron las diecisiete horas del veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia inicial. 2. En continuación de la audiencia inicial, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, por el hecho que la ley señala como delitos de robo de vehículo de motor terrestre en detrimento de Ma. Silvia García Gobea, previsto y sancionado por los numerales 199, 205 bis, párrafo segundo, fracción I y V, y 206, en relación con los artículos 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado, y secuestro exprés, en agravio de Gabriel Sixtos González, tipificado y castigado por el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con el artículo 13, fracción III, y relativos del Código Penal Federal, y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 3. Inconformes con esa determinación, el defensor público de los imputados interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca penal 2/2020, quien mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, modificó la diversa resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, para ahora dictar auto de vinculación en contra de los ahora quejosos Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de robo y privación de la libertad personal, previstos y sancionados por los artículos 199, en relación con el 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, 206 y 171 del Código Penal. Siendo esta determinación la que constituye la materia del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Así, del análisis integral de la demanda, se obtiene que en su primer concepto de violación, los quejosos refieren que el Magistrado responsable debía proteger sus derechos humanos, en específico el derecho al debido proceso, porque debió revisar si el actuar de la autoridad inferior se ajustaba o no a los parámetros de la ley procedimental, en este caso, a los parámetros de los artículos 314 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que ello era así, porque en el considerando cuarto, el Magistrado responsable afirmó que la defensa no adujo de qué modo la tortura y malos tratos denunciados impactaban el interior del proceso; sin embargo, contrario a ello, en el agravio segundo de su escrito respectivo, le hizo saber que la tortura y malos tratos impactan en la credibilidad de lo sostenido por los elementos policiales en su informe policial homologado, y había quedado demostrado que durante la detención de Jesús Adair Molina Reyes, éste había recibido malos tratos y golpes. Abundó que también dicho quejoso, así como sus diversos coimputados en el juicio de origen, habían sido obligados a formar parte de una fila de personas detenidas de una manera rudimentaria, a fin de que frente a la policía la víctima fuera capaz de decir si reconocía o no, a alguna de las personas detenidas, lo que así ocurrió, porque la víctima reconoció a Jesús Adair Molina Reyes. De igual forma asevera que los policías no resguardaron la información que constituía evidencia material, porque extraviaron la licencia de circulación asegurada a los allá encausados, porque con anuencia de un departamento de Enlace Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública decidieron devolver a la víctima (sic); de ahí que considera no le asiste razón a la responsable al afirmar que la defensa no propició o aproximó información relevante y suficiente para demostrar que los policías llevaron a cabo actos de tortura y malos tratos contra los ahora quejosos, porque sostiene, los allá imputados fueron obligados a participar en actos de autoridad que considera entrañaban un acto de molestia. El anterior concepto de violación resulta infundado. En principio, es menester precisar que, cuando en un juicio de control constitucional el acto reclamado lo constituya un auto de vinculación a proceso, el análisis de dicha actuación debe realizarse, conforme a la Ley de Amparo, pero también considerando los principios del juicio natural -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. En efecto, el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y como excepción para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Nove Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993, al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Luego, en la tesis aislada 1a. CCLI/2011, con número de registro 160252, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso, que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, no asiste razón al peticionario del amparo cuando aduce que el auto de vinculación a proceso fue emitido en contravención a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico al artículo 316; porque contrario a lo argumentado, en la especie, sí existen datos de prueba que permiten establecer que ocurrió un hecho sancionado por la ley penal como delito de robo y privación de la libertad personal, previstos y sancionados por los artículos 199, en relación con el 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, 206 y 171 del Código Penal, así como la posibilidad de que los peticionarios del amparo pudieron intervenir en su comisión. Para justificar lo anterior, conviene señalar que el auto de vinculación a proceso tiene su génesis en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el que se establece la obligación para la autoridad judicial de decidir si es necesario iniciar un juicio, en cuyo caso deberá expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, la exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso que deriva del derecho constitucional de debido proceso penal, que garantiza y dota de certeza jurídica constitucionalmente protegida, de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, cabe destacar que el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el auto de vinculación a proceso delimita el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, se determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a juicio o el sobreseimiento de la causa. