Araceli Rico Rodríguez

Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
53/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Araceli Rico Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. INFORMA ADMISIÓN DE AMPARO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional que se admitió la demanda de amparo promovida por Araceli Rico Rodríguez, únicamente por lo que ve a la sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil dieciocho por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 529/2018; quien esto provee toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.Daa

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veinticuatro de enero pasado, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda de garantías promovida por Araceli Rico Rodríguez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. JURISDICCIÓN ESCALONADA. Ahora, previo cuaderno de antecedentes que se forme, como está ordenado en la referida actuación, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el cuaderno original de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda respecto al acto reclamado consistente en la sentencia de doce de diciembre pasado emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 529/2018, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial. En ese orden de ideas, se solicita a la superioridad, de la manera más atenta, que informe lo que tenga a bien determinar sobre lo anotado en el párrafo antecedente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 420/2019, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 51/2019, promovido por Araceli Rico Rodríguez, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por el titular de dicho órgano jurisdiccional señalado como responsable, así como el emplazamiento a la parte tercera interesada; de la misma forma, se tiene por recibido un cuaderno de pruebas por separado. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de veintiuno de los actuales, el tribunal oficiante determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en la cual se reclama la sentencia de doce de diciembre pasado emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 529/2018, así como el emplazamiento llevado a cabo en dicho controvertido, al considerar que el último acto el cita, no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar un tomo de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándoles únicamente la carátula para su identificación. AVOCAMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número V-53/2019. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. En principio es menester señalar que los artículos 61, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas se obtiene que las causa de improcedencia son de estudio oficioso, esto es, que no hace falta que las partes intervinientes en un juicio de amparo las hagan valer para que el juzgado que conozca del caso en particular examine si se actualizan o no; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo deberá analizarla y si se considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; también se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el amparo dentro de los términos establecidos por la ley de la materia. Por último, se obtiene, que por regla general, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sentado lo anterior, resulta factible colegir que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es así, porque si bien de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa, se obtiene que Araceli Rico Rodríguez, pretende reclamar tanto la falta o el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 529/2018, promovido por María Cristina Cervantes Villalobos, en su contra, como la sentencia dictada en dicho controvertido; la realidad es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se obtiene que la aquí quejosa, tuvo conocimiento de la existencia del juicio del que derivan los actos reclamados, al menos desde el nueve de octubre de dos mil dieciocho. Ello obedece al hecho de que ella misma atendió de manera personal la diligencia de embargo practicada en la fecha referida; tan es así, que en el acta respectiva se asentó que la ahora quejosa Araceli Rico Rodríguez, se identificó ante la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, asimismo, que firmó cada una de las páginas relativas a la diligencia, rúbrica que coincide a simple vista con la estampada en el escrito de demanda de amparo. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que el cómputo para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir desde la fecha indicada, esto es, desde el nueve de octubre de dos mil dieciocho; por lo que al momento en que esto se provee ya habría transcurrido en demasía el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento de la sentencia reclamada el trece de diciembre pasado; sin embargo, ya quedó precisado que existe constancia de que el nueve de octubre atendió un diligencia de embargo en forma personal y dicha actuación no fue señalada como un acto reclamado en forma destacada, por lo que válidamente puede considerarse como consentida en forma tácita. De ahí, que resulte factible considerar que se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación; máxime, que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Cimienta lo anterior las jurisprudencias que se insertan en seguida: "Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Número de identificación 2004274 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Página 729 Jurisprudencia (Común) PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013. Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Tesis de jurisprudencia 67/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de junio de dos mil trece". "Tesis: 1a./J. 9/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Número de identificación 2000619 Primera Sala Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1 Página 681 Jurisprudencia (Común) PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Contradicción de tesis 379/2011. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 30 de noviembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Araceli Rico Rodríguez, por su propio derecho contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial. Ahora, respecto al diverso acto reclamado, consistente en la sentencia de doce de diciembre pasado emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 529/2018, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se ordena que una vez que cause estado la presente determinación, se remita al Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en turno, dado que este juzgado resulta incompetente legal para resolver sobre la sentencia, tal como se hace referencia en el oficio de cuenta. Orienta a lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente. "Época: Novena Época Registro: 164073 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Laboral Tesis: P./J. 70/2010 Página: 9 EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL. Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 21 de junio de 2010. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 70/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez. Nota: La tesis P./J. 121/2005 citada, aparece publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS." en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 6". (Énfasis añadido) DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

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