Araceli Molina Ayala
Expediente 1078/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Araceli Molina Ayala
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS Visto el estado procesal del juicio, del que se desprende que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda respecto a la autoridad denominada Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, sin que a la fecha obre constancia de que dicha autoridad haya recibido el oficio correspondiente y, por ende, tampoco obra su informe justificado. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, promovido por Araceli Molina Ayala; regístrese bajo el número V- 1078/2021. Se exhorta a las partes. En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28,1 se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". 1 "Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea." Análisis de procedencia. En el escrito de demanda, así como en lo asentado en la pepeleta por el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se aprecia que carece de firma. Se precisa que los actos materia de reclamo no encuadran en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo2 o el diverso 22 de la Constitución Federal3, dado que no se advierte que la quejosa se encuentre en el supuesto de actos que importen directamente peligro a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas; de ahí que no se dispensa el uso de la firma electrónica en términos del artículo 3°, párrafo octavo de la Ley de Amparo y se requiera de su firma; por tanto, la presente demanda resulte inatendible por los siguientes motivos. Los artículos 5°, fracción I, 6°, 61, fracción XXIII, y 62, todos de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en 2 "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado". 3 "Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De los dispositivos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sea titular de un derecho subjetivo el cual haya sido afectado por una norma, acto u omisión de autoridad; o bien, por quien se encuentre legitimado para representarlo; asimismo, que las causas de improcedencia son de estudio oficioso por parte del tribunal que conozca del asunto. En esa misma tesitura, el artículo 3º de la ley de la materia prevé lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Del numeral reproducido se desprende que, por regla general, en el juicio de amparo las promociones deberán formularse por escrito y únicamente aquellas que se realicen en las audiencias podrán realizarse en forma oral; además, podrá promoverse en forma electrónica siempre y cuando se haga en los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura y cada promoción sea firmada electrónicamente; ello porque la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma autógrafa. Por esa razón, resulta indispensable que cada una de las promociones cuenten con un signo distintivo como puede ser la firma (autógrafa o electrónica) del promovente, el cual demuestre de manera fehaciente que el contenido del documento respectivo refleja su voluntad; pues sólo de esta manera se tendrá certeza en torno a la persona que formula determinada solicitud o gestiona determinado acto. En el caso, la demanda que se atiende fue presentada en línea, por lo que debió ser firmada electrónicamente por la quejosa, por tanto, no está evidenciada la voluntad de quien aparece como promovente o, en su caso, por su representante. Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes mencionados, se considera que resulta inatendible, en atención a el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad. Por tanto, al inadvertirse la voluntad expresa de la parte promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia. Además, no debe considerarse que el desatender la presente demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique soslayar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En suma, la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica dentro de los juicios de amparo, no implican que se deba soslayar el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica con los mismos efectos jurídicos que las comunicaciones oficiales y las firmas autógrafas. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2018943 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) Página: 5 DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Contradicción de tesis 47/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 8 de octubre de 2018. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz con precisiones, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ausentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos los 5°, fracción I, 6°, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por Araceli Molina Ayala, contra actos del Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades. Notificaciones a la parte quejosa. No ha lugar a tener los correos electrónicos que proporciona la quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, dado que dicha circunstancia no la prevé ni la ley de la materia, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente por disposición expresa de su numeral 2°; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista. No obstante, este órgano jurisdiccional toma nota de los referidos correos electrónicos, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con tal parte a fin de realizar una cita previa en caso de ser necesario4. Autorizados. Dado lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Marissa Caballero Zapata, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. 4 Conforme a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el cual contempla lo siguiente: "Artículo 3. Atención al público. (.) La atención al público en general, fuera de la Oficialía de Partes, deberá realizarse previa cita a través de llamada telefónica o correo electrónico, en aras de evitar la concentración de personas. De esta forma, sólo de manera excepcional se podrá atender a quienes no hayan acordado previamente un horario de atención". Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.
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