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 160454 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.282 P (9a.) Página: 4298 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 91/2011. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela". En ese tenor, resulta indispensable señalar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el juez de control debe observar los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En cuanto, al principio de contradicción debe decirse que incide en el derecho de las partes, a tener acceso directo a todos los datos que obran en la carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público, ofendido o víctima, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente. Asimismo, el auto de vinculación a proceso requiere para su emisión que existan datos que establezcan un hecho delictuoso y que es probable la intervención reprochable del imputado, es decir, la probabilidad de que se cometió un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho. Lo anterior así fue considerado por el Magistrado responsable, puesto que en primer término determinó su competencia para conocer del recurso planteado; enseguida expuso que acorde al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal sólo podía pronunciarse sobre los agravios expresados por el apelante, por ello quedaba prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en los agravios o más allá de los límites del recurso, a menos que se tratara de un acto violatorio de derechos fundamentales de los allá imputados. Enseguida, realizó una síntesis de los agravios, para después realizar un análisis de las inconformidades del defensor de los imputados. En esos términos, si el Magistrado responsable consideró que si el inconforme no expuso ni sugirió qué datos expuestos en la audiencia por la fiscalía no eran susceptibles de ser considerados por el juzgador al momento de emitir su resolución, por estar afectados de la ilicitud en su obtención, puesto que era necesario que primero haya quedado evidenciado que se obtuvo con violación de derechos humanos o bien, que se haya incorporado al debate de manera ilícita, esa determinación resulta correcta. Ello es así, porque tal como lo sostiene el Magistrado responsable, de los agravios planteados por el allá apelante, no se advierte que éste haya expuesto cuáles medios de prueba se obtuvieron de forma ilícita, porque sólo se limitó a señalar en su agravio segundo de su escrito respectivo, que la tortura y malos tratos impactan en la credibilidad de lo sostenido por los elementos policiales en su informe policial homologado, y había quedado demostrado que durante la detención de Jesús Adair Molina Reyes, éste había recibido malos tratos y golpes. Sin embargo, tal como lo afirmó el Magistrado responsable, esas manifestaciones de ninguna forma pueden tornarse como un agravio que condujera a establecer que esa prueba estaba afectada de ilicitud por haber sido obtenida de manera ilícita, y por ello no debía ser considerada para ser incorporada al debate. Máxime que no debe perderse de vista que en tratándose de un recurso de apelación, el Magistrado debe limitarse a pronunciarse sólo respecto a los agravios expuestos por la parte apelante, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos, a más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales de los allá imputados. Por lo tanto, si en ese sentido la parte apelante ante el juez de origen no emitió ningún argumento jurídico en ese sentido, puesto que no se precisó cuáles datos de los expuestos en la audiencia por la fiscalía no eran susceptibles de ser considerados por el juez al momento de emitir resolución por estar afectados de la ilicitud en su obtención, el Magistrado responsable no podía analizar de oficio dicho tópico; de ahí que el agravio planteado ante la responsable, sólo puede tomarse como una mera apreciación subjetiva, más no tendente a acreditar la ilicitud de los datos tomados en cuenta para la emisión del auto de vinculación. Máxime que como se asentó, el recurso de apelación se limita a los agravios que le son puestos a consideración por las partes. No pasa inadvertido que el Magistrado responsable no haya realizado pronunciamiento en lo relativo a la tortura; sin embargo, ello en nada trasciende, puesto que de la reproducción del disco óptico remitido marcado como número "3", se advierte que en la hora 23:36 de la continuación de la audiencia inicial, el juez de origen al dar contestación a las manifestaciones de la defensa, precisó que era un hecho que uno de los allá imputados presentaba al menos cinco equimosis y escoriaciones, que ello no era un hecho controvertido, o al menos la Fiscalía no había hecho manifestación alguna en ese sentido, y no obstante dichas lesiones, sólo se le daría un trato extraprocesal, porque ese hecho no había sido denunciado por la víctima, por lo que ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado, para la investigación de ese hecho que pudiese ser considerado como delito de tortura, ordenando girar el oficio respectivo. En esos términos, si el juez de origen dio la vista respectiva por dichas lesiones para su investigación por la autoridad competente, se cumplió con la obligación establecida en el artículo 1º Constitucional, y al ser ello así, el Magistrado responsable no estaba obligado a pronunciarse en relación a ese tópico. También cabe precisar que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, de las constancias remitidas se advierte que en el caso concreto se cumplió con el tópico relativo al debido proceso, desde el momento en que se les permitió a los allá imputados y su abogado ejercer sus defensas antes de que la autoridad modificara su esfera jurídica; que en forma general consisten en (i) notificar el inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa -con las salvedades que exige el