Armando Flores Martínez

Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
536/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Armando Flores Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintinueve de junio pasado, mediante el cual SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Armando Flores Martínez, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Mgm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. SE TIENE POR NO PRESENTADA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se desprende que ha fenecido el término de cinco días concedido al quejoso Armando Flores Martínez, para que diera cumplimiento a la prevención formulada en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Mgm

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBEN AUTOS. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo número 508/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, quien se ostenta apoderado de Armando Flores Martínez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; al estimar que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. SE ASUME CONOCIMIENTO Atento a lo anterior, del análisis a las actuaciones del juicio de amparo en que se trata, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, acepta el returno planteado y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que, ahora, quedará registrado con el número III-536/2021. Acúsese recibo de estilo al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Ahora bien, visto el escrito de demanda promovida por Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, quien se ostenta apoderado de Armando Flores Martínez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; con apoyo en el artículo 10 y 11 de la Ley de Amparo y en términos del poder general para pleitos y cobranzas, limitado a juicios, procedimientos y asuntos en materia administrativa, que anexa a su escrito de demanda, respecto del cual realiza la protesta respectiva, se reconoce a Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, el carácter de apoderado del quejoso Armando Flores Martínez, lo anterior para los efectos legales procedentes. SE ATIENDE MANIFESTACIÓN. Ahora bien, no obstante que la autoridad declinante cataloga como urgentes los actos reclamados, este juzgado advierte que el promovente refiere que el quejoso directo ha recibido de diversas autoridades ". amenazas, e intentos de detención por parte de elementos de seguridad municipal, así como diversas amenazas e insultos de éstos, sin que hubiere motivo o causa legal fundada para ello, asimismo durante todo este tiempo ha recibido amenazas que incluso atentan contra su vida, libertad y posesión de sus bienes, los cuales comenzaron a partir de la campaña electoral antes descrita." A partir de lo antes transcrito, debe decirse que de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En la especie, el suscrito estima que las anteriores hipótesis no se actualizan, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se conoce que el quejoso no se encuentra privado de su libertad. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, que en la especie no prevalece. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Máxime si se toma en consideración que los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional conforme a su naturaleza, los mismos constituyen actos futuros e inciertos, pues de lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad, no se desprende que a la fecha se le haya aplicado alguno de los actos que pretende reclamar en esta instancia. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Época: Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Común, Administrativa Tesis: Página: 1698 SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio. Amparo administrativo. Revisión del auto que concedió de plano y de oficio la suspensión 2417/36. Chacón Carlos y coags. 11 de septiembre de 1936. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Asimismo, es aplicable en vía de orientación, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Séptima Época Registro: 249048 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 16 ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 77/84. Wilma González de Gómez. 27 de marzo de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Zárate Sánchez.". Asimismo, la diversa tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "Época: Séptima Época Registro: 254580 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 78, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 73 SUSPENSION DEFINITIVA, IMPROCEDENCIA DE LA. ACTOS FUTUROS PROBABLES, PERO NO INMINENTES. La pretensión del recurrente de que debe concederse la suspensión de los efectos positivos y consecuencias que se derivan de los actos reclamados, por considerar que, aunque negativos, tienen efectos positivos que señala en sus agravios, no resulta correcta, pues no es indudable que de la resolución reclamada se derivan inmediata y directamente tales efectos, sino que éstos se originarán posiblemente mediante otra resolución que pueda reclamarse y produzca efectos posteriores, a virtud de su sentido, puesto que la declaración que estima el recurrente en el sentido de que la adquisición de las acciones de que se trata debe considerarse nula, tal declaración se presenta como un acto probable, pero no inminente, a más de que no puede suponerse la actitud que asuma la autoridad en cuanto a la instancia de la tercera perjudicada, y si tal circunstancia se presentara, a su tiempo la sociedad quejosa estará en la posibilidad de ampliar su demanda o presentar otra en vista del sentido de la resolución de la autoridad o de solicitar la suspensión por motivo superveniente para que se otorgue, según las propias peculiaridades de la resolución, y las consecuencias que de ellas se deriven. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 257/75. Cervecería Moctezuma, S.A. 10 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.". PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda sobre lo siguiente: 1.- De su escrito de demanda se advierte que reclama de las autoridades administrativas que señala como responsables la orden de cateo, decreto, acuerdo, oficio o su equivalente, que tenga por efectos la privación de posesión, orden de cateo en contra de los bienes que posee muebles e inmuebles, por lo que deberá precisar si dichos los actos relacionados con la privación de posesión, cateo o embargo de los bienes del quejoso, provienen de algún procedimiento judicial, en el entendido, de que de ser así deberá precisar de manera ordenada, completa y cronológica a manera de antecedentes el tipo de asunto del que deriva dicha orden, las partes que intervienen, las prestaciones reclamadas, el carácter que le reviste al quejoso dentro de dicho controvertido, estado procesal del mismo, entre otros datos; y de ser así las autoridades jurisdiccionales que ante quienes se substancie alguno de esos procedimientos. 