Any Natali Avila Quintana
Expediente 259/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Any Natali Avila Quintana
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil de Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
IV. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que la parte legitimada, haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les realice del presente proveído, comparezcan ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos exhibidos durante la secuela procesal, en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidas junto con el expediente en que se actúa.
- Incidental
IV. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo y acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que se conservará el proveído y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que la parte legitimada, haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les realice del presente proveído, comparezcan ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos exhibidos durante la secuela procesal, en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidas junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
IV. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto del proveído de dos de julio del año en curso, en que se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en esta ciudad, informando sobre el cumplimiento requerido en relación con el fallo protector dictado en el presente asunto y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pág. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia engrosada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se negó a la quejosa Any Natali Avila Quintana, el amparo solicitado (fojas 169 a 181). En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al autorizado en términos amplios de la quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías (foja 227). Mediante ejecutoria pronunciada en sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 248 a 258), el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Any Natali Ávila Quintana, contra los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, y actuario adscrito, para los efectos plasmados en la presente ejecutoria" Por tanto en proveído de once de enero de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito, para que realizaran lo siguiente: "a. Dejaran insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1014/2011, hasta el emplazamiento reclamado, incluido este último. b. Realizaran dicha diligencia de nueva cuenta pero atendiendo a las exigencias previstas en el artículo 1394 del Código de Comercio, en su defecto, a lo dispuesto en el diverso numeral 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ... " Así, en acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 278), se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, informando respecto del cumplimiento dado al fallo protector, esto es: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1014/2011, promovido por el endosatario en procuración de José Alfredo Márquez Rosas, frente a Any Nátaly Ávila Quintana, hasta el emplazamiento reclamado, incluido este último; ordenó a la actuaria para que realice la diligencia de nueva cuenta, atendiendo las exigencias previstas en el artículo 1394 del Código de Comercio, en su defecto, a lo dispuesto en el diverso numeral 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles (foja 273). Posteriormente en acuerdo de dos de febrero del año en curso, se tuvo a la citada autoridad dando a conocer las gestiones que se encontraba realizando para el cabal cumplimiento a la ejecutoria de que se trata (foja 295), para lo cual refirió haber hecho lo siguiente: Giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en esta ciudad, a fin de que realizara todos los trámites inherentes a la cancelación del embargo registrado en el libro de gravámenes de este distrito con el número 19 diecinueve, del tomo 1861 mil ochocientos sesenta y uno, de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2011 dos mil once, trabado en el inmueble consistente en la totalidad de la casa habitación en condominio, ubicada en la calle Cabernet, número 80 ochenta, "C", planta alta, que constituye el lote 8 ocho, manzana V, del Conjunto Habitacional Los viñedos, del Municipio y Distrito de Uruapan, Michoacán, registrada a favor de Any Natali Ávila Quintana bajo el número 18 dieciocho del tomo 3477 tres mil cuatrocientos setenta y siete, de veintiuno de septiembre de dos mil diez. Asimismo, envió oficio a la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que realizara todos los trámites inherentes a la cancelación de la escritura pública número 11,922 once mil novecientos veintidós, de uno de septiembre de dos mil quince, a favor de José Alfredo Márquez Rosas, así como la cancelación del registro 48 cuarenta y ocho, del tomo 4319 cuatro mil trescientos diecinueve, de cinco de abril de dos mil dieciséis, del libro de propiedad de este distrito. De igual forma, en auto de seis de junio pasado (foja 411), se tuvo al Notario Público número 85, con ejercicio y residencia en esta ciudad, licenciado Alejandro Jaime Mora López, en lo que le concierne, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual realizó lo siguiente: Envió oficios al Delegado Registral del Distrito Estatal de Uruapan; al Administrador de Rentas y Tesorero Municipal, todos con residencia en esta ciudad, en el que les solicita realicen la cancelación o dejen sin efectos los traslados y registro consecuente en los libros, tarjeteros, bases de datos, índices y demás asentamientos respectivos que hubieren hecho, con relación a la escritura 11,922, Volumen CCXCII. En seguimiento al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el dos de julio actual, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, remitiendo la diligencia de emplazamiento realizada a la quejosa Any Natali Ávila Quintana (fojas 457 a 463), realizada el veinticinco de junio del año en curso; y para acreditar dichas circunstancias, las autoridades de que se trata, remitieron copia certificada de tales actuaciones. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que el citado Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1014/2011, hasta el emplazamiento reclamado, incluido este último, ordenó a la Actuaria para que realizara de nueva cuenta la diligencia de emplazamiento, atendiendo a las exigencias previstas en el artículo 1394 del Código de Comercio, en su defecto, a lo dispuesto en el diverso numeral 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que aconteció el veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Giró oficio al Notario Público Número 85, con ejercicio y residencia en esta ciudad, a cargo del licenciado Alejandro Jaime Mora López, para que realizara los trámites inherentes a la cancelación de la escritura pública número 11,922 once mil novecientos veintidós, de uno de septiembre de dos mil quince, a favor de José Alfredo Márquez Rosas, así como la cancelación del registro 48 cuarenta y ocho, del tomo 4319 cuatro mil trescientos diecinueve, de cinco de abril de dos mil dieciséis, del libro de propiedad de este distrito; quien a su vez, giró los oficios respectivos al Delegado Registral del Distrito Estatal de Uruapan; Administrador de Rentas y Tesorero Municipal, todos con residencia en esta ciudad, donde les solicitó realicen la cancelación o dejen sin efectos los traslados y registro consecuente en los libros, tarjeteros, bases de datos, índices y demás asentamientos respectivos que hubieren hecho, con relación a la escritura 11,922, Volumen CCXCII de referencia. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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