sistema penal oral, es decir, debate de datos de prueba y realización de actos de investigación-; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia que se reproduce a continuación: Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396 "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En efecto, previo a la emisión del acto reclamado, la fiscalía formuló imputación, es decir, les informó a los aquí quejosos que desarrollaba una investigación en su contra, respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Asimismo, el juez de origen dio la oportunidad a los imputados, que rindieran su declaración -previa advertencia de las consecuencias que ello generaba y que no estaban obligados a hacerlo-; en el que éstos se reservaron ese derecho, puesto que manifestaron su deseo de no hacerlo. Además, el juzgador se cercioró que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendieran datos suficientes que establecieran que se había cometido un hecho determinado que la ley señaló como delito y que existía la probabilidad de que lo cometieron o participaron en su comisión; y, que no se actualizara una causa de exclusión del delito o extinción de la acción penal. Con lo que en el caso concreto se cumplió con el debido proceso previsto en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la debida defensa, ya que se le dio a conocer a los quejosos la imputación de los hechos por los que la fiscalía ejercicio acción penal en su contra; se les dio oportunidad de alegar y de debatir respecto de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, así como realizar actos de investigación durante el plazo constitucional o su ampliación, aunado que el juzgador primeramente pidió a la fiscalía que mencionara los datos de prueba que justificaban su solicitud de vinculación a proceso y luego cuestionó a los imputados, respecto del momento en que querían que se resolviera su situación jurídica, a fin de que estuvieran en aptitud de realizar los actos de investigación citados, conforme a su estrategia de defensa; luego, se le dio oportunidad de argumentar a la defensa de los imputados y de debatir lo atinente a ello; para finalmente con base a lo expuesto por las partes conforme al principio de contradicción, emitió un auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos. También, se permitió un debate entre las partes, sin que se limitaran las intervenciones de los imputados y su defensa, según se observó en la audiencia inicial; aunado a que tanto la defensa como los imputados intervinieron en la forma en que fue su deseo hacerlo, en respeto al principio de contradicción que establece el numeral 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, se advierte que se respetó el debido proceso a favor de los quejosos. En otro aspecto, es necesario precisar que el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio genera que el estándar de prueba necesario para el dictado de un auto de vinculación a proceso sea de probabilidad; es decir, que basta que se exhiban elementos que demuestren que existe una posibilidad de que se ha cometido una conducta descrita por la ley como ilícita y que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización. Al respecto, resultan aplicables los criterios que se transcriben a continuación: Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Contradicción de tesis 87/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 1 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Gabino González Santos y Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 724/2012, 811/2012, 6/2013, 423/2013 y 440/2013, sostuvo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 757, registro digital: 2004857; y al resolver los amparos en revisión 22/2010, 110/2010, 147/2010, 267/2010 y 282/2010, sostuvo la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 1942, registro digital: 160330. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2015, sostuvo que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que el Juez de Control conozca cuál es el delito materia de la imputación, lo que implica que efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del hecho punible correspondiente, esto es, sus componentes objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el ministerio público imputa al acusado son o no constitutivos del delito. Tesis de jurisprudencia 35/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 175/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivaron las tesis aisladas XXVII.3o.21 P (10a.) y XXVII.3o.20 P (10a.), de títulos y subtítulos: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas y del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3389 y 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2025, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013" Época: Décima Época Registro: 2012685 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: XVII.1o.P.A.30 P (10a.) Página: 2741 "HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO". EVOLUCIÓN DE ESTE CONCEPTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado de Circuito en las jurisprudencias XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), determinó lo que se ha entendido como "hecho que la ley señale como delito". En la primera, se estableció que el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Constitución Federal, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Mientras que en una de las ejecutorias que le dieron origen se hizo alusión a que para el dictado del mencionado auto sólo debían acreditarse el elemento objetivo del tipo (núcleo) y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero no los demás elementos ni la probable responsabilidad. Lo anterior, bajo el nuevo estándar en el sistema acusatorio oral penal, es decir, que la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo. En otro de sus precedentes se puntualizó que para el dictado