2. Por otro lado, toda vez que en el capítulo relativo a las autoridades responsables, específicamente las referidas en los apartados marcados como trigésimo quinto y trigésimo sexto, señala a: Elementos de Seguridad Pública Preventiva de Zitácuaro, Michoacán, y Elementos de la Policía Auxiliar del estado de Michoacán, deberá indicar cuántos y como se identifican dichos elementos que afirma pretenden dar cumplimiento a las ordenes reclamadas; o bien, aclarar si lo que pretende es señalar como responsable al titular de cada una de la áreas que menciona. 3.- Por otro lado, deberá indicar el motivo, razón o circunstancia por la que el quejoso no promueve por su propio derecho, signando la demanda respectiva; lo anterior se hace necesario, para saber la situación en que se encuentra actualmente el amparista, pues de la demanda de amparo, no se advierte que el mismo se encuentre privado de su libertad. Sustenta lo exigido en los puntos del tres al ocho del presente acuerdo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que en su rubro dice: "Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 202853 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Página 871 Tesis Aislada (Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Amparo en revisión 393/95. Layda Francisca Pineda Vital. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís". En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 4.- Finalmente, para que, en la hipótesis de dar cumplimiento de forma física exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad que señala como responsable, y otra más para la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la promovente del amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos uno, dos y tres se tendrá por no presentada la demanda; lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "jesusemmanuelarguellesnajera", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Por otro lado, se tiene a la parte promovente señalando como sus autorizados a las personas que menciona en el proemio de su escrito de demanda, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se las confiere expresamente por lo que únicamente se les autoriza para oír, recibir notificaciones, recoger documentos e imponerse de los autos.. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NO PROCEDE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Sin que proceda autorizarle las notificaciones a través del correo electrónico emmanuelarguellesnajera@gmail.com que precisa, en atención a que la ley de la materia no contempla tal situación. No obstante, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este órgano jurisdiccional toma nota de las direcciones del correo electrónico y teléfono, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. 7797. JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. (SE ACUSA RECIBO DEL JUICIO DE AMPARO 508/2021) CIUDAD. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO III-536/2021, PROMOVIDO POR ARMANDO FLORES MARTÍNEZ CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: "Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBEN AUTOS. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo número 508/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, quien se ostenta apoderado de Armando Flores Martínez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; al estimar que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. SE ASUME CONOCIMIENTO Atento a lo anterior, del análisis a las actuaciones del juicio de amparo en que se trata, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, acepta el returno planteado y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que, ahora, quedará registrado con el número III-536/2021. Acúsese recibo de estilo al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Ahora bien, visto el escrito de demanda promovida por Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, quien se ostenta apoderado de Armando Flores Martínez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; con apoyo en el artículo 10 y 11 de la Ley de Amparo y en términos del poder general para pleitos y cobranzas, limitado a juicios, procedimientos y asuntos en materia administrativa, que anexa a su escrito de demanda, respecto del cual realiza la protesta respectiva, se reconoce a Jesús Emmanuel Arguelles Nájera, el carácter de apoderado del quejoso Armando Flores Martínez, lo anterior para los efectos legales procedentes. SE ATIENDE MANIFESTACIÓN. Ahora bien, no obstante que la autoridad declinante cataloga como urgentes los actos reclamados, este juzgado advierte que el promovente refiere que el quejoso directo ha recibido de diversas autoridades ". amenazas, e intentos de detención por parte de elementos de seguridad municipal, así como diversas amenazas e insultos de éstos, sin que hubiere motivo o causa legal fundada para ello, asimismo durante todo este tiempo ha recibido amenazas que incluso atentan contra su vida, libertad y posesión de sus bienes, los cuales comenzaron a partir de la campaña electoral antes descrita." A partir de lo antes transcrito, debe decirse que de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En la especie, el suscrito estima que las anteriores hipótesis no se actualizan, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se conoce que el quejoso no se encuentra privado de su libertad. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, que en la especie no prevalece. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Máxime si se toma en consideración que los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional conforme a su naturaleza, los mismos constituyen actos futuros e inciertos, pues de lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad, no se desprende que a la fecha se le haya aplicado alguno de los actos que pretende reclamar en esta instancia. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Época: Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Común, Administrativa Tesis: Página: 1698 SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio. Amparo administrativo. Revisión del auto que concedió de plano y de oficio la suspensión 2417/36. Chacón Carlos y coags. 11 de septiembre de 1936. