Arcadio Aguilar Murillo
Expediente 528/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arcadio Aguilar Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
III. En quince de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con: a) La particularidad de que ha concluido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada recurriera la sentencia dictada el veintidós de febrero del año en curso, que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, el cual transcurrió del veintisiete de febrero al trece de marzo actual, sin contar el tres, cuatro, siete, diez y once de marzo mencionado por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. b) Se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicha resolución, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) Asimismo, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: 1. Se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. 2. Durante la tramitación del juicio no se exhibieron documentos originales. 3. No existen cuadernos de pruebas que devolver a las partes. Doy fe.Uruapan, Michoacán, quince de marzo de dos mil dieciocho. A la fecha, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, como se desprende del inciso a) de la cuenta secretarial, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución dictada el veintidós de febrero del año en curso. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Incidental
III. En quince de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente. a) La circunstancia de que en auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 528/2017-III, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se declaró firme la resolución que decretó su sobreseimiento, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido. b) Asimismo, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que: 1. No existe certificado de depósito ni póliza de fianza pendiente de devolución. 2. Durante la tramitación del incidente de suspensión, no se exhibieron documentos originales. 3. No existen cuadernos de pruebas cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste.Uruapan, Michoacán, quince de marzo de dos mil dieciocho. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente.
- Principal
III. En seis de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 3484. Conste.Uruapan, Michoacán, seis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Abel Sánchez Aguilar; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 3, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase al promovente las copias certificadas que solicita, hágase su entrega a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y recibo que se deje agregado en autos.
- Principal
III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías ********************, promovido por ******************** En audiencia pública el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan por su importancia: demanda de garantías promovida por ******************** (fojas 2 a 8) auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en que se admitió parcialmente a trámite la demanda de garantías (fojas 15 a 21); se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete (foja 26); informe justificado de la autoridad responsable (foja 66). A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa, exhibió como prueba de su parte copias certificadas de la constancia expedida por el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, así como de un croquis de ubicación del bien inmueble materia del acto reclamado (fojas 9 a 11); asimismo, la autoridad responsable adjunto a su informe de ley, copia simple de diversas constancias (fojas 67 a 69). A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las pruebas documentales que se mencionan. Se cierra dicho periodo. Abierta la fase de alegatos, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas las manifestaciones de la fiscal adscrita a manera de alegatos a través del pedimento presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 32 y 33); asimismo por reproducidos los que hace valer el tercero interesado Abel Sánchez Aguilar, a través de su escrito presentado el veintinueve de enero del año en curso (foja 70); se cierra el periodo de alegatos. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se pasan los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver en los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno, se remitió ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se especifican a continuación, que estimó violatorios en su perjuicio de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, en cuanto autoridad ordenadora y ejecutora, Integrado por: José Antonio Arriola Jiménez. Sergio Ramírez Huerta. Juan Eduardo Velázquez Torres. Carlos Onchi Briseño. Efraín Avilés Rodríguez. Enrique Capiz Avilés. De quien reclama: La orden y/o determinación en el sentido de que se requiera al quejoso, para que ponga en posesión real y material de Arturo Aguilar Murillo, Pedro Sánchez Huerta, Abel Sánchez Aguilar y Dolores Aguilar Murillo, el inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo número 254, esquina Emiliano Zapata, del barrio tercero, de la población de Nahuatzen, Michoacán, del que dice ser poseedor y propietario el agraviado. La ejecución de dicha orden y/o determinación. SEGUNDO. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió parcialmente a trámite la demanda presentada por ********************la cual se registró con el consecutivo ********************, se solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción, es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", por tratarse de un amparo en materia administrativa, cuya ejecución se atribuye a autoridades residentes dentro del territorio donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. La autoridad responsable Consejo Ciudadano de Nahuatzen, Michoacán, por conducto de su integrante Enriquez Capiz Alviles, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se les reclama (foja 66). En tanto que la parte quejosa no aportó pruebas encaminadas a desvirtuar dicha negativa, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable. Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 227634 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Pag. 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa al tenor de la siguiente jurisprudencia que dispone: Tesis: II.3o. J/58 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 214593 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 70, Octubre de 1993 Pag. 57 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya exhibido con su escrito de demanda, copia certificada de la constancia expedida por el Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, así como de un croquis de ubicación del bien inmueble materia del acto reclamado, habida cuenta que, con la referida constancia, sólo se desprende que el funcionario público, a petición del promovente, realizó la certificación en el sentido de que el quejoso tiene en posesión el referido predio desde hace más de cincuenta y tres años, con las medidas y colindancias ahí asentadas y que de acuerdo a la inspección ocular, constató que se encuentra destinado como vivienda, sin embargo, ese hecho asentado en la certificación no corresponde a las atribuciones de esa autoridad administrativa, quien sólo puede certificar hechos propios que corresponden a sus funciones; y respecto del croquis del bien inmueble, únicamente se advierte su ubicación. Por lo que tales documentales resultan insuficientes para proveer conforme a los intereses del quejoso, habida cuenta que, de ninguna de ellas, se advierten datos que pongan de manifiesto la existen del acto que reclama de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/14, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1290 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, Materia Civil, de rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLA UNA LICENCIA MUNICIPAL. Tuvo razón el Juez Federal al considerar insuficiente para justificar la posesión, la licencia municipal para la explotación de un giro comercial, a nombre del quejoso, en el inmueble que señala en la demanda de garantías, pues aunque a manera de agravios el recurrente se formule las interrogantes que refiere (entre otras, que quién si no el poseedor es el interesado en obtener la clase de documento que se comenta), ello no puede acarrear la consecuencia de la comprobación de la posesión. El documento aludido únicamente puede demostrar, como bien lo dijo el juzgador, el pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento de la licencia, pues pudiera suceder, por ejemplo, que alguien (que obviamente es el verdadero poseedor) explote cierto negocio y esté pagando los mencionados derechos a nombre del anterior propietario del giro." Asimismo, por analogía jurídica, se invoca la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, tomo CIX, Quinta Época, Materia Administrativa, que establece: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICACIONES DE LAS. La certificación dada por el Departamento de Obras Públicas de un Ayuntamiento, en el sentido de que un muro es medianero, es un hecho que no corresponde a las atribuciones de dicha autoridad, la cual sólo puede certificar hechos propios de sus funcionarios administrativos, pero no aquellos que incumben exclusivamente a las partes. Por tanto, tal certificación no tiene la eficacia de prueba plena." TERCERO. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ********************en los términos precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En términos del considerando tercero de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
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