de dicho auto basta que se indiquen simplemente los hechos ilícitos, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Que en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del propio artículo 19 constitucional, es innecesario analizar los elementos normativos y subjetivos, si es el caso que éstos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, como se apuntó con antelación, es decir, sólo deben analizarse los elementos objetivos (núcleo) relativos al hecho integrante del delito y respecto a los elementos subjetivos, su estudio debe ser en el grado de probable. Y que es innecesario que el Juez de garantía analice todos los elementos constitutivos del tipo del delito imputado, ni las calificativas; sin embargo, si lo hace, no irroga perjuicio al imputado-quejoso, pues el sobreabundar en los citados conceptos, favorece la defensa, ya que desde ese momento procesal, tiene la certeza de lo que, en un momento posterior, va a integrar el contenido de la acusación, la que conforme a los artículos 287 y 294 del código mencionado, tiene lugar hasta el cierre de la investigación. Por su parte, en la segunda jurisprudencia se estableció que, atento al citado artículo 280 del propio código, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual [acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto (núcleo), desde la lógica formal], esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Ahora bien, actualmente la actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de "hecho que la ley señale como delito". Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstracción formulada por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de "conducta", porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no hay delito. Esto es por imperio del principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido. En conclusión, el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 294/2015. 15 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: Jorge Luis Olivares López, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas. Amparo en revisión 113/2016. 30 de junio de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Nota: Las tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 1942, con el rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." y Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 757, con el título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de la Federación". Época: Décima Época Registro: 2013695 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: XV.3o.6 P (10a.) Página: 2167 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 305/2016. 8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretario: Juan Manuel García Arreguín. Esta tesis se publicó el viernes 17 de febrero de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación". De los criterios reproducidos con antelación se obtiene que los elementos que componen al auto de vinculación a proceso, son los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; Que la ley señale como delito a ese hecho; y, Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Dichos elementos, distinguen este tipo de determinación, que surgió a partir de un sistema de corte acusatorio, adversarial y oral; en el que a diferencia del sistema de justicia penal mixto, en los requisitos aludidos, cambia las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". Tales aspectos, se insiste, denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con los lineamientos establecidos por el artículo 20 de la Constitución Federal, ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito; con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ello implica que ya no se exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En suma, lo relevante para el dictado del auto de vinculación no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal; por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de prueba plena. Cabe enfatizar que, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 15, del Código Penal Federal. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expresados, en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley señala como delito de robo y privación de la libertad personal, previstos y sancionados por los artículos 199, en relación con el 205 bis, párrafo segundo, fracciones I y V, 206 y 171 del Código Penal. En el caso concreto, el Magistrado responsable concretó el análisis del recurso de apelación en torno a las peticiones planteadas en los agravio, y en específico al relativo de que se analizara la valoración de la prueba, porque existían contradicciones en los testimonios de los agentes aprehensores que trastocaban la credibilidad de su información, el Magistrado desestimó dicho agravio porque consideró que el auto de vinculación no era el momento oportuno para oponer los datos de prueba contradictorios y dar prevalencia unos sobre los otros, porque no se estaba resolviendo el fondo del asunto, sino que la finalidad era determinar si los datos de prueba justificaban o no la continuación del proceso, e invocó al respecto el criterio del rubro: "AUTO DE VINCULACIPON A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR". En ese aspecto, la parte quejosa refiere que la tesis en que el Magistrado responsable sustenta su determinación no resulta de aplicación obligatoria, acorde a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, porque se trata de una tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del segundo circuito, y el Estado de Michoacán no corresponde a dicho circuito, por lo que considera dicho proceder es incorrecto. Dicho motivo de disenso resulta infundado, puesto que acorde a lo sostenido por el Magistrado responsable, en la continuación de la etapa inicial, sólo debe tomarse en consideración la posibilidad de que el quejoso haya intervenido en la comisión del hecho considerado como delito. En