Armando García Álvarez

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Armando García Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de catorce de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó y por otra otorgó la protección constitucional a Fernando Aguilar Martínez, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zacapu, Michoacán. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo protector, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, en auto de veintiocho de febrero del año en curso se le tuvo informando los trámites realizados en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, entre ellas, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio instestamentario 1191/2021, así como los actos que fueron consecuencia inmediata y directa de los mismos, incluida la resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintidós, ordenando llamar a juicio al menor de iniciales C.F.A.G., lo cual acredita con las constancias que adjuntó a su informe, con lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento sucesorio intestamentario 1191/2022, así como los demás actos que sean consecuencia inmediata y directa de dichos actos, incluida la resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintidós; y, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido contradictorio, ordene llamar a juicio a la menor aquí quejosa Cristal Fernanda Aguilar Gallo, a fin de que se le otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos hereditarios que pudieran asistirle. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1191/2021, determinó lo siguiente: 1. En acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario 1191/2021, así como los demás actos que fueron consecuencia inmediata y directos de los mismos, incluida la resolución interlocutoria de doce de mayo de dos mil veintidós, ordenando a su vez llamar a juicio a la menor quejosa Cristal Fernanda Aguilar Gallo, otorgándole el derecho de comparecer hacer valer los derechos hereditarios que pudieran asistirle. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad judicial responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Destino de incidentes Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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