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Asimismo, es aplicable en vía de orientación, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Séptima Época Registro: 249048 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 16 ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 77/84. Wilma González de Gómez. 27 de marzo de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Zárate Sánchez.". Asimismo, la diversa tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "Época: Séptima Época Registro: 254580 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 78, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 73 SUSPENSION DEFINITIVA, IMPROCEDENCIA DE LA. ACTOS FUTUROS PROBABLES, PERO NO INMINENTES. La pretensión del recurrente de que debe concederse la suspensión de los efectos positivos y consecuencias que se derivan de los actos reclamados, por considerar que, aunque negativos, tienen efectos positivos que señala en sus agravios, no resulta correcta, pues no es indudable que de la resolución reclamada se derivan inmediata y directamente tales efectos, sino que éstos se originarán posiblemente mediante otra resolución que pueda reclamarse y produzca efectos posteriores, a virtud de su sentido, puesto que la declaración que estima el recurrente en el sentido de que la adquisición de las acciones de que se trata debe considerarse nula, tal declaración se presenta como un acto probable, pero no inminente, a más de que no puede suponerse la actitud que asuma la autoridad en cuanto a la instancia de la tercera perjudicada, y si tal circunstancia se presentara, a su tiempo la sociedad quejosa estará en la posibilidad de ampliar su demanda o presentar otra en vista del sentido de la resolución de la autoridad o de solicitar la suspensión por motivo superveniente para que se otorgue, según las propias peculiaridades de la resolución, y las consecuencias que de ellas se deriven. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 257/75. Cervecería Moctezuma, S.A. 10 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.". PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda sobre lo siguiente: 1.- De su escrito de demanda se advierte que reclama de las autoridades administrativas que señala como responsables la orden de cateo, decreto, acuerdo, oficio o su equivalente, que tenga por efectos la privación de posesión, orden de cateo en contra de los bienes que posee muebles e inmuebles, por lo que deberá precisar si dichos los actos relacionados con la privación de posesión, cateo o embargo de los bienes del quejoso, provienen de algún procedimiento judicial, en el entendido, de que de ser así deberá precisar de manera ordenada, completa y cronológica a manera de antecedentes el tipo de asunto del que deriva dicha orden, las partes que intervienen, las prestaciones reclamadas, el carácter que le reviste al quejoso dentro de dicho controvertido, estado procesal del mismo, entre otros datos; y de ser así las autoridades jurisdiccionales que ante quienes se substancie alguno de esos procedimientos. 2. Por otro lado, toda vez que en el capítulo relativo a las autoridades responsables, específicamente las referidas en los apartados marcados como trigésimo quinto y trigésimo sexto, señala a: Elementos de Seguridad Pública Preventiva de Zitácuaro, Michoacán, y Elementos de la Policía Auxiliar del estado de Michoacán, deberá indicar cuántos y como se identifican dichos elementos que afirma pretenden dar cumplimiento a las ordenes reclamadas; o bien, aclarar si lo que pretende es señalar como responsable al titular de cada una de la áreas que menciona. 3.- Por otro lado, deberá indicar el motivo, razón o circunstancia por la que el quejoso no promueve por su propio derecho, signando la demanda respectiva; lo anterior se hace necesario, para saber la situación en que se encuentra actualmente el amparista, pues de la demanda de amparo, no se advierte que el mismo se encuentre privado de su libertad. Sustenta lo exigido en los puntos del tres al ocho del presente acuerdo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que en su rubro dice: "Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 202853 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Página 871 Tesis Aislada (Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Amparo en revisión 393/95. Layda Francisca Pineda Vital. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís". En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 4.- Finalmente, para que, en la hipótesis de dar cumplimiento de forma física exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad que señala como responsable, y otra más para la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la promovente del amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos uno, dos y tres se tendrá por no presentada la demanda; lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "jesusemmanuelarguellesnajera", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Por otro lado, se tiene a la parte promovente señalando como sus autorizados a las personas que menciona en el proemio de su escrito de demanda, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se las confiere expresamente por lo que únicamente se les autoriza para oír, recibir notificaciones, recoger documentos e imponerse de los autos.. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NO PROCEDE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Sin que proceda autorizarle las notificaciones a través del correo electrónico emmanuelarguellesnajera@gmail.com que precisa, en atención a que la ley de la materia no contempla tal situación. No obstante, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este órgano jurisdiccional toma nota de las direcciones del correo electrónico y teléfono, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.- G. ORTIZ P. R. - E. FUENTES R.- FIRMADOS". LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN EN EL PROVEÍDO QUE SE INSERTA. A T E N T A M E N T E MORELIA, MICHOACÁN, A 4 DE JUNIO DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO LIC. ESPERANZA FUENTES REYES JUZGADO TERCERO DE DISTRITO RECIBO DE NOTIFICACION POR OFICIO SECCION AMPAROS EXPEDIENTE: JUICIO DE AMPARO III-536/2021 QUEJOSO: ARMANDO FLORES MARTÍNEZ. CONTENIDO: SE ACUSA RECIBO FECHA DEL AUTO: 4 DE JUNIO DE 2021 7797. JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. De acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, firmo el presente con la autoridad notificada (o persona a quien se entrega el oficio) EL ACTUARIO DEL JUZGADO Morelia, Mich. A de del año 2021

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