ese orden de ideas, cabe precisar que en el caso concreto los elementos que componen el auto de vinculación se encuentran colmados, puesto que basta la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos requisitos se aprecian cumplidos de una simple reproducción del disco versátil digital que contiene la videograbación de la audiencia en que se dictó el acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. Ello es así, porque a partir de la continuación de la audiencia inicial, desahogada el veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, se procedió a la identificación de las partes, se designó asesor jurídico a la víctima; se admitieron y desahogaron pruebas de la defensa; se recepcionaron los alegatos de las partes, y posteriormente se procedió a la valoración de los datos de prueba, para concluir que los datos de prueba aportados por la fiscalía, entre ellos el dicho de la víctima Gabriel Sixtos González; así como lo dicho por Julio César Sixtos García, con lo expuesto por los elementos policiales aprehensores; aunado a la localización del vehículo en poder de los allá imputados y con la circunstancia de que se localizó en ese vehículo la licencia de la víctima que previamente había sido privado de la libertad. A partir de esos datos, el Juez de origen concluyó que se colmaban los elementos necesarios para dictar un auto de vinculación a proceso, porque de ellos se obtenía que el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cero horas, sobre la Glorieta de Salida a Quiroga, de esta ciudad, Gabriel Sixtos González, fue interceptado por los ahora imputados, subiendo Roberto Daniel Montes Ruiz del lado del copiloto y los imputados Armando Diego y Jesús Adair en la parte de atrás del vehículo, diciéndole que los llevara al crucero de Cointzio llegando a las 00:15 horas, intentando orillarse el señor Gabriel, mientras que el imputado Armando Diego le dijo que no parara, momento en que sacó una pistola tipo escuadra negra, apuntándole en un costado, indicando que le diera a Mintzita, Gabriel Sixtos por temor hizo caso, y al llegar a la colonia Potreros Gabriel Sixtos fue conducido a un inmueble en el cual quedó privado de su libertad, logrando escapar; posteriormente los allá imputados fueron requeridos al momento en que tripulaban el vehículo del cual desapoderaron al pasivo. Enseguida, con los datos de prueba ya enunciados, se dictó auto de vinculación por los hechos con apariencia de los delitos mencionados, porque no advertía transgresión a derechos fundamentales durante la obtención de los datos. En esos términos, a juicio de quien resuelve, y contrario a lo alegado por la parte quejosa en el segundo de los conceptos de violación, al dictar el acto reclamado, el Magistrado responsable actuó de forma correcta al estimar que no era la etapa oportuna para oponer los datos de prueba contradictorios, porque es el caso que el juez de origen cumplió con las formalidades que al efecto exige el artículo 19 Constitucional, dado que analizó correctamente la verificación de un hecho que la Ley señala como delito, cuenta habida que el estándar probatorio que se requiere en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, como lo expuso el juez de la causa, en la audiencia donde se emitió el acto reclamado de origen, sólo implica que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados actos de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, sea necesario que en la etapa de investigación tales datos constituyan prueba fehaciente para la legalidad de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues para los efectos de este sistema judicial sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral, aun cuando se hayan recibido diversos testimonios durante la audiencia de vinculación a proceso, pues el que se hayan recepcionado no les da el carácter de prueba, sino de un simple dato probatorio, a nivel indiciario. De ahí, que si en esta etapa se advierten discrepancias entre lo vertido por esos atestes y lo expuesto por los elementos aprehensores, lo cierto es que como lo aseveró el Magistrado responsable, en esta etapa de juicio no es factible dar prevalencia a unos medios de prueba sobre otros, porque no se resuelve el fondo, dado que la finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso. En efecto, asiste razón al Magistrado responsable, porque como ya se precisó, para el dictado de un auto de vinculación basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió; de ahí, que como ya se anotó, no es necesario comprobar plenamente, basta la existencia de datos, extremo que se colma en esta etapa con los datos de prueba ya anotados en párrafos anteriores. De ahí que de advertirse eventualmente una duda razonable, ello sólo podría ser motivo de análisis al resolver el fondo del asunto, por lo tanto, es necesario que las discrepancias señaladas por la defensa se aclaren en el juicio. Apoya esta consideración, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2015953 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A.53 P (10a.) Página: 2082 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 60/2017. 8 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Magistrado responsable estableció acertadamente que los datos de prueba que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que la Ley de Amparo, considera como delito de robo y privación ilegal de la libertad, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito, contrario a lo señalado por el amparista, comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que los datos aportados por el Ministerio Público, de los cuales hizo mención en la audiencia en la que se dictó auto de vinculación al quejoso, permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado, consistente en que los ahora quejosos privaron de la libertad al pasivo y lo desapoderaron del vehículo de motor terrestre, siendo interceptados cuando conducían el vehículo del cual desapoderaron al pasivo. Aunado a lo anterior, cabe precisar que para el dictado de un auto de vinculación, no se exige que estén plenamente acreditados todos los elementos configurativos del delito, sino que basta que existan datos de prueba que den cuenta de la existencia de hechos que, eventualmente y bajo las condiciones necesarias, puedan llegar a ser considerados como constitutivos del delito, lo que hasta el momento se encuentra colmado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Magistrado responsable. