Araceli Torres Benitez

Expediente 270/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
270/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Araceli Torres Benitez

Actuaciones

  1. Principal

    II. A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de treinta de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Araceli Torres Benitez, por conducto de su apoderada legal María Celia Hernández Sosa, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    II. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE QUINCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de treinta de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Araceli Torres Benitez, por conducto de su apoderada legal María Celia Hernández Sosa, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    II. En treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente. La demanda de amparo promovida por Araceli Torres Benitez, por conducto de su apoderada jurídica María Celia Hernández Sosa, registrada en el libro de correspondencia con el progresivo 8814 y en el diverso libro de gobierno con el consecutivo 270/2018-II, con seis copias y dos anexos. Asimismo, el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, no se encontró registro de amparos promovido por la quejosa, tal como se advierte de la constancia que al efecto se anexa. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Téngase promoviendo demanda de amparo a Araceli Torres Benítez, por conducto de su apoderada legal María Celia Hernández Sosa, carácter que se le reconoce para los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con el poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor, que exhibe; demanda instaurada contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 270/2018-III. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, como se indica, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que ésta causa ejecutoria y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que constituye la última resolución dictada en esa etapa y será hasta entonces cuando el solicitante del amparo se encuentre en condiciones de reclamar por medio de la presente vía, todos aquellos actos cometidos durante el desarrollo de ese procedimiento que considere lesivos a sus garantías individuales. Es aplicable a lo anterior: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pag. 31 Jurisprudencia (Común) AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 6 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: VII.3o.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pag. 804 Jurisprudencia (Común) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo contiene dos hipótesis derivadas de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción; en el primer supuesto, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el segundo, la resolución definitiva o última resolución es aquella en la que se apruebe o desapruebe el remate. Cabe precisar que, incluso, dentro del procedimiento general de ejecución de sentencias, surgen otros procedimientos derivados del mismo, en que pudiera llegarse también al remate; en cualquier caso, tratándose de éste, la "última resolución" es en la que se aprueba y, con base en ello, el bien es adjudicado. De modo que los demás actos que se dicten con posterioridad a esa resolución a consecuencia de aquél deben considerarse, aunque tengan el mismo fin, como autónomos y, por tanto, factibles de impugnación en la vía de amparo indirecto por sus vicios propios; sin que pueda decirse que se trata de actos en ejecución de sentencia respecto de los cuales deba esperarse el dictado de la "última resolución" pues ésta ya fue emitida. En el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por la promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe, los que se corroboran de las copias certificadas glosadas a la demanda de amparo. Como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada (Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Así, tenemos que: 1. En el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio sumario civil 188/2017, instaurado en ejercicio de la acción de terminación de contrato de comodato, promovido por Carlos Iván Fernández Figueroa, apoderado jurídico de Iris Viridiana Torres Benítez, frente a la aquí quejosa Araceli Torres Benítez. 2. El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva dentro del citado juicio, en la que se declaró procedente la acción, cuya constancia certificada adjuntó la quejosa a la demanda de amparo; documental de la que se desprende que el veintiocho de marzo de ese año, contestó la demanda instaurada en su contra en ese juicio. 3. El dieciocho de abril del año en curso, Carlos Iván Fernández Figueroa, inicio la ejecución de la sentencia y el veintisiete del citado mes, solicitó fecha para la ejecución de la misma, dictándose la certificación y el acuerdo de tres de mayo del año en curso, en donde se señaló fecha y hora para tal efecto. Certificación y determinación de tres de mayo del año en curso y su ejecución, constituyen el acto reclamado. Antecedentes de los que se desprende que a la promovente del amparo, no le resulta el carácter de tercero extraña al procedimiento de origen, al ser parte demandada dentro del juicio sumario civil en ejercicio de la acción de terminación de contrato de comodato 188/2017, inclusive tuvo intervención desde el momento en que contestó la demanda, como se desprende de la respectiva sentencia; además, es evidente que la peticionaria de garantías, motiva su acción constitucional medularmente en la violación procesal que a su criterio se ha cometido, relacionada con cuestiones inherentes al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. Expuesto lo anterior, es manifiesto que el acto que se combate en la presente instancia constitucional no constituye la 'última resolución' dictada en la fase de ejecución de sentencia, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin que se desconozca que la quejosa podrá acudir al amparo indirecto, cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respetiva determinación le afecte de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pag. 678 Jurisprudencia (Común) EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, el acto combatido consistente en la orden de lanzamiento decretada con la autorización para utilizar la fuerza pública, recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, donde la quejosa fue plenamente oída y vencida en el juicio de origen; además, como se puntualizó, tal acto no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio natural. Tesis: II.2o.C.389 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 185268 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVII, Enero de 2003 Pag. 1721 Tesis Aislada (Civil) AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de garantías se debe esperar a que se emita la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Araceli Torres Benitez, por conducto de su apoderada jurídica María Celia Hernández Sosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, la calle Francisco Villa número 17, altos, interior 2, colonia Morelos, de esta ciudad. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.

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