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2004857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) Página: 757 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 724/2012. 1 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 811/2012. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Amparo en revisión 6/2013. 12 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario Juan Fernando Luévano Ovalle. Amparo en revisión 423/2013. 13 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Amparo en revisión 440/2013. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 87/2016 de la Primera Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2017 (10a.) de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En esos términos, y en contraposición a lo aducido por el peticionario de amparo, la resolución reclamada no transgrede los tratados internacionales, ni la constitución que reconocen los principios de pro homine y de presunción de inocencia pues la afectación a la libertad del quejoso quedó justificada por haberse cumplido los requisitos legales exigidos conforme a la normatividad aplicable. Al respecto se invoca la tesis que dice: Época: Novena Época Registro: 175111 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/20 Página: 1512 "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 470/2004. 21 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Jorge Hernández Ortega. Amparo directo 283/2005. 8 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Omar Fuentes Cerdán. Amparo directo 566/2005. 24 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Amparo directo 612/2005. 17 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Jorge Hernández Ortega. Amparo directo 9/2006. 17 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Omar Fuentes Cerdán". Con relación a la probabilidad de que el imputado intervino en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de prueba que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y aquellos otros que se rindieron ante el Juez de Control por la defensa; por ende, basta que existan indicios de que los ahora quejosos hayan intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlos a proceso. En el caso, la responsable, acertadamente consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados, hoy quejosos, en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar que de los datos aportados por la Fiscalía, se justificaba su intervención en esos hechos. A partir del anterior análisis, resultan infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues los mismos, en esencia, como ya se vio están dirigidos a combatir que existen pruebas que contradicen lo expuesto por los elementos aprehensores, y por ello los datos de prueba valorados por el juzgador responsable son insuficientes e ineficaces para acreditar su probable participación en los hechos que se le imputan. Es así, porque ya quedó precisado que en el sistema penal acusatorio el estándar de prueba requerido para el dictado de un auto de vinculación es el de probabilidad, es decir, basta con que existan datos de prueba que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que el o los imputados hayan participado en la comisión del mencionado hecho. A mayor abundamiento cabe señalar que los datos de prueba analizados hasta el momento eventualmente podrían ser desvirtuados durante la secuela procesal; sin embargo, resulta factible considerar que dado el estándar de prueba requerido para la etapa procesal en que se encuentra el juicio natural (auto de vinculación), los datos aportados hasta el momento pueden considerarse suficientes para la emisión de la determinación reclamada. Lo anterior, de ningún modo implica el pronunciamiento definitivo de que tales elementos resulten suficientes o eficaces para el dictado de una sentencia condenatoria; pues para ello será necesario, tanto que se acredite en forma fehaciente la participación de los imputados aquí quejosos, como que se desvirtúe el principio de presunción de inocencia; pero sí, se insiste para el dictado del auto de vinculación a proceso como el que se combate en el juicio que se resuelve. Por lo tanto resulta infundado el segundo concepto de violación que endereza la parte quejosa, en el sentido de que no resulta obligatorio el criterio invocado por el Magistrado responsable del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR". Ello es así, porque aun y cuando se trata de un criterio aislado sostenido por un Tribunal Colegiado de otro circuito, no existe impedimento para su aplicación por parte del Magistrado responsable, pues interpreta disposiciones generales para el dictado de un auto de vinculación, sobre todo, si no existe una jurisprudencia que sostenga lo contrario; de ahí que ninguna afectación le causa la invocación del criterio de que se habla. En las relacionadas condiciones, al haberse realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Armando Diego Luna López, Jesús Adair Molina Reyes y Roberto Daniel Montes Ruiz, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal, consistente en la resolución dictada el diecisiete de enero de dos mil veinte, en autos del toca pena 2/2020, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dos de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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